Legitimidad (política)

Se refiere a que una norma es válida cuando es emitida por un órgano competente. Así, es inválida una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid que pretenda organizar el tráfico de la ciudad de Nueva York, pero son válidas las ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid para organizar el tráfico de esa misma ciudad. La validez es expresable en términos más o menos formales y objetivos («puede tal órgano emitir tal norma…»). Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista de la doctrina jurídica, una norma es válida cuando pertenece a un sistema jurídico específico.

Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Subjetivamente, una norma es justa si la población considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad, e injusta si ocurre lo contrario, con independencia de si la considera válida o no. Ocurre en muchos lugares, por ejemplo, que se considera injusto pagar por aparcar en la vía pública, a pesar de las ordenanzas municipales son válidas y obligan a ello. Como contraejemplo, se puede mencionar que entre 1789 y 1849 en el sur de los Estados Unidos, la norma que permitía la esclavitud era subjetivamente justa porque así lo consideraba la mayoría de la población de la región. Objetivamente una norma es justa cuando es precisa y equitativa. Objetivamente las personas no determinan que es justo o injusto, simplemente lo descubren.

Se refiere al seguimiento o acatamiento de la norma. Una norma es eficaz si la población la cumple, con independencia de si la percibe como justa o válida, e ineficaz si es ampliamente desobedecida. Por ejemplo, la prohibición de aparcar en doble fila suele ser percibida por todo el mundo como algo justo, y es desde luego una prohibición válida. Sin embargo es desobedecida por la gran mayoría de los conductores. La eficacia es una cuestión descriptiva y fáctica, referida a los hechos (“ocurre un acatamiento generalizado de la norma…”).

Así pues:

• La coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su legitimidad. (Así pues ya que la legitimidad es graduable, cada norma jurídica será más o menos legítima).
• Cuando una norma es percibida por la sociedad como legítima es masivamente obedecida, no siendo necesaria la sanción salvo en casos puntuales. Dicho a la inversa: El cumplimiento de una norma jurídica de manera habitual y sin necesidad de recurso a la violencia suele ser prueba de que es percibida como legítima.
• Cuando una norma es percibida como ilegítima es masivamente desobedecida (a no ser que se recurra, directamente, a la sanción, y por tanto a la violencia). En general, el ejercicio habitual de la sanción y la violencia por parte del Estado para hacer efectivo el cumplimiento de una norma jurídica es síntoma inequívoco de que o bien es inválida, o bien es percibida como injusta, o bien es ineficaz (o dos de las tres o las tres cosas al mismo tiempo).

El estudio de la legitimidad política así entendido proviene de antiguo. Aristóteles parece presuponer tal concepto de legitimidad al establecer su lista de estados legítimos e ilegítimos. Sin embargo tal distinción se basa en un elemento ajeno a este concepto, que es el "bien común", y no en la percepción subjetiva del binomio gobernante-gobernado. Uno de los primeros pensadores que reflexionó sobre este problema fue Étienne de la Boétie en su famoso “Discurso de la Servidumbre Voluntaria, o el Contra-uno”, publicado anónimamente en 1576. Según Jean-Jacques Rousseau la legitimidad la otorga la voluntad general de los sometidos al poder. Otro pensador preocupado por el problema de la legitimidad política fue Guglielmo Ferrero en su libro “El Poder”. Sin duda el autor clásico en materia de legitimidad es el alemán Max Weber. Desde entonces la legitimidad ha sido un tema recurrente en la Ciencia Política.

El término tiene, para Norberto Bobbio, dos significados: uno genérico y otro específico. En el significado genérico Legitimidad es casi sinónimo de justicia o de razonabilidad (se habla de legitimidad de una decisión o de una actitud, etc). El significado específico aparece a menudo en el lenguaje político. En este contexto el referente más frecuente del concepto es el Estado. Naturalmente aquí nos ocupamos del significado específico. En una primera aproximación se puede definir como el atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la legitimidad es pues el elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal.

Existen procesos de legitimación, en donde se considera al Estado desde el punto de vista sociológico y no jurídico, se comprueba que el proceso de legitimación no tiene como punto de referencia al Estado en su conjunto sino a sus diversos aspectos. En la comunidad política, el régimen, el gobierno y cuando el estado no es independiente, la legitimación del Estado hegemónico al que está subordinado, por lo tanto, es resultado de una serie de elementos dispuestos a favor de su aceptación.[8]