Masacre de Barrios Altos

En 1989, el agente del SIE, Douglas Arteaga, "Abadía", como parte del Plan Telaraña (una operación destinada a obtener información de la relación entre Sendero Luminoso con ONGs y otros partidos marxistas como Patria Roja y el Partido Unificado Mariateguista), es contactado por Sendero Luminoso logrando infiltrarse en la organización revolucionaria [5] gracias a la recomendación de un huesero del Mercado Central.[6] Dentro de esta sería conocido como "Enrique".[7] En 1990, luego de recibir instruccion por parte de los senderistas y recopilar información, Arteaga es destinado por parte del grupo armado al jirón Huanta N.° 840, en Barrios Altos, donde entra en contacto con Filomeno León, "José",[8] un técnico que reparaba cocinas averiadas.[9] Según reportes de inteligencia de la organizacion terrorista de estado DIRCOTE, León visitaba con regularidad el penal Castro Castro y se sospechaba que estaba relacionado con Socorro Popular, un organismo generado para apoyar la causa de Sendero Luminoso.[8][9] La zona de Barrios Altos era parte de vigilancia en el marco del Plan Ambulante para identificar activistas senderistas que operaban en el lugar. Según una nota de inteligencia que Javier Diez Canseco obtuvo tras la masacre, se realizó:[10]

... una operación especial de inteligencia a partir del 08MAR89, de una vigilancia discreta, continua y esporádica(sic) al inmueble del Jr. Huanta No. 840, Barrios Altos, a fin de obtener informaciones sobre las actividades y acciones que tendrían previsto realizar, particularmente contra las FFOO(Fuerzas Operativas)...

Se identificó que de aquel lugar salieron los senderistas que realizaron la masacre de los Húsares de Junín en 1989.[11] En junio de 1991 se organizó una reunión donde se decidió aplicar la guerra de baja intensidad para enfrentar a Sendero Luminoso y al MRTA. El objetivo del fujimorismo ultraderechista y esa operacion de terrorismo de estado era que "ningún senderista se sienta seguro en ningún lugar". En dicha reunión participó Santiago Martín Rivas, quien propuso dicho plan de acción y quien luego sería el líder del Grupo Colina.[12] En octubre de 1991, Arteaga entregó los reportes de inteligencia a un tal "señor Alejandro", alias de Martín Rivas. Arteaga le dijo a "Alejandro" que León junto a Manuel Ríos iban a organizar una pollada en el lugar el 3 de noviembre y que vendrían mandos senderistas para intercambiar informes, definir acciones armadas y disponer de los fondos recaudados para la compra de medicinas y ropas para los presos senderistas.[13][14] Arteaga, además, le entregó una tarjeta de las que vendía[7] donde decía: "Gran pollada bailable, organizada por el Sr. Oscar León pro-fondos arreglo de desagüe".[13] Con el reporte, Martín Rivas recibió la orden de entrenar a un grupo de efectivos para realizar el operativo.[15] Por otro lado, los senderistas ya sabían que la quinta estaba vigilancia. Al enterarse los senderistas de la realización de la pollada, según una entrevista de uno de ellos dada al periodista Ricardo Uceda, le dieron una advertencia a León para que lo cancelara. En la misma entrevista, el senderista negó que León fuera militante de Sendero Luminoso aunque "podía saber quiénes éramos algunos de nosotros".[7]

El entrenamiento de los miembros del Grupo Colina se realizó en la playa La Tiza. El 2 de noviembre, un grupo de agentes se dirigieron a las cercanías de la quinta y establecieron vigilancia simulando diversos roles.[15] Estos informaron que la situación estaba bajo control por lo que en la tarde del 3 de noviembre dos camionetas salieron de la playa La Tiza rumbo al jirón Huanta N° 840.[16] Las camionetas pertenecían al Estado y fueron reportadas como "robadas" para tener una coartada.[17] Para pasar las tranqueras policiales engañaron a la policía encendiendo las circulinas de las camionetas.[18]

