Congreso Constituyente Democrático

Alberto Fujimori.

El 5 de abril de 1992 el presidente Alberto Fujimori inició una nueva etapa de su gobierno y de la historia republicana peruana, anunciando el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyo fin sería la reforma institucional del país, orientada a lograr una auténtica democracia; ello implicaría necesariamente la reforma constitucional. El gobierno asumió la totalidad del poder, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales.

El autogolpe de Fujimori contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana, según encuestas publicadas con extraordinaria rapidez. Ello se comprende por el descrédito en que habían caído los partidos políticos y sus representantes en el parlamento, vistos como un lastre para el desarrollo y la pacificación del país, acosado entonces por el terrorismo de extrema izquierda. Al margen de la propia conducta de la clase política, hay que destacar que esa campaña de desprestigio hacia la “partidocracia” fue fomentada y estimulada desde muy temprano por el mismo gobierno.

En el plano interno el gobierno fujimorista contó pues, con “legitimidad social”. Las dificultades vinieron del exterior. En el contexto mundial, el fin de la guerra fría había traído una ola de democratización en Europa y en Sudáfrica, que se expandió al resto de África y a Asia; en América su efecto jurídico más importante fue la resolución 1080 de la OEA aprobada en 1991 en una reunión realizada en Santiago de Chile. Dicha resolución estableció que si se rompía la institucionalidad democrática en un país miembro de la OEA debía celebrarse obligatoriamente una “Reunión de Consulta” de cancilleres para adoptar las medidas contempladas en la carta.

Los embajadores representantes reunidos en Washington D. C., sede de la OEA, “deploraron” el autogolpe peruano e instaron al presidente Fujimori a que buscara una fórmula para el retorno de la democracia. En la reunión de cancilleres, el ministro peruano Augusto Blacker Miller justificó el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú la subversión terrorista. Este argumento no convenció a los representantes de los países más importantes de América. Se aprobó una resolución en la cual se exigía al gobierno peruano dialogar con la oposición democrática y encontrar una senda para tornar a la democracia; caso contrario, en la siguiente reunión de cancilleres se procedería a adoptar sanciones contra el Perú.

En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió a la XXII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas; en la cumbre se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como a convocar a un Congreso Constituyente Democrático para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración, a través de representantes elegidos, de un nuevo contrato social

Fujimori convocó a un Congreso Constituyente Democrático (CCD), pero el gobierno complicó de tal modo el diálogo con los partidos políticos que logró su propósito de dividirlos: unos aceptaron ir al CCD (como el Partido Popular Cristiano) y otros rechazaron esta alternativa (como el Partido Aprista Peruano, la Izquierda Unida y Acción Popular). Por su parte, el gobierno estuvo representado por la alianza oficialista formada por Cambio 90 y el recién fundado partido Nueva Mayoría (C90-NM).[1]

Las elecciones de los 80 representantes del Congreso Constituyente Democrático o congresistas se realizaron el día 22 de noviembre de 1992. La alianza oficialista resultó triunfadora, obteniendo una cómoda mayoría en el Congreso al beneficiarse del alto índice de votos blancos y viciados. Estos fueron los resultados que obtuvieron las principales fuerzas políticas en competencia:

Partido			Votos	%[2]	Escaños
	Cambio 90-Nueva Mayoría	C90-NM	3 075 422	49,30	44
	Partido Popular Cristiano	PPC	606 651	9,73	8
	Frente Independiente Moralizador	FIM	486 984	7,81	7
	Renovación	MR	440 314	7,06	6
	Movimiento Democrático de Izquierda	MDI	341 646	5,48	4
	Coordinadora Democrática	CODE	328 153	5,26	4
	Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos	FNTC	237 977	3,82	3
	Frente Popular Agrícola del Perú	FREPAP	172 923	2,77	2
	Partido Solidaridad y Democracia	SODE	126 822	2,03	1
	Movimiento Independiente Agrario	MIA	107 543	1,72	1
	Movimiento Independiente Nuevo Perú	MINP	49 998	0,80	0
	Frente Emergente Democrático de Retirados Policiales	FEDRP	42 041	0,67	0
	Movimiento Independiente Nacional	MIN	41 921	0,67	0
	Frente Civil-Militar-Policial	FCMP	41 900	0,67	0
	Convergencia Nacional	CN	41 206	0,66	0
	Movimiento Independiente Paz y Desarrollo	MIPD	36 596	0,59	0
	Movimiento Acción Social Independiente	MASI	36 073	0,58	0
	Partido Socialista del Perú	PSP	23 512	0,38	0
Votos válidamente emitidos			6 237 682	76,1
Votos nulos			1 620 887	19,8
Votos en blanco			333 277	4,1
Total de votos emitidos			8 191 846	100
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

El partido oficialista logró 44 escaños, lo que le dio mayoría absoluta en el CCD.

La labor fundamental del CCD fue la redacción de una nueva Constitución, la duodécima en la vida republicana del Perú, y que se halla actualmente vigente. Presidió el Congreso el ingeniero Jaime Yoshiyama, del partido oficialista.

