Detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina

El sistema de desaparición de personas fue racionalizado por primera vez por el nazismo, a partir del Decreto Noche y Niebla (Decreto Nacht und Nebel) de Hitler, del 7 de diciembre de 1941, cuyo texto fue reconstruido por el Tribunal de Núremberg. Los ideólogos del nazismo sostenían que el Decreto daba inicio a una «innovación básica» en la organización del Estado: el sistema de desapariciones forzadas.

La orden básica del Decreto de Noche y Niebla de Hitler era:

Los actos de resistencia de la población civil en los países ocupados solo se castigarán por una corte marcial, cuando: a) había certeza de que se aplicará la pena de muerte y, b) cuando la sentencia se pronunciase dentro de los ocho días posteriores al arresto.

Según palabras textuales de Hitler, el resto de los opositores debían ser detenidos durante «la noche y la niebla» (por el Decreto Nacht und Nebel) y llevados clandestinamente a Alemania sin dar otra información que el hecho de su detención.

Entre los fundamentos del decreto se explica que:

El efecto de disuasión de estas medidas... radica en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y, b) que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino.

El texto reconstruido precisa que:

Una intimidación efectiva y duradera solo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo y por la misma razón, la entrega del cuerpo para su entierro en su lugar de origen, no es aconsejable, porque el lugar del entierro podrá ser utilizado para manifestaciones... A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada.[10]

En Argentina, un camionero testigo de los vuelos de la muerte declaró que le preguntó a un militar sobre el destino de los cadáveres que traía, y este contestó: «Van a la niebla de ninguna parte».[11]

El Decreto de Noche y Niebla de Hitler es mencionado como antecedente de la política de desapariciones forzadas en Argentina, en algunas resoluciones judiciales. El juez español Baltasar Garzón lo menciona en una resolución del 2 de noviembre de 1999, por la que dispone procesar a 98 militares argentinos acusados de crímenes de lesa humanidad:

Igual que en el decreto nazi "Noche y Niebla" los traslados clandestinos, la convicción de los secuestrados acerca de que no podrán conectarse con el exterior y la simétrica imposibilidad de los familiares, políticos, sacerdotes o amigos de conocer lo que sucede en los campos de concentración, les proporciona a los autores la garantía de impunidad, de irresponsabilidad.

Resolución del juez Baltasar Garzón[12]

También es mencionado en la sentencia que en 2006 pronunció el Tribunal Oral en los Criminal n.º 1 de La Plata en el caso «Etchecolatz»:

Esto tiene relación con los decretos de noche y niebla de 1941 de Hitler; la práctica de la desaparición forzada de personas es muy sofisticada desde el punto de vista psicológico, es superadora del crimen político convencional; los allegados no pueden dar por muerto a quienes no vieron morir, no hay muerte registrada ni formal, los familiares oscilan entre la realidad de la desaparición y la irrealidad de la muerte, esto origina conflictos psicológicos, son muertes sin sepulcro desde el punto de vista antropológico, los familiares siguen siendo torturados (psicológicamente), la espera no es un duelo, no lo propicia.

Sentencia Caso «Etchecolatz»[13]

La desaparición de personas como método represivo fue introducida en la Argentina por la llamada «Escuela militar francesa» desde los últimos años de la década de 1950. Francia había sufrido en 1954 la catastrófica derrota militar en la Batalla de Dien Bien Phu, contra la Liga para la independencia de Vietnam (Viet Minh), que puso fin a la Guerra de Indochina y abrió el camino a la independencia de Vietnam. La derrota de Dien Bien Phu ante fuerzas militarmente inferiores pero con fuerte apoyo de la población, inconcebible antes de la misma, que llevó a la pérdida de la colonia de la Indochina francesa, produjo un shock en las fuerzas armadas francesas, formadas en la guerra convencional entre países. De esa coyuntura, surgió desde los propios militares franceses, la noción de «guerra subversiva», concepto que poco después fue reemplazado por «doctrina de la guerra revolucionaria» (DGR).[14]

Pocos meses después del desastre en Indochina, Francia debió enfrentar otra guerra de independencia, esta vez emprendida por la guerrilla del Frente de Liberación Nacional de Argelia que, al igual que en Vietnam, contaba con fuerte inserción en la población colonizada. En ese contexto el coronel francés Charles Lacheroy publicó el libro La campagne d’Indochine, ou une leçon de guerre révolutionnaire (La campaña de Indochina, o una lección de guerra revolucionaria),[15] donde expone conceptos tácticos y estratégicos que venía elaborando desde dos años antes. Lacheroy dice que la guerra revolucionaria es una «guerra de nuevo tipo» (nouvelle guerre), «no convencional» en la que la acción psicológica juega un papel fundamental, y la retaguardia se vuelve más importante que la tropa. Como el enemigo está inserto en la población, no se trata tanto de un combate por el territorio, sino de una lucha por los «corazones» y las «mentes» de la población local. Lacheroy admite en su libro que en este tipo de guerras, se deben usar métodos «repugnantes para la conciencia humana».[14]

El Ejército francés adoptó las ideas que venía difundiendo Lacheroy y las puso en práctica en Argelia, cuando la guerra de descolonización comenzó en noviembre de 1954.[14] La tortura y la desaparición de personas fueron explícitamente utilizadas como armas y aplicadas sistemáticamente. Se crearon escuadrones de la muerte para secuestrar, interrogar bajo tortura y hacer desaparecer personas.

El coronel Marcel Bigeard, jefe de paracaidistas en Argelia, explicó en una entrevista en detalle como era la operativa:

Yo di la orden: ustedes deben actuar en forma contundente contra los que colocaban las bombas, interrogarlos duramente, no sacarles los ojos ni cortarles las orejas pero aplicarles la picana, electrodos para pasarles corriente eléctrica. La llamábamos “la gehgene”.[14]

Por su parte el general Paul Aussaresses completó el modo de operar del siguiente modo:

Los escuadrones de la muerte eran suboficiales que Masssuh puso a mi disposición, cuyo número y nombre no revelaré nunca. Recorría toda la noche los regimientos preguntando a sus jefes y a los oficiales de informaciones qué habían hecho y qué habían conseguido. Cuando teníamos a un tipo que ponía una bomba lo apretábamos para que diera toda la información. Una vez que había contado todo lo que sabía, terminábamos con él. Ya no sentiría nada. Lo hacíamos desaparecer.[14]

La línea de conexión entre las atrocidades del nazismo y Francia durante el gobierno de Vichy, con las guerras para preservar el colonialismo en Indochina y Argelia, y su persistencia en la extrema derecha francesa, han sido señalados por varios autores.[16][17]

Desde mayo de 1958 las técnicas la DGR comenzaron a enseñarse a iniciativa de Bigeard. Los cursos utilizaron como texto el manual La guerra moderna, del coronel Roger Trinquier, donde se justificaba abiertamente la tortura. Los cursos se realizaron en la Escuela de Guerra de París e incluían un mes de «práctica» en Argelia. Los primeros alumnos fueron argentinos, entre ellos, el general Alcides López Aufranc, seleccionado por el Estado Mayor argentino para iniciarse en lo se llamó en Argentina, la «doctrina francesa».[14]

Las técnicas fueron a su vez retrasmitidas a los militares argentinos en la Escuela Superior de Guerra de Argentina.[18][19] y luego de la Escuela de las Américas.

La Escuela de las Américas, creada por Estados Unidos en julio de 1963 en la Zona del Canal de Panamá, fue uno de los centros principales desde donde se promovió la instalación de decenas de dictaduras totalitarias y el uso tanto del terrorismo subversivo, como del terrorismo de Estado y el narcotráfico, en América Latina. Allí recibieron entrenamiento, incluyendo formación ideológica sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en la Guerra Fría, técnicas de tortura y manipulación de los medios de comunicación, más de sesenta mil militares y policías de hasta veintitrés países de América Latina, entre ellos varios criminales con actuación en Argentina, los dictadores Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri.[20][21][22][23]

En 1996 Estados Unidos desclasificó documentos conteniendo manuales de instrucción sobre el uso de la tortura, la extorsión o la ejecución sumaria, definiendo como objetivos de control o seguimiento a aquellos pertenecientes a organizaciones sindicales, literalmente: «distribuyesen propaganda en favor de los grupos extremistas de izquierda o de sus intereses», «simpatizasen con manifestaciones o huelgas», «acusaciones sobre el fracaso del gobierno en solucionar las necesidades básicas del pueblo».[24][25][26][27]

Uno de los más célebres manuales de tortura fue el KUBARK. En él se describe el proceso de tortura mediante descarga eléctrica. Los manuales fueron desclasificados por la CIA en 1994.

