Auditoría contable

El propósito de la auditoría es determinar si los estados de cuentas o registros de las empresas, entidades o estados cumplen las normas contables vigentes en cada país o región y por tanto si son fidedignos y no ocultan vicios que pudieran alterar el estado general de la empresa o entidad auditada -quiebras, déficits, falta de solvencia y liquidez, etc-. Generalmente en el caso de las empresas son ellas mismas las que solicitan los servicios de auditoría externa cuando van a realizar una operación que exigen fidelidad en los resultados contables y transparencia -salida a bolsa, fusiones, ampliación de capital, etc.-. Las empresas contratan los servicios de auditorías con empresas especializadas a pesar de que muchas, sobre todo las grandes empresas, cuentan con departamentos propios de auditoría interna.[2]

En el caso de los estados o entidades gubernamentales -municipios, gobiernos locales o territoriales o estados- son, normalmente, las entidades supranacionales o territoriales las que exigen la auditoría para conceder transferencias, conceder préstamos, facilitar inversiones o cualquiera otra actividad económica. Así ha ocurrido en el ámbito de la Comunidad Económica Europea y la eurozona durante la Gran Recesión con los rescates bancarios a Grecia, Irlanda, Portugal y España.[3] Otros organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial exigen auditorías cuando realizan préstamos o renegocian la deuda externa.[4]

Una vez realizados los procedimientos que el auditor considere oportunos, debe emitir una opinión sobre si los Estados Contables reflejan razonablemente la realidad patrimonial y financiera del ente auditado. En cada caso se emitirá una opinión favorable o desfavorable por parte del auditor. La contratación de servicios de auditoría por parte de las empresas privadas o públicas desvirtúa en parte su objetividad ya que es muy difícil que se contrate una auditoría externa que sea capaz de emitir una opinión desfavorable hacia la empresa que la contrata y paga. De hecho, en ocasiones, las empresas auditoras son corresponsables de la situación de las empresas ya que caloboran en los planes estratégicos y en ocasiones ayudan a camuflar situaciones negativas de las empresas o entidades.[4]

El Tribunal de Cuentas o Corte de Cuentas es un tipo de entidad fiscalizadora superior, estructurada como un órgano colegiado, responsable de fiscalizar y juzgar la regularidad de las cuentas y gestión financiera públicas. Su equivalente en muchos países Latinoamérica es la Contraloría General de la República.

Tribunales de cuentas por país

• Corte de Cuentas de la República de El Salvador.
• Tribunales de Cuentas de Guatemala.
• Tribunal de Cuentas de España.
• Tribunal de Cuentas de Uruguay.
• Government Accountability Office - GAO), de Estados Unidos.[5]
• National Audit Office, del Reino Unido.
• Australian National Audit Office, de Australia.[6]
• Tribunal de Cuentas de Bélgica.

Contralorías Generales

• Contraloría General de la República de Bolivia.
• Contraloría General de la República de Chile.
• Contraloría General de la República de Colombia.
• Contraloría General de la República de Costa Rica.
• Contraloría General de la República del Ecuador.
• Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala.
• Contraloría General de la República del Paraguay.
• Contraloría General de la República del Perú.
• Contraloría General de la República de República Dominicana.
• Contraloría General de la República de Venezuela.

Tribunales de cuentas internacionales

• Tribunal de Cuentas Europeo, control de cuentas de la Unión Europea.

Hacia finales del siglo XX existían ocho grandes empresas en el mundo dedicadas al negocio de la auditoría, conocidas como las Big eight (en inglés, las "ocho grandes").[7]

Las grandes ocho empresas se fueron fusionando entre ellas hasta formar las denominadas Big five (las "cinco grandes"). A partir de la desaparición de (Arthur Andersen) en el 2002. De aquel grupo las cuatro sobrevivientes son conocidas como las "Big Four": Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG. A ellas se han sumado otras empresas privadas de auditoría relevantes:[4]

En el caso de Fusiones y Adquisiciones de empresas, la parte compradora necesita conocer al detalle el estado de situación de la empresa a adquirir. La función básica de la auditoría de compra o "due diligence", es valorar los activos y deudas de la compañía objetivo, investigando los aspectos significativos de su pasado, presente y futuro predecible.

