Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras

La ley FATCA y los acuerdos subsiguientes firmados para lograr su cumplimiento forman parte de la batería de medidas aprobada a nivel internacional para luchar contra el fraude fiscal internacional en el contexto de globalización económica, en el que los gobiernos tratan de ser tan globales como los contribuyentes, y se sitúa en la misma línea de las iniciativas de la Comisión Europea y de la OCDE para establecer un intercambio de información automático como vía para cerrar el fraude fiscal internacional.[10]

En todo el mundo, a excepción de Estados Unidos y Eritrea, el criterio establecido para fijar las obligaciones fiscales es el la la residencia (denominado en inglés RBT Resident Based Taxation); según el cual solo se pagan impuestos en el país de residencia. Las leyes estadounidenses utilizan por el contrario el criterio de ciudadanía (CBT Citizen Based Taxation). Todos los que tienen un vínculo con la nacionalidad estadounidense están obligados globalmente al pago de impuestos al estado norteamericano, independientemente de su lugar de residencia, del origen de sus ingresos, tengan también la nacionalidad de otro país o paguen ya impuestos en otro país donde tienen su residencia.^{[cita requerida]}

Americanos por accidente Esta ley afecta a los llamados "americanos por accidente"[11]: personas que nacieron en territorio estadounidense, o que uno de sus padres tiene la nacionalidad estadounidense, o que han tenido en algún momento residencia permanente o temporal en los EE. UU. A criterio de las leyes estadounidenses, tienen obligaciones fiscales con los EE. UU., aunque hayan vivido toda su vida adulta fuera de territorio norteamericano. Algunos ciudadanos perdieron la nacionalidad estadounidense al jurar la bandera de otro país o al naturalizarse en otro país, pero tras un cambio posterior en las leyes, su nacionalidad estadounidense ha sido restaurada de forma retroactiva sin ser informados. En otros casos, son sujetos que nunca han tramitado la nacionalidad estadounidense, pero están dentro de la circunstancias de ser ciudadano estadounidense y no disponen del Número de Seguridad Social (SSN) y les resulta imposible obtenerlo en un muro burocrático, que se suma al complicado, largo y costoso proceso de renuncia.

Muchos países tienen acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición, aunque los acuerdos no eximen de hacer una declaración anual de sus bienes e ingresos a la agencia tributaria de Estados Unidos, tampoco eximen del pago de impuestos por conceptos que puedan estar exentos o tengan una fiscalidad muy baja en el país de residencia. Para los residentes fuera de los Estados Unidos existe una excepción fiscal si los ingresos son inferiores a 108 000$ (ajustados cada año a la inflación), aunque hay conceptos que pueden no estar incluidos como los planes de pensiones que pueden ser considerados como ingresos irregulares. Las leyes fiscales estadounidenses cambian todos los años, incluyendo nuevos conceptos que hacen imposible que los acuerdo bilaterales puedan estar al día para evitar la doble imposición. Es especialmente llamativo para los trabajadores autónomos la obligación de darse de alta en el programa Obama Care, aunque obviamente no pueden disfrutar de sus beneficios.^{[cita requerida]}

La declaración anual de bienes se confrontan con el alto coste de estar sometido a dos sistemas impositivos, hacer una declaración en una moneda extranjera y lidiar con procedimientos y formularios pensados para empresas que operan en EE. UU., que suelen tener una equivalencia ambigua, y normalmente requiere de la asistencia de un asesor en fiscalidad internacional; coste que puede llegar a ser inasumible. Errores en la declaración o ambivalencias ambíguas que quedan a criterio del inspector de la IRS, pueden suponer fuertes sanciones. En muchos casos afecta a ciudadanos con doble nacionalidad que desconocen tener obligaciones fiscales en EE. UU. hasta que son informados por el banco. Con la implementación de FATCA, el régimen fiscal al que se enfrentan los ciudadanos estadounidenses que residen fuera de EE. UU. ha sido calificado de devastador[12].

