Censura en Perú

A inicios de 1926 se formó la Junta Censora de Películas para controlar contenido que considere el gobierno inapropiado para su exhibición.[2] Esta se desarrolló desde 1947,[3] como la Junta de Supervigilancia de Películas, organismo que velaba incluso en controlar ideas morales y políticas.[4]

Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado se implementó una nueva ley de prensa, ordenando la expropiación de todos los periódicos de circulación nacional en 1974,[5] además de permitir que el concesionario tenga mayor posesión.[6] El gobierno cerraron los periódicos y se acusó a los editores de distorsionar sus informes para influir en el público, y se envió a los editores al exilio.[5][7] Velasco también expropió los principales canales de televisión y estaciones de radio del país.[7] Solo podían operar las plataformas de prensa que compartían los objetivos principales del régimen, alinear los medios de comunicación con el interés social de Velasco.[7] Velasco utilizó burócratas designados por el gobierno para revisar los artículos que se publicaban.[7] Aunque Velasco logró ocultar opiniones opuestas en gran parte de la prensa, algunas organizaciones de prensa independientes lograron sobrevivir a fines de la década de 1970.[5] Para los años 1980, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry redujo las penas por delitos de difamación e injuria y estableció el abuso de autoridad para funcionarios que intentaron censurar medios de comunicación.[8]

El diario La República fue lanzado en formato berlinés en 1981 para luego reducirse a formato tabloide a fines de aquella década, en medio de presiones de cierre por las Fuerzas Armadas del Perú.[9] A fines de la década de 1980, las Fuerzas Armadas del Perú crearon el Plan Verde, que suposo en sus planes políticos el genocidio de los peruanos empobrecidos e indígenas, el control o censura de la prensa en la nación y el establecimiento de una economía neoliberal controlada por una junta militar.[10][11][12] Después de las elecciones generales de Perú de 1990, el nuevo presidente electo Alberto Fujimori adoptaría muchas de las políticas descritas en el Plan Verde.[13][14] Durante el período del golpe de 1992, sólo al gobierno de Fujimori se le permitió comunicarse con el público y todos los periódicos se imprimieron bajo observación militar y tenían contenido similar; se ordenó a todos los periódicos que no incluyeran la palabra «golpe».[15][16] Fujimori no intervino directamente con la prensa porque la mayoría de las plataformas estaban de acuerdo con sus objetivos, lo que permitió que su régimen mantuviera la estabilidad. Durante el resto del mandato de Fujimori, su gobierno pagó a los medios de comunicación por una cobertura positiva y para ayudar a mantener la presidencia.[17] Por medio de la red de corrupción, se realizaron sobornos y promesas de clemencia legal a múltiples tabloides de la prensa chicha, al diario Expreso y a los canales de televisión Global Televisión, Latina Televisión, ATV, América Televisión y Panamericana Televisión.[17]

Después del gobierno de Fujimori, Perú emprendió esfuerzos para restaurar los procesos democráticos, y con estos surgieron iniciativas para restaurar la libertad de prensa a partir del gobierno de Valentín Paniagua.[5] Sin embargo, coincidiendo con expresiones de veto y mordaza contra la memoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,[18] resurgieron amenazas por parte de varios gobiernos oficialistas. En 2004 el legislador Jorge Mufarech propuso tomar acciones de censura a los medios por acusaciones en contra de Alejandro Toledo.[19] En 2008 por su fuerte contenido contra Alan García, Perú 21 rechazó mostrar la obra realizada por el artista Álvaro Portales en la sección «Otorongo».[20]

En la década de 2010, la violencia y las amenazas de muerte contra los trabajadores de la prensa provocaron el declive de la libertad de prensa en Perú;[21] además del cierre de programas políticos como El francotirador y Enemigos públicos.[22] Este incluyó, como apartente estrategia en el gobierno de Alan García,[23] la clausura de La Voz de Bagua, tras los sucesos en esa ciudad en 2009 y años posteriores por otros gobiernos,[24][25][26] luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones revocara la licencia.[27][28]

En diciembre de 2012 se negó el acceso público a la información sobre seguridad y defensa nacional.[29][30] A pesar de la existencia de leyes de acceso a la información, en la práctica los documentos oficiales no siempre se ponen a disposición de los periodistas.[30] Durante la crisis de fines de la década de 2010, el Congreso intentó controlar a la prensa.[31] Los ataques verbales contra trabajadores de la prensa por parte de políticos aumentaron en la década de 2020, y Reporteros sin Fronteras documentó que grupos de extrema derecha en Perú atacaban a periodistas.[32] Uno de los grupos notables en tales ataques es La Resistencia, en que la CPJ reportó en 2023 el hostigamiento por parte de los colectivos.[33]

En 2018, la jueza la jueza Yanet Ofelia Paredes Salas ordenó el retiro de la serie La paisana Jacinta en las plataformas de televisión y redes sociales de Latina Televisión. Si bien se tomó como motivo al rechazo de la discriminación por procedencia étnica, se discutió si el pedido interfiere con el artículo artículo 2, inciso 4, de la Constitución de 1993.[34]

En junio de 2023, tras la convulsión social, la administración central propuso un proyecto para sancionar a comunicadores que instigaran la violencia en las manifestaciones,[35] seguido de estrategias para separar de la IRTP a quien se opongan su mandato. Mientras tanto, pobladores denunciaron intentos de censura en su obra alegórica contra la mandataria Dina Boluarte denominada La Descarada,[36][37][38] inspirada en el calificativo de «Dina asesina».[39] Al mes siguiente, se descubrió que la obra fue desmontada y quemada.[40] Como resultado, una nueva copia fue presentada en Arequipa.[41] En agosto de ese año, su creador César Aguilar «Chillico» (artista quien colaboró con la revista Hildebrandt en sus Trece y recibió el acoso por La Resistencia)[42] fue despedido de la universidad, supestamente oficialista, donde enseñó;[43] caso que su veto al público permaneció con la prohibición de otras exposiciones por parte de la Policía Nacional del Perú.[44]