Riego en República Dominicana

Según la FAO, la RD tiene unas precipitaciones medias anuales de unos 1.500 mm; en las zonas áridas caen tan sólo 500 mm/año, mientras que las zonas húmedas tienen un promedio de 2.500 mm/año. La evapotranspiración es de más de 2.000 mm/año. La escorrentía total se estima en 21.000 millones de m³/año.

La demanda de agua para riego es de 7.340,41 millones de m³/año, lo que supone el 82% de la demanda total (8.891,45 millones de m³/año). La demanda de riego se cubre principalmente mediante el riego de superficie y, de forma parcial (13%), mediante el agua subterránea.[2]

Según la FAO, 125.000 ha y 80.000 ha se ven afectadas por problemas de drenaje y de salinidad respectivamente. La mayor parte de estas áreas se encuentran en valles como el Cibao, Santiago-Montecristi, Azua, San Juan de la Maguana, Neyba y Barahona, así como Yuna río abajo y el este de la zona costera, en las provincias de María Trinidad Sánchez y La Altagracia respectivamente.[1]

Se espera que el cambio climático mundial ocasionará choques climáticos permanentes en la región del Caribe, incluidos la subida del nivel del mar, el incremento de temperaturas superficiales atmosféricas y del mar, eventos meteorológicos extremos (como los huracanes y las tormentas tropicales), el aumento de la intensidad de las precipitaciones (lo cual conducirá a inundaciones más frecuentes y graves) y la incidencia de sucesos como el de "El Niño" con mayor frecuencia y gravedad. La degradación medioambiental acelerada por el crecimiento demográfico, la deforestación y la falta de medidas de mitigación intensificarán el impacto de los desastres en el futuro.[3]

En la actualidad no se dispone de información sobre los efectos específicos del cambio climático sobre la agricultura de regadío en la RD. Sin embargo, existen algunos datos en términos de efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos en el First Communication de la RD en la CMNUCC. De hecho, se prevé una gran reducción de la distribución espacial de las precipitaciones y la escorrentía total para el año 2100, lo cual demuestra un cambio estructural que acelera el cambio de las zonas más húmedas a las más secas y la expansión de las zonas del país consideradas históricamente como las más secas.[4]

La ley del agua n.º 5852, aprobada en 1962, fomenta la creación de los distritos de riego y las organizaciones de riego. Entre los aspectos relevantes de esta ley, se incluyen el establecimiento de limitaciones a los derechos de propiedad sobre el agua originada en parcelas privadas a través de manantiales y agua de lluvia, y la relación de derechos sobre el agua con posesiones de tierras.

Con la ley n.º 6 de 1965 se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la autoridad de aguas nacional, y se le asignaron funciones para poner en marcha sistemas de riego con la participación de los usuarios. El INDRHI ha sido el promotor y el desarrollador de los sistemas de riego y tiene responsabilidades en tres niveles funcionales: desarrollo y planificación de políticas a nivel constitucional (normativa); administración de derechos sobre el agua, aplicación de las regulaciones y servicios hidrológicos a nivel organizativo; y el uso del agua para el sistema de riego a nivel operativo.

Los acuerdos y decretos presidenciales entre el INDRHI y la asociación civil de usuarios (asociaciones de regantes) han proporcionado apoyo legal al programa de transferencia del manejo del riego (TMR) (véase a continuación).

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos dominicano (INDRHI), bajo el Ministerio de Medio Ambiente, es responsable del manejo de los recursos hídricos y recursos relacionados, así como del diseño, la implementación, la supervisión y la evaluación de programas, proyectos y actividades destinados a controlar y regular el uso de aguas superficiales y subterráneas.

El INDRHI también está a cargo del manejo de los sistemas de riego y asume responsabilidades como la puesta en marcha y el mantenimiento de las presas, los canales principales y los sistemas de drenaje de todos los sistemas de riego, así como de todas las instalaciones de aquellos sistemas que aún no se hayan transferido a las ACU. Esta política de transferencia se ha financiado, en gran medida, mediante recursos internacionales en coordinación con los 10 departamentos de los distritos de riego bajo el INDRHI. El INDRHI está en proceso de alejarse de su alcance y sus responsabilidades operativas.

