Procedimiento abreviado (España)

La policía judicial está obligada a actuar desde que conoce de la existencia de hechos que concurren en delito, formando el atestado que está constituido por el conjunto de actuaciones que han de realizar los órganos judiciales para esclarecer los hechos. En este caso, su naturaleza extrajudicial priva de valor probatorio sus actuaciones. En la investigación de los hechos (delitos graves, menos graves y leves), los miembros de la policía judicial han de cumplir las siguientes reglas:

• Les acompañará un facultativo para prestar los oportunos auxilios al ofendido.
• Los miembros de la policía judicial, además de identificar y tomar los datos personales y dirección a las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió el delito, podrán:
• Pueden recoger y custodiar los efectos (objetos) hasta que llegue la autoridad judicial, siempre que exista peligro de que no haciéndolo pudieran desaparecer algunas pruebas de los hechos ocurridos.
• Si se hubiera producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallará en la vía pública o en otro lugar inadecuado, puede ser trasladado al lugar más próximo que resulte más idóneo dentro de las circunstancias hasta que la autoridad judicial adopte las medidas oportunas. En las situaciones excepcionales en que haya de adoptarse tales medidas de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto, obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.
• Proceder a la intervención del vehículo y los documentos según la ley enjuiciamiento criminal (art. 785.8c)
• Citar a las personas pertinentes en un plazo de 24 horas o menos ante la autoridad judicial competente.

Los miembros de la policía judicial pueden requerir ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando sea necesaria para el desempeño de las funciones que le sean encomendadas.

El artículo (785) de la ley enjuiciamiento criminal permite al fiscal (véase fiscal (funcionario)) tener la posibilidad de que lleve a cabo la investigación de forma directa y primaria, cuando se le presente una denuncia o un atestado, pudiendo practicar las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho y responsabilidad de los partícipes, pudiendo hacer comparecer ante el a cualquier persona en los términos establecidos de la citación judicial, y la asistencia letrada.

Las diligencias de investigación, por parte del ministerio fiscal, han de concluir:

• Cuando tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos
• Cuando los hechos no revistan los caracteres de delito, declarándose el archivo de las actuaciones, comunicando de ello a las partes y así permitiendo que se retire la denuncia.
• Cuando se hayan finalizado todas las diligencias susceptibles de ser practicadas por el ministerio fiscal.

El fiscal se constituye en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil conforme al artículo 300 de la ley enjuiciamiento criminal. Velará por el respeto de las garantías del imputado y los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito.

En el procedimiento abreviado la instrucción es la modalidad principal de actuación aunque no obligatoriamente necesaria. Pero la necesidad de adoptar resoluciones, hace inexcusable la necesidad de la presencia de un juez. Las diligencias previas pueden iniciarse por las siguientes vías:

• La remisión del atestado judicial
• A instancias del ministerio fiscal o a consecuencia de una investigación
• Por querella o denuncia
• Por oficio

Todas las actuaciones judiciales relativas a delitos que deben ser enjuiciadas por el procedimiento abreviado han de registrarse como diligencias previas según el art. 774, y que son aquellas encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado, y el órgano competente para el enjuiciamiento.

Como normas específicas de tales diligencias previas, sobre todo para la celeridad y eficacia se establece:

Sobre cuestiones de competencia

Como dice Ramos, F. (2000), cuando un tribunal rechace el conocimiento de una causa o reclame el conocimiento del que otro tuviera, y exista duda sobre cual de los dos tiene competencia se recurrirá al órgano inmediatamente superior en jerarquía para que oyendo “in voce” al fiscal y las partes personadas, decida en el acto quien conocerá.

Cuando la cuestión surja en la fase de instrucción, cada uno de los juzgados continuará practicando las diligencias urgentes y absolutamente indispensables para la comprobación del delito y averiguación e identificación de los posibles culpables.

Si ya se han iniciado las diligencias cuando se determina la competencia de otra audiencia, el primero comunicará los resultados e investigaciones obtenidas hasta el momento.

Sobre actos de comunicación.

