Alberto Otárola

Fue asesor de la Comisión Especial de Estudios de la Violencia Política, jefe del Diario de los Debates y director legislativo del Senado de la República del Perú (1988-1992).[4] Asimismo, fue nombrado agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante el gobierno de Valentín Paniagua (2001).

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue asesor del Ministerio de Defensa y de la Alta Dirección del Ministerio de Defensa del Perú, para el proceso de reestructuración del Ministerio y reforma de las Fuerzas Armadas, entre enero del 2002 y abril del 2003. Luego, pasó a ser viceministro de Asuntos Económicos y Administrativos del Ministerio de Defensa, entre mayo del 2003 y junio de 2004.[3]

Es socio fundador y abogado principal del Estudio Otárola & Priale Abogados SCRL, así como profesor principal de la Academia de la Magistratura y profesor de ESAN. Ha sido también profesor de la Universidad de Lima y de la Escuela Superior de Guerra de la Marina de Guerra del Perú.[3]

En agosto del 2011 fue nombrado viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.[3] El 10 de diciembre de 2011, al recomponerse el primer gabinete del presidente Ollanta Humala, fue nombrado ministro de Defensa.[6]

Muerte de policías en el VRAEM

El 9 de abril del 2012, una columna narcoterrorista secuestró a 36 trabajadores de la TGP (Transportadora de Gas del Perú) en el centro poblado de Kepashiato en el distrito de Echarate de la provincia de La Convención del departamento del Cusco. En respuesta, el gobierno puso en marcha la llamada "operación Libertad", que desplegó en la zona a fuerzas militares y policiales combinadas. A decir de la versión del ministerio de defensa, los rehenes fueron liberados debido a la presión de las fuerzas armadas (14 de abril). El operativo dejó, no obstante, un saldo de ocho efectivos muertos y varios heridos; aun así se habló oficialmente de que se trató de una «operación impecable».

Tres policías de la Dinoes fueron abandonados a su suerte en la selva tras descender del helicóptero que los transportaba, momento en que fueron atacados por los terroristas (12 de abril). Uno de ellos, Lander Tamani, murió en combate. Los otros dos fueron declarados desaparecidos. Diecisiete días después, uno de ellos, Luis Astuquillca, apareció con vida llegando por sus propios medios al poblado de Kiteni, a pesar de estar herido en una pierna. Mientras que el otro, César Vilca, fue encontrado muerto por su padre, luego que este se internara en la agreste región por su propia cuenta, contando solo con el apoyo de los lugareños. Pese a ello, el Ministerio del Interior emitió un comunicado informando de la aparición del cadáver de Vilca gracias a una «intensa búsqueda por parte de la policía».

Renuncia al cargo

Otárola compareciendo en el Congreso (2012).

La opinión pública reaccionó adversamente e interpretó que los policías habían sido abandonados a su suerte. Por ello exigieron la renuncia del ministro del Interior, Daniel Lozada, y del ministro de Defensa, Alberto Otárola.[7][8]

El 3 de mayo de 2012, en el pleno del Congreso se presentó la moción de censura contra Lozada y Otárola por «incapacidad, falta de liderazgo y estrategia».[9] El 10 de mayo, ambos ministros presentaron su renuncia irrevocable, a fin de evitar la censura en el Congreso.[10]

Entre 2014 y 2016, Otárola fue director de Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), oficina gubernamental de fiscalización de drogas.[11]

En abril de 2016, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas nombró a Otárola como uno de los 13 miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes[12] con un mandato empezando el 2 de marzo de 2017 y terminando el 1 de marzo de 2022.[13]

El 10 de diciembre de 2022, fue nombrado y posesionado por la presidenta Dina Boluarte, como ministro de Defensa del Perú.

Los manifestantes que ocupaban la Plaza Manco Cápac, fueron desalojados el 2 de enero de 2023.

Fuerzas del orden en las manifestaciones.

El despido y la detención de Pedro Castillo provocaron la movilización de un amplio movimiento de protesta de sindicatos, organizaciones civiles y sociales, organizaciones de pueblos indígenas y partidos de izquierda y extrema izquierda. Las reivindicaciones incluían la disolución del Congreso, la dimisión de Dina Boluarte, la organización de nuevas elecciones, la liberación de Pedro Castillo y la constitución de una asamblea constituyente.

Las movilizaciones afectaron especialmente a las zonas pobres del país, las mismas que habían votado masivamente a Pedro Castillo en 2021.[14] El 14 de diciembre, se declaró el estado de emergencia en todo el país durante treinta días, lo que permitió desplegar al ejército contra los manifestantes. Al día siguiente de esta proclamación, la ciudad de Ayacucho, en el sur, fue escenario de una masacre que se saldó con el asesinato de ocho personas, que se sumaron a las siete asesinadas unos días antes en la región de Apurímac, también en el sur. A partir del 16 de diciembre, se declaró el toque de queda en quince provincias del país. Hasta el 17 de diciembre, al menos veinte personas habían muerto, la mayoría por disparos, a consecuencia de la represión policial y militar desde el inicio de las protestas.[14]

Mantuvo este cargo hasta el día 21 del mismo mes, cuando la presidenta Boluarte hizo una recomposición de su gabinete.

El 21 de diciembre de 2022, fue nombrado y posesionado por la presidenta Dina Boluarte, como presidente del Consejo de Ministros; tras una recomposición de gabinete.[15]

El nuevo premier se caracterizó por rechazar tajantemente las exigencias de la renuncia de la presidenta,[16] [17] acusar reiteradas veces al expresidente de la crisis actual y de azuzar a la población,[18] además de anunciar «mano dura» contra los "violentistas que vienen creando caos" a lo largo del país.[19][20] Otárola fue catalogado por algunos congresistas y por muchos manifestantes como el «responsable político directo de la militarización y las muertes».[21]

Algunos incidentes tuvieron lugar el 25 de diciembre, cuando efectivos del ejército y la policía nacional realizaron un operativo en la planta comprensora de Kepashiato (Cuzco), desalojando a 250 manifestantes que la habían tomado hace más de 10 días, resultaron dos personas heridas.[22][23] El 2 de enero de 2023, más de 100 policías desalojaron de manera violenta a los manifestantes de regiones que se habían instalado en la plaza Manco Cápac en Lima.[24] Algunas carreteras en Puno continuaron bloqueadas.[25]