La ley FATCA tiene las siguientes disposiciones importantes: Exige a las instituciones financieras no estadounidenses a indagar entre sus clientes, a personas que pudieran tener la ciudadanía estadounidense. La ley establece unos "indicia" por los que el banco tiene la obligación de cuestionar al cliente sobre su nacionalidad.

Las personas con nacionalidad estadounidenses que poseen o figuran como autorizados en cuentas bancarias o activos extranjeros, si las cuentas tienen un importe de más de 50.000$ para los residentes en EE.UU. o 200.000$ si son residentes en el extranjero deben informar en el formulario 8938 del IRS, Declaración de Activos Financieros Extranjeros, que deben presentar junto a su declaración de impuestos a EE. UU. FATCA aumentó las sanciones a los que no declaren sus cuentas en el exterior. Los titulares que no declaren sus cuentas estarían sujetos a una multa 100.000$ o del 40% del activo financiero extranjero no revelado (el valor más alto).

Los bancos que realizan funciones de indagación para cumplir con los requerimientos de FATCA, obligarán a sus clientes a informar de su vinculación con la nacionalidad estadounidense. Para implementar este requisito, el IRS aprobó el formulario W-8BEN que es una declaración jurada en la que el cliente niega tener la nacionalidad estadounidense y además deben proporcionar su número de identificación fiscal extranjero y su dirección de residencia al IRS. O el formulario W9 si es ciudadano estadounidense y deben proporcionar su número de seguridad social estadounidense (SSN) o número TIN y su dirección de residencia. En el caso de que esa persona sea titular de una empresa, deben solicitar su número TIN. La ley FATCA obliga a los bancos a remitir esos formularios a sus clientes si entran dentro de los FATCA "indicia":

• Cualquier persona que haya nacido en Estados Unidos. Según las leyes estadounidenses se las considera ciudadanos de EE. UU., aunque nunca hayan formalizado los trámites para obtener la ciudadanía.
• Que haya sido identificado como ciudadano o residente en EE. UU. por otras fuentes.
• Que figure con una dirección de correos en EE. UU.
• Un número de teléfono aportado al banco sea correspondiente a EE. UU.
• Que figuren con transacciones a una cuenta bancaria en los Estados Unidos.
• La existencia de un apoderado con domicilio en EE. UU.
• Cualquier empresa si al menos el 25% del capital pertenece a personas estadounidenses.
• Nota especial: Otros afectados por FATCA incluyen: Cualquier persona que no sea de los EE. UU. que comparta una cuenta conjunta con una persona de EE. UU. o que permita que una persona de los EE. UU. tenga autoridad signataria en su cuenta. Cualquier organización comercial o sin fines de lucro en las que se identifique una persona con la ciudadanía estadounidense.

Si un usuariose resiste a cumplir con el requerimiento, el banco informará igualmente al IRS del balance y movimientos de sus cuentas bancarias, información personal y establecen provisiones para bloquear su cuenta.

De acuerdo con la publicación semestral del registro federal del IRS, en el periodo desde el año 2010 al 2018 se han producido 29.376 renuncias a la ciudadanía estadounidense. Durante los años 2020 y 2021, la mayoría de las embajadas estadounidenses no han ofrecido servicio de expatriación por la pandemia de COVID-19. En comparación, durante el periodo 2001 al 2009 se registraron 4.815 renuncias. Los motivos de las renuncias pueden ser diversos, pero es difícil negar la evidencia que la gran mayoría de las mismas en la segunda década del siglo  XXI están motivados por FATCA y por las reticencias de los bancos de admitir a ciudadanos estadounidense que residen en otros países y la sujeción a doble imposición. ^{[cita requerida]}

Ante el fuerte incremento de renuncias a la ciudadanía estadounidense, se han endurecido los requerimientos para solicitar la expatriación.[13]

