El ojo que llora

La CVR presentó un informe público en 2003 en el que se reflejan los crímenes ocurridos durante esas dos décadas, y los fallos presionaron al Gobierno peruano para conmemorar a todas las víctimas.[9] El extenso informe de la CVR señaló que durante esas dos décadas de violencia, 69 280 personas murieron o desaparecieron, aproximadamente 600 000 se convirtieron en refugiados internos y 40 000 niños quedaron huérfanos.[9] La Comisión también informó que la mayoría de las víctimas de los delitos eran indígenas que vivían en la coordillera de los Andes peruanos. El informe indicó que tres de cada cuatro víctimas de los crímenes fueron indígenas, aproximadamente el 85 por ciento de todas las víctimas.[9] El hecho de que los indígenas estuvieran entre uno de los grupos más marginados de la sociedad y que vivieran en tierras altas lejos de las principales ciudades hizo que los crímenes de los senderistas y los oficiales militares no fueran denunciados. Su marginación y su aislamiento hicieron que este grupo altamente victimizado se mantuviera en silencio y no tuvieran poder contra Sendero o las fuerzas gubernamentales.[10]

La evidencia de la corrupción del gobierno de Fujimori, que incluyeron el chantaje, los sobornos y la manipulación de votos, lo llevó a huir a Japón en el año 2000. Tras ello se inició una investigación sobre su administración dirigida por el presidente Alejandro Toledo. Las organizaciones de derechos humanos instaron al gobierno peruano a formar la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigaría la violencia política, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción gubernamental que había afectado al Perú desde la década de 1980 y durante los mandatos presidenciales de Fujimori. Cuando la CVR publicó su informe final en agosto de 2003, recomendó que para ayudar en el proceso de reconciliación se deben crear monumentos para rendir homenaje a las muchas víctimas de la violencia política en Perú.

En 2004, se designó el Campo de Marte en el distrito de Jesús María como la ubicación para el proyecto Alameda de La Memoria, que daría un lugar real a las muchas voces marginadas que fueron silenciadas y victimizadas durante los años del conflicto peruano, y proporcionaría un espacio para contemplar y recordar, no solo para las víctimas y sus familias, sino también para la población peruana en general. Este proyecto incluiría el memorial El ojo que llora.

Nombres de varias víctimas entre civiles y miembros de Sendero Luminoso ejecutados extrajudicialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Cuando Lika Mutal comenzó a trabajar en la creación del monumento, la CVR le proporcionó una lista de 32.000 nombres de personas que fueron consideradas víctimas de violencia. Desconocido para ella, la lista de nombres que recibió no solo incluía a los miles de víctimas civiles del conflicto armado peruano, sino también los nombres de 41 senderistas que fueron asesinados en el penal Castro Castro durante un motín y la posterior redada militar en mayo de 1992.[13][14]

Desde la perspectiva de las leyes internacionales de derechos humanos, los "asesinados extrajudicialmente, incluidos los delincuentes condenados" se consideran víctimas.[10] Sin embargo, desde el punto de vista de la mayoría de la población peruana, los miembros de Sendero Luminoso son terroristas responsables de la mayoría de las muertes en el Perú durante los años de violencia de las décadas de 1980 y 1990.[15]

Cuando Mutal completó el memorial en 2005, no se generó ninguna controversia importante, ya que tanto la artista como la población peruana no conocían la inclusión de los nombres de los senderistas escritos en la piedra. En noviembre de 2006, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos basada en las investigaciones de la redada en la prisión de Castro Castro y las muertes de los 41 reclusos, declaró que estas muertes eran una violación de los derechos humanos. Después de ser acusado de violaciones a los derechos humanos, se instruyó al estado peruano para que reparase a las familias de las víctimas de Castro Castro y ofreciese un reconocimiento público y una ceremonia que honrase su memoria y a las familias de aquellos cuyos derechos humanos fueron violados en la redada de Castro Castro. Además, el fallo de la Corte Interamericana estableció que los nombres de estas víctimas debían incluirse en el monumento en el próximo año.[16]