Por último, el INDRHI colabora con otras instituciones sectoriales como: 1) la Secretaría de Estado de Agricultura y el Instituto Superior de Agricultura dominicano, 2) el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con un centro de servicios públicos que funciona en pequeños pueblos y zonas rurales y varios centros de servicios públicos regionales de aguas potables y alcantarillados en las ciudades de Santo Domingo, Santiago, Moca, Puerto Plata y Romana, 3) el Ministerio de Salud Pública y 4) la Corporación Dominicana de Electricidad.[1]

El programa de transferencia del manejo del riego (TMR) delega la responsabilidad de administración, operaciones y mantenimiento de la infraestructura de riego a las ACU y mantiene su pertenencia al Estado. El programa de TMR, aún en proceso de implementación, no se ha complementado con ningún marco legal, por lo que se fomentará un mayor desarrollo de las ACU, sus prácticas de manejo, tanto en sentido administrativo como comercial, y la eficiencia en el manejo del agua.

Existe un total de 28 Irrigation Users Boards (juntas de regantes), que representan un total de 71.800 usuarios del agua (de un total de 89.300) y cubren 4,3 millones de tareas (15,9 tareas = 1 ha). Las juntas de usuarios de agua se encargan de la recaudación de tasas, la operación, la administración, la preparación del presupuesto y los gastos. Las juntas de usuarios de agua están formadas por asociaciones civiles de usuarios (asociaciones de regantes, ACU) y se consideran legalmente como organizaciones sin ánimo de lucro. Al contrario que algunas juntas de usuarios de agua, que han recibido gran apoyo del programa de TMR, las ACU son en su mayoría débiles en cuanto a sus características organizativas.

Fuente: INDRHI

Véase también:Economía de la República Dominicana
La economía de la República Dominicana ha pasado de basarse en la agricultura a ser una economía diversificada en la que los servicios, el comercio, la industria y el turismo tienen un papel más importante. La contribución de la agricultura al producto interior bruto (PIB) ha ido descendiendo desde 1962, año en el que representaba el 32%, a tan sólo el 13% en 2008. De este valor, el 53% corresponde al ganado, la pesca y la silvicultura. La producción agrícola en 2000, el 5% del PIB total, representaba un valor total de 1.053 millones de US$ a los precios actuales. Sin embargo, la agricultura mantiene un papel importante en las exportaciones y el empleo. La agricultura de regadío contribuye a esto con casi la mitad de la producción total. Se ha originado un aumento récord en la producción en la superficie de regadío, pero está más relacionado con la expansión de la superficie que con un notable crecimiento de la productividad. La población rural representa el 40% del total y el 52% de la población rural es pobre.

Las tasas anuales de los servicios de riego son bajos (varían desde 4,75 $/ha en algunas zonas hasta 24 US$/ha para agricultores con menos de 10 ha sin cultivo de arroz). Los costos del agua por agricultor sólo representan del 0,21% al 0,58 % del costo de producción total. Los gastos operativos y de mantenimiento de los distritos de riego del INDRHI en 1997 fueron de 6,24 millones de US$ (35 US$/ha), mientras que los ingresos de los cánones de agua solamente fueron de un 14% de este valor. Los cánones de agua son evidentemente demasiado bajos para cumplir los requisitos de mantenimiento y operación.

En mayo de 2008, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 80 millones de US$ para restaurar y fortalecer las infraestructuras de riego, electricidad, agua y alcantarillado dañadas por las tormentas tropicales Olga y Noel, mejorar las infraestructuras más críticas para reducir el impacto relacionado con las tormentas y reforzar la capacidad básica para el futuro manejo de riesgos del INDRHI y la CDEEE.[5]