Asamblea Legislativa de Costa Rica

Duran en sus cargos cuatro años y no pueden ser reelectos en forma sucesiva.[12] Solamente existen tres requisitos para optar por el cargo:[13]

1. Ser ciudadano en ejercicio;
2. Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;
3. Haber cumplido veintiún años de edad.

No pueden ser elegidos diputados, ni inscritos como candidatos para esa función:

1. El presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección;
2. Los Ministros de Gobierno;
3. Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia;
4. Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el director del Registro Civil;
5. Los militares[nota 1] en servicio activo;
6. Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia;
7. Los gerentes de las instituciones autónomas;
8. Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.

Estas incompatibilidades afectan a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección. Por esa razón, cuando una administración está por terminar, es usual que haya varias renuncias de las personas que ocupan estos cargos y pretenden aspirar a una curul.[14]

Los parlamentarios no pueden aceptar, después de juramentados, bajo pena de perder su credencial, ningún cargo o empleo en los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea Nacional al cesar en sus funciones.

Grafiti de protesta contra el convenio comercial con Estados Unidos en un muro del Parlamento

La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular. Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos.

El congresista no es responsable por las opiniones que emita en el Plenario Legislativo. Durante las sesiones no puede ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la propia Asamblea Legislativa o que el diputado lo consienta. Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad parlamentaria no surte efecto en el caso de Delito flagrante, o cuando el diputado la renuncia. Sin embargo, el legislador que haya sido detenido por flagrancia, será puesto en libertad si el Congreso lo ordena. Tiene similitud con el llamado privilegio parlamentario del Sistema Westminster inglés.

Es posible para un diputado elegido por un partido político, separarse de la fracción parlamentaria de ese partido y fungir como diputado independiente, sin embargo los diputados que se acogen a esta figura no pueden unirse a otra fracción legislativa, solamente a aquella por la que fueron electos, tal como se contempla en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. No es posible de acuerdo a la legislación vigente, que un ciudadano se postule al cargo de diputado independiente de forma directa sin la representación de un partido político.[8] [15]

Convertirse en diputado independiente está amparado en virtud del Artículo 25 de la Constitución Política de Costa Rica, en el que los diputados al igual que cualquier ciudadano, tienen libertad de asociación y no se les puede obligar a permanecer en un partido político específico y pueden unirse a otra agrupación política.

ARTÍCULO 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.

No obstante, como ha observado el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en reiteradas ocasiones, los puestos de diputados al ser un cargo de elección popular se deben hacer a través de un partido político [16][17][18][19][20] ya que en el marco del ordenamiento jurídico vigente, los partidos políticos tienen el monopolio en la nominación de los candidatos a diputados de acuerdo al Código Electoral.[9]

Por lo tanto, los diputados independientes no pueden actuar en representación de otro partido por el que no fueron elegidos dentro del directorio legislativo, solamente de forma independiente, así como tampoco son considerados una fracción, o un "bloque", figura que tampoco existe dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Otras actividades que les pertenecen a las fracciones legislativas o jefes de fracción tampoco les son permitidas, como incluir proyectos de ley en la agenda.

Ante consultas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de diputados que han acogido actuar de forma independiente,[21][22][23] en las que solicitan el reconocimiento de jefe de fracción o de los recursos financieros de una fracción, en contradicción con el reglamento, este tribunal ha manifestado:[24]

Efectivamente, no es posible bajo ninguna circunstancia, pretender que cualesquier parlamentario que se separe de la Fracción a la que pertenece, sea declarado como una nueva Fracción Política, con todas las atribuciones y deberes inherentes a esta condición, tanto por la existencia de una disposición reglamentaria que define y restringe el concepto de "Fracción Parlamentaria", así como por un aspecto básico de sentido común, que busca establecer los límites necesarios para lograr los mecanismos organizativos idóneos que permitan a su vez, un desarrollo efectivo y eficaz de las labores legislativas.

La eventual separación posterior de un diputado del partido político por el que resultó electo, no significa que el parlamentario pierda su condición de tal, siendo que en todo momento mantiene las facultades, derechos y deberes inherentes a su puesto; pero lo anterior no implica que su separación le faculta para adquirir, de oficio y pleno derecho, las competencias que son propias de una figura expresamente dispuesta en el Reglamento, con deberes y derechos particulares y pensada para ser representante de un grupo de diputados electos bajo una misma bandera política.

