Elecciones municipales de Venezuela de 2018

• Partido Socialista Unido de Venezuela: Nicolás Maduro, presidente de la República y líder de dicho partido, anunció el 12 de junio en el congreso de la Juventud del PSUV, que los concejales deben convertirse en los líderes que «transformen la nueva Venezuela», por lo tanto, advirtió que el 50 % de los candidatos de su partido deben ser menores de 35 años.[15][16][17]
• Concertación por el Cambio: Segundo Meléndez, presidente del Movimiento al Socialismo, indicó que la coalición opositora –liderada por Henri Falcón– participará en los comicios municipales, y rechazó el llamado «abstencionista» que mantienen otros voceros de la oposición.[18][19][20] Asimismo, el partido Soluciones, liderado por Claudio Fermín fue habilitado para participar por primera vez en elecciones, igualmente, Cambiemos Movimiento Ciudadano también fue habilitado.[21][22]
• Esperanza por el Cambio: partido político que postuló a Javier Bertucci como candidato presidencial en las elecciones del 20 de mayo de 2018 anunció que participaría en las elecciones municipales, y postularía candidatos en los 335 municipios.[23][24] El 6 de octubre de ese año, El Cambio conformó una alianza con Avanzada Progresista, Copei y el Movimiento al Socialismo (MAS), integrantes de la coalición Concertación por el Cambio.[25][25]
• La Fuerza del Cambio: los 28 alcaldes opositores acordaron crear «La Fuerza del Cambio» para participar en las municipales de este año, y asimismo presentar candidatos independientes.[26][27]

Los partidos que no participaron en las presidenciales de 2018 no podrían participar en las municipales, según lo informó el CNE al publicar los partidos que cumplieron el registro electoral.[28] Los partidos integrantes del Mesa de la Unidad Democrática, tales como Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática acordaron no participar en las elecciones del 9 de diciembre, declarando que no existen garantías para asistir en la contienda.[29][30][31]

A pesar de que las elecciones de concejales no fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, a diferencia de tres procesos previos de gobernadores, alcaldes y presidenciales, desde su convocatoria han existido diversas irregularidades en el proceso.[32]

Las elecciones de concejales de 2018 se realizan un año después de lo estipulado por la ley, ya que el artículo 82 de la Ley del Poder Público Municipal dispone que el período de las autoridades municipales electas es de cuatro años y la última elección de concejales se realizó en 2013. Las elecciones tampoco se programaron junto con las de alcaldes, que se realizaron en diciembre de 2017, como lo ordena el artículo 2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.[32]

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunció que el Consejo Nacional Electoral no realizó una campaña de divulgación adecuada para informar sobre la jornada especial del Registro Electoral realizada entre el 23 de julio y 23 de agosto, y que solo señaló que había 706 puntos dispuestos y el número de máquinas en cada entidad, sin especificar los lugares específicos donde se encontrarían. También señaló que el diseño de circunscripciones se aprobó discrecionalmente porque las mismas se realizan a partir de las proyecciones poblacionales que haga el Instituto Nacional de Estadísticas y que apruebe posteriormente la Asamblea Nacional, como lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.[32]

El observatorio también alertó sobre la reducción de oferta electoral causada por la inhabilitación de las tarjetas de opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, La Causa R, Puente y Movimiento Progresista de Venezuela; de los 96 partidos que existían en 2015, solo quedaban 51 para las elecciones de 2018. En las elecciones de concejales previas se realizaron 21 revisiones en 136 días, mientras que para 2018 se prevé realizar 16 en 54 días; el OEV explicó que la diferencia se debe a la supresión del Sistema de Información al Elector (SIE) del sistema de votación y al uso de tinta indeleble, mecanismos que refuerzan el proceso electoral.[32]

Roger Jiménez, secretario político para Caracas por Esperanza Por el Cambio, denunció varias irregularidades durante el simulacro electoral organizado por el gobierno, incluyendo la presencia de propaganda, de los puntos rojos y la coacción de funcionarios.[33]

El 28 de noviembre Súmate y la Universidad Católica Andrés Bello presentaron un informe preliminar sobre las violaciones del derecho a elegir y de ser elegido durante comicios. Entre las violaciones del derecho de elegir, explican que el CNE no publicó el registro electoral preliminar dentro de los 30 días siguientes a la convocatoria del proceso, tal como pauta la Ley Orgánica de Procesos Electorales; la cantidad de puntos de inscripción y actualización del Registro Electoral habilitados, y el tiempo de duración del proceso no permitieron que al menos dos millones de jóvenes tuvieran la oportunidad de inscribirse en el registro; de los 32 días continuos que según el cronograma electoral tendría la jornada especial de inscripción y actualización, el CNE trabajó 22 días continuos, de los cuales realmente fueron 16 días hábiles, pues no laboró los fines de semana; habilitó puntos en apenas 38 % de las parroquias, además de no dar a los votantes facilidad de acceso ni garantías para la inscripción, y la campaña institucional del CNE, respecto a la jornada especial que fue insuficiente e imprecisa al no proporcionar la ubicación de los puntos, y al informar erradamente las fechas y las condiciones para la inscripción de los jóvenes menores de 18 años de edad.[34]

Entre las violaciones del derecho de ser elegido, describieron que el CNE modificó dos veces el lapso establecido para las modificaciones de las postulaciones, planificado hasta el 2 de octubre, al extenderlo, primero, del 5 al 6 de octubre y luego hasta el 9 de ese mes; publicó la data de postulaciones definitiva con más de 15 días de retraso, de acuerdo con el cronograma, y no publicó oportunamente las postulaciones preliminares. Tampoco permitió a los ciudadanos que aspiran a los cargos de concejales postularse por iniciativa propia, al no detallar el proceso en el instructivo ni habilitar mecanismos para validación de firmas de apoyo, además de la inhabilitación de más de 40 organizaciones políticas de oposición en los últimos dos años por no someterse a repetidos procesos de validación ilegales y por razones no consideradas en las normas electorales. A propósito de este proceso electoral no permitió la postulación a aquellas organizaciones que no participaron en las elecciones presidenciales, y el CNE al permitir las sustituciones de candidatos hasta diez días antes de las elecciones de concejales, reconoce que para los comicios realizados desde 2017 violó el derecho que tienen los partidos a sustituir candidatos en el lapso legal.[34]

En municipio Gran Sabana del Estado Bolívar las elecciones fueron suspendidas tras un ataque armado de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana hacia tres miembros de la etnia indígena pemón, falleciendo Charlie Peñaloza Rivas, Consejo General de Caciques del pueblo Pemón responsabilizó dicho acontecimiento a Nicolás Maduro y declaró 7 días de luto en el municipio, además de ordenar la suspensión de las elecciones y el cierre de los centros electorales.[35][36]

Los caciques pemones convocaron a un paro general indefinido “en todas las Comunidades Indígenas de la Gran Sabana tomando las vías de acceso más importantes al municipio sean estas carreteras, puertos y aeropuertos”.[35] [36]

Los indígenas, específicamente del pueblo pemón, se enfrentaron a los funcionarios y lograron apresar a tres de ellos, mientras que los pemones heridos por arma de fuego fueron trasladados al Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, donde falleció Peñaloza Rivas.[35][36]

El 8 de diciembre, el diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia denunció la incursión armada de un grupo de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la población de Canaima que se enfrentaron a las comunidades indígenas para presuntamente detener actividad minera ilegal que se realiza en la zona.[35][36]

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