Sistema penitenciario de Honduras

Hasta 1984, Honduras había manejado su sistema carcelario utilizando la Ley Reglamentaria de Ley Reglamentaria de Presidios (Decreto No.129 de 3 de abril de 1909). En 1985 entra en vigor la ley de Reahabilitación del Delincuente decreto número 173-84. Cuyos objetivos y fines son los siguientes

• • Artículo 1 La presente Ley regula la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, la detención preventiva de los procesados y, en general, el tratamiento de los penados y su orientación post-carcelaria con vistas a lograr su readaptación social.
  • Artículo 2 La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de lo establecido por la Constitución de la República, la presente Ley, sus reglamentos y las sentencias judiciales dictadas contra los reclusos.
  • Artículo 3 Los fines anteriores estarán a cargo de la Dirección General de Establecimientos Penales y de los órganos subsidiarios que al efecto se establezcan

En 1984 hace a un lado la antigua normativa y crea la Ley de Rehabilitación del Delincuente que tiene vigencia hasta 1998. Hasta el momento de que, las cárceles del país son manejadas bajo esta ley no se presentan mayores incidentes. Pero al crearse la Ley Orgánica de la Policía mediante decreto 156-98, de fecha 26 de mayo de 1998, se le entrega el manejo administrativo y operativo de las prisiones a la Policía y comenzó el desastre.[15]

Para ello se crea una Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos y surgen las denuncias de corrupción a lo interno de algunas cárceles. Se denuncian a ciertos directores de presidios de estar confabulados con gente del crimen organizado que custodian, y de quienes recibieron carros como regalos por ciertas canonjías. Asimismo, se desatan las matanzas. El 12 de noviembre de 1999, en el vetusto centro penal de San Pedro Sula, mueren 11 personas y 31 resultaron heridas.[15]

En mayo de 2012 el Congreso Nacional de la República de Honduras la nueva ley penitenciaria del estado. Sin embargo fue hasta recientemente (2013) que esta entró en vigor como ley con su publicación en la Gaceta oficial. Esta Ley aborda una deficiencia estructural sistémica en el sistema penitenciario del país - la falta de un conjunto normativo de leyes y políticas públicas.

• LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL TÍTULO I CAPÍTULO I

• DISPOSICIONES GENERALES

• • ARTÍCULO 1. La presente Ley regula la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales la reeducación y la reinserción social de las personas condenadas a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.

• • ARTÍCULO 2. La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos, las sentencias judiciales y los tratados internacionales ratificados por Honduras. Mientras se encuentren bajo el cuidado y la responsabilidad de las instituciones penitenciarias, deberán respetarse estrictamente a las personas privadas de libertad sus derechos humanos, salvo las restricciones derivadas de su condición de procesados o condenados.

• • ARTÍCULO 3. La ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control y vigilancia jurisdiccional del juez de ejecución, de conformidad a lo prescrito en el Código Procesal Penal.

• • ARTÍCULO 4. No se aplicará a las personas privadas de libertad ninguna pena que no haya sido impuesta por autoridad jurisdiccional ni sanción o medida disciplinaria que no esté expresamente establecida en esta Ley. Se prohíbe someter a las personas privadas de libertad a torturas y a cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad, así como el empleo de medio de coerción que no sean permitidos por la Ley. Quienes ejecuten, ordenen o toleren dichas actuaciones estarán sujetos a las sanciones previstas en el Código Penal.

• • ARTÍCULO 5. El Sistema Penitenciario Nacional se regirá por el principio de progresividad y por el principio de la individualización del tratamiento. Los sistemas y tratamiento que se utilicen con las personas privadas de libertad serán concebidos para su desarrollo gradual y progresivo, la prevención de la reincidencia y habitualidad y estarán encaminados a fomentar en ellas el respeto a sí mismos, los conceptos de responsabilidad y convivencia social y la voluntad de vivir conforme a la Ley. Todas las personas privadas de libertad que cumplen condena quedarán sujetas al Sistema de Tratamiento Penitenciario Progresivo. Las personas bajo proceso y en prisión preventiva se sujetarán a las disposiciones contenidas en el capítulo respectivo de esta Ley.[16]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los organismos más activos en la denuncia de las pésimas condiciones de las 24 cárceles de Honduras. En 2013 redactó un documento en el cual informa sobre la realidad penitenciaria de Honduras. La CIDH señala que se trata de un sistema colapsado en el que se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de la población reclusa. En su informe, la CIDH señala que existe en las cárceles hondurenas un problema de hacinamiento.