Algunas de las denuncias formuladas contra la Escuela de las Américas por sus actividades criminales, provinieron del periódico panameño La Prensa la apodó «Escuela para asesinos». Jorge Illueca, presidente de Panamá, la llamó «la base gringa para la desestabilización de América Latina». En una carta abierta enviada el 20 de julio de 1993 al Columbus Ledger Enquirer, el comandante Joseph Blair, antiguo instructor de la Escuela de las Américas, declaró: «En mis tres años de servicio en la Escuela nunca escuché nada acerca de objetivos tan excelsos como los de promover la libertad, la democracia y los derechos humanos. El personal militar de América Latina venía a Columbus únicamente en busca de beneficios económicos, oportunidades para comprar bienes de calidad exentos de los aranceles de importación de sus respectivos países, y con transporte gratuito, pagado con los impuestos de los contribuyentes estadounidenses». De acuerdo con el senador demócrata Martin Meehan (Massachusetts): «Si la Escuela de las Américas decidiera celebrar una reunión de exalumnos, reuniría a algunos de los más infames e indeseables matones y malhechores del hemisferio».

En 1976, una comisión parlamentaria del Partido Demócrata, durante el gobierno de Jimmy Carter, reconoció las prácticas criminales que se estaban enseñando y promoviendo en la Escuela de las Américas y obligó a suspender sus actividades. En 1977, bajo las previsiones de los Tratados Torrijos-Carter relativos al Canal de Panamá, los Estados Unidos aceptaron la demanda panameña de retirar del país la Escuela para reubicarla en territorio estadounidense, en Fort Benning, Georgia.

En 1978 el agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel, envió un informe con un listado parcial de personas muertas y desaparecidas entre 1975 y julio de 1978 en Argentina, en el que afirma que hasta esa fecha se habían listado 22 000.[34][35][36] El documento publica parcialmente y revela la existencia de registros individualizados de las personas desaparecidas, que nunca fueron reconocidos por los responsables o hallados.

Otro documento de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina, firmado por el encargado de Derechos Humanos de la misma Allen Harris, relata que el 22 de diciembre de 1978, el primer secretario de la Nunciatura Kevin Mullen que un alto oficial del gobierno informó al Nuncio Pío Laghi que se «habían visto forzados a “hacerse cargo” de 15 000 personas en su campaña antisubversiva».[5][37]

El listado inicial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos era de 5566 casos,[4] que coincidía aproximadamente con las 5580 denuncias que se realizaron en 1979 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[38]

La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada al finalizar la dictadura por el Gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, tuvo por misión principal recibir denuncias en forma directa de víctimas y allegados, y elevarlas a la Justicia civil. En ocho meses se recibieron denuncias sobre 7380 desapariciones. Una vez presentado su informe (el libro Nunca más), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación continuó recibiendo denuncias que elevaron la cifra de desaparecidos denunciados a 8961 personas.[39][40]

Hasta 2003, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía registradas las denuncias correspondientes a 13 000 casos aproximadamente.[4]

En el 2009 el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) registraba 7140 víctimas de desaparición forzada, 1336 víctimas asesinadas y 2793 liberados/sobrevivientes. Esto da un total de 11 269 víctimas. De acuerdo a lo expresado por el ANM los registros originales de CONADEP contenían 544 individuos que eran registrados como desaparecidos pero no lo estaban, y otros 1009 casos debieron eliminarse porque o estaban duplicados o unificados con otros registros.[41]

El propio dictador Jorge Rafael Videla indicó en una entrevista que las desapariciones podían llegar "hasta 30 000":

No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil, diez mil, treinta mil.

