Sistema educativo de Argentina

La educación en Argentina ha tenido una historia complicada.[27] Aunque en 1613 fue fundada la Universidad jesuítica de Córdoba, la más antigua del país y una de las primeras de América. La expulsión de los jesuitas del Imperio Español de 1767 hizo que 2630 jesuitas tuvieran que dejar Iberoamérica, lo que significó un terrible golpe a nivel educativo ya que la inmensa mayoría de las instituciones educativas del territorio estaban a cargo de ellos como profesores.[28]

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), principal impulsor de la educación argentina en el siglo XIX

Durante la Independencia Argentina y las Guerras civiles argentinas, para reducir gastos se anuló la mayor parte del presupuesto dedicado a la educación.[29]

En el período llamado Organización Nacional el presidente Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) que hizo hincapié en actualizar el país con las prácticas de los países desarrollados. Sarmiento alentó la inmigración y el asentamiento de educadoras estadounidenses ("las maestras de Sarmiento") había planeado la llegada de 1000 docentes al país provenientes desde los Estados Unidos como modo de implantar la cultura anglosajona. Sin embargo la falta de atractivo en la propuesta solo encarnó en 65 docentes —tan solo 4 de ellos hombres— que arribaron a la Argentina entre 1869 y 1898.[30]

Durante la presidencia de Julio A. Roca[31] quien fue dos veces Presidente de la Nación ―entre 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904― y máximo representante de la Generación del Ochenta, se creó por decreto el Consejo Nacional de Educación el 21 de enero de 1881, organismo dirigido inicialmente por Domingo Faustino Sarmiento, que ponía bajo la órbita del poder ejecutivo la administración de las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires, para luego extender su control a todas las escuelas nacionales del país. Posteriormente, en 1884, sancionó la Ley 1420 de Educación Común,[32] estableciendo su carácter obligatorio, estatal, laico y gratuito para las escuelas primarias. El carácter no religioso de este sistema, que prohibía a las escuelas parroquiales la expedición de títulos oficiales directamente, sino solo a través de una universidad pública, dañó las relaciones entre el Estado argentino y la Iglesia católica, provocando la resistencia del clero local y un conflicto con la Santa Sede (a través del nuncio papal). Al asumir Julio A. Roca su primer presidencia había 1214 escuelas públicas y al finalizar su primer mandato eran 1804, la cantidad de alumnos se incrementó un 118 % pasando de 86 927 a 180 768. El número de docentes pasó de 1915 en 1880 para terminar en 5348 en 1886, lo que significó una brusca reducción en la cantidad de alumnos por maestro.[33] En 1876 serán cerradas las escuelas de minería de Catamarca, y las de agricultura de Salta, Tucumán y Santa Catalina en Buenos Aires abierta en 1870. Ese mismo año se derogó la ley 419 de bibliotecas populares. La derogación de la ley 419 y la reducción en la cantidad de libros enviados a las bibliotecas —entre otras cosas— serán consecuencia de un Estado que recorta constantemente fondos del presupuesto educativo como producto de la retracción de la economía desde 1873. A pesar de algunos avances de la población en edad de ser escolarizada cuya edad oscilaba entre los seis y los trece años, solo el 35 % iba a la escuela en 1895.[34]

Hacia 1910, en el marco de los festejos del Centenario, se profundizaron los contenidos patrióticos a fin de consolidar una concepción unificadora de la identidad nacional. En esta línea de acción, se había sancionado la Ley Láinez,[35] que señalaba claramente el influjo del Estado nacional en los sistemas educativos provinciales. Durante este período, también se fundaron varias escuelas de carácter religioso, como el Colegio San Agustín y el Belgrano Day School en Capital Federal, el Colegio Ward en Villa Sarmiento o el Colegio Santo Domingo en Ramos Mejía, fundados en 1907, 1912, 1913 y 1915, respectivamente. Previo a la crisis económica de 1873 existió un intento por desarrollar una educación más vinculada al conocimiento técnico. Aunque el debate se mantuvo abierto a lo largo de la década, la crisis de 1873 tendió a cerrar ese camino. Las posturas educativas del modelo agroexportador en torno al carácter productivo fueron suplantadas por una orientación que buscó defender desde el Estado un tipo de régimen político y social particular. Con la llegada definitiva de una élite terrateniente como única clase social capaz de tomar el control productivo y contar con cuadros políticos para la administración burocrática del Estado, se intentó imponer un proyecto educativo para justificar su existencia, mantener a raya cualquier tipo de experiencia popular, y formar elementos útiles para su reproducción del sistema.[36] En el apartado de la Memoria de 1876 llamado “Instrucción Pública” se reconoce que existen adversidades para el desarrollo de la educación: “Los pueblos nuevos como el Argentino, tienen así mismo que luchar con inmensas dificultades para difundir la educación, y esto hará que su programa sea lento quizá por medio siglo aún.” (Memoria, 1876: XXXIX).

