Ulises Ruiz Ortiz

Ulises Ruiz tomó posesión en medio de protestas por un supuesto fraude, en el que se denunciaron actividades como compra de votos y otras actividades que "adulteraron", que afirman críticos dieron a Ulises Ruiz la oportunidad de ascenso dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su toma de protesta, Ulises Ruiz señaló: "Reitero, en mi gobierno la ley, sin compromisos, será desde hoy la razón cardinal que guiará mis actos, la que no permitirá la arbitrariedad individual ni los costos de grupo, ningún espacio a la impunidad, ningún privilegio para nadie". El acto fue acompañado de una serie de protestas de diversos sectores sociales, los cuales marcharon pacíficamente por las calles de la ciudad para exigir "no al fraude electoral".

En mayo de 2006, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezados por Enrique Rueda Pacheco, se mantenían en plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca, aproximadamente 70.000 maestros. Que exigían un aumento salarial, mejor mantenimiento a las escuelas rurales y justicia en el Estado de Oaxaca y ulteriormente al Gobierno que encabeza Ulises Ruíz. Ante la nula respuesta de las autoridades Estatales, las protestas magisteriales fueron acrecentando y se llevaron a cabo bloqueos carreteros, daños a inmuebles propiedades del estado y bloqueos al aeropuerto internacional de Oaxaca Benito Juárez.

El 14 de junio del 2006 el gobernador ordenó el desalojo contra el plantón ubicado en el zócalo de la ciudad,[2] el cual fue combatido por los profesores y miembros de la sociedad civil en general, quienes tras siete horas de enfrentamientos lograron dispersar y retirar a la Policía Estatal, así mismo a recuperarla plaza de armas.[3]

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los hechos y omisiones, demostrados en la investigación efectuada por el alto tribunal sobre lo sucedido en Oaxaca a raíz del conflicto magisterial, constituyeron graves violaciones a los derechos humanos.

Los ministros resolvieron que también se produjo una violación a la garantía de acceso a la información; decidieron que se excluyera al jefe del Estado Mayor y al coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo como autoridades responsables en los hechos, y que el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, tiene una responsabilidad lisa y llana en los hechos denunciados, y no atenuada como lo planteaba originalmente el proyecto de dictamen.[4]