Guerra contra el narcotráfico en Ecuador

Desde finales de 2000 la política colombiana se había articulado en la erradicación del cultivo de droga en el sur del país, específicamente los departamentos de Putumayo y Nariño,[3] que limitan con Ecuador. Antes de la ruptura, la mercancía ilegal colombiana pasaba por las rutas de la costa y selva ecuatoriana.[1] Cuando los narcos se vieron presionados por el gobierno colombiano decidieron migrar a otros territorios de países vecinos en donde ya tenían presencia esporádica, sus destinos principales fueron Ecuador y Perú.[1]

Para 2017, las Naciones Unidas advirtieron que el núcleo de los cultivos ilícitos en Colombia cada vez se acercaba más a territorio ecuatoriano, siendo en ese año un 35% que se ubicada a solo diez kilómetros de la frontera colombo-ecuatoriana.[1]

En 2021, la BBC de Londres calificó a esta migración como el «efecto globo», las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, vecinas de Colombia.[1]

Según InSight Crime la clausura de la base al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Manta durante el gobierno de Rafael Correa en 2009 es un factor clave para el aumento de las acciones delictivas de grupos armados, ya que los estadounidenses servían como disuasión para que bandas extranjeras tuvieran influencia en el negocio de la droga en Ecuador. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ayudaba también en el rastreo y vigilancia de los corredores utilizados para el transporte de la mercancía.[1] Igualmente InSight Crime reporta que desde 2013 los crímenes violentos y las incautaciones relacionadas al tráfico de drogas se dispararon desde el año anterior.[4]

Ese mismo año, se clausuró la Dirección Nacional de Inteligencia en favor de la Secretaría Nacional de Inteligencia, lo que para analistas, hizo que se politizara la inteligencia ecuatoriana a ser un instrumento del gobierno de turno para vigilar a sus opositores en detraimiento de la seguridad nacional, ya que las Fuerzas Armadas del Ecuador vieron limitadas sus capacidades de inteligencia especializada, seguido de una reducción de la inversión en dicho sector, es decir junto al desalojo de los estadounidenses se siguió una pauperización de las capacidades militares ecuatorianas.[3]

La desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) no acabó con todos sus tentáculos militares, sus disidencias pasaron de ser una guerrilla ideologizada a bandas delictivas con objetivos heterogéneas, ingresando a Ecuador en alianzas con grupos locales, mafias y carteles mexicanos. Las disidencias de las FARC-EP en Ecuador fueron las primeras en tener nexos con los grupos delictivos de Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia, el Cártel de Sinaloa llegó en 2003 de manera discreta y el Cártel de Jalisco Nueva Generación en 2016, pero ambos se limitaban a las operaciones encubiertas y a tejer alianzas locales.[1]

Se tiene registro que en la insurgencia participan Los Choneros, que son aliados y representantes del Cártel de Sinaloa; mientras que Los Lobos, Los Lagartos, Los Chone Killers y Los Tiguerones lo son del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).[1][2] Las disidencias de las FARC-EP se concentran más que todo en el noreste ecuatoriano, estando el Frente Oliver Sinisterra con sus propios intereses y la Columna Móvil Urías Rondón afiliada al CJNG.[2]

Muchos de los detenidos y encarcelados por el atentado de San Lorenzo de 2018 expandieron sus conocimientos para fabricar armas y bombas caseras en las prisiones de Esmeraldas.[2]

La Fundación para la Paz y Reconciliación–Pares de Colombia notificó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también opera en territorio ecuatoriano, incluido las siguientes bandas de diverso origen: La Empresa, Gente del Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Negritos, Los Mexicanos, Nuevo Grupo, Resistencia Campesina, Frente Steven Gonzáles y minerías ilegales.[3]

El conflicto propiamente estalló durante el Gobierno de Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano definió al ataque de enero de 2018 como el «El primer atentado terrorista en Ecuador», decretando el Estado de excepción en la Provincia de Esmeraldas.[5] Moreno en el contexto de las masacres carcelarias dijo abiertamente que esos sucesos estaban relacionados al narcotráfico.[6]

En el gobierno de Guillermo Lasso, el mandatario declaró también el Estado de excepción por los atentados en Guayaquil en agosto de 2022 y ofreció una recompensa de 10.000 dólares para quien colabore con la búsqueda de los autores materiales e intelectuales del ataque.[7] Para los atentados de noviembre del mismo año Lasso insinuó que los organismos de los derechos humanos defienden a los atacantes.[8]