XII legislatura de El Salvador

Con 82 votos a favor, una abstención y una ausencia, Norman Quijano quedó electo como presidente de la Asamblea.

Una vez elegido Norman Quijano quien fungirá como presidente por los primeros 18 meses. Se procedió a la votación para elegir a Mario Ponce, diputado del PCN, como presidente de la Asamblea Legislativa para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de abril de 2021.[4]

La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa está integrada por una Presidencia, Vicepresidencias y Secretarías. Se conforma procurando la participación de todos los grupos parlamentarios, con base a los criterios de pluralidad y proporcionalidad, de conformidad al Protocolo de Entendimientos.[5]

Junta Directiva de la Asamblea Legislativa 2019-2021[6]

Cargo	Titular	Grupo
Presidente	Mario Ponce	PCN
Primer Vicepresidente	Norman Quijano	ARENA
Segundo Vicepresidente	Guillermo Gallegos	GANA
Tercera Vicepresidenta	Yanci Urbina	FMLN
Cuarto Vicepresidente	Alberto Romero	ARENA
Primer Secretario	Reynaldo Cardoza	PCN
Segundo Secretario	Rodolfo Parker	PDC
Tercera Secretaria	Cristina Cornejo	FMLN
Cuarta Secretaria	Patricia Valdivieso	ARENA
Quinto Secretario	Lorenzo Rivas	GANA
Sexto Secretario	Mario Marroquín	ARENA

Artículo 167 de la Constitución:

Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. ... Toda persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier autoridad o individuo restrinja ilegalmente su libertad.

El presidente de la República convocó a los diputados a una plenaria extraordinaria para presionarlos a aprobar el crédito de $109 millones para la Fase III del plan de Seguridad, a lo que los diputados respondieron con una reunión de emergencia de la Comisión Política y rechazaron que el Ejecutivo les ordene cuándo legislar.[7]

El dictamen fue aprobado con 64 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

Pese a que El Salvador no contaba con ningún caso sospechoso de COVID-19, el presidente Nayib Bukele decretó una serie de medidas para evitar la presencia del virus en el país, desde la prohibición del ingreso al territorio a toda persona de nacionalidad extranjera, hasta una solicitud de declaratoria de "Estado de Excepción en todo el territorio nacional" y de suspensión de algunas garantías constitucionales. El Salvador se encontraba entre los más de 70 países que no habían reportado ningún caso de Covid-19.[8]

El estado de excepción, del que no se esperaba su votación tras la declaración de una emergencia nacional, fue aprobado con 59 votos a favor de los diputados en la Asamblea y a solicitud del presidente, Nayib Bukele.[9][10]

"Para controlar de manera eficiente el inminente impacto sanitario de la pandemia de COVID-19 que afronta el país, es preciso decretar la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales de Circulación y Reunión" para "velar por la salud de toda la población", indica la resolución aprobada por la Asamblea legislativa.

Votación

	Fecha	Voto									Total
Declaración de estado de emergencia para enfrentar la pandemia por COVID-19	15 de marzo de 2020 Mayoría absoluta requerida (56/84)	Sí		37		10	9	1	1	1	59/84
		No			23			2			25/84
		Abs.									0/84

Bukele solicitó al Órgano Legislativo la aprobación de una emergencia nacional y un estado de excepción para suspender la libertad de tránsito, de reunión pacifica y el derecho de no ser obligado a cambiar de lugar de residencia.

El estado de excepción se aprobó tras la aceptación de apoyar la medida por parte del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista, dado que el decreto, al suspender garantías constitucionales, necesitaba al menos 56 votos.

Los únicos partidos que se opusieron a dicho estado fueron el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano.

En la nación estuvieron vigentes tres instrumentos jurídicos para regular la cuarentena ante la pandemia y la Ley de Emergencia venció el 16 de mayo de 2020.[11]

El presidente de la asamblea Mario Ponce precisó que buscaron crear un instrumento con criterio técnico que le permitió al Ejecutivo contener o detener el avance de la pandemia.

La diputada Nidia Díaz, por el grupo parlamentario del FMLN, resaltó que “hemos escuchado la voz de la población que está emproblemada en su economía. El Gobierno nunca presentó los informes, ni lo que se ha hecho en esta”.

Por otra parte diputados de ARENA y FMLN resaltaron que presentaron sus respectivas propuestas para que escalonadamente se pudiera ir reactivando la economía, pero garantizando la salud de la ciudadanía.