Es así que no existe la posibilidad reglamentaria de conformar una fracción no vinculada a la representación de un partido político que haya elegido al menos un representante por medio del sufragio, entendido este de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de Costa Rica.[15]

En el período legislativo 2018-2022 ocurre que diputados electos por Partido Restauración Nacional y Partido Integración Nacional se declararon independientes y dieron luego su adhesión personal en "bloque" o individualmente a partidos que no fueron electos, esto, en concordancia con los reglamentos, constituye una afiliación personal, y no implica que esos partidos posean representación como fracción parlamentaria, por lo que dentro del directorio son reconocidos cómo independientes.[25][26][27]

El parlamento es un órgano unicameral de 57 diputados cuyo número está constitucionalmente fijado y que son electos en listas cerradas postuladas por los partidos políticos en razón de un sistema proporcional. Distintos expertos han recomendado el aumento en el número de diputados como una necesidad urgente para mejorar la representatividad, pero dicha propuesta es altamente impopular entre la población y genera reacciones de rechazo.[28] Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica recomendó aumentar el número de legisladores a 82,[29] la Universidad Northwestern de Chicago que realizó recomendaciones para más de 100 países recomendó que el parlamento costarricense tuviera 115 diputados según su población (en 1999),[30] la Junta de Notables para la Reforma del Estado convocada por la presidenta Laura Chinchilla durante su administración recomendó aumentarlos a entre 75 y 85,[30] el Movimiento Poder Ciudadano Ya por otro parte propone aumentarlo a 84 y reducir drásticamente el número de asesores legislativos (actualmente 12) para evitar un incremento muy grande en salarios.[31] Por otro lado la propuesta del libro Aplicación del modelo alemán a la elección de diputados en Costa Rica del abogado Diego González sugiere aumentar el número a 143 haciendo uso, como el título indica, de un sistema electoral similar al germano.[32]

La mayoría de estas propuestas incluye también el cambio al voto directo de diputados y no por listas cerradas como es actualmente. En el caso del «modelo alemán» propuesto por González se dividiría el país en 72 circuitos electorales por 59700 habitantes y se elegiría diputados en dos listas, 72 electos por una circunscripción uninominal donde se elige un diputado directamente por cada distrito, y 71 electos por una circunscripción proporcional donde se repartirían proporcionalmente según los votos recibidos por partido.[32]

El período legislativo en Costa Rica es de cuatro años y comienza el 1 de mayo del año en que se celebran las elecciones y finaliza el 30 de abril del año en que se vuelven a celebrar nuevos comicios. El período legislativo se divide en cuatro «legislaturas».

Cada legislatura dura un año y comprende la totalidad de las sesiones ordinarias y las extraordinarias que se celebren entre el 1 de mayo y el 30 de abril del año siguiente.

Los períodos de sesiones son los espacios en los que el Congreso de los Diputados puede válidamente reunirse para desarrollar sus funciones. Sus sesiones ordinarias duran seis meses, divididas en dos períodos: del 1 de agosto al 31 de octubre y del 1 de febrero al 30 de abril.[33]

Edificio actual de la Asamblea Legislativa

El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias en los lapsos intermedios, es decir, del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de noviembre al 31 de enero.[33] En éstas no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea Legislativa, o de las reformas legales indispensables.

El Directorio provisional es el que debe actuar en la primera sesión de la primera legislatura de un período constitucional (cada cambio de gobierno por la celebración de elecciones). Estará compuesto de forma idéntica al Directorio definitivo, pero con los seis parlamentarios de mayor edad que hayan resultado electos a la cabeza de sus respectivas papeletas. El mayor ejercerá la presidencia y los que lo sigan en edad, de forma decreciente, ocuparán los otros órganos. Estará vigente hasta que se establezca el oficial, mediante votación en el Plenario.

Sus funciones son principalmente administrativas: cuidar el orden económico y administrativo de la Asamblea Legislativa, nombrar el personal necesario para el buen funcionamiento del Parlamento o despedirlos según la Ley.[39]

No obstante, también realiza funciones relacionadas con el procedimiento parlamentario; como recibir mociones de fondo en el primer debate, recibir los informes de las comisiones, recibir mociones de orden, establecer la agenda diaria, fijar la fecha para discutir un voto de censura, realizar el escrutinio de la votación secreta y de la votación de una elección, así como anunciar el resultado y firmar los dictámenes afirmativos sobre una reforma constitucional, después de aprobados en la primera legislatura.[39]

El Directorio de la Asamblea Legislativa se compone de dos órganos principales: el presidente y las secretarías.

Para ser Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se debe cumplir con los mismos requisitos que el presidente de la República, es decir, ser costarricense por nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser del estado seglar y mayor de 30 años.

Es el presidente quien abre, suspende o da por terminadas las sesiones del Plenario. Pero sus funciones no se agotan aquí, también se mencionan las siguientes:

