Servicio militar obligatorio en Argentina

En 1901, el ministro de Guerra, teniente general Pablo Riccheri, presentó el proyecto según el cual se reclutaba a los varones argentinos de veinte años en las Fuerzas Armadas para cumplir servicio durante dos años.

El objetivo del proyecto era difundir la idea de ciudadanía y de igualdad ante la ley y alfabetizar e integrar a los hijos de inmigrantes, además de aumentar el patriotismo en varones provenientes de diversas clases sociales y rincones del país. El proyecto seguía ideales del entonces presidente Julio Argentino Roca, también militar, comandante de la conquista del Desierto.

La Ley N.º 4031 fue aprobada por la cámara de Senadores el 11 de diciembre de 1901, tras medio año de varias discusiones.[1]

El término «colimba» deriva del vesre «colimi», a su vez derivado de la palabra «milico» (término del lunfardo para «militar» o «soldado»).[2] Originalmente, consistía en prestar servicio en actividades diarias propias de cada rama, ya sea la Armada, la Fuerza Aérea o el Ejército, donde eran entrenados militarmente.

La palabra «colimba», según otra acepción, derivaría de las primeras sílabas de las palabras «Corra, limpie y barra», en alusión a que eran las principales ocupaciones de los soldados: correr, limpiar y barrer, durante el día. Esto era para significar lo poco profesional que era la formación de los soldados: eran usados para tareas domésticas, más que en formación militar; solían ayudar en las tareas domésticas y hacer de chóferes de los oficiales.

Sellado de servicio militar cumplido en documento de identidad argentino.

En la década de 1970 se empezó a implementar un sorteo numérico por bolillas, el cual se usaba para asignar en una de las tres fuerzas a los varones mayores de dieciocho años que debían ser conscriptos, de acuerdo con los tres últimos números de su documento de identidad.[3]

Los conscriptos fueron empleados como fuerza de acción en los seis golpes de Estado que experimentó el país. Además, cumplieron tareas durante dichos gobiernos de facto, teniendo una participación activa dentro del Terrorismo de Estado.

En 1955, se produjo un quiebre de ideología dentro de las Fuerzas Armadas, conocida como la división entre «Azules y Colorados» que duraría hasta 1963, dentro de la cual los conscriptos fueron alineados según órdenes de sus superiores. En 1978, soldados conscriptos fueron distribuidos a lo largo de la frontera con Chile, en la Operación Soberanía.

En 1982, la Junta Militar liderada por el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, luego de continuos reclamos diplomáticos inconclusos y antes de que se cumplieran los 150 años de usurpación británica, además de un afán por buscar quitar presión a la dictadura militar. La semana anterior hubo dos muertos en la represión de las manifestaciones contra la junta; luego la misma plaza de Mayo se llenó de manifestantes a favor de la recomposición territorial.

Los militares argentinos no creían en una eventual operación de reconquista británica ya que ese país atravesaba su peor momento político y económico y los Estados Unidos, a través de su canciller, habían sugerido la no intervención debido a que aun estaba fresco el recuerdo de la Guerra de Vietnam. Así, el contexto internacional parecía favorecer la posición argentina. Sin embargo, con la operación ya en marcha, el presidente estadounidense Reagan llamó a su par argentino y fue claro: Estados Unidos no avalaba la recomposición territorial de Argentina, que veía como un gran error, y apoyaría a su aliado estratégico, Gran Bretaña. Galtieri ya había jugado su carta: el 2 de abril de 1982, bajo el nombre de Operación Rosario, las Fuerzas Armadas argentinas recuperaron las islas sin provocar bajas militares o civiles inglesas. Los soldados conscriptos de entre dieciocho y veintiún años de edad integraban las unidades de combate de las tres FF. AA. argentinas desplegadas en el teatro de operaciones. Algunos pensaron que la ocupación sería breve y la presión internacional llevaría a una resolución diplomática favorable a la Argentina; Thatcher y Galtieri, mandatarios cuestionados y con mala prensa, pensaron distinto.

En los 74 días que duró el conflicto, 649 militares argentinos perdieron la vida, casi la mitad en el hundimiento del Belgrano. Del total, 273 eran conscriptos.[4]

Las unidades estuvieron integradas por conscriptos de las clases 62 y 63 (nacidos en 1962 y 1963), la clase 62 tenía la instrucción completa y en gran parte ya había sido dada de baja y la clase 63 había completado el periodo básico. Si bien el dispositivo era defensivo, también integraron patrullas que desarrollaban misiones como en las secciones de exploración o en el Equipo de Combate Güemes, que alertó del desembarco británico y combatió en San Carlos y luego fue helitransportado a Darwin-Pradera del ganso (entre otras situaciones de combate).

Durante la Guerra se cometieron diversos crímenes contra los soldados conscriptos, incluyendo torturas por parte de los oficiales. Las condiciones en el campo de batalla eran marginales: los conscriptos tenían menos de cuatro meses de entrenamiento, pasaban hambre y no contaban con el abrigo necesario para el clima. Los conscriptos llegaron incluso a matar aves, ovejas y revolver basureros en busca de comida.[5][6][7]

Con los años y tras la Guerra, el suicidio de veteranos de guerra llegó a casi igualar la cifra de caídos en combate. En diciembre de 2018 se publicó la denuncia por torturas, los nombres de los oficiales procesados y se anunció que los juicios se realizarán en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: existen 95 militares procesados y 105 hechos denunciados.[8][9]

Si bien las torturas eran conocidas en la sociedad argentina, recién en 2007 se hicieron públicas las denuncias contra los oficiales.[10] En 2019 dio inicio en Ushuaia los juicios contra los oficiales procesados por delitos de lesa humanidad, con la indagatoria a 18 oficiales acusados.[11][12]

Luego de la vuelta a la democracia en 1983 y el comienzo de los juicios a militares por los crímenes cometidos durante la última dictadura, se produjeron los alzamientos de carapintadas que, junto a la hiperinflación económica durante el gobierno de Raúl Alfonsín, mostraron al servicio militar como una pérdida de dinero y una institución que atentaba contra la democracia.

El entonces presidente Carlos Saúl Menem.

En 1994, fue desaparecido el conscripto Omar Carrasco, que cumplía servicio en el Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino. Su cuerpo fue encontrado un mes después en el cuartel. Al descubrirse y difundirse que Carrasco había sido víctima de torturas, la institución recibió críticas de vasto alcance y, frente a ello, el entonces presidente Carlos Menem puso fin al servicio militar obligatorio en la Argentina el 31 de agosto de 1994.[13]

En 2007, el ex-senador provincial Alfredo Olmedo propuso la reactivación del servicio militar obligatorio, al que llamó «servicio militar comunitario». Su proyecto estaba dirigido a reclutar jóvenes que no estudiasen ni trabajasen.[14] La propuesta fue considerada un retroceso para la democracia y fue criticada por los medios y por la comunidad en general, aunque una minoría mostró interés en el regreso de la «colimba».

En 2019, el Gobierno de Mauricio Macri creó el «Servicio Cívico Voluntario en Valores» bajo el decreto resolución 2019-598-APN-MSG donde se planteaba la necesidad de educar a las personas que no trabajasen ni estudiasen, en un servicio cívico voluntario para capacitarlos en oficios y nuevas tecnologías, cuadrando así un relanzamiento del viejo servicio, con diferente propósito pero por las mismas razones que la Ley Riccheri.[15]