En aspectos generales, esta nueva Constitución no varió mucho comparada con su antecesora, la Constitución de 1979. Se conservó incluso textualmente algunos artículos y en otros casos solo se ha variado la forma, mas no el fondo. Sin embargo, buena parte de sus pocas innovaciones son de importancia fundamental:

• Introduce el mecanismo del Referéndum o consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización.
• La pena de muerte, que antes solo se aplicaba para delitos de traición a la patria en guerra exterior, se extiende a los delitos de terrorismo.
• El mandato presidencial se mantuvo en cinco años, tal como regía desde 1980, permitiéndose una sola reelección inmediata o consecutiva (artículo 112). Posteriormente se modificó dicho artículo. Actualmente no se permite la reelección presidencial inmediata, aunque el expresidente puede volver a candidatear luego de transcurrir, como mínimo, un período constitucional.
• El Poder Ejecutivo, en especial el presidente de la República, obtuvo mayores atribuciones. El Presidente puede disolver el Congreso si este censura a dos consejos de ministros (en la anterior Constitución eran tres).
• El Poder Legislativo tuvo un cambio radical en su estructura: se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad, es decir una sola cámara, con 120 representantes o congresistas. En el 2011 se amplió su número a 130.
• Se otorga independencia al Consejo Nacional de la Magistratura.
• Se establece la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Su titular es el Defensor del Pueblo.
• Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El Estado asume solo su rol orientador, mas no hace actividad empresarial, sino solo excepcionalmente.
• Se siguen mencionado a las Comunidades Campesinas y las Nativas, pero ya no a la reforma agraria, como ampliamente lo hacía la anterior carta magna. Se garantiza la privatización de la tierra aplicándose el libre mercado.
• Se dejó de garantizar plenamente la estabilidad laboral, la misma que era estipulaba explícitamente en el artículo 48 de la Constitución anterior. Ahora solo se dice que el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
• Se reconoce a las municipalidades autonomía política, económica y administrativa.

Por ley constitucional del 31 de agosto de 1993, el CCD sometió al voto popular la aprobación de la carta política. El gobierno fijó como fecha para la realización de dicho referéndum el 31 de octubre del mismo año. Los ciudadanos deberían optar por una de las dos opciones: por el “Sí”, si estaban a favor de aprobar la Constitución; y por el “No” si eran contrarios a ello.

Los partidos opositores al gobierno, tanto aquellos que habían participado en el CCD como aquellos que se abstuvieron, sumaron esfuerzos a favor del «No». Mientras que el gobierno puso todo su aparato de publicidad al servicio de la campaña por el “Sí”, en medio de un proceso que se vio denunciado por varias irregularidades.

Los resultados de esta consulta popular fueron los siguientes:

• Por el “Sí” votaron 3.878.964 ciudadanos (52,24 %).
• Por el “No” votaron 3.545.699 ciudadanos (47,76 %).

El gobierno obtuvo así el triunfo, pero este no fue abrumador como lo había esperado. Aprobada así la Constitución, Fujimori procedió a su promulgación el 29 de diciembre de 1993.

Tras la caída del régimen fujimorista, por ley N.º 27600 del 15 de diciembre del 2001 promulgada por Alejandro Toledo, el Congreso de la República retiró la firma de Fujimori de la Constitución, sin perjuicio de mantener la vigencia de esta.

El CCD se mantuvo en funciones como Congreso legislativo hasta el 28 de julio de 1995 cuando lo reemplazó el Congreso ordinario elegido en las elecciones generales de ese año y cuya primera presidenta fue Martha Chávez, también la primera mujer en acceder a ese cargo.

Con la instalación del CCD y la ratificación vía referéndum de la Constitución de 1993, el gobierno consideró haber dado pasos fundamentales para el retorno a la democracia, la que se ratificaría con las elecciones generales de 1995, en la que Fujimori sería reelecto con mayoría abrumadora. Sin embargo, para algunos no fue sino la instauración de una «democratura» o «dictablanda»; en todo caso resultó un régimen sui géneris, ya que si bien en el plano formal existía democracia, elecciones libres, libertades, división de poderes, en un plano más profundo había un «super-ejecutivo» y una «presidencia imperial»; la mayoría del CCD (y luego el Congreso ordinario instalado en 1995) se sometió de lleno al Ejecutivo, no escatimando en violar la Constitución que ellos mismos aprobaron (como en lo referente a la “interpretación auténtica” del artículo constitucional sobre la reelección presidencial). El Tribunal de Garantías no existió hasta 1995; el Ministerio Público estuvo totalmente sometido al régimen; el Poder Judicial influenciado; los mandos militares y policiales dependientes del presidente o de su entorno.

El diario La República, en su editorial de 2001, señaló la necesidad de formar una nueva constitución debido a que su comité legislativo añadió 281 normas inconstitucionales.[3] El expresidente Fernando Belaúnde Terry rechazó apoyar la constitución de 1993,[4] además que protestó para restaurar a la constitución de 1979.[5] El presidente del Tribunal Constitucional en 2001, Manuel Aguirre Roca, consideró que «cualquier funcionario con legitimidad puede impugnar Carta Magna».[6] Caso similar ocurrió con propuesta de la asociación civil Foro Democrático en 2001 de revertir el estatuto de 1993 que contó la lista de firmas a Valentín Paniagua.[7] Periodistas como César Hildebrandt mostraron apoyo en reformar sin «ahuyentar al capital».[8]

• Autogolpe de Estado de Perú de 1992

• Wikisource contiene obras originales de o sobre Congreso Constituyente Democrático.
• Tabla con porcentajes de votaciones por partido en las elecciones del CCD de 1992