Fernando Londoño

Londoño Hoyos desarrolló una larga carrera como abogado privado, se ha desempeñado principalmente como abogado litigante en derecho civil, mercantil, financiero, administrativo y penal. En 1957 es designado Superintendente de Control de Cambios, una vez graduado de la universidad.[4] Ha sido durante muchos años profesor de la Facultad de Derecho de la universidad en la cual estudió.

La mayor parte de su carrera ha sido como representante de empresas privadas, muchas de ellas contratistas del Estado.

Londoño Hoyos se vuelve conocido a partir de la defensa de Fernando Botero Zea, ministro de Defensa de Samper, en el proceso 8000. Se vuelve entonces opositor al presidente Samper.[5][6]

Fue ministro del Interior y de Justicia durante los dos primeros años del primer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, hasta que en 2004 presentó su renuncia al verse vinculado en el escándalo de la compra irregular de acciones de la firma Invercolsa,[7][8] igualmente la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años por abuso de autoridad y conflicto de intereses.[2]

Ecopetrol era propietaria de una empresa llamada Invercolsa (Inversiones de Gases de Colombia S.A.). En 1997 Ecopetrol decidió vender la empresa, para ello debía venderla a sus trabajadores. Londoño manejaba la firma de abogados de Invercolsa, por ello Enrique Ramírez su sucesor en la dirección lo certificó como trabajador de Invercolsa. Londoño adquirió de esta forma 52% de las acciones de la empresa.[9]

Ese tema lo persiguió por su paso por el Ministerio del Interior al cual renunció luego que la Superintendencia de Sociedades le impusiera una sanción por adquirir indebidamente 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de 9.000 millones de pesos en mayo de 1997,[10] para luego venderlas a un precio mayor del adquirido.[8][11]

En febrero de 2007 una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas ilegalmente, al ratificar que el exministro presentó una certificación falsa. El Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos «no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A.» y ordenó que en término de 5 días el exministro Londoño debía restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.[12] Decisión que fue apelada por el exministro y en 2005 una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo y la Corte Constitucional les dio la razón.[13][14][15] Tras surtir todos los procesos de apelación, en el año 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó a Londoño devolver las acciones de Invercolsa a Ecopetrol. El fallo fue ratificado en 2020. Ecopetrol recuperó las acciones y en 2022 finamente vendió la compañía.[16]

El 12 de noviembre de 2004 Fernando Londoño Hoyos fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años ya que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, encontró que Londoño hizo uso indebido de su cargo como Ministro del Interior y de Justicia al hacer gestiones que favorecieron los intereses del consorcio italiano Recchi, del que había sido su apoderado judicial. En el fallo la Procuraduría concluyó que: "el ex ministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de la República después del Presidente".[2] Londoño habría usado su cargo para intervenir ante el Invías y ante el Ministro de Transporte para presionar el pago de una deuda que tenía la Nación con el consorcio Recchi del cual había sido apoderado en 1997, (en aquel entonces Londoño había recibido 74 millones de pesos como honorarios),[2] debido a un conflicto en un contrato que el consorcio tenía con la Nación para la construcción de un tramo de la vía Bogotá - Villavicencio, conflicto que terminó condenando a la Nación a pagar 13.958 millones de pesos, según informe de la Procuraduría del año 2004.[2] El pago de la deuda había sido postergado por la Nación debido a falta de recursos intentando un acuerdo con los abogados de la firma italiana. En agosto de 2003, Londoño, para entonces Ministro del Interior hizo uso de su cargo para lograr la cancelación del pago de la deuda, la prueba fue una carta enviada al embajador en Italia donde Londoño preguntaba sobre el caso. Londoño alegó haber estado actuando en "defensa judicial de la Nación", la Procuraduría consideró que actuó "pero para salvaguardar los intereses del Consorcio Ricchi". La procuraduría a su vez compulsó copias del caso a la Fiscalía para que investigue a Londoño Hoyos por el delito de abuso de autoridad.[2]

Luego de varios años de estudio del recurso de nulidad presentado ante El Consejo de Estado de Colombia por parte del exministro sancionado y destituido en 2004, por la Procuraduría General de la Nación, finalmente el 11 de diciembre de 2012, este tribunal dejó en firme la destitución e inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos emitida por la Procuraduría General.