Gobierno de Dina Boluarte

Presidenta del Perú Dina Boluarte asumió el mando del país el 7 de diciembre de 2022.

Los líderes extranjeros se han mezclado en su reconocimiento de Boluarte. Miembros del Foro de São Paulo como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Gabriel Boric de Chile reconocen a Boluarte. Estados Unidos ha reconocido a Boluarte como presidente. España también apoyó, abogando por el regreso al "orden constitucional".[5]

Líderes como Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina y Luis Arce de Bolivia denunciaron al gobierno de Boluarte como un golpe de derecha, apoyando las afirmaciones de Pedro Castillo de que es el presidente legítimo bajo un "gobierno de excepción".[6][7]

El presidente de México, llamó a Boluarte "Presidenta espuria"; ambos países redujeron sus relaciones diplomáticas a "encargados de negocios".[8]

Representantes de la CIDH reunidos con la presidenta Dina Boluarte durante las protestas políticas peruanas de 2022.

A partir del 8 de diciembre de 2022, la presidenta Dina Boluarte anunció que se reuniría con todos los grupos parlamentarios, siendo ella misma una presidenta sin rótulo, y por tanto sin ningún partido o grupo que la apoye de forma continua en el Congreso.[9]

Sin embargo, se reunió con la mayoría de los grupos parlamentarios de centro y derecha, en particular Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Integridad y Desarrollo y el grupo de izquierda de Juntos por el Perú.[10]

Según diputados de Perú Libre, la presidenta Boluarte le ofreció a su ex partido un lugar en el gobierno, a lo que los parlamentarios se negaron.[11] Pocas horas después, el líder del partido Vladimir Cerrón confirmó que el partido se negó a ingresar al gobierno y rechazó la convocatoria del grupo por parte del presidente.[12]

Todos los grupos parlamentarios, y en especial el centro y la derecha, anunciaron que no se incorporarían al gobierno,[13] prefiriendo todos un gobierno técnico de unidad nacional, y especialmente la izquierda, exigiendo la convocatoria de unas elecciones generales.

El 12 de diciembre de 2022, minutos después de la medianoche, la presidenta Boluarte propuso adelantar las próximas elecciones a abril de 2024 y luego, ante las crecientes protestas, a diciembre de 2023. Posteriormente, el 16 de diciembre, el Congreso se negó a adelantar las elecciones. Sin embargo, el Parlamento reconsideró la propuesta el 20 de diciembre y permitió elecciones anticipadas.[14][15]

El 15 de febrero de 2023, la presidenta Boluarte se reunió con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno. Según lo comunicado, en aquella reunión se conversó sobre posibles soluciones al conflicto social actual.[16][17][18] A su salida, Keiko criticó al presidente de Colombia, Gustavo Petro por sus opiniones sobre el conflicto actual en el Perú.[19] También se reunió con César Acuña, representantes de Somos Perú, Acción Popular, entre otros.[20]

El gobierno de Boluarte criticó a los actos de los manifestantes, acusándolos de promover la anarquía y el «quiebre» del Estado de derecho,​[21] además de denunciar un supuesto financiamiento del extranjero​,[22] e intenciones separatistas de ciertos grupos.​[23] La responsabilidad de las muertes fue incluso atribuida a los propios opositores,​[24] así como al detenido expresidente Castillo.[25]

Desde julio de 2023, con 71 votos a favor, el Congreso concedió a Boluarte realizar actividades de teletrabajo en el exterior.[26] El proyecto de ley fue presentado por el propio despacho presidencial;[27] en que se estableció el artículo 8-A a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo donde se regula que, cuando «un(a) Presidente(a) de la República no cuente con vicepresidentes a los que encargar del Despacho de la Presidencia en caso de viaje al exterior»;[28] una forma de reeinterpretar la Constitución de 1993.[29]

Manifestantes al frontis del Palacio de Justicia de Lima.

Los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de nombrar rápidamente un gobierno de unidad, en un intento de calmar las protestas suscitadas en el país desde la llegada de Boluarte, convocadas por varias organizaciones sociales —principalmente sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinas— de izquierda.