El due diligence permite evaluar a la empresa en marcha, valorar sus activos y pasivos, conocer sus aspectos legales como contratos y estatutos, cumplimiento de la legislación vigente, marcas registradas, activos intangibles, determinar los riesgos contingentes del negocio, juicios actuales y potenciales y determinar la existencia de pasivos ocultos, reales o potenciales. También evaluar activos intangibles como el capital humano, el conocimiento, la cultura de las empresas, capacidad de liderazgo, etc. Producto de la realización del trabajo, se realiza un informe con comentarios y observaciones que servirá como base para la negociación del acuerdo final en temas como potenciales riesgos contingentes, cláusulas de garantías, etc.

El estado de flujos de efectivo. Se trata de un estado que informa sobre la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación de dicha magnitud en el ejercicio

Cuando se generalizó el uso de las nuevas tecnologías, surgió también la necesidad de realizar auditorías sobre los sistemas de información. En este sentido se podría decir que la auditoría informática comprende el conjunto de actividades encaminadas a la validación y verificación de los sistemas, procesos y resultados en los que se utilicen tecnologías automatizadas, ya sea en cumplimiento de la legislación, como garantía de la integridad y correctitud de la información aportada por un sistema o por alineamiento con determinados estándares relacionados con el buen uso (best practices) de los sistemas.[8]

Se encarga de la revisión y verificación del pago de impuestos de los contribuyentes de un país.
Es de suma importancia, ya que hace posible el ingreso de dinero al Estado de un país para que pueda cumplir con sus funciones y obligaciones.

Existen dos tipos de auditores fiscales: los del Estado, o públicos, y los particulares.[9] Las acciones básicas de los auditores públicos son:

1. Buscar a todos los que estén obligados a registrarse como contribuyentes, para así ampliar el universo de quienes aportan al gasto público.
2. Identificar que contribuyentes presentan, y que otros no, las declaraciones de impuestos en tiempo y forma, según lo disponga la ley.
3. Vigilar que aquellos contribuyentes que cumplan con la presentación de su declaración incluya información fidedigna, de esa manera se evita la evasión de impuestos mediante datos no apegados a la realidad.
4. Recuperación o cobro a los contribuyente que declararon fielmente pero que no han saldado su adeudo.[10]

El proceso de una auditoría particular consiste en revisar la información que facilita el contador de la empresa, identificar los problemas y diseñar una solución que realizará el contador, volver a revisar las fallas detectadas y, finalmente, emitir un dictamen fiscal con el resultado.

En su forma más primitiva, la auditoría fiscal surge cuando una sociedad o pueblo domina a otro, imponiendo el pago de un tributo. El pueblo dominante requiere que dichos tributos sean pagados en tiempo y forma y designa un organismo que se encargue de vigilar esto. Es así como surge lo que hoy conocemos como auditoría fiscal.

En América, la entrada de la mayoría de los países a la contabilidad y la auditoría moderna ocurrió a finales de la década de 1930, cuando los contadores públicos de Estados Unidos se asociaron con contadores de México y otros países latinoamericanos para auditar a las empresas trasnacionales. Se adoptaron los principios del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados y con el tiempo desarrollaron una técnica contable propia. En México se creó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, entre 1956 y 1976.[11]

Generalmente la auditoría fiscal implica una molestia para el contribuyente, independientemente de si realizó bien el pago de sus impuestos o no, debido a que quita tiempo y requiere una gran cantidad de trámites, sin embargo, se debe tener en cuenta la importancia de dicha actividad para cualquier sociedad.