El juez o tribunal que ordene la práctica de cualquier diligencia se entenderá directamente con el juez, tribunal, etc. encargado de su realización, aunque el mismo no lo esté inmediatamente subordinado ni sea superior inmediato de aquellos.

Para cursar los despachos que se expidan se utilizará siempre el medio más rápido, acreditando por diligencias las peticiones de auxilio que no se hayan solicitado por escrito.

Si el que hubiere de ser citado no tuviera domicilio conocido o no fuere encontrado por la policía judicial en el plazo señalado, el juez o tribunal mandará publicar la correspondiente cédula por el medio que estime más idóneo para que pueda llegar al conocimiento del interesado.

Sobre diligencias de investigación

En orden a la comprobación del delito y culpabilidad del presunto reo, el juez de instrucción empleará los medios comunes y ordinarios, con las siguientes modificaciones:

Cuando los imputados o testigos no hablen o no entiendan el idioma español, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398,440 y 441 de la ley enjuiciamiento criminal, sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título oficial.

El informe pericial podrá ser presentado por un solo perito cuando el juez lo considere suficiente, basándose en los informes del médico forense sobre la muerte de la víctima, en la asistencia debida de los heridos y enfermos implicados en el delito o falta (véase Falta (derecho)).

Sobre información y presencia del imputado

En la primera comparecencia se informará al imputado de sus derechos y se le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se le harán las notificaciones.

Sobre medidas cautelares

La adopción de las medidas cautelares, son facultad exclusiva del juez de instrucción que en su caso podrá acordar:

• La detención o prisión del imputado o su libertad provisional, con o sin fianza.
• El aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias de los que pudieran resultar responsables civiles directos o subsidiarios
• En los casos donde se impliquen vehículos de motor: a) La intervención inmediata del vehículo y la retención del permiso de circulación por el tiempo indispensable; b) La intervención del carnet de conducir; c) Señalamiento de pensión provisional para atender a la víctima y a las personas que estuvieran a su cargo; y d) Autorización a los residentes en el extranjero para ausentarse del territorio nacional.

Sobre recursos en la fase instrucción

El recurso de queja solo cabe frente a resoluciones que desestimen el recurso de reforma, y se interpone ante la Sala correspondiente, en los términos indicados, sin plazo concreto.

El recurso de apelación solo se admite en los casos expresamente señalados en la ley, como frente al auto de archivo, o de sobreseimiento. Podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución.

Practicadas sin demora, el juez adoptará alguna de las siguientes resoluciones:

• Si determina que no es consecutivo de una infracción penal, mandará archivar las actuaciones. Si existe infracción pero no se ha podido descubrir el autor del delito, se procederá a determinar el sobreseimiento provisional.

• Si posterior a las diligencias se descubre que se trata de una falta, remitirá las investigaciones y los descubrimientos al juez competente, cuando no le corresponda su enjuiciamiento.

• Si los imputados son menores o el hecho tuviere atribuido la jurisdicción militar, se inhibirá a favor del órgano competente.

Ante estas tres resoluciones pueden presentarse recurso de apelación

Hay que tener presente dos cosas:

• Que no es preclusiva, de forma que de la misma puede pasarse otra vez a la fase de instrucción, por considerarse insuficientes las diligencias practicadas, volviendo en este sentido hacia atrás el procedimiento.
• Que pueden darse diferentes presupuestos según se trate del procedimiento ordinario o abreviado, apareciendo en los dos últimos la fase intermedia más desdibujada.

En el procedimiento abreviado por delitos menos graves: comprende las actuaciones que medían entre la conclusión de diligencias previas, y el juicio oral. La ley de enjuiciamiento criminal regula el hecho que la preparación del juicio oral no pertenece a la instrucción ni tampoco al juicio oral. La fase intermedia puede también reconocerse en este nuevo procedimiento y comprendería los trámites siguientes:

• Instrucción de la causa
• Sobreseimiento
• El escrito de acusación
• Apertura juicio oral
• Escrito de defensa.

