Revolución de 1897

El Nuevo periodo “Civilista”, dirigido por el presidente constitucional Julio Herrera y Obes comenzó en un clima de optimismo económico, desde la época del presidente Máximo Tajes ya existían indicios de que se estaba abriendo una etapa depresiva: Desde la década de 1880 el precio internacional de los cueros secos y salados estaba bajando, por la competencia de productos sustitutivos que estaba apareciendo en Europa, como el cartón obtenido mediante proceso Kraft, y por el aumento de la producción a nivel mundial, mientras que en 1887 en Brasil se cerraba la importación de tasajo uruguayo, en el marco de una nueva política de corte proteccionista.

El precio de la lana que era el principal producto exportable del Uruguay desde 1894, tuvo también un claro descenso. A estos factores se debe de agregar, una balanza comercial desfavorable que se mantuvo durante la mayor parte de la presidencia del Máximo Tajes, y que al menos en parte estuvo determinada por la importación de bienes de lujo.

El panorama en general no repercutió gravemente debido a las maniobras especulativas desarrolladas por el Banco Nacional, que crearon, según el escritor Ramón Díaz “una burbuja financiera dentro de la cual los precios de la tierra y ciertos valores de bolsa crecieron sin tasa ni medida, para caer estrepitosamente cuando aquella estalló y dejar una amarga secuela de quiebres y desempleos”. Otra causa de este “estallido” es la de una larga sequía que afecto toda la producción uruguaya y, consecuentemente, la capacidad exportadora, sumada también al Pánico de 1890, que afectó tanto al Uruguay, como a la Argentina, siendo este país tradicional cliente de los productos uruguayos.

La crisis tuvo como fin, el cierre de varios bancos, entre ellos en banco del Estado, Banco Nacional entre otros privados y sumió al país en la bancarrota por 4 años desde 1890 hasta 1894.

En noviembre de 1890, año en el cual había que realizar elecciones legislativas, el Directorio del Partido Nacional determinó su abstención de esa fuerza política por medio de una severa declaración en la que denunciaba que “los registros cívicos fueron formados a capricho, inscripciones fraudulentas admitidas como licitas, inscripciones legales tachadas por ilícitas […] Juntas Electorales y Comisiones Escrutadoras de docilidad asegurada”. Debido a esto la concurrencia de los comicios fue casi exclusiva del electorado “colectivista”, ya que el sector colorado batllista denunciaba, con más rigor que los propios blancos, el manejo de las elecciones.

El fraude sistemático redujo al absurdo los esfuerzos formales del gobierno y la oposición para mejorar las garantías electorales, traducidos en las leyes de Ley de Registro Cívico Permanente y de Elecciones, largamente discutidas y promulgadas respectivamente el 28 de marzo y el 13 de abril de 1893. Más allá del valor de estos textos legales (aceptados por Juan José de Herrera, por ejemplo, y violentamente rechazados por Batlle y Ordóñez, que los calificó de "legalización del fraude"), la praxis fraudulenta, situada al margen de cualquier normativa legal, los anulaba de hecho. Parece claro que el propio presidente estaba comprometido en estas maniobras, lo que plantea un problema de ardua respuesta:

Secuela de un intento de 1896, que fracasó, su origen debe hallarse en la política de influencia directriz, tesis política sostenida y aplicada durante el gobierno de Julio Herrera y Obes, que tendía a monopolizar el poder para el Partido Colorado y no vacilaba en usar la fuerza o el fraude. Reducida a su mínima expresión la coparticipación pactada en la Paz de abril de 1872, que puso fin a la Revolución de las Lanzas (Herrera y Obes redujo los cuatro jefes políticos blancos de 13 departamentos existentes en 1872 a tres de los 19 departamentos de 1890), los blancos se sentían una vez más marginados y propensos a los alzamientos armados.

En Buenos Aires se formó una Junta de Guerra encabezada por Juan Golfarini y Duvimioso Terra; propugnaba el levantamiento armado y actuaba al margen del Directorio del Partido Nacional, presidido por Juan Berinduague. Los contactos de la junta en Uruguay y la prédica revolucionaria a través de la prensa (en particular, la realizada por Eduardo Acevedo Díaz) dieron lugar a la formación de una serie de clubes políticos y agrupaciones blancas que presidían caudillos locales, como Carmelo Cabrera o Basilio Muñoz, cuyo objetivo principal era preparar la revuelta.

