Víctor Alejandro Gallo

El hijo apropiado por Gallo, Francisco Madariaga, puso en marcha la causa judicial por su apropiación. Llegó al local de Abuelas de Plaza de Mayo luego de que su apropiadora –separada desde hacía diez años del carapintada Gallo y luego detenida por su implicación– le confesara la verdad: era hijo de una desaparecida. La denuncia judicial se hizo el 15 de febrero e intervino la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. De inmediato, se realizó el estudio de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos que dio a conocer su verdadera identidad.[1] Francisco es hijo de Silvia Quintela, secuestrada por la dictadura militar el 17 de enero de 1977 en la localidad bonaerense de Florida,[7] cuando estaba embarazada de cuatro meses y de Abel Madariaga, quien se exilió y regresó al país en 1983 y actualmente es el secretario de la citada organización de Derechos Humanos. Ambos eran militantes de Montoneros.[8]

Gallo tuvo una activa participación en el movimiento carapintada y ahora no sólo será imputado por Arroyo Salgado por la apropiación de Francisco sino que todo se incorporará a la llamada causa Riveros, la que investiga los crímenes en lo que fue el mayor centro clandestino de detención y asesinatos de la dictadura, la guarnición de Campo de Mayo, que estaba a cargo del general Santiago Omar Riveros. Por allí pasó la mayor cantidad de secuestrados y prácticamente no hubo sobrevivientes.

En el año 2012 junto a su esposa Susana Colombo, el exdictador Jorge Rafael Videla, Antonio Vañek, Jorge “Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Juan Antonio Azic y Jorge Luis Magnacco, fue juzgado por el plan sistemático y los secuestros de los niños apropiados.[1][9] La sentencia remarcó dio por probado que la existencia de una “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”.[6]

Los delitos fueron considerados delitos de lesa humanidad "implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar, artículo 118 de la Constitución”,[6] Gallo fue condenado a 15 años de prisión y su esposa a 5 años.[4]