Durante el año 2020, el partido ARENA sufrió de una severa crisis interna, por casos de corrupción, implicaciones en actos delictivos, reuniones ilícitas de algunos funcionarios de ese partido en los años anteriores, además que el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional (COENA) Gustavo López Davidson fue señalado por actos delictivos en la venta ilegal de armas. Varios diputados de dicho partido para el período 2018-2021 decidieron renunciar al partido ARENA a pesar de que la Ley de Partidos Políticos estipula que los diputados no pueden renunciar al partido por el que fueron electos hasta terminar su legislatura, sin embargo estos diputados expusieron su descontento con el partido ya que este dejó de representar sus ideales y no se iban a prestar a "actos oscuros" por parte del mismo. Entre los diputados que renunciaron al partido se encuentran los diputados René Gustavo Escalante y Felissa Cristales por el Departamento de La Libertad, la diputada Milena Mayorga por el Departamento de San Salvador y el diputado Arturo Simeón Magaña por el Departamento de Ahuachapán; lo que redujo la fracción legislativa de ARENA de 37 diputados a 33.

Con 57 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron como nuevo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al juez José Apolonio Tobar, para los próximos tres años.[12] Desde el pasado 21 de septiembre hasta la fecha, la Procuraduría se encontraba acéfala y la Asamblea en incumplimiento de funciones al no designar a su titular.

El candidato contó con el apoyo de todas las fracciones a excepción del partido GANA. El diputado Guadalupe Vásquez resaltó que el juez cuenta con expedientes abiertos.

Pese a su trayectoria como abogado y contar hasta el momento con el respaldo mayoritario para ser electo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar Serrano tiene cuatro expedientes de “investigación penal” por parte de la Fiscalía.

De acuerdo a los documentos que Tobar Serrano llevó a la Asamblea para poder participar de la elección al cargo de procurador se desprende que presentó constancia y que registra 4 expedientes de investigación penal: “por delitos de falsedad ideológica; por prevaricato (dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial); por el delito de tráfico de influencias; y por actos arbitrarios”.

Abogados consultados por El Diario de Hoy manifestaron que al convocar a diputados suplentes para elegir al nuevo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea violó la Constitución y la jurisprudencia dada por la Sala de lo Constitucional. Apolonio Tobar Serrano, fue elegido con 20 votos de suplentes.[13]

La Constitución de la República expresa claramente las situaciones en las que un diputado propietario puede ser sustituido por un diputado suplente: “en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios”.

Al no encontrarse alguna justificación válida por la que los diputados propietarios delegaron la elección del procurador a los suplentes, se declararía inconstitucional, ya que en su afán de velar por sus intereses políticos los legisladores violaron la ley.

"A todas luces la elección del nuevo procurador de Derechos Humanos es inconstitucional, no tiene el perfil e hicieron una votación que viola la representación del pueblo con suplentes, la alianza ARENA-FMLN es un mal árbol y de eso no se esperan buenos frutos"[14]

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decidió admitir la demanda de inconstitucionalidad por la elección de José Apolonio Tobar Serrano como procurador de Derechos Humanos (PDDH).[15]

En la resolución de admisión, los magistrados avalaron los argumentos del demandante, quien expuso que dicho nombramiento, fue con aprobación de más de un tercio de suplentes del pleno de la Asamblea Legislativa; algo que contraviene la normativa legal.

La Constitución permite, que los Diputados hagan uso del Suplente “en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios», según establece el Artículo 131, ordinal 4.

Las condiciones no se cumplieron, ya que la mayoría de propietarios se encontraban en la Plenaria de aquel día.

Ya todos nos dimos cuenta que aquí los famosos “baremos” solo sirven para meter funcionarios corporativos y para sacar a los que no responden a los intereses de sus financistas. Por eso todos ellos están en silencio y los pocos que hablan lo hacen para defenderlos.

El Gobierno logró aprobar un presupuesto sin recortes: se reorientaron gastos para reducir deuda y publicidad estatal.[18]

La Asamblea Legislativa aprobó, el desafuero al diputado Arturo Magaña para que enfrente la acusación fiscal de homicidio culposo contra Francisco Moya. Magaña protagonizó un accidente de tránsito el 29 de agosto de 2020.[20]

El 8 de diciembre de 2020, Los diputados de la Asamblea Legislativa desarrollaron la plenaria especial para someter a votación el dictamen de desafuero del director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas.[21] Mientras se desarrollaba la plenaria, representantes de diferentes sindicatos se apostaron en las afueras del palacio legislativo donde quemaron pólvora y realizaron protestas.

Durante la sesión plenaria, la fiscal de la Comisión Especial de Antejuicio y diputada del FMLN, Cristina Cornejo, violó la privacidad del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al mostrar fotografías de su vivienda durante la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa.[22][23]

La diputada Cornejo, en el momento que presentaba sus alegatos en el proceso contra el Viceministro Arriaza Chicas, mostró una página donde se observa la casa del Ministro Alejandro Zelaya, en un acto claro de violación a la intimidad del funcionario.

La votación fue cancelada debido a la renuncia del Viceministro de Seguridad.

Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil, dejó de ser viceministro de Seguridad luego de presentar su renuncia al cargo, según confirmaron los abogados del funcionario durante la sesión plenaria especial para desaforar al comisionado, y reafirmó luego la publicación del Diario Oficial.[24]