Retiro Obrero

A efectos del cobro, se clasificaba a la población asegurada en dos grupos:

• El primero estaba formado por los obreros, que a la entrada en vigor de la ley, tuvieran entre 16 a 45 años, para los cuales se fijaba una pensión inicial de 365 pesetas anuales, a través de imposiciones a capital cedido. El disfrute de esta cantidad estaba condicionado a la continuidad en la provisión de trabajo; en caso contrario, la anualidad a cobrar se correspondía con la suma de los importes aportados.
• Para los trabajadores de más de 45 años, se renunció al sistema de capitalización, no se garantizaba ninguna pensión y se estableció unas libretas que recogían las aportaciones realizadas que podían ser complementadas por los obreros y que a partir del momento de la jubilación se cobraban.

Las pensiones previstas tenían una naturaleza de seguro de mínimos, concebidas como elemento de lucha contra la pobreza y no buscaban mantener la renta de los trabajadores más allá de la jubilación, al no tener las aportaciones relación con las retribuciones laborales. Es preciso poner de manifiesto que la pensión de 365 pesetas anuales, una peseta diaria, representaba entre el 10 y el 20 por ciento del salario medio de los obreros.[4]

La aportación anual de la prima del seguro, que era de carácter obligatorio, estaba constituida por dos partes. En primer lugar el Estado contribuía con 12 ptas por persona y año y en segundo lugar, la aportación patronal obligatoria que consistía en una cuota única de 36 pesetas anuales para todo los trabajadores, independiente de su edad y su remuneración. De esta manera, el funcionamiento práctico del Retiro Obrero se regía por cuotas anuales totales de 48 pesetas para todo individuo, asumiendo la continuidad en la provisión laboral.[5]

El obrero no realizaba ninguna aportación o cotización periódica para la pensión. El reglamento lo justificaba de la siguiente forma en su exposición:

La experiencia aconsejó que se trazase un primer período durante el cual pudieran obreros y patronos adquirir los nuevos hábitos que esta reforma social demanda. Si bruscamente se impusieran al obrero la obligación de contribuir a la formación de las pensiones, una gran masa de trabajadores procuraría eludirla, y acaso lo lograra fácilmente; y aun consentiría también que, en algunos casos, los patronos eludieran la contribución respectiva, con lo cual el precepto del Estado hubiera perdido toda eficacia.

Atendiendo a estas razones, se decidió que durante ese período inicial las imposiciones fueran sólo obligatorias para el patrono y para el Estado. De esta manera, los obreros, por sí o por medio de sus organizaciones, defenderán su derecho, siendo vigilantes celosos e insustituibles del cumplimiento del régimen; y el ejercicio de ese mismo derecho los preparará para que acepten mañana de buen grado una obligación cuyas provechosas consecuencias habrán podido estimar. Por otra parte, en este Reglamento se estimula a los trabajadores para que voluntariamente contribuyan a mejorar sus pensiones, presentándoseles, si lo hacen, con una nueva bonificación, privándoseles, en caso Contrario, del derecho a una pensión de invalidez, si el azar los incapacitase para el trabajo.

Real Decreto de 21 de enero de 1921 por el que se aprueba el regla­mento general para la aplicación del Real decreto de 11 de Marzo de 1919 sobre intensificación del régimen de re­tiros obreros.

El equilibrio financiero del sistema nunca se llegó a comprobar, puesto que en 1939, cuando comenzaba la jubliación para los que tenían 45 años en 1919, momento de la publicación de la ley, se cambió el sistema y se pasó a un sistema de reparto fijo.