Hasta el ano 2013 existía una población de presos cercana a las 12 000 personas –de ellas, en torno a 450 son mujeres–, su capacidad máxima es para 8120 internos. Este nivel de hacinamiento se debe a que existe un déficit de unas 3800 plazas, un 47 % del total de la cifra actual. Esta situación se agrava en penales como el de El Progreso (donde hay una sobrepoblación del 230 %), La Esperanza (212 %), La Ceiba (180 %) o San Pedro Sula (178 %).Pese a que en la prisión de El Progreso se registra el mayor nivel de hacinamiento de todo el sistema penitenciario del país, dispone de un módulo, el 7, con aire acondicionado y donde sólo viven 21 personas [...][19]

«La CIDH señala que el hacinamiento provoca fricciones constantes entre los reclusos, dificulta que éstos dispongan de privacidad, facilita la propagación de enfermedades debido a la insalubridad, constituye un factor de riesgo de incendios y, entre otras consecuencias, obstaculiza la clasificación de los internos por categorías.»[20]

La precaria situación en la que se encuentra, el colapsado sistema penitenciario hondureño ha traído como resultado, una serie de catástrofes y motines dentro de varias de sus cárceles. Entre estas se pueden mencionar, la tragedia de la cárcel de El Porvenir en La Ceiba (2003),[21] el incendio del centro penal de San Pedro Sula (2004), la tragedia de la cárcel de Comayagua (2012) entre otras.[22]

La tragedia de Comayagua, ha sido quizás la mayor de las catástrofes registradas en las cárceles de Honduras. Aproximadamente a las 22:45 de la noche del 14 de febrero de 2012 se prendió en llamas la Granja Penal de Comayagua.

Una pequeña deflagración incendió primero el hogar (módulo) número seis. En ese momento, 106 internos estaban dentro con el cerrojo echado en ambas puertas laterales de acceso. Unos dormían; otros escuchaban música; algunos hablaban entre sí, los menos trataban de conciliar el sueño tumbados sobre mantas tiradas en el estrecho pasillo que comunica las dos rejas de salida. El fuego tardó apenas unos segundos en propagarse debido al material altamente inflamable que los presos acumulaban en sus camastros... Fugazmente, los colchones, las cortinas y las maderas fueron devorados por las llamas [...] Al final este incendio produjo la muerte de 362 personas y destruyó la mitad de las celdas del establecimiento penal.

Pero este hecho alarmante, no ha sido el único en la historia penitenciaria del estado hondureño. En 2003, en la penitenciaría de El Porvenir, en la caribeña ciudad de La Ceiba, 68 personas fallecieron durante un enfrentamiento entre los «rondines» de la cárcel (los presos que manejan el poder) y los miembros de la mara Barrio 18. La Policía y el Ejército también acabaron con las manos ensangrentadas. Sólo un año después, un incendio en el sector de la Mara Salvatrucha en el penal de San Pedro Sula dejó 107 muertos más.[19]

El 29 de marzo de 2012, a las 11 horas, se desató un motín en el Penal Sampedrano. Internos descontentos con su coordinador general, Mario Henríquez, 'Don Mario', asesinaron a éste y a los doce presos de su círculo más cercano. Durante el motín se detonaron armas de fuego. A 'Don Mario' le decapitaron, le mutilaron los genitales y le arrancaron el corazón, que luego se lo dieron a su perro para que se lo comiera. Después también mataron al animal. La cabeza del amo la arrojaron fuera del recinto. Al parecer, este ensañamiento se debió a que el 'señor' de San Pedro Sula abusaba del maltrato físico a los internos y a que, recientemente, había subido los precios de los servicios que él y sus subalternos prestaban dentro del penal, como la comida y el alojamiento.

Además, en marzo de 2008 un grupo de ex pandilleros involucrados en un motín fue trasladado desde la prisión de San Pedro Sula hasta la de Támara, a las afueras de Tegucigalpa, la capital del país. En mitad de la noche, aun sabiendo el riesgo que corrían sus vidas, la dirección de la Penitenciaría Nacional los albergó en un sector de paisas (presos no pandilleros). Al amanecer, con el recuento de presos, se contabilizaron 18 mareros acuchillados.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el estado hondureño suele alegar ante tales hechos que los enfrentamientos en las cárceles del país son inevitables, que las muertes de los presos en las fugas entran dentro de la lógica penitenciaria o que los incendios se producen de manera fortuita. Aunque sostengan lo contrario, de facto asumen su incapacidad para ejercer el control de las prisiones y su vaga voluntad para revertir una situación que acaba generando entre su población reclusa una suerte de pena de muerte no institucionalizada.[4]