Cuando se conocieron los fallos de la Corte Interamericana en 2006, el público y la prensa expresaron su indignación. Si bien los prisioneros de Castro Castro habían sufrido violaciones de derechos humanos, todavía eran considerados "terroristas" por la mayoría del público y la prensa peruana. La idea de que las víctimas y los nombres de "sus perpetradores" se combinarían en un monumento que simbolizaba la reconciliación y un lugar donde los miembros de la familia llorarían a sus fallecidos era algo que el público peruano no estaba dispuesto a apoyar. Sin embargo, lo irónico fue que los nombres de las víctimas de la prisión de Castro Castro ya se habían incluido en El ojo que llora desde 2005. La prensa peruana tardó más de un año en darse cuenta de ello, y fue solo por el fallo de la Corte Interamericana que se sacó a la luz el tema en sí.[17] Las diferentes opiniones con respecto a El ojo que llora detuvieron la finalización de la Alameda de la Memoria, que si se hubiera realizado habría sido una instalación de tres partes.[18] Tras la polémica se planteó la demolición de la instalación escultórica.[5]

En una entrevista realizada por El Comercio, a Lika Mutal se le preguntó si incluiría los nombres de las 41 víctimas asesinadas en la redada de la prisión de Castro Castro en su monumento. Ella respondió diciendo:

No podría. Ellos fueron criminales, asesinados al margen de un Estado de derecho, pero criminales al fin. Si hay que otorgar una reparación a sus familiares, esta puede orientarse a remediar lo que ellos dañaron.[19]

Cuando se descubrió que los nombres de los terroristas habían sido incluidos en el monumento, Mutal respondió en una entrevista con La República diciendo que no sabía que los nombres de terroristas estaban incluidos en las piedras. Dijo que la lista que le dio la CVR estaba marcada como el registro que incluía a todas las víctimas.[5]

En septiembre de 2007, Alberto Fujimori fue capturado en Chile y extraditado a Perú, donde sería juzgado por las violaciones de los derechos humanos y la corrupción que se produjeron durante su mandato presidencial. El día después de que Fujimori llegó a Lima, un grupo de personas, que ingresaron al recinto a punta de pistola y maniatando al vigilante de seguridad,[7] destrozó el memorial al remover piedras y verter pintura naranja en la piedra central, y luego ensuciaron el monumento con latas de pintura. Se cree que los miembros del grupo responsables de este acto de vandalismo eran simpatizantes del gobierno de Alberto Fujimori, no solo por la proximidad de la llegada del exmandatario y el ataque, sino porque el color naranja es un color vinculado al fujimorismo.[8][20] Una de las simpatizantes fue Martha Chávez, quien apoyó tales actos vandálicos.[21]

Unos días más tarde, en octubre del mismo año, unos 500 fujimoristas acompañados de los congresistas Carlos Raffo y Kenji Fujimori, ingresaron sin permiso y marchando por la zona del monumento en el Campo de Marte, ocasionando daños al laberinto retirando piedras.[22] A partir de entonces el ingreso al monumento ha sido restringido por parte del municipio de Jesús María.[23]

En 2008, tras un mitin a favor del expresidente Fujimori, los fujimoristas José Contreras y Patricia Vásquez encabezaron un ataque contra el monumento y las personas que se encontraban reunidas celebrando un acto de la CVR.[7]

En 2009, la piedra negra del monumento (el ojo) sufrió graves daños al ser arrancada de su nicho.[24] El acto de vandalismo sucedió a pocos días del discurso de defensa de Fujimori ante el tribunal que le juzga por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.[7]

En septiembre de 2014 el memorial sufrió otro ataque, siendo arrancadas varias piedras e inutlizados algunos quemadores. Los actos de vandalismo y destrozo responden a la irritación que causa el monumento a sectores conservadores y a simpatizantes del fujimorismo y del ámbito castrense que ven al espacio artístico como una obra a favor del terrorismo.[23]

Dos nuevos ataques fueron registrados en febrero de 2017[25] y en marzo de 2018,[26][27] con el mismo modus operandi: remoción de piedras y daños al monolito central.

El ojo que llora también es un monumento que conmemora los crímenes de odio contra las minorías sexuales en el Perú. Una de las piedras lleva la inscripción "Las Gardenias" en referencia a La noche de las gardenias, el asesinato en 1989 de ocho personas LGBT a manos del MRTA, la masacre más grande contra el colectivo en territorio peruano. Cada 31 de mayo, fecha de la masacre y por ello Día Nacional de Lucha contra la Violencia y Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales, se realizan una romería y actos conmemorativos y de protesta en el monumento.[30][31][32]