Carlos Eráusquin

Cursó su educación secundaria en el Colegio Guadalupe. En 1866 ingresó a la Universidad de San Marcos. El 24 de mayo de 1871 se recibió de abogado ante la Corte Superior de Lima.[1][2]

En 1873 inició su carrera en la magistratura como adjunto al relator de la Corte Superior de Lima. Fue sucesivamente juez de paz (1874); relator interino de la Corte Superior (1875-1876); juez titular de la provincia de Piura (1877-1884); juez de primera instancia de Lima, Canta y Huarochirí (1884-1886).[1]

En 1886 pasó a ser juez titular de Lima. Luego fue vocal de la Corte Superior de Lima, cuya presidencia ejerció en el periodo 1907-1908. En 1911 fue nombrado vocal titular de la Corte Suprema del Perú, siendo elegido su presidente para el periodo 1920-1921.[1][3][2]

Le tocó ejercer la presidencia de la Corte Suprema, y por ende, del Poder Judicial, a poco de iniciarse el gobierno de facto del señor Augusto B. Leguía (conocido después como el Oncenio). Pronto surgió un conflicto de intereses entre ambos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, debido a las decisiones arbitrarias que este último tomó para reprimir a los opositores al régimen, entre otras medidas que menoscababan la autonomía del Poder Judicial.[4]

El primer enfrentamiento surgió a raíz del decreto de 27 de mayo de 1920, dado por el gobierno de Leguía a través de su primer ministro y ministro de Gobierno Germán Leguía y Martínez. Por esta se ordenaba la expulsión de los extranjeros considerados perniciosos para la sociedad, sin respetar sus garantías individuales y usando solo como justificación el bienestar público. Carlos Eráusquin, como titular del Poder Judicial, consideró inconstitucional esa decisión y señaló que la misma Constitución de 1920, aprobada en el Congreso, prohibía que se suspendieran las garantías individuales.[5] Otro motivo del conflicto surgió cuando muchos ciudadanos, acusados de sedición, fueron apresados y deportados de manera arbitraria por el gobierno. Cuando los jueces declararon procedentes los recursos de habeas corpus que presentaron los afectados, el gobierno se negó a acatarlos, acusando al Poder Judicial de usurpar sus funciones. La tesis del gobierno era que el habeas corpus no existía para los delincuentes, y propugnó la creación de jueces especiales o ad hoc para delitos políticos. Pese a todo, Eráusquin se mantuvo firme en la defensa de la independencia del poder judicial.[6][7]

Fue miembro de número de la Academia Peruana de Jurisprudencia y Legislación, correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.[1]

• Basadre, Jorge (2005). Historia de la República del Perú. 7.º periodo: El Oncenio (1919-1930) 14 (9.ª edición). Lima: Empresa Editora El Comercio S. A. ISBN 9972-205-76-2.
• Ramos Núñez, Carlos (2008). Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú 1 (1.ª edición). Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial. ISBN 978-612-47924-7-2.