Corrupción en el gobierno de Pedro Castillo

Durante la gestión de Pedro Castillo se denunciaron actos de corrupción por parte de integrantes cercanos hacia el entonces mandatario. La gestión de Castillo terminaría tras un intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, mientras que en febrero de 2023 se formalizó el expediente para su denuncia penal.[1]

Pedro Castillo en un mensaje a la Nación en 2021.

Durante su gobierno se reportaron casos mediáticos estuvieron incluso en los expedientes del Ministerio Público.[2] Muchos de ellos fueron evidenciados por: la selección particular de funcionarios de confianza sin méritos requeridos para su contratación,[3] las reuniones con familiares del entonces presidente,[4] el recibo de dinero exorbitante en su despacho[5] y una posible organización criminal formada tras la declaración de una empresaria.[6] Acorde al diario chileno La Tercera, la Fiscalía cuenta con cinco expedientes en que presuntamente involucra a Castillo como líder de la organización criminal.[7]

De los más mediáticos también fueron las operaciones dentro de Ministerio de Vivienda Geiner Alvarado, destituido posteriormente por el Congreso,[8] por lo que la nueva encargada Hania Pérez de Cuéllar (del gobierno de Dina Boluarte) denunció la existencia de irregularidades en la cartera ministerial.[9] Según el Consejo Privado Anticorrupción,[10] que difundió también Gestión, 300 funcionarios fueron nombrados de forma irregular durante su gobierno (2021-2022),[11] cifra que adiciona a los 2 500 servidores contabilizados por la Contraloría en su informe de mayo de 2023.[12] Una de los exministros, Mirtha Vásquez, señaló que los actos de corrupción se extendieron en el gobierno de Boluarte.[13]

Contexto

En 2021, con la candidatura y posterior presidencia de Pedro Castillo, su mentor Vladimir Cerrón y el partido político Perú Libre se involucraron con el caso de los Dinámicos del Centro, una red criminal de pedidos irregulares de brevetes desde 2012, en que la fiscalía anticorrupción afirmó en su tesis que fueron posibles responsables de financiar campañas.[14][15][16] Castillo dijo que aceptaría someterse en la investigación de su campaña.[17] Irónicamente, Castillo se jactó que «tenemos corruptos de todo calibre» durante su estadía en el Consejo Permanente de la OEA,[18] y prometió «acabar racha de exgobiernos corruptos» en la Cumbre de las Américas de 2022.[19]

Las investigaciones sobre indicios de corrupción en las licitaciones durante su gobierno generaron una percepción negativa hacia Castillo sobre el legado de la corrupción instalado en el gobierno y una nueva crisis política. Entre el 59 % (según IEP)[20] y el 67 % (según Datum)[21][22] de los encuestados en 2022 señalaron que el vigente presidente está involucrado en casos de corrupción. Sin embargo, según el columnista de El Comercio Jaime Bedoya, el escándalo tuvo un impacto mediático menor en comparación con la familia Fujimori (en que Alberto fue investigado por actos de corrupción en su gobierno), puesto que si su rival Keiko ganara las elecciones «las calles de Lima estarían exigiendo ferozmente justicia ante la corrupción impúdicamente ejecutada en nuestras narices».[23] Cuando Rafael López Aliaga asumió al cargo de alcalde metropolitano de Lima en 2022, negó colaborar con el entonces mandatario Castillo al señalar sus «siete denuncias» reportadas en la Fiscalía.[24]

La sucesora presidencial, Dina Boluarte, señaló en 2023 que la corrupción durante el periodo de gobierno de Castillo costó 25 mil millones de soles de la tesorería del Estado.[25]

«Casa Sarratea»

Tras las elecciones del 2021, según declaraciones de Salatiel Marrufo,[26] Pedro Castillo en la denominada «casa de Sarratea» (de propiedad de Alejandro Sánchez Sánchez) le solicitó un nombre a Abel Cabrera para designarlo como gestor del ministerio de vivienda. Cabrera entonces le propuso comunicarse Geiner Alvarado, ministro de Vivienda, sugiriéndole que nombrara a Salatiel Marrufo como su jefe de asesores en el ministerio.[27] Salatiel Marrufo había sido parte de la campaña electoral que llevó a Pedro Castillo a ganar la presidencia.[28]