Transcripción de Jorge Rafael Videla[28]

Tradicionalmente los organismos de derechos humanos, el movimiento sindical y la mayoría de los partidos políticos, realizaron una estimación de la cantidad de desapariciones en un número redondo de 30 000 personas.[4][5] En una carta escrita Eduardo Luis Duhalde en el año 2009, el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación defendía este número como el resultado de diversas variables tenidas en cuenta para su valoración, entre las que se encuentran por ejemplo la cantidad de centros de detención y exterminio, el número proporcional de Habeas Corpus presentados y los dichos de los propios militares.[6][7] Aseguraba que "la cifra de 30 000 no es ni arbitraria ni caprichosa, aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable" ya que "el carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad".[6][8]

Los funcionarios de la dictadura negaron desde un primer momento haber sido responsables de la desaparición de personas durante el Proceso de Reorganización Nacional. En algunos casos sostuvieron que las personas desaparecidas lo habían hecho por propia voluntad, permaneciendo vivas, o habían sido asesinadas por las organizaciones guerrilleras. Desde entonces, ha existido una corriente negacionista en Argentina, orientada a negar los hechos o discutir las estimaciones de personas desaparecidas.[5]

En 1997 el exmilitar carapintada y exdiputado nacional Aldo Rico cuestionó las desapariciones afirmando públicamente que «Si gana la oposición, muchos de los 11 600 desaparecidos que hubo van a aparecer».[42] En 2001 la actriz Elena Cruz negó también que hubieran desaparecido 30 000 personas al afirmar que los desaparecidos fueron solo «2400 personas».[43]

En 2003, el exdictador Reynaldo Bignone, entrevistado por la periodista francesa Marie-Monique Robin, negó la cifra de 30 000 desaparecidos afirmando que «solo fueron 8 000, de los cuales 1500 bajo el gobierno de ellos».[44]

En noviembre de 2013, el diario Perfil de Buenos Aires publicó un artículo en el que Luis Labraña, exmilitante de la agrupación Montoneros[45], afirmaba que el número de 30 000 desaparecidos era una cifra que él mismo había inventado para conseguir un subsidio.[46] Más tarde, el propio Luis Labraña reafirmó ese dicho en televisión, asegurando que la cifra fue inventada por él mientras estaban un grupo de jefes de Montoneros en Europa pidiendo subsídios a distintas ONGs.[47]

Marcha con fotos de desaparecidos durante el trigésimo aniversario del golpe de Estado de 1976.

El 25 de enero de 2016, el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y director del teatro Colón Darío Lopérfido, de la Unión Cívica Radical, dijo sobre el número de víctimas de la dictadura cívico-militar: «En Argentina no hubo 30 000 desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada para conseguir subsidios».[48][49][50][51][52][53] El Estado solo subsidió a los familiares de 9334 desaparecidos denunciados.[54][55]

Nosotros manejamos esa cifra de 30 000 porque los propios genocidas la llevaron a 45 000. Todavía estamos recibiendo denuncias de nietos que nacieron en cautiverio porque hay personas que se están animando ahora a contar la verdad. ¡Qué maldad empezar a manejar cifras! Que nos dé la lista de los que él piensa que son, si la tiene. [...] Hubo familias que quedaron diezmadas y nadie hizo denuncias. Se registraba como se podía.

Estela de Carlotto[56]

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel le respondió a Lopérfido en los siguientes términos:

Le pediría a Lopérfido que se informe. Soy un sobreviviente de la época de la dictadura. Esta persona quiere tratar de revertir una realidad que es imposible revertir. Este Gobierno [de Mauricio Macri] quiere revertir muchas cosas.

Adolfo Pérez Esquivel[57]

Meses después el excombatiente de Malvinas, Mayor del Ejército, ex carapintada, doctor en ciencias políticas y, por ese entonces, director de Aduanas Juan Gómez Centurión, puso en cuestión la cantidad de muertos por la dictadura al afirmar que «no es lo mismo 8 000 verdades que 22 000 mentiras». Luego se expresó en contra del hecho de que la dictadura implicó un plan sistemático y centralizado de desaparición de personas:[58]

Lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra. (...) Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento.

Apenas asumida la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín (1927-2009) firmó los decretos de creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.

El Gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a penas por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua de los principales responsables. Era la primera vez que se enjuiciaba ―sin más armas que las leyes― a quienes detentaron la suma del poder público. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la República desde 1922. Este fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad.

Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el Congreso de la Nación aprobó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, propuestas por el gobierno de Raúl Alfonsín, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes del terrorismo de Estado.

Los condenados permanecieron presos hasta que en 1990 el presidente justicialista Carlos Menem los indultó permitiendo la liberación de los que no estaban procesados por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres.

El 15 de abril de 1998, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de Punto Final (N.º 23.492) y Obediencia Debida (N.º 23.521), que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas «insanablemente nulas» (Artículo 1.º) por la Ley 25.779. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación los indultos de 1990.

Actualmente (en el año 2017) todavía hay familiares ―en algunos casos nucleados en Abuelas de Plaza de Mayo― que buscan a sus nietos, hijos de desaparecidos, que fueron robados y criados por otras familias, en algunos casos, de los mismos militares involucrados en la desaparición de sus padres.

El 4 de agosto de 2006 se condenó por primera vez a un responsable directo de las desapariciones. Se trata del exsuboficial de la Policía Federal Argentina Julio Simón, también conocido como "Turco Julián", que fue condenado a 25 años de prisión.[59] Simón había sido beneficiado por las Leyes de Obediencia Debida y de Punto final que evitaron el inicio de nuevos juicios a represores.

Durante más de 25 años normas como las de Ley de Obediencia Debida y Ley de Punto Final impidieron en Argentina llevar ante los tribunales penales a todos los acusados de delitos de secuestros, desaparición forzada, torturas, asesinatos en los años de la dictadura militar. Por este motivo, los organismos de derechos humanos y de familiares de los desaparecidos buscaron ayuda en el exterior, para alcanzar la verdad y la justicia. Desde 1985 se abrieron procesos judiciales en Italia, por los ciudadanos de origen italiano desaparecidos en Argentina. El primer juicio concluyó en Roma el 6 de diciembre de 2000 con la condena a cadena perpetua de los generales Guillermo Suárez Mason y Omar Riveros. En ese juicio el Tribunal de Roma también condenó a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin, culpables del delito de homicidio en el caso de Martino Mastinu.

También en Francia se desarrolló un juicio contra la dictadura argentina, por el secuestro y asesinato de dos monjas ciudadanas de ese país. En este juicio se sentenció al Teniente de Fragata Alfredo Astiz, alias "Ángel de la Muerte", a prisión perpetua. Años después también se presentaron denuncias penales contra miembros de la dictadura militar Argentina en España, Alemania, Suiza y Suecia. En España los juicios empezaron en 1996 y después de más de 8 años determinaron el 19.04.05 la sentencia a prisión perpetua del excapitán de fragata Adolfo Francisco Scilingo, quien había descrito en Argentina los vuelos de la muerte.

El 11 de julio de 2001, el Tribunal de Núremberg (en Alemania) emitió órdenes de captura internacional contra el general Carlos Guillermo Suárez Mason por su responsabilidad en el asesinato de la socióloga alemana Elisabeth Käsemann en mayo de 1977 en Buenos Aires. Más tarde, el 21 de diciembre de 2001, el mismo tribunal de Núremberg emitió órdenes de captura contra el almirante Emilio Eduardo Massera, el coronel Pedro Alberto Durán Sáenz, y el general Juan Bautista Sasiaiñ, por sus responsabilidades en el asesinato de Elisabeth Käsemann. Los pedidos de extradición a Alemania de estos acusados fueron rechazados por el poder judicial de Argentina.

El 28 de noviembre de 2003, a pedido de la fiscalía de Núremberg, el tribunal de esa ciudad emitió órdenes de captura contra el exmiembro de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, el exalmirante Emilio Eduardo Massera ―también integrante de la Junta de Gobierno de la dictadura militar―, y el exgeneral Guillermo Suárez Mason, por su responsabilidad en los homicidios ―en Argentina― de los ciudadanos alemanes Elisabeth Käsemann y Claus Zieschank.

Los juicios en Europa cumplieron un importante rol de presión al poder judicial y al gobierno argentino, que finalmente, tras casi 30 años después del Golpe de Estado, anularon las leyes de impunidad, para juzgar en el propio país a los acusados por los delitos de derechos humanos durante la época de la dictadura militar, y así evitar tener que extraditarlos al exterior, como lo venían reclamando tribunales de España, Italia, Francia y Alemania.