Uno de ellos fue el club “Gumersindo Saravia”, fundado el 25 de agosto de 1896 en Cerro Largo por Antonio Floricio Saravia (“Chiquito”) –hermano de Gumersindo y con gran influencia en el área– y por su hermano menor Aparicio, que habían luchado con Gumersindo entre 1893 y 1895 en la Revolución Federal de Rio Grande do Sul y ostentaba el título, no reconocido en Uruguay, de general.

El Directorio del Partido Nacional desautorizó estas iniciativas, que calificó de “Movimiento anárquico”. Aparicio tuvo una entrevista con el Directorio en Montevideo el 8 de octubre de 1896, que, pese al clima cordial, dejó claro que había diferencias insalvables. Fue en el curso de esa reunión que Saravia, ante el argumento de la falta de dinero, puso los títulos de sus propiedades –y las de sus hermanos Chiquito y Mariano– a disposición del Directorio, argumentando que “Prefiero dejar a mis hijos pobres pero con patria y no ricos y sin ella”.

El 24 de noviembre de 1896 Saravia movilizó a sus tropas (80 hombres) y al otro día, el 25 de noviembre, en la población Coronilla (departamento de Rivera), leyó una proclama en la que llamó a los blancos a las armas contra un gobierno “que nos degrada ante propios y extraños”. Desorganizado y carente de apoyos internos y externos, este movimiento que llegó a reunir 1000 hombres mal armados –y que fue denominado despectivamente “la chirinada” por jefes del Ejército– se disolvió el 8 de diciembre tras alguna escaramuza; Saravia pasó al Brasil y anunció que “la revolución recién empieza”.

Las negociaciones de paz culminaron en el Pacto de la Cruz, firmado el 18 de septiembre de 1897 luego de más de seis meses de hostilidades que habían movilizado a un total de 5.000 hombres en la guerrilla y a 20.000 en el Ejército. La Asamblea General lo aprobó el 19, con el solitario voto en contra del expresidente Julio Herrera y Obes, quien dijo: “Hacen la paz porque no han sabido hacer la guerra”.

Los negociadores fueron, en representación del gobierno, José Pedro Ramírez y el hacendado Pedro Etchegaray, y por los blancos el propio Saravia, Diego Lamas, Arturo Heber Jackson, Manuel Artagaveytía y Antenor Pereira. El documento concluyó en Montevideo, donde se registraron multitudinarias expresiones de júbilo, y llevó las firmas de Eduardo McEachen, Juan Campisteguy, Luis Eduardo Pérez, Mariano Ferreira y Jacobo Varela (hermano de José Pedro Varela) como representantes del Poder Ejecutivo, y Juan José de Herrera, Eustaquio Tomé, Carlos Berro y Aureliano Rodríguez Larreta, como representantes del Partido Nacional. Por supuesto, hubo que contar con la aquiescencia de Aparicio Saravia.

El pacto establecía:

• La renuncia a la lucha armada.
• El compromiso del Ejecutivo de impulsar una reforma electoral que estableciese la representación de las minorías (“esta cláusula es la base fundamental y esencial de esta negociación” dice el texto).
• Compromiso de elegir como Jefes Políticos departamentales a ciudadanos que “ofrezcan amplias y eficaces garantías”.
• Amnistía y vigencia de los derechos civiles y políticos, lo que incluía reposición de los destituidos por considerárselos vinculados al levantamiento.
• Indemnización de 200.000 pesos a los blancos como “Gastos de pacificación”.
• Compromiso de adoptar medias que apliquen en la realidad el principio de igualdad entre los orientales y la plenitud de los derechos cívicos.

Junto a estas cláusulas escritas y firmadas se convino verbalmente un acuerdo por el cual seis jefaturas políticas serían provistas directamente por el Partido Nacional. Saravia dejó sus tropas el 24 de septiembre, después de que el gobierno designara jefes políticos blancos en los departamentos de Maldonado, Flores, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rivera y San José.

Al día siguiente en la estación La Cruz (departamento de Florida) se realizó el desarme de los revolucionarios encabezados entonces por Diego Lamas. Entregaron parte de su arsenal: lanzas y unas 350 armas largas (Winchester, Remington, Mauser); cada soldado recibió 30 pesos y los coroneles 150 (Lamas y otros dirigentes no aceptaron su parte). El llamado Pacto de la Cruz –una primitiva forma de “coparticipación” – eludió la solución definitiva de los problemas del país.

De hecho, quedó dividido en dos gobiernos; el de Montevideo y el de Saravia desde su estancia El Cordobés, dada la absoluta primacía que el caudillo tenía entonces sobre su partido. La situación quedó congelada hasta la elección de José Batlle y Ordóñez en 1903 y la Revolución de 1904, mucho mayor, más sangrienta y decisiva de la suerte del Uruguay del siglo XX.