Asesinato de Marcos Satanowsky

Marcos Satanowsky fue un exitoso abogado, soltero y sin hijos, que en 1912 había obtenido la nacionalidad argentina. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1915, doctorándose al año siguiente con una tesis sobresaliente. En 1921 ingresó como profesor adscripto a la Cátedra de Derecho Comercial y en 1945 fue propuesto primero en una terna para acceder al cargo de profesor titular. En 1926 fue el primer presidente de la Sociedad Hebraica Argentina y que en 1936 había fundado El Diario, una publicación de orientación progresista dirigida a la colectividad judía. Fue profesor titular de Derecho Comercial y escribió un libro en dos tomos con ese nombre que fue utilizado en la Argentina durante muchos años y llegó a integrar la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina. Al tiempo de fallecer compartía un próspero estudio jurídico con su hermano Isidro, era síndico o director de varias sociedades anónimas clientes del estudio y propietario de una explotación agropecuaria denominada Cabaña Los Montes

El diario La Razón había sido fundado en 1905 por José Cortejarena y luego fue heredado por su esposa e hijos. Su hija María Carlota estaba casada con Ricardo Peralta Ramos, nacido en 1903, que hacia fines de la década de 1930 había llegado a ser director y principal accionista del periódico. En 1946 la totalidad del paquete accionario de la sociedad propietaria del diario fue entregada al señor Miguel Miranda quien a su vez lo pasó a Eva Perón. Miranda desde los cargos de presidente del Banco Central y del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) fue la figura principal en la conducción económica durante los primeros años de la presidencia de Juan Domingo Perón. Luego del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 las acciones fueron entregadas al síndico y al administrador de la sociedad La Razón, por el presidente de Alea S.A. que era la empresa a cuyo frente aparecía el gobernador de la provincia de Buenos Aires mayor Carlos Aloé, que conducía a los diarios que, como El Mundo, Democracia, La Razón, Crítica y Noticias Gráficas, formaban parte de la cadena de diarios oficialistas y habían sido adquiridos por el gobierno peronista, directamente o a través de sus personeros.

El nuevo gobierno intervino la empresa mientras investigaba su origen y el patrimonio de quienes estaban vinculados a ella, mediante un organismo denominado Junta Nacional de Recuperación Patrimonial.

Comenzó entonces un conflicto judicial en el cual Peralta Ramos, que estaba patrocinado por Marcos Satanowsky, alegaba que nunca había vendido las acciones de la empresa sino que había sido despojado de las mismas. Por su parte el gobierno afirmaba que las acciones habían sido vendidas a Miranda por tres millones y medio de pesos y su principal prueba era la fotocopia de un cheque firmado por Miranda al dorso del cual figuraba imputado a la compra de las acciones de La Razón. Sin embargo, como el original de esa fotocopia nunca apareció, Marcos Satanowsky alegaba que las acciones habían sido entregadas en garantía de un préstamo, que el cheque nunca había existido y que en realidad se trató de una maniobra de Miranda que quería complacer a la señora de Perón aparentando que había logrado adquirir aquel diario. Su argumento legal era que si hubiese existido una venta ella requería un contrato escrito o, por lo menos, un principio de prueba un escrito complementado con prueba de testigos. De ahí la importancia que tenía para el Estado acreditar la autenticidad de la referida fotocopia.

La causa penal que se inició a raíz del homicidio quedó a cargo del juez de instrucción Bernabé Ferrer Pirán Basualdo. En el despacho se encontró el libro que portaba uno de los homicidas, dentro del cual había recortes de diarios y panfletos antisemitas. En los días siguientes, mientras se realizaba la investigación comenzaron a llegar amenazas telefónicas a familiares del fallecido y cartas anónimas a personas conocidas de éste, por lo cual el juez ordenó intervenir los teléfonos de los familiares de Satanowsky. Rodolfo Walsh sugiere que esos recortes pertenecían a la redacción de una publicación o a un servicio de información porque uno de ellos, del diario Noticias Gráficas, correspondía a un año y medio antes del asesinato y ese diario no vendía ejemplares atrasados.

En los primeros días de julio una persona habló por teléfono con la hermana del fallecido y le exigió el pago de una elevada suma de dinero como condición para que no hubiera más desgracias en la familia; ella fingió aceptar y dio intervención a la policía, la cual detuvo a la persona que intentó retirar el paquete con el dinero. Esta persona adujo que un desconocido lo había contratado para retirar ese paquete, cuyo contenido ignoraba, por lo que quedó en libertad. Una pericia caligráfica concluyó que una misma persona había hecho anotaciones a mano en los papeles dejados en el escritorio de Satanowsky luego del crimen y en la nota enviada posteriormente a sus familiares exigiendo una suma de dinero, lo cual vinculaba el homicidio con la extorsión.

Como la investigación no progresara, Isidro Satanowsky y su hijo Martín concurrieron a la Secretaría de Inteligencia del Estado y le pidieron ayuda a su director el general Juan Constantino Quaranta. A poco, Quaranta les informó que el papel donde se habían escrito los anónimos pertenecía al Servicio de Informaciones Navales e integró una comisión investigadora para ayudar a esclarecer el homicidio. En ese ínterin uno de los policías intervinientes vio el retrato hablado que se había realizado a partir de las declaraciones de los testigos y en él reconoció rasgos similares a los de Marcelino Castor Lorenzo, apodado el Huaso. Fue así que el 28 de julio de 1957 en que había comicios para convencionales y lo esperaron y detuvieron después que saliera de votar. Lorenzo había nacido en 1905 en la provincia de Entre Ríos, se lo conocía como guardaespaldas o matón a sueldo que en distintas épocas había trabajado para el diputado peronista Visca, muy conocido por haber encabezado la llamada Comisión Visca que durante el gobierno peronista había clausurado numerosos diarios independientes u opositores, y luego lo hizo para un dirigente radical. Había tenido entre 10 y 20 procesos por trata de personas, robos, juego prohibido y hasta por homicidios pero nunca había sido condenado. Finalmente se había vinculado, según versiones, con la SIDE luego de la caída de Perón. Varias de las personas que habían estado en el edificio el día del crimen reconocieron a Pérez Griz pero al ser llamados nuevamente expresaron dudas, al parecer por la presión que sintieron al ser citados de nuevo, por lo que quedó en libertad.

En diciembre de 1957 la familia ofreció una suma de dinero como recompensa a quien diera información sobre el hecho. En enero de 1958 la señora Elsa del Pin de Estévez, apodada “La Gallega” se comunicó primero con el estudio Satanowsky y luego con la policía. Atestiguó que había vivido en concubinato con José Américo Pérez Griz, y que el día del crimen éste había salido con Lorenzo Palacios, quien vivía en la misma casa, en una camioneta de la SIDE. Agregó que Pérez Griz tenía en la casa un arsenal de armas cortas y largas así como elementos explosivos que fueron retirados de allí los días siguientes al homicidio. La declarante menciona a otra persona, el vecino Marcos Ozanick, quien le había aconsejado que se fuera del barrio porque corría peligro. Pérez Griz había nacido en Mendoza en 1921, era experto en armas y buen tirador; conocía al general Quaranta y fue miembro de la custodia del presidente general Lonardi; desde octubre de 1956 revistó en la Policía Federal y posteriormente fue imputado de robo de autos.

El 1° de mayo de 1958 asumieron las nuevas autoridades constitucionales, el 25 agosto el diputado radical Agustín Rodríguez Araya pidió informes sobre el tema al Poder Ejecutivo como paso previo a la formación de una comisión investigadora que, presidida por aquel, fue aprobada en el mes de septiembre. La Comisión dispuso en octubre detener y tomar declaración a Castor Lorenzo. El 7 de noviembre de 1958 compareció Marcos Ozanick que entregó un revólver calibre 38 que, dijo, le había dado La Gallega en pago de una deuda, y que coincidía con el que había sido visto en el escenario del crimen. Una pericia de la Policía Federal determinó que de ese revólver había salido la bala encontrada en el Estudio del muerto y se da orden de captura contra Pérez Griz, cuya foto es publicada en tapa por la revista Mayoría.

Una persona venida del Paraguay que había visto esa foto informó que en Asunción se encontraba Pérez Griz, por lo que se logra su detención por la policía paraguaya. Por esos mismos días la Gendarmería argentina apresó por sorpresa a 60 guerrilleros liberales paraguayos fuertemente armados en las cercanías de la frontera, quienes dijeron que iban a invadir el vecino país en forma previa o simultánea a la visita que el entonces presidente Arturo Frondizi realizaría el 29 de octubre. La policía paraguaya afirmó que Pérez Griz estaba complicado con dichas armas, y que éste dijo que habían sido vendidas con conocimiento del general Quaranta. Walsh lo entrevistó en la cárcel y obtuvo una confesión firmada en la que Pérez Griz decía que el día del hecho había transportado hasta el Estudio Satanowsky a Lorenzo, Palacios y otra persona, y luego los aguardó en el automóvil. Agregó que habían recibido un pago del general Quaranta. Días después Pérez Griz se retractó de sus dichos alegando que eran una mentira inventada por miedo a las torturas a que lo había sometido la policía paraguaya. Mientras tanto Tiburcio Álvarez Prado, el juez que en ese momento tenía la causa, puso en libertad a Palacios y a Lorenzo y dispuso una nueva pericia realizada por tres expertos del ejército que dictaminaron que el proyectil no provenía del arma peritada.

En el ínterin, un sacerdote manifiesta reconocer en el retrato hablado de otro de los homicidas, los rasgos de Carlos Delgado Chalbaud, un colombiano nacido alrededor de 1937 que usaba varios otros nombres, a quien había hospedado en el colegio San Francisco de Sales. Esta persona le había convencido de abrir una cuenta corriente pretextando que recién había formado una sociedad cuyo domicilio se encontraba en el mismo edificio que el estudio Satanowsky y con dicha cuenta lo había estafado. Pudo determinarse que usaba un carné del SIDE, si bien el general Quaranta declaró ante Rodríguez Araya que sólo lo había conocido cuando le gestionó un permiso para portar armas.

La Comisión parlamentaria estableció como conclusión que en el crimen de Satanowsky habían intervenido personas vinculadas a la SIDE. Por otra parte, las conclusiones de Walsh fueron:

• El crimen fue cometido por personas que tenían acceso a informaciones obrantes en archivos de la policía o de los servicios de informaciones, que actuaron con impunidad y que luego hubo pasividad judicial y encubrimiento policial.
• Que Marcelino Castor Lorenzo fue uno de los ejecutores.
• Que el móvil giró en torno a las acciones del diario La Razón.

Las actuaciones judiciales finalizaron sin haberse individualizado a los autores. Años después, el 14 de octubre de 1972, cuando Marcelino Castor Lorenzo -en ese momento de 68 años- salía a las 10 de la mañana del depósito de hojalata donde trabajaba como sereno, fue muerto por una ráfaga de disparos efectuada desde un automóvil.