Recepción de las actuaciones

La fase de juicio oral empieza con la recepción de las actuaciones en el órgano competente para enjuiciamiento procedente, generalmente a través del reparto cuando existen dos o más órganos competentes en el mismo territorio. Una vez recibido el procedimiento se dicta diligencia de ordenación por el secretario judicial acordando el registro de la causa en el libro de juicio orales y acusando recibo al juzgado instructor.

Examen de las actuaciones

El examen de las actuaciones sirve para verificar la regularidad de la tramitación, porque si se aprecian vicios procesales deben subsanarse, de lo contrario pueden devenir en nulidad de actuaciones. En el caso de que se aprecien vicios procesales subsanables se procederá a dictar resolución poniendo de manifiesto los posibles vicios procesales y acordando la devolución de las actuaciones al juzgado instructor, para que éste pueda acordar lo que estime procedente en derecho. Una vez devueltas las actuaciones por el juzgado instructor, se procederá al señalamiento y resolución sobre las pruebas. En cambio, en los supuestos en que se estima que los vicios procesales no son subsanables, procederá la tramitación de la nulidad de actuaciones de oficio. En todo caso, una vez declarada la nulidad de actuaciones y restablecido el orden jurídico perturbado, se procederá a continuar con la tramitación de las actuaciones de acuerdo con las peculiaridades de la nulidad decretada.

Señalamiento y decisión sobre las pruebas propuestas

Se procederá por el órgano competente a dictar auto con la finalidad de admitir o no las pruebas propuestas para practicar en el juicio oral o con carácter anticipado, acordando lo necesario para la práctica de las pruebas anticipadas, librando las comunicaciones que fueren necesarias para asegurar la práctica de las pruebas propuestas y admitidas. Contra la resolución denegatoria de prueba no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral. Al mismo tiempo se procederá a fijar la fecha de inicio de las sesiones de juicio oral, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y prueba propuesta.

Se constituye en la sala audiencia el juzgado o tribunal compuesto por el magistrado-juez o el presidente y magistrados de la audiencia o sección y el secretario judicial, con asistencia del ministerio fiscal, del abogado del acusado y los letrados (véase letrado) de las demás partes personadas. Respecto a la presencia del acusado, en principio la misma es preceptiva, pero el artículo 793.1 Ley de enjuiciamiento criminal prevé, en determinados supuestos, la celebración del juicio en ausencia del acusado.

Ausencia del acusado

No se podrá celebrar el juicio cuando no se reúnan los requisitos para la celebración del juicio, que a continuación se analiza; o porque aun reuniéndose los requisitos para celebrar el juicio en ausencia, el juez acuerde que no se puede celebrar y es necesaria la presencia del acusado.

El artículo 793.1 Ley de enjuiciamiento criminal establece como requisito para que el Juez acuerde la celebración en ausencia, la previa petición del ministerio fiscal o partes acusadoras, y además, cuando se oponga la defensa, el juez puede estimar necesaria la asistencia del acusado.; en ese supuesto deberán adoptarse las medidas que la ley establece para asegurar la asistencia del acusado al próximo señalamiento que se fije para la celebración del juicio, adoptando las medidas cautelares necesarias. Acordada la celebración del juicio en ausencia, el mismo continua con la práctica de la prueba y cabe la posibilidad de que la defensa solicite la celebración de la audiencia preliminar, lo que no cabe es la conformidad, pues requiere la presencia del acusado.

Cuando son varios los sujetos pasivos en el momento de celebración del juicio oral, si alguno de los acusados deja de comparecer sin motivo legítimo, podrá el juez acordar oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes (artículo 793.1.1 Ley de enjuiciamiento criminal), en todo caso, la ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en forma, no será por sí mismo causa de suspensión del juicio.

Presencia del acusado

La sentencia que se va a dictar deberá ser, en principio, de estricta conformidad con la aceptada por las partes (artículo 793.3 Ley de enjuiciamiento criminal). Por imperativos del principio acusatorio, pero la jurisprudencia también admite una rebaja en la pena por no perjudicar al acusado, pero tal rebaja debe ir precedida de una prueba y debate entre las partes, pues de lo contrario produciría indefensión para las partes. También se precisa que el acusado esté presente, debiendo mostrar su expresa conformidad con la acusación y defensa.