Uno de los grandes problemas con que cuenta el sistema penitenciario de Honduras es, La falta de presupuesto para las operaciones y el mantenimiento de las instalaciones. Según los datos de 2012, los últimos a los que se ha podido tener acceso, el gobierno del país destinó 364,5 millones de lempiras a la gestión de sus cárceles (13,5 millones de euros). De esta cantidad, el 83 % se destinó a sueldos de personal, el 15 % a alimentación de los reclusos y el 2 % a gastos operativos. Al día, cada preso disfruta de tres comidas que, en su conjunto, cuestan 13 lempiras (47 céntimos de euro). El arroz y los frijoles son su base alimenticia.

Aun y cuando la CIDH ha detectado la falta de presupuesto, como uno de los mayores problemas que aquejan el sistema penitenciario de Honduras, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillos asegura que el gobierno de Honduras invierte anualmente en el mantenimiento de las cárceles 60 millones de dólares, fondos utilizados para mejorar las condiciones físicas y alimentarias de los privados de libertad. Chang asegura que estos dineros no solo se utilizan para mejorar las condiciones humanas de los reos, sino la capacitación de los policías penitenciarios...En ese sentido, destacó que por primera vez se está adiestrando a los uniformados en temas como derechos humanos y derechos constitucionales. Además hizo referencia a la discusión y creación de una política de Estado orientada a integrar a los presos a la sociedad. [23]

La nueva ley penitenciaria de Honduras crea una institución autónoma, el Instituto Nacional Penitenciario, vinculado al Ministerio del Interior y Población (Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población) el cual es responsable de la organización, la administración y la puesta en funcionamiento del sistema penitenciario nacional. También establece una carrera civil profesional y especializada para los funcionarios de prisiones y guardias, lo que requerirá que todo el personal apruebe la formación teórica y práctica que ofrece la futura Escuela de Formación del Personal Penitenciario (Unidad de Formación y Capacitación Penitenciaria).[24]

Luego de aprobada la nueva ley penitenciaria y con el propósito de fortalecer el Sistema Penitenciario, el Presidente de la República Juan Orlando Hernández inauguró en el 2014 el “Primer Curso de Formación para Guardias Penitenciarios", en el Primer Batallón de Artillería de la comunidad de Zambrano. Los temas que abarcan las capacitaciones de los primeros guardias de seguridad son: “Seguridad Penitenciaria, Sistema Legal Penitenciario, Derechos Humanos, Uso proporcional debida de la fuerza, Relaciones Humanas, Principios y Valores, Cortesía y Disciplina. Esto como inicio de lo que permitirá comenzar la ruta profesional de la carrera penitenciaria. Asimismo contribuye al proceso de certificación del recurso humano encargado de la parte operativa del Instituto Nacional Penitenciario.[25]

En marzo de 2015, el gobierno de la República, a través de la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, el Instituto Nacional Penitenciario, el Cuerpo de Bomberos y con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, clausuró el Primer Curso Básico de Inspectores de Seguridad Industrial para Centros Penales. El curso se impartió durante una semana a Directores y Jefes de Seguridad de 14 Centros penitenciarios de la región Centro-Sur-Oriente, fue facilitado por instructores del Benemérito Cuerpo de Bomberos y certificados por el Instituto Nacional de Formación Profesional en temas como: Comportamiento del fuego, inspección y prevención de incendios, protección pasiva o estructural, marco legal sobre riesgos de incendios, plan de emergencia y evacuación, entre otras materias ligadas a la seguridad. )."[26]

La responsabilidad del estado de Honduras no solo es velar porque los reclusos cumplan sus penas, sino también por la seguridad de los mismos. Sin embargo, el estado no es capaz de cumplir con este cometido a cabalidad. La CIDH a Honduras, identificó y constató graves deficiencias estructurales en los establecimientos carcelarios que han conducido a su colapso. Ya en otras ocasiones los órganos de protección de DDHH del Sistema Interamericano y los órganos del Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han venido refiriéndose constantemente a la situación de graves deficiencias estructurales que padece el sistema penitenciario hondureño (...)"[2]

Entre los graves problemas que padece el sistema penitenciario de Honduras identificados por la CIDH se encuentran incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, son: (a) la delegación del control interno de los centros penitenciarios a los propios reclusos; (b) el hacinamiento; (c) la falta de presupuesto y de un marco normativo adecuado; (d) el personal penitenciario; (e) la falta de separación por categorías.[27]

En apariencia el estado hondureño esta en completo control de las cárceles, sin embargo, la CIDH ha constatado lo contrario. Varias de estas cárceles están controladas por un sistema de «autogobierno». Es decir, que son los propios presos quienes ejercen el control efectivo de lo que ocurre intramuros a través de la figura de los «coordinadores». Este sistema de control carcelario, le trae al estado de Honduras un sinnúmero de problemas entre lo que destaca la violencia.