1. Nombra las Comisiones permanentes, procurando que en ellas participen todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea.
2. Dirige las discusiones que se refieran al Reglamento Interno.
3. Indica a la Asamblea el punto o los puntos sobre los cuales debe recaer la votación.
4. Concede la palabra a los diputados, en el orden en que la soliciten, salvo que se trate de una moción de orden, en cuyo caso le concederá la palabra al autor de la moción, inmediatamente después de que haya terminado su intervención quien esté en el uso de la palabra en ese momento.
5. Recibe la votación corriente y declara si hay aprobación o rechazo de un asunto. Asimismo, debe declarar el resultado de las votaciones nominales o secretas. Antes de proceder a recibir las votaciones correspondientes, anunciará el número de diputados presentes en el salón de sesiones.
6. El Presidente debe firmar, junto con los Secretarios, las actas, leyes y demás disposiciones legislativas.
7. El Presidente nombra a los secretarios ad hoc, en los casos de ausencia de los Secretarios y Prosecretarios.
8. Es él quién debe llamar al orden al diputado que, en el uso de la palabra, no se concrete al tema que se discute o se desvíe de él, haga alusiones injuriosas a un compañero, a los miembros de los otros Supremos Poderes o a personas extrañas; o al que, de cualquier modo, falte al debido respeto a la Asamblea. Si el diputado insiste en su conducta irregular, le suspenderá inmediatamente el uso de la palabra.
9. Ordena que se despeje la barra, cuando por sus signos de aprobación o desaprobación, como gritos, silbidos, golpes o cualquier otra demostración desordenada, se interrumpa la labor de la Asamblea.
10. Poner el visto bueno en las listas de servicios que expida la Secretaría para el pago de los emolumentos de los diputados y del personal administrativo, y en las órdenes de pago por gastos de oficina, autorizados por la Asamblea Legislativa.

Este funcionario tiene la facultad de conceder a los diputados permisos para no asistir a las sesiones. Si una solicitud de permiso es denegada, el diputado interesado puede apelar ante el Plenario de la Asamblea Legislativa, el cual resolverá en forma definitiva.

En el Directorio Legislativo se encuentran la primera y segunda secretaría, que en teoría pueden llevar a cabo las mismas funciones.

Sin embargo, la costumbre es asignarle al primer secretario los asuntos relacionados con el personal, mientras el segundo se encarga del servicio administrativo para los diputados. Si se ausentan temporalmente, son sustituidos por un prosecretario. Durante las sesiones parlamentarias, apoyan la labor del Presidente, pero también tienen otras tareas específicas:

1. Ellos deben tener redactada el acta de la última sesión, una hora antes de la sesión siguiente y ordenar que se coloque una copia en la curul de cada diputado.
2. Dan cuenta de la correspondencia oficial, de las peticiones y las proposiciones dirigidas a la Asamblea.
3. Reciben las votaciones nominales o secretas, realizan el escrutinio respectivo y anuncian su resultado.
4. Ordenan que se numeren, por orden de presentación, todos los asuntos que se sometan a la consideración de la Asamblea; y que se tramite cada uno de ellos en un expediente separado.
5. Llevan la correspondencia de la Asamblea.
6. Devuelven toda petición presentada irregularmente o que esté planteada en términos impropios.
7. Firman, junto con el presidente, las actas, las leyes y las demás disposiciones de la Asamblea.
8. Anotan la ausencia de los diputados y empleados subalternos, expiden y firman las listas de servicio para el pago de emolumentos y de las órdenes de pago por gastos de oficina, acordados por la Asamblea.
9. Revisan, junto con el presidente, los decretos, acuerdos y resoluciones que emita la Asamblea, una vez entregados por la Comisión de Redacción.

El día 1 de mayo de cada año, el Parlamento celebrará dos sesiones. La primera sesión se realizará a las nueve horas, para tomar al juramento a todos los diputados e instalar la Asamblea, abrir las sesiones y elegir al Directorio definitivo.

La segunda sesión se iniciará a las quince horas o a una hora posterior, según lo determine el presidente, si la primera sesión no hubiera concluido antes de las quince horas. A esta segunda sesión se invitará a los miembros de los supremos poderes, a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al contralor y al subcontralor general de la República, a los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de Costa Rica y a los jerarcas de la Iglesia Católica. En esta sesión se presentará el mensaje anual del Presidente de la República y en ella ningún legislador podrá hacer uso de la palabra, salvo el Presidente de la Asamblea Legislativa.

En la jerga política costarricense, se conoce como Mayo Negro a aquellas ocasiones en que el candidato oficialista a presidir el Congreso de Costa Rica es derrotado por una alianza de oposición en la elección del directorio legislativo que se realiza cada 1 de mayo. El término se utilizó por primera vez tras la derrota en 1985 de la diputada Matilde Marín Chinchilla del Partido Liberación Nacional que entonces presidía el país mediante la administración de Luis Alberto Monge gracias al voto disidente de diputados liberacionistas aliados con su rival el Partido Unidad Social Cristiana.[40][41] A la fecha ha habido tres Mayos Negros solamente; el caso de Marín en 1985, la elección de Juan Carlos Mendoza García del Partido Acción Ciudadana en 2011 gracias a la llamada Alianza por Costa Rica conformada por la ideológicamente variopinta oposición de entonces durante la administración de Laura Chinchilla Miranda (PLN) y en 2017 con la elección de Gonzalo Ramírez del Partido Renovación Costarricense de la Alianza Opositora Nacional durante la gestión de Luis Guillermo Solís (PAC).[42]