La «casa de Sarratea» se convirtió en un lugar para organizar acuerdos ilícitos con el objetivo de copar los organismos públicos para controlar las contrataciones de obras públicas.[29][30] La edificación, alejada del Palacio de Gobierno, estuvo en la mirada del Ministerio Público como el «centro de investigaciones criminales».[31] Esta fue visibilizada por la lobista empresaria Karelim López, encargada de negocios luego de su descubrimiento en noviembre de 2021,[32] y quien denunció públicamente el hecho.[33] Además, a través del Decreto de Urgencia 102-2021, Marrufo, Alvarado, Sánchez y Nenil Medina, con conocimiento de Castillo, direccionaron el financiamiento de algunas de las obras públicas consignadas en el decreto.[26]

En julio de 2022 el Congreso de la República formalizó tal caso en la acusación constitucional contra Castillo Terrones por delitos comunes.[34] Así mismo, el elegido ministro del Interior, Mariano González, formó el equipo especial de la Policía Nacional de Perú para ordenar el arresto de algunos integrantes, horas antes de su remoción.[35]

Detención a Alejandro Sánchez y supuesto fallecimiento

En octubre de 2022 el Poder Judicial ordenó a Alejandro Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, por participar supuestamente en la organización criminal para «favorecerse económicamente de forma irregular».[36] Sin embargo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil figuró a Sánchez como fallecido el mismo día que fue ordenado.[37] El aparente responsable del acta de fallecimiento figurado en el registro, Víctor Vargas Reyes, negó esta certificación y, tras revisar que el acta fue falsificada, la institución revirtió esa condición.[38] El 14 de octubre de ese año, la Contraloría anunció investigaciones del falso fallecimiento;[39] mientras que Carmen Milagros Velarde Koechlin, jefa del Reniec, reconoció que se trató de una modalidad en línea para realizar actas de oficio y tomó la decisión de finalizarla para evitar futuros incidentes.[40]

Disolución del consorcio y desalojo de la casa

El 3 de enero de 2023, el ministerio de Transportes y Comunicaciones anuló el proyecto y denunció el hecho ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.[41] El 6 de enero se ordenó el desalojo de la casa de la calle Sarratea, cuya propiedad pasó al Programa Nacional de Bienes Incautados.[42] El nuevo ministro de Justicia, José Tello, señaló que ese edificio «será sede de institución que lucha contra la corrupción».[43]

Allanamiento de casa de playa en el distrito de Asia

En julio de 2022 la Policía Nacional tenía conocimiento sobre una nueva localización donde fue paradero del secretario presidencial Bruno Pacheco.[44] A diferencia de la Casa de Sarratea, el programa Beto a saber indicó que en esta vivienda se reunieron personas implicadas en el caso gabinete en la sombra»;[45] en que la encargada de la Fiscalía, Marita Barreto, recibió información sobre un supuesto dueño ligado a la familia presidencial.[46] De acuerdo a la Municipalidad de Asia, no existieron registros oficiales sobre su terreno, cuya extensión original fue propiedad de la Comunidad Campesina de Asia.[46]

En julio de 2023, el Ministerio Público allanó una nueva residencia de Alejandro Sánchez Sánchez, ubicado en el distrito de Asia, al sur de Lima.[47]

Caso «Los Niños»

Según El Comercio, un grupo de congresistas de Acción Popular habrían pactado con Pedro Castillo en la Casa Sarratea,[48] a mediados de 2021 y antes de asumir el cargo presidencial.[49] Estos se le conocen como «Los Niños» que según La República fueron relacionados en el caso Trata III.[50] El secretario investigado Bruno Pacheco posteriormente describió una presunta orden para realizar favores políticos hacia el grupo.[51]

Investigación a congresistas involucrados en Los Niños

En octubre de 2022 la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó la investigación del grupo de legisladores acusados de corrupción.[52] Días después, se ordenó su allanamiento por parte de la Fiscalía de la Nación.[53] Por primera vez en la historia, también se investigan los despachos congresales de los seis acusados del partido Acción Popular: Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Hernán Vergara Mendoza.[54] Algunos de ellos posteriormente respaldarían la iniciativa de ley de Wilson Soto para reinstaurar la inmunidad parlamentaria.[55]

En enero de 2023, la congresista Patricia Chirinos emprendió una denuncia constitucional hacia seis legisladores por presunta infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución de 1993.[56]

En marzo de 2023 fiscales y policías encontraron dinero en la habitación del congresista José Arriola, cuando allanaron su casa.[57][58] A pesar de las acusaciones, en mayo de 2023, el Congreso dio por archivado el informe para investigar al menos cuatro de ellos tras realizarse una sesión parlamentaria.[59] No obstante, en agosto de ese año, el tribunal del partido político anunció la suspensión de los cuestionados representantes.[60][61][62]

En agosto de 2023, ocho congresistas renunciaron a su bancada al asignar al investigado Jhaec Darwin Espinoza Vargas, posteriormente vinculado en las atenciones con la empresaria Sada Goray, como vocero de Acción Popular.[63][64]

Investigación por el caso «gabinete en la sombra»

El caso «gabinete en la sombra» es el nombre asignado al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder sobre una presunta red de corrupción, que involucra principalmente a Castillo y los ministros Juan Silva y Geiner Alvarado. Según El Comercio, el grupo tiene orígenes incluso en la campaña presidencial que coincide con la «Casa Sarratea».[65] En febrero en 2022, Carlos Jaico, renunciante secretario general, señaló la existencia de un gabinete alterno debido a la falta de toma de decisiones que ejerce el presidente.[66][67][68] Debido a la percepción de un entorno palaciego se le llamó extraoficialmente «gabinete en la sombra»,[69] término recurrido en el dominical Panorama y el diario El Comercio.[70][71]

En marzo del mismo año, la Fiscalía abrió una investigación a funcionarios cercanos por el presunto delito de organización criminal.[72][73] En octubre de 2022 se realizó el operativo Valkiria II por solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder para el allanamiento de Beder Camacho y otros asesores,[74] incluido el colectivo Los Niños,[75] además que el Poder Judicial formalizó la denuncia hacia los integrantes Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Vitón Burga y Alejandro Sánchez Sánchez.[76][77]

Bruno Pacheco y dinero en el baño de Palacio

Pacheco, el sucesor en la secretaría de Palacio, es una de las figuras clave en la investigación de varios casos cercanos al presidente Castillo debido a su confianza depositada en él.[78][79] El 19 de noviembre de 2021, agentes del Ministerio Público realizaron una inspección y allanamiento en el Palacio de Gobierno de documentos y equipos electrónicos como parte una investigación por presunto tráfico de influencias.

En el baño de la oficina del secretario presidencial Bruno Pacheco se hallaron 20000 dólares estadounidenses y se acusó al asesor de presionar a miembros de las Fuerzas Armadas con el fin de ascender a personas allegadas al presidente; además, se le acusó de aprovechar su cargo para presionar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) para favorecer a empresarios cercanos del presidente.

Pacheco manifestó que el dinero era parte de ahorros suyos y su sueldo de funcionario, y que no fue obtenido de manera ilegal.[80][81] Tras el escándalo, el 24 de noviembre se oficializó la renuncia al cargo presentada por el secretario.[82] En abril de 2022, se dictaron 36 meses de prisión preventiva contra Pacheco por el delito de colusión agravada en organización criminal en agravio del Estado, esto por irregularidades encontradas en la licitación del puente Tarata III,[83][84][85] reducidos a 24 meses en mayo del mismo año.

Desde entonces, Pacheco pasó a la clandestinidad, junto con los sobrinos del presidente Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, citados por el mismo caso.[86][87] Bruno Pacheco se entregó al Ministerio Público el 22 de julio del 2022, según la confirmación pública de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el 26 de julio.[78][88] En agosto de 2022, tras conseguir declaraciones de Bruno Pacheco para el programa Panorama, en que involucra una recompensa monetaria en el caso de la gerencia de Petroperú, Castillo denunció al dominical.[89] La Defensoría del Pueblo recriminó la actitud de Castillo.[90]

Beder Camacho

Beder Camacho, subsecretario general del Palacio de Gobierno y hombre de confianza de Castillo, es uno de los implicados en el caso «gabinete en la sombra».[91] En agosto de 2022 pasó como investigado por la Fiscalía por participar en la fuga de Pacheco.[92][93] Según La República, las declaraciones de Camacho sobre la destrucción de evidencias sobre las compras biodiésel B100 al empresario Samir Abudayeh en el caso Petroperú, fueron evidencias suficientes para la Fiscalía en la detención de otros involucrados.[94] Para 2023, continuó operando en su despacho presidencial según un informe de La República,[95] hasta que fue destituido el 19 de julio.[96]

Zamir Villaverde y audios sobre supuestas coordinaciones

En mayo de 2022, el programa político Combutters difundió audios donde se escucha al empresario Zamir Villaverde, dialogar con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. En esos audios, ambos conversan sobre la licitación de la construcción del Puente Tarata III,[97] obra que fue anunciada por el Gobierno y que implicó al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Se reveló un supuesto soborno de cien mil soles.[98] Tras esos audios, la Fiscalía dictó orden de detención preliminar contra Silva, sin embargo, el exministro Silva, se dio a la fuga, momentos antes que la Policía ingrese a su domicilio para proceder con el arresto.[99] Villaverde fue detenido y encarcelado temporalmente hasta su liberación en julio de 2022.[100]

En junio del mismo año, el Congreso acordó citar al ministro del Interior, Dimitri Senmache, para que explique sobre la fuga del exministro Silva. El ministro negó haber solicitado la fuga de Silva y dijo que su sector no participó de la orden de detención preliminar.[101] El 30 de junio, el Congreso censuró al ministro Senmache, acusado de promover la fuga del exministro Silva.[102]

Por otro lado, en mayo de 2023, el Poder Judicial anuló su declaración sobre otra presunta coima de dos millones de soles en la empresa Petroperú cuando fue testigo protegido.[103] Alejado de Castillo, en julio de 2023 Villaverde apareció en televisión para un proyecto inmobiliario llamado Los Delfines, acusado por vecinos de Cañete por usurpar terrenos para construir su residencia.[104]

Desvío financiero en el Ministerio de Vivienda

El Ministerio Público, a través del Equipo Especial contra la Corrupción de Poder, estableció en su tesis de agosto de 2022 una posible organización criminal para «ganar licitaciones de manera fraudulenta en [pro] de otras provincias y/o departamentos».[105] El canal Willax, en su reportaje del programa dominical Contracorriente, apodó como el «club chotano de la construcción»,[106] al incluir coordinadores y testaferros en su operación. Posteriormente fue vinculado con el caso Los Chiclayanos, responsables de una serie de envíos de fondos públicos para la ejecución de obras públicas a través de decretos de urgencias por el ministerio de Vivienda en el gobierno de Castillo.[107][108][109]

El Ministerio Público realizó investigaciones de un eventual tráfico de influencias después del reportaje de Cuarto poder sobre la contratista favorecida JJM Espino,[110][111][112] y un eventual lavado de dinero al descubrir una transacción bancaria entre Lilia Paredes y los Espino Lucana.[113] En julio de 2022 Hugo Espino y Yenifer Paredes dieron sus declaraciones para el Ministerio Público.[114] Al mes siguiente, en agosto del mismo año, el equipo contra la corrupción del poder de la Fiscalía intervino a los municipios de Cajatambo y Anguía tras recibir financiamiento ilícito de la empresas contratadas JJM Espino y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C.[115] El 9 de agosto de 2022 se dictó una detención preliminar por 15 días para Paredes, los hermanos Espino y el alcalde Medina Guerrero.[116][117] Al día siguiente, la hija putativa de Castillo se entregó a la justicia.[118] Sin embargo, en marzo de 2023 se relveló una carta hacia el general de PNP Raúl Alfaro, en que luego de escribirse en octubre de 2022 fue liberada al día siguiente.[119]

En respuesta a las investigaciones, el 9 de agosto Pedro Castillo declaró un mensaje de la Nación en el que calificó a dichas investigaciones de «show mediático».[120][121] Con la investigación de Sada Goray, la Procuraduría General del Estado estimó perdidas de 148 millones de soles contra el gobierno central.[122]

Yenifer Paredes y hermanos Espino Lucana

Una de los integrantes vinculados con la construcción irregular de obras es Yenifer Paredes, hija putativa del presidente Castillo y hermana de Lilia Paredes, que trabajó para empresas constructoras del departamento de Cajamarca, operadas por la familia Espino Lucana y amigos según el reportaje del dominical Cuarto poder en julio de 2022.[123]

