Rufo Chacón

Los funcionarios policiales Javier Blanco y Henry Ramírez fueron detenidos por el hecho, y también son señalados de golpear a otra adolescente de 14 años que también participaba en la manifestación.[5]

Adriana Parada, la madre de Chacón, denunció que el 12 de julio, cuando asistió a los tribunales para llevar a cabo la prueba anticipada necesaria para la investigación, conoció que los funcionarios detenidos ya no se encontraban bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sino que se encontraban a cargo de Politáchira, el cuerpo al que pertenecían, gozando de protección y habiendo sido trasladados de manera ilegal, sin orden del tribunal.[6] En octubre de 2021 fueron condenados a prisión dos funcionarios de PoliTáchira por la fiscalía 16 y 20, Javier Useche Blanco sentenciado a 27 años y 9 meses y Henry José Ramírez Hernández sentenciado a 21 años y 5 meses por disparar perdigones directo al rostro contra Rufo y otros manifestantes menores de edad, entre ellos un hermano de Rufo.[7]

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, aseguró que la policía estatal estaba siendo direccionada para reprimir a la población desde que fue intervenida por órdenes del ministro de interior y justicia, Néstor Reverol, hacía 20 meses.[8] El director de Politáchira, Jesús Arteaga, reconoció que hubo violación de derechos humanos en el caso de Chacón por parte de los responsables.[9]

La diputada a la Asamblea Nacional Karim Vera denunció que el funcionario de la policía del Táchira que disparó los perdigones al rostro de Chacón estaba ejerciendo el cargo de jefe de la Brigada de Orden Público en el cuerpo policial y tenía un expediente abierto por haber cometido un hecho similar en las protestas nacionales de 2017. El funcionario hirió de gravedad a la joven Ornelly Chacón, también con perdigonazos en la cara y en el cráneo, en una manifestación pacífica en la ciudad de San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira. La joven estuvo varios días en estado crítico y bajo cuidados intensivos. Vera le exigió a los diputados del Consejo Legislativo del estado Táchira que interpelaran al director de Politáchira para que explicara por qué el funcionario ostentaba dicha posición y estaba en actuaciones de control de manifestaciones al conocer sus precedentes.[10]

El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos designado por Juan Guaidó, Gustavo Tarre Briceño, calificó el caso de Rufo Chacón como “otra muestra más de una actitud inhumana y falta de consideración al respeto de los derechos humanos establecidos en la constitución”, asegurando que se tiene preparada una agenda para ser entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de que los representantes del organismo “puedan tener acceso a todos los centros de detención y lugares donde se presentan casos de violación a los derechos humanos en el país”.[11] La comisión permanente de familia de la Asamblea Nacional declaró que le solicitaría formalmente a la delegación de los derechos humanos de las Naciones Unidas en el país, designada por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que iniciara una investigación exhaustiva en torno al caso de Rufo y de su hermano Adrián Chacón, quien también fue víctima de represión policial.[12]

Usuarios en redes sociales iniciaron una campaña para ayudar a Rufo. La clínica oftalmológica Barraquer en Bogotá, Colombia, especializada en trasplantes de córnea, ofreció su ayuda para tratar a Chacón, y tanto el doctor Jeffrey Goldberg, de la Universidad de San Diego, en California, como el profesor de cirugía plástica de la Universidad de Pittsburgh Vijay Gorantla, estudiaron la posibilidad de hacerle un trasplante de ojos.[13]

A pesar de la intención de varias personas, tanto dentro como fuera de Venezuela, de apoyar financieramente a la familia, la madre de Rufo ha indicado que no ha sido contactada por ninguna clínica extranjera para plantearle alternativas que le permitan recuperar la visión a su hijo.[14]