Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente

En este anexo se establece que todas las actividades desarrolladas en el área del Tratado Antártico deberán estar precedidas por una evaluación del impacto ambiental (EIA), para predecir las probables consecuencias que tal actividad pudiera ocasionar sobre el medio ambiente antártico. Tal predicción permite el diseño y la implementación de medidas de mitigación y restauración, que tiendan a atenuar dichos impactos. La EIA es un proceso que tiene como objetivo brindar información al personal con capacidad de decisión sobre las consecuencias ambientales de la actividad propuesta.

Para preservar la fauna y la flora antárticas y teniendo en cuenta que la actividad humana puede representar una amenaza para su supervivencia, el Anexo II establece que la toma e intromisión perjudicial de especies antárticas, así como la introducción de especies no autóctonas al continente se encuentra prohibida, excepto que se cuente con un permiso otorgado por un país Parte del Tratado Antártico.  

Según el Anexo II, la Toma de una especie antártica comprende acciones tales como matar, herir, atrapar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctono; o retirar o dañar tales cantidades de plantas nativas o de invertebrados autóctonos que ello afecte significativamente a su distribución local o su abundancia. Por su parte, la Intromisión perjudicial de una especie antártica puede producirse debido a múltiples razones, entre las que el Protocolo enumera:

• el vuelo o el aterrizaje de helicópteros o de otras aeronaves, y la utilización de vehículos o embarcaciones (incluidos los aerodeslizadores y barcos pequeños) y de explosivos y armas de fuego, que perturben la concentración de aves o focas autóctonas;  
• la perturbación intencionada de la cría y la muda del plumaje de las aves o de la perturbación intencional de aves autóctonas durante la reproducción o el cambio de plumaje o de concentraciones de aves o focas autóctonas por personas a pie;
• un daño significativo de las concentraciones de plantas terrestres autóctonas con el aterrizaje de aeronaves o la conducción de vehículos, al pisar dichas plantas o por cualquier otro medio; y
• toda actividad que produzca una importante modificación adversa del hábitat de cualquier especie o población de mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos.

El Anexo II también prohíbe introducir en tierra, en las barreras de hielo y en las aguas del Área del Tratado Antártico ninguna especie de organismo vivo que no sea autóctona, salvo de conformidad con un permiso. La prohibición de introducir especies no nativas está asociada a su potencial para afectar negativamente a las especies autóctonas. Una especie no nativa puede actuar como competidora (de hábitat y/o de alimentos) de la especie autóctona; como vector de enfermedades a las que la especie nativa no está habituada; como agente modificador del hábitat, o como depredador de la especie autóctona. Los únicos tipos de especies de ingreso permitido a la Antártida, con autorización previa, son plantas cultivadas y sus propágulos reproductivos para uso controlado y especies de organismos vivos para uso experimental controlado.

Finalmente, el Anexo II permite designar como Especies Antárticas Especialmente Protegidas a aquellas especies de aves, plantas e invertebrados autóctonos, cuya supervivencia o estabilidad pudiera estar en situación particularmente comprometida, De esta forma, se les brinda una protección adicional a la que surge del Protocolo y el resto de los Anexos.  

Conforme a este Anexo, la gestión de los residuos antárticos comprende la planificación, clasificación, tratamiento, almacenamiento, transporte, y disposición final de todos los desechos generados al sur de los 60°S. Este Anexo se limita a establecer normas generales que cada país adecua, de acuerdo con la naturaleza de sus instituciones, y con su legislación interna.  

Así, se prohíbe rellenar terrenos con residuos, depositarlos en áreas libres de hielo o en sistemas de agua dulce y quemarlos al aire libre. Asimismo, se establece la obligación de limpiar los sitios terrestres de eliminación de residuos originados por actividades realizadas previamente a la entrada en vigor del Protocolo.  

El Anexo III establece asimismo como prioridad la reducción de la producción de residuos, por lo que antes de iniciar cualquier actividad debe priorizarse la alternativa que minimice el volumen de desechos a generar. Una vez producidos, el Protocolo contempla tres métodos para la disposición final de residuos en la Antártida:

• Evacuación del Área del Tratado Antártico: La prioridad uno establece que los desechos antárticos sean evacuados del territorio antártico en todos los casos en que sea posible. Previamente, los residuos deben acumularse convenientemente en sectores donde no puedan dispersarse por la acción del viento, ni puedan quedar al alcance de las aves.
• Incineración controlada: Esta opción sólo puede llevarse a cabo en aquellas instalaciones que dispongan de equipamiento adecuado (incineradores de combustión controlada), y sólo podrán incinerarse los residuos biodegradables. Las cenizas producidas durante el proceso se acumularán para ser luego removidas del Área del Tratado Antártico.
• Eliminación al mar: Solo se permite la eliminación al mar de aguas residuales y residuos líquidos domésticos, y exclusivamente en áreas donde existan condiciones para su dilución inicial y su rápida dispersión (es decir, en corrientes que se dirijan mar adentro). Cuando las bases alberguen a más de 30 personas, el Protocolo requiere que tales residuos sean previamente tratados, al menos por maceración, para reducir el tamaño de partícula a verter y así, favorecer su rápida dispersión en el agua.  