La educación continua sin censos serios que especifiquen sus carencias, así como de un sistema uniforme de enseñanza. Hay carencia casi completa de libros y útiles, en algunas escuelas faltan hasta bancos adecuados, libros, mapas, pizarras, en otros casos ni siquiera hay programas ni buenos o idóneos maestros (Memoria, 1876: XXXIX)

Mientras que en el período 1875-1877 la población escolar creció solo un 3,8 %, la población infantil creció un 8,8 %. En 1875 el 24,4 % de los niños entre los seis y los dieciséis años estaban incluidos en el sistema educativo, mientras que en 1877 solo el 23,1 % de los niños de seis a catorce años lo estaba, marcando un descenso del 1,3 %.[37]

A raíz de la reforma universitaria de 1918, la educación argentina, sobre todo a nivel universitario, se hizo más independiente del gobierno, así como la influyente Iglesia Católica.^{[cita requerida]} En diciembre de 1943, al final de la Década Infame, la dictadura de Pedro Pablo Ramírez estableció la educación religiosa en las escuelas públicas, lo que fue ratificado por ley del Congreso el 14 de marzo de 1947 y se mantuvo durante casi todo el gobierno de Perón, hasta ser abolida el 16 de diciembre de 1954 en el marco del conflicto del gobierno con la Iglesia católica.[38][37]

La escuela argentina se había formado como un territorio neutral sin discriminación política, racial ni religiosa, pero durante el gobierno peronista no solamente los docentes estaban obligados a comentar los actos de gobierno más importantes y propaganda favorable al gobierno.[39]

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955), la implementación del Estado de bienestar provocó una gran ampliación del consumo. Esto y el desarrollo y puesto en práctica de los derechos sociales repercutieron en la extensión de la matrícula educativa. Un punto álgido fue el comienzo de la gratuidad universitaria; el 22 de noviembre de 1949 se decretó la gratuidad universitaria, impulsada por el gobierno de Perón, medida que cambió para siempre el rumbo del sistema de educación superior argentino; firmando el Decreto N.º 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios,[40] a través del decreto 29.337. Se aseguraba así el acceso irrestricto del pueblo a la cultura, a la educación superior y a la formación profesional universitaria, eliminando la imposición de los aranceles vigentes y estableciendo que "como medida de buen gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación. Entre los años 1935 y 1955 la matrícula de la UBA pasó de 12 000 a 74 000 alumnos. Ley 13.031: Primera ley de educación del gobierno justicialista. Según Susana Roldán,[41] tras 15 años de democracias restringidas e intervenciones militares sobre los gobiernos civiles, en 1946 el Congreso sancionó una nueva Ley de Educación Superior que puso a las universidades bajo la órbita de las reglas de una democracia sin proscripción. Para eso, y marcando un hito en la historia de la legislación sobre educación superior, el peronismo dictó en 1947 la Ley N.º 13.031, denominada Ley Guardo, en honor al diputado justicialista creador de su articulado. Esta legislación puso punto final a la larga vigencia de los cuatro artículos de la reducida Ley N.º 1.597 de 1885, “Ley Avellaneda”, que ofició de marco legal hasta entonces. En 1949 von la intención de atender a algunos planteos de los universitarios e incorporar avances de la ley sancionada en 1947 y sentar las bases para una nueva Ley, se incorpora un artículo en la Constitución Argentina de 1949. En el año 1954 se sanciona una nueva Ley, la 14.297. En ella se incorporan algunos otros postulados de la Reforma Universitaria, como la definición de la extensión y la participación directa de los estudiantes, esta ley profundiza la participación estudiantil en el gobierno de las Facultades, otorgándoles el derecho al voto.[42][43]

