Enrique Gil Botero

Gil Botero es un abogado antioqueño, miembro del Partido Conservador Colombiano y séptimo Ministro de Justicia del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Ha sido consejero de estado, litigante, árbitro de la cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, catedrático y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[2]

Enrique Botero Gil es abogado egresado de la Universidad de Antioquia,[2] con especialización en derecho administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y en derecho constitucional de la Universidad de Salamanca en España;[3] igualmente es egresado del Programa de Alto Gobierno de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.[8]

Gil Botero fundó en 1993, junto con otros profesionales del derecho (entre los que se cuentan el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Javier Tamayo Jaramillo, el tratadista y académico Gilberto Martínez Rave y el también exconsejero de Estado Ricardo Hoyos Duque), el IARCE.[2]

Gil Botero tuvo un destacable paso por el Consejo de Estado; fue elegido presidente del alto tribunal en 2008, con apenas algunos meses como magistrado.

Gil Botero, como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Ideológicamente, Gil Botero estuvo en el bloque de magistrados cercanos al Presidente Álvaro Uribe y de posturas conservadoras. Fue ponente de numerosos procesos de reparación administrativa por parte del estado.[3]

El más destacable de todos y que generó un gran boom mediático en el país, fue la condena al estado por los crímenes del grupo paramilitar los Doce Apóstoles, del que se acusa encabezaba el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, quien se enfrentó a un proceso por su financiación. En 2013, Gil Botero señaló que dicho grupo paramilitar fue financiado por los comerciantes de su área de influencia y tenía respaldo por parte de la Fuerza Pública y la Iglesia Católica. De igual manera, Gil Botero condenó al estado a responder por la Masacre de El Aro, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre en el municipio de Ituango, Antioquia en 1997, donde perdieron la vida 15 campesinos en estado de indefensión y otros tantos fueron despojados de sus bienes y desplazados de su territorio.[9]

En los últimos meses como magistrado, Gil Botero votó a favor de mantener el periodo de cuatro años del fiscal Eduardo Montealegre hasta 2016 y no conservar el periodo institucional, que culminaría el periodo del fiscal en 2014. 20 de los 23 votos, fueron a favor de la postura tomada por Gil Botero.[3]

El 24 de febrero del 2017, fue designado por el presidente Juan Manuel Santos como Ministro de Justicia y del Derecho,[10] quien lo definió como un jurista con las mejores credenciales y le asignó la primordial tarea de aportar desde la Justicia para que Colombia siga consolidándose como la mejor aliada de los derechos de los colombianos, comenzando por un derecho supremo, el más sublime de toda sociedad, que es el derecho a la paz.

Al iniciar su gestión al frente de la cartera de Justicia, sus principales retos fueron: sacar adelante el Plan Decenal de Justicia y principalmente seguir impulsando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encontraba a un debate de ser aprobada por el Congreso al posesionarse Gil Botero y que es parte fundamental del acuerdo de paz logrado con las Farc.[11][1]

Tomó posesión en 9 de marzo del 2017 en la Casa de Nariño. En ese entonces, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno buscaría una concertación con las Altas Cortes sobre temas sensibles de la justicia por iniciativa del nuevo titular de la cartera de Justicia.[12]

El 25 de julio de 2019, Botero Gil fue nombrado como Secretario General de la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos).[13][14] Esta organización tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación en temas de Justicia, entre los miembros asociados a esta organización, mediante la adopción de tratados jurídicos, así como resoluciones y recomendaciones para los países miembros de la organización. Otro de los propósitos de la organización, es analizar y discutir sobre posibles reformas de los sistemas penitenciaros de los estados miembros.[15]

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