Relocalización en Bolivia

Relocalización de los mineros (o solamente relocalización) es el nombre dado en Bolivia al proceso de cierre de minas tras la promulgación del Decreto Supremo 21060[1] el 29 de agosto de 1985, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.[2] Tras el cierre de los centros mineros, los trabajadores desocupados migraron a diferentes centros urbanos de Bolivia.

Impacto social

La relocalización tuvo entre sus más fuertes impactos el crecimiento de la población urbana y la ocupación de nuevos territorios. Los mineros que se desplazaron, cuyo número se calcula en más de 30.000,[2] junto a sus familias, lo hicieron hacia muchas ciudades de Bolivia como El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz, pero también poblaron áreas de expansión agrícola como Alto Beni, Chapare y Caranavi.[3]

El Alto

En El Alto se establecieron barrios enteros de ex trabajadores mineros, constituyendo su llegada uno de los cuatro hitos históricos más importantes de crecimiento de esta ciudad, que en 2012 se convirtió en la segunda más poblada de La Paz.[4]

Derechos laborales

En el caso de los trabajadores del Centro Minero Catavi, hasta 2015 no se les habían pagado los beneficios laborales establecidos por la ley boliviana.[5]

Véase también

Referencias
  1. «"La marcha por la vida" el legado de la lucha minera contra la relocalización». COMIBOL. Consultado el 8 de diciembre de 2019.
  2. Espinoza Morales, Jorge (22 de julio de 2011). «La "relocalización" minera». La Patria. Consultado el 8 de diciembre de 2019.
  3. «La relocalización, el sindicalismo y las nuevas formas de organización».
  4. Rivas, Miguel (21 de julio de 2013). «Cuatro hitos marcan el crecimiento urbano alteño». La Razón. Consultado el 8 de diciembre de 2019.
  5. «Mineros reclaman pago a 30 años de la relocalización». Opinión. 29 de agosto de 2015. Consultado el 8 de diciembre de 2019.
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