Al llegar al lugar, Martín Rivas ordenó al agente Sosa Saavedra ingresar a la quinta con el objetivo de corroborar que el plano dado por Arteaga era correcto. Entre las nueve y diez de la noche, Arteaga apareció confirmando la presencia de senderistas en especial el "Camarada Joel", jefe del grupo de aniquilamiento, y una muchacha "con gorrita", quien fue identificada como mando político de Sendero Luminoso. Arteaga, además, informó que había dos eventos desarrollándose en el primer y segundo piso de la quinta, pero que el que importaba era el del primer piso ya que el objetivo estaba allí.[16]

La noche del 3 de noviembre de 1991 se llevaba a cabo una pollada, en el primer piso del inmueble del jirón Huanta N.º 840 para conseguir fondos para reparar el servicio de desagüe de la quinta.[19][20][21] Aproximadamente a las 10:30 p.m., seis individuos armados y encapuchados entraron al edificio luego de bajar de dos vehículos. Ingresaron con unas maletas que depositaron en el piso mientras decían "Cerveza, cerveza". En el lugar había unas 40 personas. Con ayuda de "Abadía" (Arteaga) se procedió a seleccionar a las víctimas.[22] Con anterioridad, Sosa le había entregado a "Abadía" una casaca para identificarlo.[18] Los que no fueron seleccionados fueron retirados bruscamente y obligados a entrar a sus cuartos. Mientras esto sucedía, uno de los agentes subió el volumen del equipo de sonido mientras otro disparó hacia arriba para espantar a los que miraban en el segundo piso.[22] Luego, "Abadía" procedió a retirarse del lugar buscando una salida trasera pero un par de agentes del grupo Colina se acercaron y le dijeron: "No te vayas huevón. Aún tienes que decirnos quiénes son". Ante eso, "Abadía" regresó al lugar y siguió indicando.[23] Al ser preguntado "Abadía" quiénes eran los senderistas él respondió que todos lo eran para luego salir huyendo del lugar.[10][24] Según el senderista entrevistado por Uceda, algunos miembros de Sendero Luminoso habían estado en la pollada pero se retiraron cuando los miembros del Grupo Colina ingresaron.[7] Los atacantes, con el rostro cubierto con pasamontañas, ordenaron a los asistentes de la reunión a tenderse en el suelo diciendo "Tírense al piso, terrucos concha de su madre, al piso",[25] donde les dispararon indiscriminadamente, matando a 15 de ellos incluyendo a Javier Ríos Rojas, un menor de 8 años de edad que fue a auxiliar a su padre y fue impactado por las balas,[26][27][28] e hiriendo seriamente a otras 4 personas, uno de los cuales, Tomás Livias Ortega,[29] quedó permanentemente tetrapléjico.[30] Los atacantes usaron silenciadores y la táctica del remate.[10] Luego, sacaron los ejemplares de El Diario, periódico de Sendero Luminoso, del interior del local y los arrojaron por sobre los cadáveres.[25] Después, los atacantes subieron a los vehículos y escaparon rumbo sur a las afueras de Lima, reuniéndose en la playa militar La Tiza, donde celebraron por el éxito del operativo[30][31] y el cumpleaños de Martín Rivas.[11] Durante la investigación, la policía, en total, encontró 130 casquillos de bala en la escena del crimen.[32] Además, se encontró los ejemplares de El Diario, ocho tarjetas hechas con cartulina blanca con anotaciones diversas y un revólver marca Grevetata calibre 22.[8]