Desde el mismo día de la juramentación de Dina Boluarte como presidenta de la República del Perú, se desataron a lo largo del país (especialmente en los departamentos del sur) protestas y movilizaciones ciudadanas exigiéndose diversas demandas. Entre las principales demandas de los manifestantes está la disolución del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones generales, la liberación de Castillo (en ciertos sectores) y la instalación de una asamblea constituyente.[30][31]

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 se desataron múltiples acontecimientos de violencia que terminaron en tragedia en Apurímac (10-12 de diciembre), Ayacucho (15 de diciembre) y Juliaca (9 de enero), así como también episodios controversiales como la intervención policial a San Marcos (21 de enero) y la liberación de carreteras en Pichanaqui (16 de diciembre), Ica (25 de enero) y Madre de Dios (11 de febrero). Los episodios con mayor repercusión política fueron la Segunda marcha de los Cuatro Suyos (19-21 de enero) y la Tercera Toma de Lima (19 de julio).

A causa de estos acontecimientos, el Ministerio Público inició una investigación a Boluarte, incluido a sus ministros, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves.[32]

En abril de 2023, Boluarte propuso reforma de inmigración.[33] Además, a causa de la crisis migratoria con Chile, el gobierno otorgó amnistía a las personas en situación inmigratoria irregular,[34] contando con el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia.[35]

El 8 de abril de 2023, el líder ashaninka Santiago Contoricón, fue asesinado a balazos por sicarios, en la puerta de su casa, ubicada en la comunidad nativa de Puerto Ocopa, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín).[36] Dicho líder había ocupado diversos cargos de importancia en su región y había combatido al grupo terrorista Sendero Luminoso en los 80s, por lo que gozaba de mucha popularidad.[37][38] Ante el asesinato, la Central Asháninka de Río Tambo (CART) emitió un comunicado condenando el crimen y las crecientes invasiones y amenazas que los ashaninkas sufren por el narcotráfico, operativo por la zona, además condenó el accionar del gobierno central y de las fuerzas armadas por haberlos dejado en "abandono" frente a los enemigos de los ashaninkas.[39] Los perpetradores del asesinato fueron adjudicadas a los narcotraficantes y al Militarizado Partido Comunista del Perú,[40] lo que fue confirmado por el jefe de la VI Región Policial Junín-Huancavelica, general PNP Colim Sim Galván.[41] Indicios posteriores, demostrarían que el asesino del dirigente asháninka fue un policía de la zona.[42]

El 11 de abril, el presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), Fabián Antúnez Camacho, comunicó que los asháninkas ingresaban en huelga indefinida, exigiendo principalmente al gobierno una explicación sobre los planes de seguridad para los indígenas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el retiro de la base de la Marina de Guerra de Puerto Ocopa, así como el retiro de la zona de personas foráneas y el empadronamiento de esposos o familiares no indígenas. Ante ello, la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín dispuso abrir diligencias preliminares para esclarecer la muerte de Santiago Contoricón.[43]

Los asháninkas bloquearon el tránsito en la comunidad nativa de Puerto Ocopa en la Carretera Marginal. Aproximadamente 50 camiones con productos alimenticios, quedaron varados en Puerto Ocopa, provocando que muchos de estos productos se malograran.[44] El 13 de abril, el presidente de la CART, Fabián Antúnez, la alcaldesa de Río Tambo, Digna Sucari Maldonado, el alcalde de Satipo, César Merea, y el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas se reunieron y exigieron la llegada del premier y ministros para iniciar una mesa de diálogo y poner fin al conflicto asháninka, pero ninguna autoridad llegó.[45] El 17 de abril, las rondas campesinas de Ucayali, se plegaron al paro ashaninka, bloqueando la carretera que une a la provincia de Atalaya (región Ucayali) y solicitaron un diálogo con los ministros,[46] esta medida se llevó a cabo debido a la amenaza de muerte a más de 20 líderes indígenas en Ucayali por parte del narcotráfico.[47] El 18 de abril, el ministro del Interior, Vicente Romero, llegó a la ciudad de Huancayo (Junín), pero no se dirigió hacia Puerto Ocopa para entablar un diálogo con los manifestantes.[48][49] El 20 de abril, dos viceministros arribaron a Puerto Ocopa y conversaron con los representantes de la CART, en dicha reunión se acordó que 10 policías patrullarán la comunidad de Puerto Ocopa y que los Sinchis de Mazamari harán intervenciones inopinadas en la zona, además de anunciar una pensión de orfandad a la hija de Santiago Contoricón hasta que cumpla los 25 años de edad, sin embargo, tras no llegar a mayor acuerdo, los manifestantes continuaron con el paro.[50]