La dictadura autodenominada Revolución Libertadora intervino las universidades, expulsando a profesores y científicos ―acusándolos de «peronistas»―. Su política educativa tenía como objetivo la desperonización del pueblo y combinando un gran despliegue de su aparato represivo y de propaganda.[44] Tras el Golpe de Estado de 1955, las dictadura de Aramburu e Isaac Rojas expulsaron a profesores simpatizantes del peronismo de las escuelas y universidades. La persecución motivó a muchos profesores a exiliarse. En los meses siguientes cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. Emigraron 301 profesores universitarios de los cuales 215 se dedicaban a la investigación científica.[45][46] Durante el gobierno de Arturo Frondizi se reglamentó el artículo 28, que permitía que las universidades privadas otorgaran títulos habilitantes.[47]

En 1984, por la ley N.º 23.114, el gobierno radical de Raúl Alfonsín convocó a un Congreso Pedagógico Nacional supuestamente para atender las deficiencias del sistema educativo pero con el fin de definir si la Educación Pública debía ser Estatal o no Estatal, de lo que dependería si los colegios privados seguirían recibiendo apoyo económico del Estado y si los padres de ingresos medios y bajos podrían elegir el tipo de educación para sus hijos en escuelas de gestión privada.[1] Raúl Alfonsín confió la organización del congreso a su equipo educativo, encabezado en 1984 por el ministro Carlos Alconada Aramburú, y el diputado Adolfo Stubrin, ambos con enfoques estatistas.

El enfoque estatista era impulsado por radicales y comunistas; y el enfoque no estatista defendido por la Conferencia Episcopal Argentina, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Justicialista, la Unión del Centro Democrático, el Movimiento de Integración y Desarrollo.^{[cita requerida]} Triunfó el enfoque no estatista. A partir de entonces, el sistema educativo en la Argentina es de Educación Pública (de Gestión Estatal o de Gestión Privada).[48]

Durante la década de los 90 el programa de la desregulación y la privatización, llevada a cabo por el presidente Carlos Menem, en reacción a la crisis socio-económica del país de 1989, condujo a la descentralización del sistema de la escuela media argentina, por lo que, a partir de 1992, la administración y la financiación de las escuelas se convirtieron en una responsabilidad provincial. La debilidad de la política, sin embargo, radica en que la coparticipación federal no aumentó acorde, sobre todo teniendo en cuenta la decisión de mover dos años de la escuela secundaria a la primaria.[49] Durante esta década se implementaron distintos modelos educativos, como la Educación General Básica y Educación Polimodal en todo el país a través de la Ley Federal de Educación.[50] Desde la reforma curricular de 1993 en adelante desde el Ministerio de Educación de la Nación se planteó de forma reiterada y en concordancia a la Constitución Nacional tanto la unificación del sistema educativo nacional como el respeto de las diversidades jurisdiccionales. Es por ello que cada provincia debía imprimirle a sus escuelas su estilo y contenidos propios. Garantizándose un piso mínimo de 180 días de clase.[51]

En los años 2000 se produjeron nuevos cambios educativos, se dictó la Ley de Financiamiento Educativo[52] y la Ley de Educación Nacional. La primera de ellas, en el año 2005, estableció un incremento progresivo de la inversión en educación, ciencias y tecnología por parte del gobierno nacional y las demás jurisdicciones, para alcanzar una participación del 6 % del Producto Bruto Interno [PBI]. En tanto que la Ley de Educación Nacional marcó el retorno al sistema tradicional de primaria, secundaria y colegios técnicos. Se destacó la participación de más 750 000 docentes y 700 organizaciones de la sociedad civil en la formulación de la ley.[53] El presupuesto educativo aumentó gradualmente durante los siguientes años: 4,0 % en 2005, 4,7 % en 2006, 5,0 % en 2007, 5,3 % en 2008, 5,6 % en 2009 y 6,47 % en 2010.[54] Entre 2003 y 2015 se construyeron 1824 nuevos establecimientos educativos.[55]

El programa Conectar Igualdad fue creado en abril de 2010 con el objetivo de entregar una netbook a cada estudiante y docente de las escuelas públicas secundarias, de educación especial, y de los institutos de formación docente. Capacitando a los docentes en el uso de esta herramienta, y elaborar propuestas educativas que favorezcan su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.[56] Para el año 2013 ya se habían entregado 3 millones de computadoras, y además se construyeron 1428 aulas digitales en todo el país.[57] En 2016, el presidente Mauricio Macri interrumpió ese programa.