El objetivo del ataque, para los miembros del Grupo Colina, era dejar una advertencia a Sendero Luminoso de que conocían sus lugares de operaciones y vengar a las víctimas del ataque a los Húsares.[33][34] Por tal razón, las circulinas de los coches fueron encendidos deliberadamente para, según testimonio de Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina, "dejar en claro que no se trataba de un atentado terrorista, sino de un operativo misterioso, confuso para los demás, pero que Sendero Luminoso sabría identificar".[35] Según las diligencia del Poder Judicial, llevadas a cabo en el año 2002, un porta tropas con seis militares a bordo (cinco hombres y una mujer) se estacionó en el jirón Huallaga impidiendo que algún vehículo siguiera a los miembros del Grupo Colina, quienes luego de la masacre huyeron por aquel jirón. Además, constataron que los policías de la DIRIN y de la comisaría de San Andrés no actuaron de manera inmediata ante lo sucedido a pesar de encontrarse cerca del lugar.[10] Los senderistas, por su lado, buscaron a Arteaga ("Abadía"/"Enrique") pero no pudieron ubicarlo. En la búsqueda se enteraron de que el huesero había muerto en un asalto delincuencial.[6]

Las investigaciones judiciales y los reportajes de la prensa revelaron que los involucrados en el crimen trabajaban para la inteligencia militar; habían sido miembros del Grupo Colina que era ya conocido por perpetrar un programa antiterrorista por órdenes del gobierno de Alberto Fujimori.[21] Se verificó luego que los atacantes buscaban atacar una reunión de subversivos senderistas. Se constató que los asistentes a la pollada no tenían vinculación con Sendero Luminoso o el MRTA,[19][36] según consta en el artículo 827 del fallo impuesto por el tribunal el 7 de abril de 2009 a Fujimori por el caso Barrios Altos:[19]

Atento a lo definido en el párrafo 764° de esta sentencia, el Tribunal HACE CONSTAR, terminantemente, que los... agraviados reconocidos en... Barrios Alto... no estaban vinculados a las acciones terroristas del PCP-SL ni integraban esa organización criminal.

El 4 de noviembre de 1991, en La República, se informó que los perpetradores de los hechos podrían ser senderistas, policías o paramilitares. El 6 de noviembre, el diario Última Hora, entrevistó a un testigo que informó que posiblemente los victimarios sean paramilitares. Al día siguiente, tanto La República como Última Hora deslizaron la posibilidad de que los atacantes fueran paramilitares. El 10 de noviembre, La República informó que todos los indicios sostenían que los atacantes eran paramilitares. El 11 de noviembre, el diario Expreso informó que efectivos militares estarían detrás de los hechos.[37]

Varias semanas después, el Congreso de la República designó una comisión investigadora para averiguar sobre la masacre.[21] El 10 de noviembre de 1991, la Comisión de Derechos Humanos del Senado peruano citó a los generales Juan Briones y Víctor Malca para que informen sobre lo sucedido en Barrios Altos. Ellos dijeron que la masacre pudo ser obra de Sendero Luminoso, el MRTA u "organizaciones ajenas a estos grupos". En dicha sesión, Javier Diez Canseco exhibió notas de inteligencia militar donde se establecía que el inmueble era investigado por un comando del SIE de nombre "Sheraton". En otra nota exhibida por Diez Canseco se decía que un agente de nombre "Alker" efectuaba vigilancia sobre el inmueble.[10] El 14 de noviembre, Raúl Ferrero Costa, Javier Diez Canseco, Enrique Bernales Ballesteros, Javier Alva Orlandini, Edmundo Murrugarra Florián y Gustavo Mohme Llona solicitaron el esclarecimiento de los hechos en el plenario del Senado de la República.[38] El 15 de noviembre, en una nueva sesión, el general Briones negó la existencia del Plan Ambulante así como del "Puesto de vigilancia de Lima Sheraton".[10] El 27 de noviembre se instaló una comisión investigadora.[38] En diciembre, la comisión inspeccionó el edificio donde sucedieron los hechos, entrevistó a los heridos y realizó otras investigaciones. Sin embargo, no pudo completar su tarea debido al autogolpe que ejecutó Fujimori el 5 de abril de 1992 en el que disolvió el Congreso. El Congreso Constituyente Democrático elegido en su lugar en noviembre de 1992 no continuó la investigación ni publicó las conclusiones preliminares que se habían logrado.

