Pedro de Garibay

El 15 de septiembre de 1808 se produjo el golpe de Estado liderado por Gabriel de Yermo, contra el virrey José de Iturrigaray, acusado de aprovechar la prisión del rey Fernando VII para hacerse con el trono de México. La Real Audiencia de México nombró como sucesor al mariscal de campo don Pedro de Garibay, militar de mayor graduación en el virreinato. Su avanzada edad le valieron críticas de “viejo y decrépito”. Ocupó el cargo hasta el 19 de julio de 1809.

En el acto de su nombramiento se leyó una proclama de la Real Audiencia en la que se aseguraba al pueblo de México que Garibay había sido quien se apoderó de la persona del virrey para exigir su destitución. Garibay, por su parte, publicó otro documento en el que explicaba que su antecesor había sido preso “por un movimiento popular” y que, de acuerdo con la legislación vigente, el cargo había recaído en él.

El gobierno de Garibay se inició con actos de extremado rigor contra los partidarios de la independencia. Esa misma noche se aprehendió a los licenciados José Antonio Cristo, auditor de guerra; Primo de Verdad, que murió en los calabozos del Arzobispado; Azcárate, que permaneció varios meses en prisión y al fraile mercedario Melchor de Talamantes, que falleció en San Juan de Ulúa, adonde se le había trasladado desde las cárceles de la Inquisición. Las autoridades y corporaciones del territorio se apresuraron a profesar fidelidad al nuevo virrey y lo mismo hicieron los jefes militares. Gabriel de Yermo, por su parte, al considerar cumplida su misión se retiró a su hacienda, no sin antes crear un cuerpo de voluntarios que se tituló de Fernando VII y que la población llamó enseguida “chaquetas”, nombre que se asignó a partir de entonces a los partidarios del dominio español. Sus actividades fueron tan violentas que el propio virrey Garibay se vio obligado a disolverlo a mediados de octubre.

El nuevo virrey, supeditado a los oidores, publicó los decretos y manifiestos emanados de la Junta de Sevilla, mientras la Real Audiencia insistía en justificar la destitución de Iturrigaray al haberse producido “por imposición popular”. Al iniciarse el mes de octubre el virrey dirigió una proclama a los habitantes de Nueva España, donde pedía que se reforzaran las ayudas y aumentaran los socorros a la metrópoli en guerra contra los franceses. Los recursos afluyeron abundantemente, pero también se enviaron a España los caudales acumulados por la aplicación de la Cédula de Consolidación de Vales y los Nuevos Empréstitos solicitados desde la Península.

La situación política se mantuvo inestable, en esta época se recibieron pliegos procedentes de Río de Janeiro, firmados por la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, que pretendía imponer como regente de Nueva España a su hijo el infante don Pedro, el futuro Pedro I de Brasil. El rechazo inmediato de las autoridades virreinales desbarató esta pretensión. Entre tanto, llegaron noticias de la frontera norte, con el rumor de las andanzas de algunos emisarios franceses, que trataban de socavar las defensas españolas. El 20 de abril de 1809 el virrey creó una Junta Consultiva, formada por tres oidores que regularon las causas de infidencia y se efectuaron numerosos arrestos y destierros.

Entre abril y junio de 1809, el sevillano Antonio de Argumedo, residente en Huejutla, presentó un complejo plan al virrey Garibay, cuya intención era rescatar al rey Fernando VII de su prisión en Valencay. El virrey vio con buenos ojos el plan de Argumedo y pronto comenzó un intercambio epistolar con el objeto de establecer los detalles de la operación. El plan incluía el traslado del rey de Sevilla a Nueva Orleans, para de ahí hacerlo llegar a la Ciudad de México, donde se esperaba que pudiera reinar y recuperar desde esa capital su imperio perdido.[3]

Con el paso de los meses se constató que la elección de Garibay, en lugar de arreglar las cosas las había empeorado, crecía la protesta, el enfrentamiento entre peninsulares y criollos y los conatos de rebelión se extendían al resto de las provincias. En Texas se apresó a un general francés, Octavio de Alvimar, que venía a México para ponerse a las órdenes del duque de Saint Simón, supuesto virrey de Nueva España nombrado por Napoleón.

La situación del país se hizo cada vez más conflictiva, por lo que, ante el desencanto generalizado y las protestas de los peninsulares, la Real Audiencia radicalizó su enfrentamiento con el virrey Garibay. Por su parte, el obispo electo de Michoacán, Abad y Queipo, escribió informes a la Junta Central para solicitar que se reforzase la capacidad militar del virreinato y un cambio de política. La Real Audiencia, convencida de la incapacidad de Garibay para resolver el creciente enfrentamiento entre los bandos, solicitó su reemplazo y el envío de un nuevo virrey. Desde Sevilla, sin embargo, se entendió que lo más cuerdo era conferir este cargo al arzobispo de México, Francisco Javier de Lizana. La orden de sustitución llegó a la ciudad de México a mediados de julio de 1809.