Siguiendo la tendencia instaurada en la década de los 80, se observa un constante incremento en Argentina del porcentaje de estudiantes que asisten a escuelas y universidades privadas. La matriculación en establecimientos del sector privado representaba el 23 % de todo el sistema educativo en 2003 y alcanzó el 26 % en 2010.[58] Según datos del último censo nacional (de 2010) la tasa de analfabetismo es del 1,9 %, siendo la segunda más baja de Latinoamérica.[59] Se ha verificado también un descenso de los índices de repitencia y deserción escolar que alcanzó el país entre 2006 y 2013.[60]

Entre 2003 y 2015 se crearon 15 nuevas universidades, mientras que el egreso de estudiantes universitarios aumentó un 68 % respecto a datos previos.[61][1]

En la educación inicial: solo las salas de 4 y 5 años son obligatorias.

Universal para las instituciones de enseñanza estatal o privada:

• Lactantes (45 días-1 año)
• Deambuladores (1 año-2 años)
• Sala de 2 años
• Sala de 3 años (primera sala del "jardín de infantes")
• Sala de 4 años (obligatoria)
• Sala de 5 años (obligatoria)

La educación primaria tiene dos estructuras dependiendo la jurisdicción:

Estructura 1 de 6 años corresponde a las provincias de: Formosa, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego, Santa Fe

Estructura 2 de 7 años corresponde a las provincias de: Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy.

La educación secundaria tiene dos estructuras dependiendo la jurisdicción y en consonancia con la estructura de la escuela primaria:

(*) Solo en algunas especialidades.

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario

La educación superior se logra mediante institutos de educación superior o universidades. Varía de acuerdo a la institución y la carrera, puede durar desde los cursos de 6 meses de la educación terciaria con orientación a asistencia ejecutiva hasta los 12 años de Medicina con especialidad.

La educación superior argentina ―conocida como la docta Argentina― logró alcanzar niveles mundiales de excelencia en los años sesenta.[62] El país cuenta con tres ganadores del Premio Nobel en ciencias: Luis Federico Leloir, Bernardo Houssay y César Milstein.

Todas las universidades públicas y privadas aprobadas por la CONEAU ofrecen programas de grado y posgrado que otorgan títulos académicos y profesionales. En general, los programas de grado toman al menos cuatro años de estudio. Al finalizar una licenciatura, el «licenciado» pasa a ser considerado experto en un campo determinado. Las carreras de grado pueden dividirse básicamente en dos tipos:

Las licenciaturas son aquellas que acreditan experticia en investigación en un área del conocimiento determinado. Consisten en carreras de 4 a 6 años donde se requiere una cuota de investigación, en términos de años son equivalentes a una maestría en universidades estadounidenses o europeas. En algunos casos, dependiendo de los estatutos de la casa de estudio, puede llegar a solicitarse una «tesis de licenciatura», la cual consiste en un aporte de conocimiento en el campo respectivo de la carrera. El graduado puede ostentar el prefijo Lic. al rubricar su nombre.

Los profesorados por otro lado son aquellas carreras acreditadas que habilitan a la enseñanza universitaria. Por lo general consisten en carreras de 4 o 5 años no tan intensivas en investigación como las licenciaturas pero si rigurosas en la metodología de enseñanza. El graduado puede ostentar el prefijo Prof. al rubricar su nombre.