• En el año 2019, el coste para iniciar el proceso es de 2.350$ que es un pago ineludible.
• También deben someterse al complejo impuesto de expatriación (Exit Tax), por todos sus bienes globales e ingresos en los últimos cinco años. Como expatriados las herencias y otras donaciones pueden ser fiscalizados con una tasa del 40%.
• Independientemente, de cumplir con el pago de la obligaciones fiscales, el IRS también puede establecer sanciones de 10.000$ por no remitir correctamente el formulario 8854.[14]
• Por otra parte, las leyes estadounidenses prohíben la entrada a este país a todos los individuos que hayan renunciado a la nacionalidad. Aunque en la práctica, esta disposición solo se ha aplicado si la IRS considera que la renuncia está motivada para evadir el pago de impuestos.^{[cita requerida]}
• Aunque se renuncie a la ciudadanía estadounidense, se puede seguir siendo persona estadounidense a efectos fiscales años después de haber renunciado. Si en el momento de la expatriación se mantienen obligaciones fiscales, no se ha cumplimentado el impuesto de expatriación o si se tiene un patrimonio neto mayor de dos millones de dólares, se consideran expatriados con cobertura ("covered expatriated").
• Bajo ciertas circunstancias, los que habían renunciado o estén en proceso de renunciar, se pueden acoger a un programa de alivio[15] como medio alternativo para cumplir con el proceso de la certificación de cumplimiento tributario y no ser considerados expatriados con cobertura, ni ser responsables de los impuestos y multas no pagados.

La Ley FATCA ha sido criticada y recurrida a los tribunales por su inconstitucionalidad[16] y su escasa eficacia para combatir la evasión de impuestos y su sobre-extensión.[17][18]. Algunos de los puntos más críticos se describen a continuación.

Extraterritorialiedad Se trata de una ley exclusivamente estadounidense con alcance extraterritorial que supone una violación del principio de soberanía, al obligar a las instituciones financieras en otros países a cumplir una ley estadounidense fuera de su territorio, que con frecuencia contradice leyes locales. Por ejemplo, en Europa enviar información privada a los Estados Unidos, como exige la ley FATCA, supone una violación de las leyes sobre el tratamiento de datos privados.

Falta de reciprocidad No se trata de una ley recíproca ya que no existe ninguna cláusula para que los bancos estadounidenses a su vez informen a las agencias tributarias de otros países de sus nacionales con cuentas bancarias en los Estados Unidos.

Relaciones internacionales y derechos humanos Según la carta europea de los derechos humanos, las leyes y los acuerdos bilaterales deben respetar los derechos humanos, incluida la privacidad. La implementación de FATCA criminaliza a las personas estadounidenses que viven fuera del país bajo el supuesto de que son evasores fiscales y se las obliga a revelar su información privada de forma desproporcionada, intrusiva y punitiva sin que existan indicios de evasión fiscal[19]. De forma innecesaria expone información personal y financiera que puede ser utilizada en suplantaciones de identidad; así como obligar a declararse como ciudadano estadounidense en países con sentimientos hostiles hacia las políticas de EE. UU. FATCA tampoco respeta el principio del beneficio mutuo que deben regir los acuerdos bilaterales. La firma de los acuerdos intergubernamentales se hizo bajo la amenaza de aplicar sanciones a las instituciones bancarias no estadounidenses.

Efecto recaudador Aunque ha sido defendida como una ley con un propósito únicamente informativo, tiene un carácter recaudatorio sobre las economías de otros países en el contexto de las leyes fiscales estadounidenses; ya toda persona estadounidenses tienen obligaciones fiscales independientemente de donde residen, operen o de donde provengan sus ingresos. Uno de los mecanismos recaudatorios es retener inversiones de valores en la bolsa y activos estadounidenses. Las empresas también pueden ser consideradas persona estadounidense (dicha consideración no está recogida en ningún tratado bilateral y queda a discreción de las leyes estadounidenses) que estarían obligadas a pagar impuestos por todas sus operaciones globales a través del Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI). Esta actitud ha sido calificada de imperialista[20]

Coste frente a beneficio En el caso de las personas físicas que tienen su residencia en países con cargas fiscales mayores que en los EE. UU., la capacidad recaudatoria es mínima y el coste de implementación de esta ley es muy superior al posible beneficio. Carga que además deben asumir las instituciones financieras que se convierten en sucursales del IRS, que admite las ineficacia al tratar el volumen de datos[21] La mayoría de las personas afectadas son de clase media o baja con ingresos muy inferiores a la excepción fiscal de 108.000$ para residentes en el extranjero.

