Ultra petita

El art. 163 inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina prescribe que la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, no debiendo proceder extra petita, es decir hacer mérito de cuestiones no introducidas, cosas no pedidas o hechos no afirmados, o emitir un pronunciamiento en menor medida que el pedido (citra petita).[3]

Peyrano describe el principio de congruencia como “una exigencia de que medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirima.”.[4] Esta visión estricta, basada en los principios individualistas y liberales, es la que recogen los códigos procesales decimonónicos como el Código Procesal Civil argentino, el uruguayo y la Ley de enjuiciamiento civil española. El límite de esta postura está en el principio iura novit curia, es decir que -independientemente de lo que las partes manifiesten que corresponde aplicar- el juez conoce el derecho, y tiene plena independencia tanto para la calificación de la acción como para la determinación del derecho aplicable, pudiendo incluso prescindir de las normas invocadas por las partes. No obstante esa facultad, el juez no puede modificar los presupuestos fácticos del litigio ni alterar la relación procesal, pues la decisión de acordar derechos no pedidos ni debatidos en el pleito afectaría en definitiva la garantía de debido proceso y de defensa en juicio.[5][6]

Con el tiempo cobró importancia el principio de equidad, que obliga a una flexibilización del principio de congruencia para obtener una sentencia justa para el pleito. Se prioriza que se respete el derecho de defensa en tiempos razonables, y la bilateralización del mismo, logrando saltear los obstáculos para alcanzar una tutela efectiva de los derechos de las partes.[5] Dice Peyrano que “En verdad tantas son las herramientas procesales de fecha reciente, que bien se puede hablar de un derecho procesal civil ‘diferente’ (…) El grueso de las invenciones procesales recientemente acuñadas no respeta estrictamente los lineamientos de un sistema dado o inevitablemente se conforman a un molde teórico previo. No son, muchas veces, la derivación racional de un a priori constituido por tal o cual armazón intelectual de conceptos, principios y valores, sino más bien respuestas puntuales –frecuentemente desconectadas entre sí y de difícil inserción en algún sistema procesal conocido- a necesidades acuciantes y rebeldes a una discusión morosa y de cariz meramente teorético”[7]

El vicio de incongruencia admite la siguiente tipología:[8]

• Sentencia extra petita: conceder algo distinto a lo peticionado, introducir cuestiones no planteadas por las partes y ajenas de este modo a la relación jurídico-procesal. En este caso, si la sentencia condena a algo distinto de lo pedido se afecta la garantía de la defensa en juicio (arts. 17 y 18 C.N.);
• Sentencia ultra petita: ocurre cuando el decisorio otorga más de lo solicitado, de tal modo que el juez o tribunal -dentro de los conceptos y categorías introducidos por las partes- resuelve por encima. En el procedimiento laboral esta posibilidad está admitida pudiendo el juez acordar mayores sumas que las reclamadas, ajustándose a las disposiciones legales aplicables y a las pruebas rendidas en la causa (art. 85, ley 3540 de Procedimiento Laboral de la provincia de Corrientes). Asimismo, el art. 56 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo faculta a los jueces a fallar “ultra petita”, supliendo la omisión del demandante, lo que implica que cuando el juez o tribunal determina la cuantía de lo adeudado no debe atenerse al cálculo inicial, sino que debe determinar el verdadero monto adeudado, pudiendo fallar por más de lo pedido, en relación con la cosa pedida, teniendo en cuenta las pruebas producidas y las disposiciones legales que resulten de aplicación.[3]
• Sentencia citra petita: se presenta cuando se incurre en omisión de pronunciamiento, dejando de resolver algo de lo pedido y conducente al pleito.

Según el artículo 460 del Código de proceso civil brasilero: "Está prohibido al juez dictar sentencia a favor del actor, de naturaleza distinta a la pedida, así como condenar al demandado en cantidad superior o en materia distinta a lo que fuera demandado".[9]

En el ordenamiento jurídico italiano el principio está establecido -para el proceso civil- en el artículo 112 del Código de procedimiento civil, que establece "El juez debe pronunciarse sobre toda la cuestión, y no más allá de sus límites; y no puede pronunciarse de oficio sobre excepciones que sólo pueden ser pedidas por las partes". El mismo principio opera también en el proceso penal (artículos 516 a 522 del Código de procedimiento penal), en el procedimiento administrativo[10] y en el proceso iniciado ante la Corte Constitucional en relación con el control de constitucionalidad de una ley o de un acto con fuerza de ley.[11]