Caso Carrasco

Tras salir sorteado para realizar el servicio militar obligatorio, Carrasco se incorporó el 3 de marzo de 1994 al Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, en la localidad de Zapala.

Tres días después de su incorporación fue reportado como desaparecido, y considerado desertor. Poco después sus padres lo fueron a visitar en su primer franco interno y se les comunicó del hecho de la supuesta desaparición.

Sus padres desconfiaron de la versión oficial pues conocían el carácter de Omar, quien sería relativamente sumiso: jamás haría eso. Ninguna instancia militar les dio respuestas. El diario regional Río Negro publicó que los padres lo buscaban con desesperación. La justicia Federal de Zapala demoraba imprudentemente la investigación. La opinión pública comenzó a movilizarse y ejercer presión. Un mes después fue encontrado el cuerpo sin vida de Omar, en el fondo del cuartel.

La entomóloga forense, investigadora del CONICET y doctora en Ciencias Biológicas, Adriana Oliva, participó en la segunda autopsia. Sus aportes permitieron establecer que el cuerpo del joven, que fue hallado en medio del campo, en realidad había estado escondido en el cuartel más de 20 días y luego fue trasladado, justo antes de reportar su aparición. Esta información fue fundamental en el esclarecimiento del hecho.[1][2]

La Justicia Federal no investigó y con ello permitió que el Ejército se adueñara de su investigación. En esa investigación clandestina, fueron señalados sin pruebas[3] los responsables de la compañía de Omar a la fecha de su desaparición y la justicia federal la asumió como propia, arrastrando con ello el vicio de origen.

Un año y medio después de que terminara ese controvertido y sospechado proceso los condenaron en un juicio oral que profundizó el ya creciente escepticismo entre la opinión pública, pues en él se ventilaron numerosas irregularidades en la obtención de los indicios que se usaron para llegar a las condenas, pues allí tampoco se encontraron pruebas. No hubo huellas, ni rastros biológicos ni ninguna otra evidencia científica que apuntara a Suárez, Salazar y Canevaro como los autores del crimen. Obligados a demostrar su inocencia, cuando era el mismo proceso quien debía demostrar su supuesta culpabilidad, la defensa de los acusados ofreció pruebas radicales (hipnosis, polígrafo, suero de la verdad) pero el Tribunal Oral denegó el pedido argumentando que esas medidas iban en contra del derecho de defensa de los mismos. Las condenas al subteniente Canevaro a 15 años de prisión y dos soldados, Suárez y Salazar, a 10 años calmaron el clamor popular que exigía juicio y castigo a los culpables, pero dejaron un sabor amargo porque no se pudieron corroborar efectivamente las acusaciones.

En las investigaciones que se siguieron por los encubrimientos del crimen, y que se desarrollaron en el denominado caso Carrasco II, se descubrieron innumerables pruebas que chocaban con las sentencias que condenaron a los tres acusados. La Historia oficial que los condenó, y que había aventurado que Omar Carrasco había muerto por un hemotórax con fuerte pérdida interna de sangre producida por la pinchadura de un pulmón con una costilla quebrada, que había sufrido un fuerte golpe en el ojo y que había sobrevivido tan solo 30 minutos, estaba bajo la lupa.

Entre las pruebas más importantes figura el ignorado Informe Brailovsky, una pericia solicitada por la fiscalía que llevó el nombre del perito de la Policía Federal que la llevó a cabo. En el extenso informe se asegura que los autores de la muerte de Carrasco son los médicos militares que le proporcionaron una atención médica clandestina y con error de diagnóstico y no los tres condenados en el juicio.[4][5] Así la llamada Historia Oficial perdió toda credibilidad y el caso se sumió en la duda sobre si se habían condenado personas inocentes, ya que el Dr Brailovsky en sus conclusiones afirmó: Las opiniones de los Sres Forenses han demostrado ser certidumbres subjetivas, tan meramente subjetivas que terminaron siendo aserciones dogmáticas individuales de tono corporativo pero sin razones o fundamentos válidos, componiendo hechos a partir de situaciones imaginarias, pues O. CARRASCO no tenía fracturas, ni tenía heridas en el ojo, el volumen del hemotórax no era de 1.500 cc., ni pudo haberse muerto en 30 minutos, excepto de que haya sido también atropellado por un auto o le haya explotado una granada en la cavidad torácica.[6]

El que fuera posteriormente segundo jefe de Medicina Legal de la Policía Federal Argentina, dio los nombres de los médicos a quienes él les atribuía la autoría de la muerte del soldado: El capitán médico Jorge Corvalán, jefe de traumatología del hospital del cuartel, el cardiólogo civil Norberto Kurchan, y tres subtenientes enfermeras, Viviana Antonia González, Patricia Troncoso y Claudia Peralta, además de la sargento Mabel Villalba de Verón.

Según esa pericia, realizada con nuevos elementos que no estuvieron disponibles para los peritos del Cuerpo Médico Forense al momento del juicio por el asesinato,[7] entre los sospechosos también está el teniente primero médico neurólogo Daniel Temi. En las conclusiones elevadas al juez de la causa, se sugieren una cantidad de medidas de prueba a investigar,[8] pero en vez de intensificar las pesquisas se dejó caer el caso en el olvido, hasta su prescripción. Con ello se perdió la oportunidad de ratificar o rectificar las condenas y se profundizó la sensación de injusticia.

El objeto de la suspicacia general fue que, aunque era evidente que Carrasco había sido golpeado, el hecho de que su agonía y muerte haya sucedido en un hospital militar, más el de haber estado oculto un mes en las instalaciones castrenses, señalaba claramente una intervención de personal de mayor jerarquía que la de los acusados, mientras que los tres condenados eran de la menor jerarquía existente, los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar y el subteniente Ignacio Canevaro.

En junio de 2005, la Justicia Federal de Neuquén sobreseyó a siete militares que estaban procesados por encubrir la muerte del soldado Carrasco, debido a la prescripción de la causa.[9]

En agosto de 2007, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, revocó el fallo anterior[10] pero en los hechos no tuvo ninguna gravitación. El Caso Carrasco estaba oficialmente cerrado.

En noviembre de 2000, salieron en libertad los dos soldados, y en febrero de 2009, el último de los acusados terminó de cumplir su condena, y hasta el día de hoy los tres siguen insistiendo en su inocencia.

Hoy en día el caso Carrasco es visto por mucha gente como un homicidio cuya investigación estuvo viciada de corrupción para lograr un resultado rápido a cualquier precio. Si bien los condenados en juicio cumplieron la sentencia, cada vez más se cimienta la certeza que tanto Suárez como Salazar y Canevaro han sido condenados siendo inocentes y que los verdaderos culpables jamás serán enjuiciados.[11]