Reforma agraria de Chile

Ningún chileno podía ser dueño de una extensión de tierra mayor a 2.5 hectáreas de riego, denominadas como las 80 hectáreas básicas. Eran expropiables:^{[cita requerida]}

• Toda propiedad agrícola de corporaciones o sociedades.
• Toda propiedad agrícola cualquiera sea su tamaño que estuviese mal explotada.
• Toda propiedad agrícola beneficiada por obras de regadío efectuadas por el Estado.

El pago de las propiedades expropiadas se calculaba en base al valor fiscal de la última tasación. Este sistema de avalúo provocó que las propiedades agrícolas fueron tasadas a un valor mucho menor que el de mercado. Una vez determinado el valor de la propiedad, se procedía a pagar; dependiendo del tamaño de la propiedad se pagaba al contado entre un 1 a 10% del valor, el resto en bonos de la reforma agraria no reajustables a 25 o 30 años.

La crisis de la actividad agrícola en Chile tuvo su origen en el desinterés terrateniente por utilizar de manera eficiente sus tierras, fenómeno que se evidenció, entre otras razones, en la falta de modernización de los medios de producción existentes en los predios del país. En la postergación del desarrollo agrario durante la época del desarrollo industrial, las bajas rentabilidades del negocio agrícola junto con la virtual imposibilidad de exportar y la falta de incentivos para la promoción del agro y su consecuente desinversión. Sumado a esto, el maltrato y explotación de la clase campesina hizo que estos se vieran obligados a migrar a las ciudades buscando una mejor calidad de vida. Todas las investigaciones llevadas a cabo repetían entre sus conclusiones las pobres condiciones de vida de inquilinos y trabajadores agrícolas. El ingreso recibido por los inquilinos fue extremadamente bajo, de tal modo que ni siquiera les permitía disponer de una alimentación mínima equilibrada.[1]

En consecuencia, la economía agraria entró en una crisis debido a su incapacidad productiva, llegando incluso a tener que importar alimentos para satisfacer la demanda nacional durante los años cincuenta.[2][3][4] Ya en 1965 había 17 283 inquilinos menos que en 1955, lo que evidenciaba el déficit, a nivel nacional, del sector agrícola.^{[cita requerida]}

Durante el periodo de la Unidad Popular (UP), encabezada por el presidente Salvador Allende, la reforma agraria se potenció con la ejecución de la ley 16.640, que limitaba la acumulación de tierras con un máximo de 80 hectáreas.[5] El objetivo ya no se perfilaba, según se desprende de los discursos de la época, en torno a la idea de dar tierra al campesino, sino que se fundaba en la noción de eliminar lo más rápidamente posible al latifundio.[7] En palabras de Allende: "el próximo año no quedará un solo latifundio en Chile".[8] Entre los años 1970 y 1973, las expropiaciones fueron acompañadas de una notable efervescencia campesina, que se expresó en la ocupación de campos, muchas veces de manera violenta.[5] Estos se acogían en la ley 16.625, creada por el gobierno anterior, la cual fomentaba la sindicalización campesina.

Ya para 1973, el gobierno de Allende había expropiado exactamente 4691 predios a latifundistas.[9] En abril de 1971, en el Teatro Caupolicán, se realizó una concentración de variados sectores políticos con el propósito de crear el Frente Nacional de la Actividad Privada, para defenderse del creciente estatismo. Para enero de 1972, la Corte Suprema dictó una resolución que favorecía a los agricultores, la cual resguardó los derechos de propiedad de los latifundistas.^{[cita requerida]}

La reforma agraria chilena, se desarrolló de manera muy contraria a las reformas en otros países socialistas, pues no se re-distribuyeron las tierras, lo que generó varias consecuencias como la descapitalización del campo, en la cual el Estado tuvo que hacerse cargo de la mano de obra y el financiamiento del predio. Debido a esta violenta modificación en la estructura campesina, el gobierno comienza a fijar los precios y estatiza la comercialización de los productos. Esto, implicó un descenso en la producción agraria y el gobierno se vio en la obligación de importar alimentos a fines de 1973 cuya cifra llegó a los 555,6 millones de dólares.[9]

Símbolo del Comando Rolando Matus.

La reforma agraria se radicalizó durante el gobierno de Salvador Allende. De 1970 a 1973 Se registraron más de 1450 ocupaciones violentas de tierras.[10] En abril de 1971 el agricultor y político Jorge Baraona fallece de un infarto mientras le comunicaban el desalojo de su hacienda recientemente expropiada por el gobierno.[11] En esa misma época el agricultor Rolando Matus muere en un enfrentamiento entre las asociaciones campesinas de derecha y campesinos que procuraban ocupar por la fuerza su hacienda.[12][13] Posteriormente miembros del Partido Nacional formaron el grupo paramilitar Comando Rolando Matus en su honor.[13]

Luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, la Junta Militar, liderada por Augusto Pinochet, tomó la decisión de traspasar la administración de las tierras a nuevos capitalistas con el fin de modernizar la producción.[5] Se produce de esta forma un proceso de normalización o contrarreforma donde el 28,4 % de las tierras se devuelven a sus antiguos dueños, el 38,5 % son rematadas o entregadas al Estado y 33,1 % repartida a 40 mil campesinos.[14] Además, durante la dictadura militar, la Corporación de la Reforma Agraria fue reemplazada por la Oficina de Normalización Agraria (ODENA).

• Alianza para el Progreso

• Reforma Agraria Chilena por INDAP
• Proyecto documental: Memoria y olvido | Reforma agraria y violación de Derechos Humanos