Este Anexo propone asimismo un sistema de clasificación para los residuos generados en la Antártida, que sirva de base para llevar un registro de los desechos y para facilitar los estudios dirigidos a evaluar los impactos en el medio ambiente de las actividades científicas y de apoyo logístico asociado. Para ese fin, este Anexo establece que los residuos generados deberán clasificarse en cinco grupos:  

• Grupo 1: aguas residuales y residuos líquidos domésticos,  
• Grupo 2: otros residuos líquidos y químicos, incluidos los combustibles y lubricantes,
• Grupo 3: residuos sólidos para incinerar,  
• Grupo 4: otros residuos sólidos, y  
• Grupo 5: material radioactivo.  

Para reducir aún más el impacto de los residuos en el medio ambiente antártico, el Anexo III al Protocolo establece que cada Programa Nacional Antártico[2] deberá preparar, revisar y actualizar periódicamente planes de tratamiento de residuos para bases, campamentos y embarcaciones.  

Nota: Un Programa Antártico Nacional se define como “la entidad con responsabilidad nacional para gestionar el apoyo a la investigación científica en el Área del Tratado Antártico en nombre de su gobierno y en el espíritu del Tratado Antártico”. Cada signatario del Tratado Antártico normalmente establece un Programa Antártico Nacional para coordinar sus actividades en Antártida (definición tomada de COMNAP[3])

Este Anexo establece prohibiciones y restricciones al vertido de residuos desde barcos. Este Anexo se encuadra en lo establecido por la Convención para prevenir la Contaminación Marina desde barcos, conocida internacionalmente como MARPOL 73/78 (originalmente firmada en 1973, con enmiendas en 1978), en el marco de la cual, en 1990 se acordó otorgar a las aguas antárticas el estatus de Zona Especial, en donde deben observarse mayores restricciones que en otras aguas internacionales.  

El Anexo V al Protocolo establece un nuevo esquema de áreas protegidas en la Antártida, formado por tres categorías: Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP), Zonas Antárticas Especialmente Administradas (ZAEA), y Sitios y Monumentos Históricos (SMH).  

Una Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) es un área terrestre o marina que posee valores científicos, estéticos, históricos o naturales, o investigaciones científicas en curso o previstas, que la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA)[4], a propuesta de cualquier país Parte, designa como tal para proteger dichos valores. Los ex Sitios de Especial Interés Científico y las ex Zonas Especialmente Protegidas, designados como tales por anteriores RCTAs, fueron reclasificados entonces como ZAEPs.  

Para efectivizar la protección de las ZAEP, el Anexo V prohíbe ingresar a una ZAEP, salvo de conformidad con un permiso expedido por una de los Estados Parte del Tratado Antártico. También establece que cada ZAEP posea un Plan de gestión, documento en el cual se identifican los valores a proteger y se especifican las medidas necesarias para garantizar su adecuada gestión.  

Una Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA) es un área en donde concurren diferentes tipos de actividades humanas (logísticas, científicas, de conservación, turísticas). Se las designa como ZAEA para contribuir al planeamiento y coordinación de las actividades, evitar posibles conflictos de intereses, mejorar la cooperación entre los distintos operadores y reducir al mínimo los impactos ambientales adversos. Las ZAEA pueden comprender sectores marinos o terrestres, e incorporar ZAEP en su interior. La entrada a las ZAEA no requiere permiso. Si dentro de ellas hubiera una ZAEP, el ingreso a estas sí lo requiere.  

Por último, determinados sitios, tumbas, objetos, construcciones o artefactos situados en el continente antártico poseen un valor histórico que la Reunión Consultiva del Tratado reconoce a través de su designación como Sitios y Monumentos Históricos Antárticos (SMH). Los SMH pueden formar parte de ZAEP, ZAEA, o bien ser simplemente listados como tales. Los elementos que formen parte de un Sitio y Monumento Histórico no deberán dañarse, trasladarse ni destruirse.  

Al año 2022, existen 75 ZAEP, 6 ZAEA y 90 SMH, aunque esta cifra tiende a crecer gradualmente con los avances en el conocimiento del continente. La Secretaría del Tratado Antártico mantiene una base de datos[5] y mapas de todas las zonas protegidas de la Antártida.

El sexto anexo se refiere a las responsabilidades de los Estados Parte y a sus operadores gubernamentales (por ejemplo, los encargados de la logística de apoyo a la ciencia) y no gubernamentales (por ejemplo, operadores turísticos) por las consecuencias de incidentes que afecten el medio ambiente antártico. Este Anexo obliga a las Partes Consultivas a solicitar a sus operadores la adopción de medidas preventivas razonables concebidas para reducir el riesgo de que se produzcan emergencias ambientales y su potencial impacto adverso.  

En este sentido, el Anexo VI obliga a los Estados Parte a elaborar e implementar planes de contingencia para dar respuesta a incidentes que pudiesen tener impactos adversos en el medio ambiente antártico, y a realizar acciones de respuesta rápidas y efectivas ante emergencias ambientales emanadas de sus actividades.  

El Anexo VI también obliga a cada Parte a que exija a sus operadores un seguro u otras garantías financieras para cubrir las responsabilidades derivadas de no haber adoptado este tipo de acciones de respuesta.