Eduardo Umaña Mendoza

Estuvo ligado como su familia con la Universidad Nacional de Colombia, estudió Derecho en la Sede Principal de la Universidad Libre (Colombia) de donde se graduó en 1977. Se desempeñó como profesor de Instituciones políticas y de Derecho constitucional colombiano en la Universidad Externado de Colombia.

Hacía parte de un grupo dedicado a realizar el estudio jurídico del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948.[2]

En junio de 1987 Eduardo Umaña Mendoza realizó una intensa actividad de sensibilización y denuncia en Europa sobre la situación de violación sistemática a los derechos humanos en Colombia. Sus análisis se escucharon en numerosos recintos; fueron muchos sus auditorios, y diversos los frutos de ese trabajo.

Uno de sus logros más importantes fue la defensa a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, y al Partido Comunista Colombiano, por parte de grupos pertenecientes al paramilitarismo en Colombia de extrema derecha.

Como abogado defendió por muchos años a los sectores populares con resuelta decisión: En la década de los 80 asumió la defensa de los 300 guerrilleros del M-19 durante los consejos de guerra donde denunció los abusos y las torturas hacia los guerrilleros y de las familias de las víctimas de la desaparición forzada en la Retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército Nacional (6 y 7 de noviembre de 1985) siendo el primer jurista que afirmara y probara de que se capturaron torturaron y asesinaron civiles en los hechos de la retoma; tomo las investigaciones por las desapariciones de Luis Fernando Lalinde, miembro de la Juventud Comunista Colombiana y Nydia Erika Bautista militante civil del M-19.

Durante la década de los noventa tomo también la investigación por el asesinato del ex-comandante de M-19 Carlos Pizarro Leongomez y la desaparición de su colega abogado Alirio Pedraza Becerra. En esa década fue un aguerrido defensor de los trabajadores que fueron reprimidos judicialmente por resistir al proceso de entrega de los recursos naturales a las multinacionales, como en los casos de los Sindicatos de la Unión Sindical Obrera (USO, de la Empresa Colombiana de Petroleos (Ecopetrol), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM), y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá así como de las personas que eran incriminadas bajo la jurisdicción de la justicia sin rostro (sistema judicial que se creó en 1990 para proteger a los jueces que tuvieran a cargo procesos contra jefes del narcotráfico y del que Umaña Mendoza fue un duro crítico); emprendió el estudio del caso por el magnicidio del caudillo colombiano Jorge Eliecer Gaitán manifestando la participación de la Central de Inteligencia Norteamericana en el hecho; hizo parte de una de las delegaciones internacionales para defender la amenazada vida del líder de la guerrilla peruana Sendero Luminoso en 1993, Abimael Guzmán, durante el régimen de Alberto Fujimori, y otros líderes senderistas de quienes se exigían la pena de muerte debido a su autoría intelectual en la campaña actos de terrorismo de su grupo guerrillero contra la población civil peruana al cual denominó "guerra popular" ; fue el abogado defensor de un grupo de dominicanos detenidos injustamente por el Estado colombiano acusados de ser militantes internacionales de las FARC-EP hasta lograr su absolución; fue el abogado de Marcela Vázquez Pombo, novia del fallecido actor de televisión colombiana Diego Álvarez (muerto en extrañas circunstancias en abril de 1993) quien fuera acusada sin pruebas por la Fiscalía del supuesto crimen de su novio hasta su absolución; también junto con sus colegas de oficio como Jorge Eliecer Molano y el sacerdote Javier Giraldo compusieron la comisión intereclesiástica para esclarecer la Masacre de Trujillo e impulsar el decreto que tipificara la desaparición forzada como delito. Representó en decenas de oportunidades los casos más controvertidos de injusticia, siempre en defensa del cumplimiento de los derechos humanos.