Roberto Isaías

Tras la muerte de Nahím Isaías en 1985, Roberto Isaías asumió el liderazgo del grupo empresarial familiar y reemplazó a su tío como presidente ejecutivo de Filanbanco. Bajo gestión de Roberto Isaías, Filanbanco se modernizó, adoptando nuevas tecnologías y lanzando nuevos productos financieros. La entidad desarrolló una intensa actividad internacional , contribuyendo a la apertura de la economía ecuatoriana al exterior, al tiempo que con sus políticas de créditos a emprendedores y pequeños propietarios del medio agrario facilitó el desarrollo de sectores como el banano o el camarón .

La crisis de Ecuador a finales de la década de los 90,[3] derivada de las crisis asiática,[4] rusa[5] y brasilera[6] y de la caída de los precios del petróleo afectó duramente a Filanbanco, institución que manejaba el 60 por ciento del comercio exterior ecuatoriano y el 20 por ciento del negocio bancario del país. La crisis económica de fines de la década de los años 90 obligó a Filanbanco de acuerdo a la Ley de Instituciones Financieras y Bancarias- a acudir a los préstamos de liquidez del Banco Central.[7]

Tras aportar fondos propios para compensar esos préstamos,[7] el 2 de diciembre de 1998, en mitad del colapso del sistema bancario ecuatoriano, Roberto Isaías decidió entregar la entidad a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Filanbanco se mantenía sólido en sus cuentas, pero no pudo evitar sufrir problemas de liquidez.[8] Durante esos meses tuvieron que cerrar una veintena de bancos. Filanbanco fue traspasado al Ministerio de Finanzas y finalmente cerró sus actividades en julio de 2001, tras más de dos años y medio de gestión pública.

En el año 2008 el Gobierno inició un proceso por peculado bancario en su contra y de su hermano William, exdueños del cerrado Filanbanco[9] llevando a una persecución e incautación de las empresas y bienes del grupo Isaías.

El Grupo Isaías tenía cinco canales de televisión, tres periódicos, cinco revistas, cinco emisoras de radio y manejaron una de las instituciones financieras más grandes de ese país, Filanbanco. Mediante resolución del 8 de julio de 2008, la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) ordenó, mediante un proceso civil, la incautación de esos activos, "en contra de los ex accionistas y ex administradores de Filanbanco, con el alegado fin de garantizar el pago de la acreencia de los depositantes del banco en el momento de su intervención”,[10] como quedó consignado en los hechos expuestos por los demandantes en el CDH. Pero la incautación no se limitó al banco sino que se extendió a “200 empresas y otros bienes propiedad de los autores y otros integrantes del grupo Isaías”, como se indica en el mismo documento.[11]

En el año 2016 un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU declara al respecto: “El Comité considera que la emisión del Mandato Constituyente Nº 13, que prohibió de manera expresa la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD e incluyó la instrucción de destituir, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar, a los jueces que avocaren conocimiento de este tipo de acciones, violó el derecho de los autores bajo el artículo 14 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a un proceso con las debidas garantías en determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. Indica además que el “Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo (...), debe dar plena reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido violados...”.[12][13]