Las autoridades judiciales no pudieron realizar una investigación seria del incidente hasta abril de 1995. En esa oportunidad las cortes militares respondieron presentando una petición a la Corte Suprema de Justicia para que se le otorgue jurisdicción sobre el caso. Sin embargo, antes de que la Corte Suprema pudiera resolver la petición, careció de sentido pronunciarse sobre el fondo del asunto, debido a que el Congreso aprobó la Ley N.º 26479, que ordenó una amnistía general para todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad del estado así como civiles que fueron sujetos de una denuncia, queja, investigación, sindicación, juicio o detención, o que estuvieran cumpliendo sentencias de prisión por delitos contra los derechos humanos por actos cometidos luego de mayo de 1980.[39]

Antes de la aprobación de la ley de amnistía, sin embargo, las investigaciones revelaron información comprometedora. En mayo de 1993 y nuevamente en enero de 1995, oficiales disidentes del Ejército del Perú hicieron público que los miembros del Grupo Colina fueron los responsables de la masacre de Barrios Altos. Los oficiales también señalaron que tanto el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú como el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) tenían pleno conocimiento de la masacre.

Luego de la caída del gobierno de Fujimori en el año 2001, la ley de amnistía fue derogada y el caso reabierto con lo que un buen número de los acusados fueron detenidos.[39] El 21 de marzo de 2001, la Fiscal de la Nación Nelly Calderón denunció a Fujimori ante el Congreso, sindicándolo como "co-autor" de la masacre. Presentó evidencia que Fujimori, actuando de acuerdo con Vladimiro Montesinos, jefe del SIN, tuvo control sobre el Grupo Colina. La denuncia señala que dicho grupo no hubiera podido cometer crímenes de esa magnitud sin el consentimiento expreso o las órdenes directas de Fujimori, y que tanto la formación como el funcionamiento del grupo Colina fue parte de una política integral de contra insurgencia que implicó sistemáticas violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a lo señalado, Fujimori fue a los cuarteles generales del SIN para celebrar, junto con los oficiales de inteligencia, el supuesto éxito de la operación en Barrios Altos.

En 2001, el gobierno peruano aceptó pagar USD $ 3.3 millones en compensación a los cuatro sobrevivientes y a los parientes de las 15 personas asesinadas. El 13 de septiembre de 2001, el Vocal Supremo José Luis Lecaros presentó una solicitud internacional a la Interpol para que se efectúe el arresto de Fujimori, que, en ese entonces, vivía en Japón. En agosto de 2003, el gobierno de Perú presentó una solicitud de extradición de Fujimori y entre los crímenes que se citan en el documento se encuentra la masacre de Barrios Altos.

En 2004, los jueces peruanos ordenaron la liberación de varios de los sospechosos de la masacre de Barrios Altos, quienes habían estado presos por más de tres años sin sentencia. Ello debido a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que se estaba llevando a cabo una investigación para determinar las causas de por qué los jueces permitieron que los juicios se extendieran tanto.

Inicialmente el gobierno japonés se opuso a la extradición porque los padres de Fujimori habían emigrado a Perú desde Japón y era ciudadano japonés. Sus leyes prohibían la extradición de nacionales; además, Japón y Perú no tenían entonces un acuerdo de extradición. Perú finalmente obtuvo su extradición cuando Fujimori viajó a Chile. Fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre.[4]

• Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
• Atentado contra los Húsares de Junín
• Masacres de las Fuerzas Armadas del Perú

• Caso Barrios Altos
• Informe de la CVR
• "Familiares. La Cantuta y Barrios Altos" documental que detalla los hechos sucedidos durante y después de esta masacre