El 28 de abril, el ministro del Interior, Vicente Romero; la ministra de Cultura, Leslie Urteaga; y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, arribaron a la comunidad de Puerto Ocopa e iniciaron una mesa de diálogo con los asháninkas manifestantes. En dichas conversaciones, se acordaron un trabajo más unido entre los comités de defensas y los Sinchis de Mazamari, además de instalarse un puesto de auxilio rápido en la comunidad nativa de Río Tambo, que será equipado con doce policías y una camioneta. Con los acuerdos, se levanto el paro asháninka tanto en Junín como en Ucayali.[51][52] Durante el desarrollo del paro asháninca, 4 personas desaparecieron, producto de ello se detuvo a varios dirigentes.[53]

El 29 de agosto de 2023,​ ante los pedidos de implementar el denominado "Plan Bukele" en Perú,​ se anunció la implementación del denominado "Plan Boluarte" (en referencia a la presidenta Dina Boluarte). Dicho anuncio fue realizado por el presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola.[54]

Tras el atentado en la discoteca Xanders del 15 de septiembre, Dina Boluarte anunció el 18 de septiembre​ la declaratoria de estado de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres además de la provincia de Sullana, en Piura.[55] Se dispuso que los delincuentes capturados en flagrancia fueran presentados en uniformes color rojo, grilletes y con un cartel con el delito cometido.[56] Debido a la declaratoria de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, se detectó que los delincuentes migraron hacia el distrito del Rímac.[57]

El 29 de diciembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció el plan Con punche Perú para reactivar el sector económico y laboral del país.[58] Consta de 19 medidas, incluido apoyo monetario a sectores en situación de vulnerabilidad.[59]

Desde marzo del 2023, por Resolución Ministerial 061-2023-PCM, como política de comunicación social, el eslogan de gobierno es "Con Punche Perú"[60].

El 28 de marzo, el fiscal provincial Richard Rojas incorporó a la presidenta Dina Boluarte, al expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shumabukuro en una investigación fiscal por organización criminal por supuestos aportes ilícitos durante la campaña electoral del partido político Perú Libre en las elecciones generales del 2021.​ Shumabukuro es presuntamente responsable de financiamiento ilícito a través del Ranchito Dina Boluarte.[68]

En la formación de su gabinete, Boluarte consultó a los principales partidos, pero no seleccionó a ningún miembro del Congreso. En cambio, formó lo que se consideraba un gobierno tecnocrático encabezado por Pedro Angulo Arana, un abogado que enfrentó 13 investigaciones penales a partir de su nombramiento el 10 de diciembre de 2022, incluido abuso de autoridad, abuso de la administración pública, abuso de la fe pública, chantaje, extorsión y otros.[84]

Dentro del gabinete se nombran ocho mujeres, más que en los cinco gabinetes de Castillo, y las ministras pertenecen o han pertenecido a un partido político, pero que no tienen representación parlamentaria.

El 13 de diciembre, tres días después de la formación del gabinete, la presidenta Boluarte anunció el nombramiento de los ministros de Trabajo y Transportes, Eduardo García y Paola Lazarte respectivamente.

El 16 de diciembre la ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez, renunciaron a sus cargos en protesta a las muertes ocasionadas por las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia decretado por el gobierno a raíz de las protestas nacionales iniciadas el 7 de diciembre.[85]

Boluarte nombraría presidente del Consejo de Ministros a su ministro de Defensa, Alberto Otárola, el 21 de diciembre. Además del premier, nombró nuevos ministros del Interior, de Defensa, de Educación y de Cultura.

El 12 de enero de 2023, Eduardo García (ministro de Trabajo) presentó su renuncia a causa de las muertes en las protestas retomadas el 4 de enero.[86] En la misma línea, Grecia Rojas Ortiz (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) tomaría la misma postura el 13 de enero.

En dicho día, Boluarte juramentó a Luis Adrianzén y Nancy Tolentino como ministros de Trabajo y de la Mujer respectivamente. Incluido a Vicente Romero en la cartera del Interior.[87]

En septiembre de 2023, Magnet Márquez renunció al cargo luego de estar en contra de la aprobación de un proyecto de ley para 14 mil docentes interinos, sin contar título pedagógico, en el nombramiento del sistema educativo del país.[88] Otárola negó que estuviera implicado en la renuncia.[89]

En 2023 Ipsos realizó la XIX Encuesta de Gerentes Generales, en que Boluarte recibió el 71 % de aprobación de los mayores representantes del empresario nacional.[127] En el Latinobarómetro de 2023, ella cuenta con un 83 % de desaprobación, la segunda con mayor cantidad en América Latina.[128]