En particular, a diferencia de las licenciaturas, aquellos títulos de grado de universidades que habilitan a ejercer diferentes profesiones otorgan denominaciones particulares que habilitan le ejecución de diferentes disciplinas, como son los siguientes casos:

• Título de abogado: el cual se otorga al estudiante de derecho luego de una carrera reglamentada de 5 o 6 años de estudio regular. Al obtener el mismo, el graduado tiene derecho a usar el prefijo Abog. en su nombre propio.
• Título de médico: el cual se otorga al estudiante de Medicina luego de una carrera reglamentada de 6 años de estudio regular. Al obtener el mismo, el graduado tiene derecho a usar el prefijo Méd. en su nombre propio.
• Título de ingeniero: el cual se otorga al estudiante de Ingeniería luego de una carrera reglamentada de 6 años de estudio regular. Al obtener el mismo, el graduado tiene derecho a usar el prefijo Ing. en su nombre propio.
• Título de arquitecto: el cual se otorga al estudiante de Arquitectura luego de una carrera reglamentada de 6 años de estudio regular. Al obtener el mismo, el graduado tiene derecho a usar el prefijo Arq. en su nombre propio.
• Contador público: el contador público nacional domina la disciplina contable y se le otorga a todo estudiante que haya cumplido con 5 años de estudio en una carrera avalada por la CONEAU. Al obtener el mismo, el graduado tiene derecho a usar el prefijo Cr. en su nombre propio.
• Título de odontólogo: el cual se otorga al estudiante de odontología luego de una carrera reglamentada de 5 años de estudio regular. Al obtener el mismo, el graduado tiene derecho a usar el prefijo Odont. en su nombre propio.

En Argentina hay diversos cursos de posgrado, según la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) estos están divididos en especializaciones, maestrías y doctorados los cuales pueden ser presenciales, semipresenciales o carreras a distancia.[63]

• Universidad Autónoma de Entre Ríos
• Universidad Provincial de Córdoba
• Universidad Provincial de Ezeiza
• Universidad Provincial de Oficios Eva Perón
• Universidad Provincial del Sudoeste

• Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”
• Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional Argentina
• Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
• Instituto Universitario de Seguridad Marítima
• Instituto Universitario Patagónico de las Artes

Los estudios PISA se realizan en Argentina desde el año 2000 posicionando al país siempre por debajo del promedio del puntaje de los países de la OCDE.[66][67][68] [69] El promedio de Argentina en Ciencias mejoró en 14 puntos entre 2006 y 2012, y se mantuvo relativamente estable en 2018.[70] En el 2019 el estudio arrojó que la mitad de los chicos evaluados se encuentran en los niveles más bajos en las 3 categorías y que de los 10 países latinoamericanos, Argentina no pudo superar el séptimo puesto.[71]

En los rankings internacionales de las 500 mejores universidades del mundo, aparecen varias universidades de Argentina. Entre las principales, se destacan la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, y la Universidad Nacional de Rosario.[73][74][75] En todos, la mejor posicionada es la Universidad de Buenos Aires.

Es necesario tener en cuenta que alrededor de los rankings internacionales de universidades existen discusiones y polémicas acerca de su capacidad de presentar una evaluación comprehensiva de las universidades.[76] Dichas polémicas derivan del hecho de que todo ranking expresa un sistema de valores e implica un acto evaluativo que se concreta en un conjunto de criterios con el que se seleccionan variables a las que se les atribuye significación. Aunque algunos de ellos son multidimensionales, la mayoría de los rankings otorgan un fuerte peso relativo a la actividad investigadora, o están dedicados exclusivamente a ella. Existe el supuesto tácito de que, si una institución es altamente competitiva en investigación, la calidad de la educación que ofrece debe ser también muy alta. Este supuesto es incorrecto, particularmente en lo que se refiera a las universidades latinoamericanas cuya función social esta vinculada al contexto donde se desarrollan, dando lugar a una pluralidad de modelos de universidades.[77] Por todo lo dicho, hay quienes señalan que la calidad de las universidades no puede ser determinada por una sola de sus funciones y, en el límite, tampoco por el conjunto de ellas. En este sentido Risieri Frondizi (1986) afirmaba en 1941 que “puede una universidad cumplir con sus tres funciones esenciales y sin embargo no cumplir la misión social más elemental”.[78] En la actualidad tres universidades argentinas están entre las mejores mil del mundo.[79][80]

Ranking Argentina

Según el ranking: Webometrics Ranking of World Universities de 2022 [81] elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español (CSIC) quien mide el impacto de las investigaciones científicas de las distintas universidades del mundo; las diez universidades Argentinas que realizan un mejor desempeño en el mundo académico son las siguientes: