Sexteo

Amenazas

A partir del momento en que enviamos la foto o video de contenido sexual perdemos el control sobre ello ya que el receptor de la imagen puede difundirla a su antojo. También existen formas involuntarias de que nuestra imagen se difunda a todo el mundo. Generalmente no nos percatamos de que una imagen no solo se puede difundir cuando se la envías a alguien y este la re envía, sino que también se pueden producir robos, pérdida de móvil o que un tercero acceda a las fotos sin tu consentimiento.

“Las fotografías o vídeos pueden entrar en el circuito de la pornografía sin darnos cuenta”. Estas pueden ser fácilmente subidas a la web a través de las redes sociales.

Esto puede causar Injuria, Publicación del contenido en la web, Cierre de cuentas en las redes sociales, Sextorsion (extorsionar), Penalidades legales, Entre otros.

Los expertos explican, al enviar contenido mediante internet, este realmente nunca se borrara o anulara en su totalidad ya que queda cifrado en los contenidos multimedia en la web. Se ha señalado que el sexting es causante de ciertas consecuencias imprevistas y graves. Se ha relacionado con situaciones tan embarazosas, tras haber sido publicadas como venganza o pasado fotos a terceros, que han conducido al suicidio del remitente original.[19] Asimismo, ha sido señalada como una actividad que puede exponer a los menores de edad al grooming.[20]^{[cita requerida]}

El delito de “sexting” fue introducido en el Código Penal por la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,[23] art. 197.7,[24] que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,[25] del Código Penal.

Dicha reforma representó, en un intento del legislador para adaptarse a nuestros tiempos, en la más profunda efectuada en todo el Código Penal desde su puesta en vigor en 1995. Se modificaron un total de 252 artículos, eliminaron 32 artículos, y revisaron 18 artículos de la LECrim. Se destaca lo anterior para visibilizar de forma breve de qué manera el legislador quiso dar respuesta a través del reproche penal a comportamientos que eran socialmente reprochables, pero que, hasta entonces, dichas conductas no estaban considerados, o al menos, no con la gravedad o diligencias debidas.

Claro ejemplo de ello es lo que nos atiende con la norma penal “sexting” (art. 197.7 CP). Normativa motivada ante una realidad donde las nuevas tecnologías despuntaron con una fuerte repercusión social, dado que las escasas e insuficientes limitaciones que pudiere haber antes del “boom tecnológico” del siglo XXI en el código se empezaron a difuminar ante una nueva dimensión de: una sociedad donde casi todo el mundo tiene un móvil; una de cada vez más social e imbuida en redes sociales; nuevas formas de cometer delitos; mayor comprensión de las tecnologías, etc. Todo ello constató que con la introducción de las nuevas tecnologías existía un “vacío punitivo” sobre los “nuevos comportamientos” que “recién” habían aparecido en las orillas de la sociedad a través del oleaje tecnológico. He aquí donde la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, da una respuesta legal y penal a nuevas conductas relacionadas con el ámbito de las nuevas tecnologías.

Una vez introducido lo anterior, y ya por el lado más jurídico, el art. 197. 7 CP es un delito mixto alternativo,[26] en el sentido de que realizado cualquier de los siguientes verbos recogidos en la conducta típica “difundir, revelar o ceder” de imágenes o grabaciones audiovisuales, sin el consentimiento de la persona, y que menoscabe su intimidad personal, será constitutivo de consumar la acción típica. Cabe aclarar que, aunque la víctima consintiera en primer lugar la grabación o ser fotografiada para como resultado de crear dicho contenido, esto es totalmente independiente de cualquier otra acción, por ende, esta nunca consintió su posterior difusión. Es un elemento, que, aunque parezca de simple, es digno de remarcar para evitar mayor victimización de la necesaria.

Al ser un delito especial propio, es importante señalar que el sujeto activo del art. 197.7 CP es el autor a la que se le transmitió voluntariamente el contenido, y sin aprobación del remitente, rompiera su confianza difundiéndolo a terceras personas, independientemente de que sea una o varias. También, es importante destacar que cualquier delito recogido en el art. 197 tiene responsabilidad jurídica.

Dando cierre al apartado, es importante remarcar la STS 70/2020, de 24 de febrero,​[27] pues establece que no es imperante el carácter sexual en la difusión de imágenes para la identificación de la conducta típica del delito, aunque este fuere el caso más abundante. Es decir, aunque el ámbito sexual sea una gran manifestación de la esfera íntima, esta ni es la única ni acapara todas las demás manifestaciones (p. ej. situación de salud y/o enfermedad, económica, etc.).