Paredes se desempeñó inicialmente como secretaria de la municipalidad de Anguía, una de las más beneficiadas de la construcción de obras, entre 2019 y 2021.[114] Cuando Castillo entró al poder, la municipalidad bajo el cargo de José Nenil Medina Guerrero recibió 29 millones de soles para construcción de obras varias,[124] más 19 millones para la construcción de carreteras sin la supervisión de Provías en octubre de 2021.[125] Destacan además las licitaciones de dos empresas: Asiel Ingeniería y Construcción S.A.C, de Díaz Gálvez (según registros de conversaciones en 2017 al Ministerio de Vivienda),[126] el 25 de noviembre de 2021 por 5 millones de soles.[127] Y Destcon Ingenieros & Arquitectos, de Espino Lucana, por 3.8 millones de soles en noviembre de 2021.[123][128][129][130]

En 2020 Paredes trabajó para JJM Espino para el empadronamiento de La Succha y La Palma, centros poblados ubicado en el distrito de San Miguel para realizar futuras obras de saneamiento.[131][132] JJM Espino, considerada como empresa fantasma según Hildebrandt en sus Trece,[133] fue fundada por su amigo ingeniero Hugo Jhony Espino y comenzó sus operaciones en 2019.[134] Posteriormente, el 6 de octubre del 2021 obtuvo la licitación de la obra pública del mantenimiento de un colegio dentro de Cajatambo,[135] en que ese entonces Espino visitó frecuentemente al Palacio de Gobierno.[136]

Salatiel Marrufo

En octubre de 2022 detuvieron a Salatiel Marrufo, jefe del asesores del Ministerio de Vivienda,[137] además del colaborador del ministro, quien permitió favorecer a empresarios en la transferencia de bienes del Estado.[138][139] En diciembre de 2022, una de los empresarios contactados y posteriormente involucrada en la irregularidad de obras edificadas, Sada Goray, confesó que hubo un millonario soborno de Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para sanear un terreno estatal en venta en Chilca.[140][141] Ese terreno de 90 hectáreas iba a destinarse como proyecto inmobiliario de la empresa privada Centenario Desarrollo Urbano por 47.6 millones de dólares.[142] En ese mes el Ministerio Público anunció una nueva investigación sobre el caso,[143] mientras que enero de 2023 la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales anuló la transferencia del bien hacia Goray.[144]

Posteriormente Marrufo dio declaraciones sobre los favores políticos involucrados en las cuestionadas obras públicas decretadas por la Ley 31436.[145] Esta persona declaró revelaciones sobre la empresa que operaba Sada Goray con el gobierno.[146]

Caso Marka Group

El 2 de agosto de 2021, el periodista Mauricio Fernandini, intercediendo por la empresaria Sada Goray (gerente general de la inmobiliaria Marka Group),[147] le envió un mensaje al por entonces ministro de vivienda Geiner Alvarado. Alvarado le respondió poniéndole en contacto con Salatiel Marrufo,[148] el por entonces jefe de los asesores del ministerio de vivienda.[28] El 3 de agosto, Fernandini se reunió con Marrufo en San Isidro. En dicha reunión, Fernandini le dijo a Marrufo que Pilar Tejero (prima de Fernandini) y Sada Goday querían hablar con él. Marrufo aceptó y se puso en contacto con Tejero. El departamento de Fernandini fue usado para concretar reuniones entre Goday y Marrufo; a cambio, se le dio a Fernandini la suma de 10 000 soles por seis meses.[148] Producto de las reuniones, las empresas de Goday fueron beneficiadas durante la gestión de Pedro Castillo participando en fideicomisos del fondo Mi Vivienda tras entregar sobornos a Marrufo.[149]

Según testimonios de Goray, ella le entregó 4 millones de soles en sobornos a Marrufo para que no paralizara las obras en su sector. En su testimonio, Goday señalaría que «el señor me presionaba. Conocía mi casa. Tenía miedo por mi familia. Se los hacía llegar en bolsas de papel… Él me dijo que la plata era para el Presidente». Marrufo, por su parte, aceptó haber recibido los sobornos aunque mencionó que lo hizo bajo presión de Geiner Alvarado y Pedro Castillo.[150] Posteriormente Sada Goray afirmó que «[Marrufo] decía que estaba encargado de conseguir su planilla mensual de 175.000 soles para el presidente».[151] El diario El Comercio calculó que Goray entregó casi cinco millones al despacho presidencial, con una tasa de interés recuperada de dos millones.[152]

