Verónica Cruz Sánchez

En agosto del año 2000, una vez Vicente Fox Quesada fue elegido presidente de México; diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso Local presentaron una propuesta para modificar el Art. 163 del Código Penal a fin de castigar con cárcel a las mujeres víctimas de una violación que se practicaran un aborto.[6]

Frente a esta determinación el Movimiento Amplio de Mujeres, entre quienes se encontraba Verónica Cruz, comenzaron una movilización de 23 días, la cual concluyó con el veto de dicha reforma por parte del gobernador Ramón Martín Huerta.  En este contexto Rosario Robles Berlanga, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México propuso la despenalización del aborto en esa ciudad hasta las 12 semanas de gestación.[7]

Tras esta situación Verónica Cruz y otras activistas decidieron fundar el Centro de Información en Salud Sexual y Reproductiva, Las Libres A.C cuyo eje de acción es la defensa de los derechos sexuales de las mujeres y los jóvenes con especial énfasis en el derecho a decidir.

En el año 2003, nuevamente el aborto se puso en el centro del debate público en Guanajuato, esta vez Las Libres dan a conocer el Caso Sandra, una mujer con retraso mental violada por su empleador y a la que las autoridades guanajuatenses negaron el derecho al aborto legal cuando una agente del ministerio público negó a Sandra el cumplimiento de la orden judicial para interrumpir el embarazo.[8] Resultado de esta denuncia pública se presentaron ante el Congreso local dos iniciativas de reforma al Código de Procedimientos Penales para establecer el procedimiento para que las mujeres guanajuatenses accedieran a un aborto legal.[9]

Verónica Cruz Sánchez es la primera mexicana reconocida por HRW como defensora de derechos humanos del año. Esto por su trabajo de acompañamiento a mujeres víctimas de violación para que pudieran acceder a los servicios legales y médicos.[10]

Tras recibir el reconocimiento de HRW y analizar las limitantes políticas de abordar el tema en México, Cruz desarrolló una red de acompañamiento para reducir el estigma social del aborto. El programa consiste en una red de voluntarias, las cuales acompañan a las mujeres durante sus procedimientos médicos para prestarles apoyo. La red presta servicios de consejería así como el apoyo si han decidido interrumpir un embarazo fuera del sistema de salud formal o en una clínica en la Ciudad de México, único lugar del país donde se puede interrumpir un embarazo a petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. En el año 2014, Verónica Cruz produjo un cortometraje documental, Acompañamiento, para demostrar cómo el modelo desarrollado tiene dos fines: apoyar a las mujeres y reducir el estigma social en torno al aborto.[11]

En 2008, Vero Cruz y otras activistas comenzaron a entrevistar a mujeres que estaban encarceladas por el delito de aborto en Guanajuato, recopilando estadísticas sobre las razones de su encarcelamiento. Descubrieron que, en algunos casos, las mujeres estaban encarceladas por hasta 35 años bajo el cargo de "homicidio agravado en razón de parentesco en contra de su hijo no nacido". Al revisar la ley, Cruz descubrió que ese delito no se encontraba definido en los estatutos legales. En el año 2010, Cruz y Las Libres ayudaron a financiar y apoyar los procedimientos legales que resultaron en la puesta en libertad de siete mujeres: Alma Yareli Salazar, María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha.[12] Si bien las mujeres no fueron exoneradas, sus castigos se consideraron excesivamente punitivos.[13] También, en 2014, Cruz coprodujo un documental que contaba las historias de estas mujeres: Las Libres la historia después de....[14]

El amplio reconocimiento al trabajo de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de Verónica Cruz y Las Libres han implicado que la organización realice trabajos en otros Estados como: Guerrero, Querétaro y San Luis Potosí.

En el año 2011, Las Libres en conjunto con la Clínica de Interés Público del CIDE tomaron la defensa de Virginia Cruz Flores, indígena nahua, que había estado encarcelada sin juicio durante más de tres años bajo el cargo de "homicidio en razón de parentesco". Virginia Cruz fue detenida sin orden de aprehensión, las pruebas que presentó el Ministerio Público al juez fueron obtenidas luego de un cateo ilegal en su domicilio, además de que el principal testimonio para inculparla fue el de su hijo de cuatro años. El caso concluyó con un amparo del Poder Judicial para reponer el proceso penal.[15]

Posteriormente, Las Libres tomaron el caso de Adriana Manzanares, una mujer indígena tlapaneca condenada a 22 años de cárcel por el delito de aborto. El caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tras revisar el amparo interpuesto por Las Libres y la Clínica de Interés Público del CIDE ordenó su liberación inmediata ya que durante el juicio no se garantizó su derecho al debido proceso y el Ministerio Público utilizó la docimasia pulmonar (separar en cuatro los pulmones del feto e introducirlos en agua; si flotan se determina que el feto tenía vida y por lo tanto fue asesinado), un método no científico para determinar su culpabilidad. Adriana fue puesta en libertad en enero del año 2014.[16]

Conjuntamente con el Fondo Global de Mujeres, Cruz y Las Libres fundaron la Articulación Interestatal por el Derecho a decidir. Es una red de organizaciones feministas que trabaja en varios estados mexicanos para despenalizar y reducir el estigma sobre el acceso al aborto. Buscan cambios en la política legal, la mejora de la calidad y el acceso a los servicios médicos y legales relacionados con el derecho a decidir, así como fomentar un diálogo público tendiente a reducir las medidas punitivas en torno al aborto. Esta red he realizado alianzas con otras redes y grupos en América Latina y el Caribe compartiendo estrategias de atención, acceso y desestigmatización en torno al aborto.[17]