Bien jurídico protegido

Es el derecho a la intimidad, protegido en el artículo 18.1 de la Constitución Española, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen de la persona. Dado la importancia que confiere un bien jurídico, se considera pertinente exponer, a través de sentencias del Tribunal Supremo, el máximo órgano dentro del poder judicial y, el Tribunal Constitucional, que aun estando fuera del poder judicial, tiene su propia categoría donde es el máximo representante de ella. Todo ello viene a significar que son los dos órganos más relevantes para dar determinar la doctrina y/o comprensión jurídica de los anteriores derechos citados.

En primer lugar, el derecho al honor “protege frente a atentados en la reputación personal, entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos” (STC 14/2003, de 28 de enero),​[28] a la vez que impide “la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella” (STC 216/2006, de 3 de julio).[29] En segundo lugar, los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen son según la STS 379/2018​, 23 de julio[30] “los bienes de la personalidad que pertenecen a la vida privada”. En tercer y último lugar, el derecho a la propia imagen, entendido como “la facultad exclusiva del interesado a difundir o publicar su propia imagen y por ende su derecho a evitar su reproducción” (STS 437/2011, de 29 de junio).[31]

Ampliación del núcleo de la conducta publica por parte de la Ley Orgánica 10/2022

Es determinante mencionar la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual[32] como una ley que ha impulsado, a través de su reforma legislativa, de nuevas y mejoradas prevenciones en las violencias sexuales y garantizar los derechos de la víctima, todo ello a través de la creación de tanto nuevos como de reformados artículos al Código Penal. Entre ellos, se encuentra una ampliación al núcleo de la conducta punible del art. 197.7 CP, con la inclusión de un segundo párrafo.

La reforma incluye entonces, en una versión de tipo atenuado, como delito leve a las personas que reciban grabaciones audiovisuales o imágenes de otras personas que las obtuvo con el consentimiento de la persona, y continúen con la cadena de difusión, las cedan o las reenvíen sin la anuencia de la persona.

Cabe entender el delito leve como un hecho ilícito que por una/s característica/s no reviste de la gravedad necesaria para constituirse como delito menos grave o grave. Además, será leve cuando se encuentre castigado por una pena leve (art. 33.4 CP).[33]

En 2009, algunos estados estadounidenses comenzaron a realizar modificaciones legales para evitar que cualquier adolescente implicado en casos de sexteo fuese acusado de producir o distribuir pornografía infantil o incluso para legalizar el envío consentido de este tipo de imágenes entre mayores de 13 años.

En México, no se han realizado estudios profundos sobre este tema como en otros países. Sin embargo, las cifras obtenidas por la policía cibernética de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, arrojó que el 75 por ciento de las imágenes de tipo sexteo corresponden a mujeres.[34] La Cámara de Diputados de este país aprobó, con la obtención de 440 votos, las reformas propuestas por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, para proteger a niños y adolescentes de las diversas modalidades de violencia física, violencia psicológica o violencia emocional, incluidas las que se difunden en los medios electrónicos, conocidas con los nombres de ciberacoso y sexteo, surgidas a raíz del uso de la telefonía móvil e Internet. Se hicieron modificaciones al artículo 32, con la adición del inciso d) a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que se impulse la enseñanza y el respeto de los derechos humanos, en especial la no discriminación y la convivencia sin violencia.[35]

En el 2007, 32 adolescentes de Victoria, Australia, fueron denunciados a causa de actividades de sexting.[36] En enero del 2009 se imputaron cargos de pornografía infantil a seis adolescentes en Greensburg, Pensilvania, después de que tres chicas enviaron fotos sexuales a tres compañeros de su escuela.[37] En Florida, un chico de 19 años permanecerá inscrito en el registro de delincuentes sexuales del estado hasta que tenga 43, por haber reenviado una foto de su exnovia desnuda a varias decenas de personas.[38]

Caso de Emma Jones

Tenía 24 años, era inglesa y trabajaba en una escuela primaria de Abu Dhabi. Luego de terminar con su novio, él publicó en su Facebook fotos en las que Emma aparecía desnuda. Según la madre de la joven, se suicidó después de que sus compañeros de trabajo la comenzaran a llamar prostituta. Además tenía temor de que la arrestaran.