Según testimonios de Marrufo, Goray intentó vender otro terreno en Piura.[153] De la transacción saldría una coima de 2 millones de soles a Castillo.[154] El comprador del terreno sería el Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción (SENCICO).[153]

Goray declaró posteriormente de forma reservada con Patricia Benavides en 2023 desde los Estados Unidos.[155] El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder incluyó a Marka Group en el organigrama de la red criminal del gobierno.[156]

Irregularidades en la seguridad del Estado

Ascensos irregulares de militares

El excomandante general del Ejército José Alberto Vizcarra Álvarez declaró en noviembre de 2021 que el presidente Pedro Castillo lo retiró porque no aceptó ascender a los recomendados por Castillo debido a «que era imposible porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos, me manifestó si se podía hacer algo, le dije que podía darle una vacante por decreto, pero le advertí que el impacto negativo iba a ser grande».[157] Además, denunció que el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala ordenaron el ascenso irregular de dos coroneles del Ejército a cambio de jurar lealtad al presidente.[158][159] El entonces general Vizcarra, días después de sus declaraciones, pasó al retiro.[160]

Tras la difusión de los mensajes de WhatsApp donde Castillo hablaba con Vizcarra Álvarez y el escándalo suscitado, la Fiscalía confirmó su autenticidad.[161] En diciembre de 2021 Castillo fue citado por la Fiscalía General por la investigación de ascensos militares.[162] Castillo reconoció los chats pero negó que se tratara de alguna presión para ascender a sus recomendados.[163] Posteriormente citó a los militares implicados para que den testimonio.[164][165]

Ascensos irregulares en la policía

El exsubcomandante de la Policía Nacional del Perú Javier Bueno denunció que hubo interferencia de Castillo en los ascensos en la policía.[166] Tras la denuncia, la Comisión de Defensa del Congreso de la República citó a Javier Bueno para que de su declaración al respecto.[167]

En julio de 2022 la fiscal Patricia Benavides incluyó a Castillo como implicado en la organización en el proceso de los ascensos tanto militares como policiales.[168] Según la Fiscalía, los ascensos generaron ingresos de la US$120 mil al gobierno.[169] Para agosto de 2023, el Ministerio Público dedujo que 10 coroneles fueron ascendidos para garantizar la fuga de los implicados en la red de corrupción.[170]

Detenciones y allanamientos

En diciembre de 2022 se allanaron 27 viviendas en varias ciudades del país, la mayoría corresponden a Walter Ayala, al conocerse los ascensos irregulares. Además, seis policías fueron detenidos.[171] Posteriormente se detuvo a Jorge Tarrillo, exescolta de Castillo.[172] El 3 de enero de 2022 la Policía anunció la suspensión de los ascendidos de forma irregular.[173]

Sistema de espionaje

El ciudadano español Jorge Hernández, alias «El Español»,[174] fue sindicado como el operador de una red paralela de inteligencia a favor de Pedro Castillo.[175] El Español fue detenido luego de difundirse mensajes para la compra de equipos para labores de contrainteligencia contra opositores del gobierno de Castillo.[176]

El 12 de septiembre de 2022, «El Español» se puso en contacto con Carlos Barba Daza, oficial retirado de la marina, para comunicarle que Castillo se reuniría con él para ofrecerle la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).[177] En la reunión que se dio entre Daza, Castillo y Henry Shimabukuro (entonces asesor de inteligencia de Castillo), Castillo le mencionó a Daza que construyera un grupo de "inteligencia paralelo" con ayuda de "El Español" y buscar la forma de desacreditar a la fiscal de la Nación Patricia Benavides y al coronel de la PNP Harvey Colchado.[178] Daza no aceptó el cargo.[177] En el allanamiento de la casa de Shimabukuro se encontró una disposición para copar de ronderos el Grupo Terna.[178]

Las actividades de «El Español» a favor de Castillo pasaba por realizar atentados contra colaborares eficaces,[179] siendo los principales blancos la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción, y el coronel de la PNP, Harvey Colchado.[180] Colchado es uno de los policías responsables en destapar casos de la presunta red de corrupción a pesar de que el presidente es quien asumía el liderazgo de las fuerzas policiales.[181]

Véase también

Referencias
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