Archivo General de la Nación (México)

Su creación fue solicitada oficialmente en una carta fechada del 27 de marzo de 1790 de parte del virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, II conde de Revillagigedo, al Ministro de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero, moción aprobada por el rey Carlos IV el 11 de agosto del año siguiente. Fue creado oficialmente con el nombre de Archivo General de la Nueva España con el fin de clasificar y organizar todos los documentos del Virreinato, y así poder dar seguridad a todos los documentos antiguos que existían. El lugar previsto para su construcción fue en el castillo nuevo de Chapultepec, pero este propósito no se llevó a cabo, y los fondos documentales siguieron guardándose en el Palacio Virreinal.

El AGN pasó por diversas vicisitudes en el agitado siglo XIX. Durante la ocupación estadounidense de la ciudad de México, en 1847, los documentos más importantes fueron confiados al librero y editor José María Andrade, hasta el restablecimiento del orden constitucional. Durante la Segunda Intervención Francesa en México, el presidente Benito Juárez abandonó la capital y entregó en 1864 los documentos a ciudadanos de Matamoros, en el estado de Coahuila, quienes los escondieron y custodiaron durante tres años en la Cueva del Tabaco.[4]

En 1872, el nombre del archivo cambió oficialmente por el de Archivo General y Público de la Nación. En ese año ya contaba con 18.849 legajos, 30.000 volúmenes y alrededor de 75.000 documentos varios almacenados. Dependía de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.

En 1918 cambia su nombre por el de Archivo General de la Nación. Por decreto presidencial se ordena que el archivo dependa económicamente y en su organización y funcionamiento de la Secretaría de Gobernación. En esta época parte de los documentos se conservaron en la iglesia de Guadalupe, en Tacubaya, conocida también como Casa Amarilla.

A principio de la década de 1950, el archivo sufrió cambios importantes. Su infraestructura se renovó por completo, y así obtuvo un sistema de preservación de sus acervos de última tecnología. En 1954, se inauguró una biblioteca. Entre 1973 y 1977, la principal parte del acervo se trasladó al Palacio de Comunicaciones, en el Centro Histórico de la ciudad, que pronto resultó insuficiente.

En 1977, se determinó trasladar la sede al Palacio de Lecumberri, que había sido una de las prisiones más lúgubres de América. El traslado total del archivo se demoró hasta 1982, debido a las múltiples remodelaciones y adecuaciones que se le tuvieron que hacer al lugar.

Muy pronto hubo críticas acerca de la inadecuación de la estructura del edificio para tareas archivísticas, además del riesgo de inundación por el desnivel respecto de la calle y la cercanía del Gran Canal de Desagüe, que favorecía el desarrollo de hongos y otros contaminantes nocivos para el papel. Después de varios proyectos que no alcanzaron a concretarse, se optó por construir un nuevo edificio en el mismo predio, en las oficinas antes ocupadas por el Registro Nacional de Población, que serían demolidas. Se determinó que el antiguo edificio pasaría a ser un museo de sitio y centro cultural. Las obras están aún en proceso.[5]

Las funciones y operación del Archivo General de la Nación están regidas por la Ley Federal de Archivos[6] y por el Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación.[7]

La directora, desde el 1 de septiembre del 2013 al 2018 fue María de las Mercedes de Vega Armijo[8] del 2018 al 2024 estará a cargo de Carlos Enrique Ruiz Abreu.[9]