Cierre de cuentas Las instituciones financieras son reticentes a admitir a cualquier cliente sospechoso de tener la nacionalidad estadounidense para evitar conflictos legales y posibles sanciones. Al incluir el indicia haber nacido en los EE. UU, los formularios para abrir una cuenta bancaria exigen indicar el lugar de nacimiento y los bancos rechazan a clientes por ese motivo, aunque se tenga otra nacionalidad o se declare no tener cargas fiscales con los EE. UU. y tener la residencia fiscal fuera de los EE. UU. Lo que supone una fragante violación del principio de no discriminación. Esta situación ha obligado a los clientes afectados apelar a los tribunales europeos[22] y forzarles a iniciar el proceso de expatriación[23][24].

Americanos por accidente En Francia, uno de los países más estrictos en la aplicación de FATCA y con un importante número de ciudadanos estadounidenses, se estima que existen unos 10 000 estadounidenses accidentales a quienes se les han denegado servicios bancarios, por declarar que nacieron en los EE. UU.; hecho que no pueden ocultar ya que figura en sus documentos de identidad. Sin embargo, se estima que existen varios cientos de miles de clientes bancarios en toda Europa que también se verían afectados por FATCA (hijos o nietos de estadounidenses, personas que residieron en los EE. UU. y solicitaron la llamada "Green Card", o tienen cuentas en los EE. UU.). Circunstancias que los bancos no indagan o no tienen capacidad de indagar y es suficiente una declaración de no tener obligaciones fiscales con los EE. UU. para quedar "por debajo del radar".

Rechazo al FATCA doméstico en los EE. UU. La administración del presidente Biden propuso expandir la información que deben reportar los bancos estadounidenses bajo el plan "American Families Plan Tax Compliance Agenda". Todas las cuentas bancarias con un saldo tan bajo como 600$ serían reveladas a la agencia fiscal estadounidense (IRS); lo que en la práctica permitiría a la IRS tener acceso a la información de todas las cuentas corrientes de los ciudadanos estadounidenses, sin requerir una auditoría, que solo se puede hacer bajo indicios. La propuesta fue rechazada por el Congreso de los EE. UU. el 29 de octubre de 2021. Algunas de las alegaciones fueron: Violación del derecho a la privacidad como derecho fundamental; los datos privados solo deben ser revelados bajo la premisa de motivos razonables, incluso a los gobiernos. La falta de seguridad de la IRS al procesar la información; cuya base de datos ha sido hackeada en varias ocasiones. La desconfianza natural del pueblo estadounidense al uso que haría el gobierno con toda la información privada y financiera de sus ciudadanos.^{[cita requerida]}

Evasión fiscal Por otra parte, la ley FATCA no cumple con su propósito de evitar la evasión de impuestos cuando existen mecanismos legales para que grandes fortunas y empresas no paguen impuestos. En la práctica, FATCA da una ventaja a los bancos estadounidenses para atraer grandes fondos a estados con fuertes deducciones fiscales, como Delaware, que en esencia funcionan como paraísos fiscales.[25]

El senador Rand Paul ha descrito FATCA como un ejemplo de ley que no cumple con su objetivo y con demasiadas repercusiones destructivas no previstas. Europa y Canadá son las regiones con una mayor proporción de expatriados, muchos de ellos con doble nacionalidad, y han creado asociaciones para apelar a las instancias europeas y proteger sus derechos.[26][27]

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