La violencia carcelaria, uno de los graves problemas que afronta el sistema penitenciario hondureño, se debe según la CIDH, «la corrupción y la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades, la existencia de sistemas en los que el Estado delega en determinados grupos de reclusos las facultades disciplinarias y de mantenimiento del orden. Asimismo, las disputas entre internos o bandas criminales por el mando de las prisiones o por el control de los espacios, la droga y otras actividades delictivas, la tenencia de armas de todo tipo por parte de los reclusos y el consumo de drogas y alcohol por parte de los internos. Todo esto, de acuerdo a la CIDH, exacerba las tensiones entre los internos y provoca una lucha del más fuerte por los espacios y recursos disponibles.

Además, debido a este sistema, los reclusos con más poder no solo atentan contra la vida de otros reclusos intramuros, sino también que lo hacen en contra del resto de la ciudadanía. Muchas de las extorsiones, secuestros, y asesinatos tienen su origen allí, en las cárceles hondureñas. Esto debido a que el sistema penitenciario carece entre muchas otras deficiencias estructurales, el hecho que los presos no están categorizados (separados) por su peligrosidad.

Para tratar de remediar un poco la situación, recientemente, el estado ordenó el traslado de los presos considerados los más peligrosos a celdas de alta seguridad. Pero como el estado carece de verdaderas cárceles de máxima seguridad, los reos más peligrosos son trasladados los presos a las celdas de máxima seguridad, ubicadas en cuatro batallones del país.»[28]

En resumen esta situación de abandono o esta forma de organizar las relaciones de poder en las cárceles, sin una debida supervisión por parte del Estado, es la causa de muchos de los graves hechos de violencia carcelaria, y de otra serie de abusos, agresiones, irregularidades y delitos que se cometen rutinariamente en y desde las cárceles. Aunque recientemente el director del Instituto Nacional Penitenciario en Honduras, Francisco Gálvez Granados, vaticinó en al finalizar el 2015, las cárceles serán dominadas en su totalidad por el Estado hondureñó. Según Gálvez «El Estado está empeñado y está decidido a cambiar la situación de los centros penales y la primera acción es apartar a los cabecillas de los centros (penales) para llevarlos a celdas de seguridad donde están aislados del resto de la población penitenciaria para evitar que sigan ordenando delitos dentro o fuera de las cárceles». [29]

El abandono en la que el estado de Honduras ha mantenido a los centros penitenciarios a través de muchísimos años, ha resultado en el desarrollo de una economía informal dentro de los mismos. En esta economía, la cual es controlada por los mismos reclusos afloran entre otros negocios la prostitución y la venta de drogas. Por ejemplo, los coordinadores de las cárceles saben que el espacio dentro del interior de las cárceles es bien ‘cotizado’ es por ello que además de establecer sus propios sistemas de disciplina los 'señores' de las prisiones buscan ganar dinero de cualquiera de las formas. Y saben que un metro de terreno se paga caro.

En la cárcel de Comayagua, uno de los negocios más productivos económicamente es el de los encuentros conyugales. En dicho penal hay diez cuartos destinados para las visitas conyugales, los cuales están controlados por dos reclusos. El alquiler de una habitación durante una hora cuesta cincuenta lempiras. Por la noche, el precio sube. Entre cincuenta y doscientas lempiras. Un promedio de cuarenta parejas ingresan en los cuartos conyugales durante los días de visitas. En fines de semanas esta cifra puede incluso doblarse. En fechas festivas de fin de año, las habitaciones se abarrotan de parejas; el 24 de diciembre de 2008 fueron utilizadas por 92 parejas, y el 31 de diciembre, por 94. Los cuartos conyugales podrían estar generando mensualmente en Comayagua, a un precio de cincuenta lempiras, un promedio de 40.000 lempiras, unos 1.800 euros.[19]

Asimismo el negocio informal crea espacios para el ingreso de efectos ilícitos, como drogas o alcohol, cuya circulación en las cárceles es un factor generador de violencia; y puede llegar a generar una situación de facto totalmente anómala y perjudicial en la que tales negocios ilegales sustituyen a la administración penitenciaria en la provisión de elementos básicos esenciales para la vida de los reclusos.[2]