Guerra civil chilena de 1891

Junta de Gobierno de Chile durante la guerra civil en Iquique, 1891

Desde el principio, los congresistas tuvieron en Santiago una junta secreta que dirigía la revolución desde tierra. Con la conquista del norte, el 12 de abril de 1891 organizaron la Junta de Gobierno de Iquique, compuesta por el Capitán de Navío Jorge Montt Álvarez, que la presidiría, Waldo Silva, Vicepresidente del Senado y Ramón Barros Luco, Presidente de la Cámara de Diputados como vocales, la que actuaría como órgano de gobierno, en reemplazo del Presidente de la República, con Enrique Valdés como secretario y asesorada por cuatro ministros: Interior y Obras Públicas, que se reservó para Manuel A. Matta; Relaciones Exteriores y Justicia, Culto e Instrucción Pública, a cargo de Isidoro Errázuriz; Hacienda, a cargo de Joaquín Walker Martínez; Guerra y Marina, a cargo del Coronel Adolfo Holley.

Junto con el decreto de creación de la Junta, se dio a conocer públicamente, por primera vez, el acta de deposición de Balmaceda, documento ignorado por la mayoría de los congresistas.

Sus agentes en el extranjero, los financistas y banqueros Augusto Matte y Agustín Ross Edwards, lograron la compra de armas de los últimos modelos en Estados Unidos, superiores a las del ejército de Balmaceda, y pusieron trabas a la entrega de los cruceros "Presidente Pinto" y "Presidente Errázuriz" y el acorazado "Capitán Prat" que desde antes de la revolución se construían en Francia.

José Manuel Balmaceda.

Mientras en el norte se consolidaba el gobierno de la junta, en el resto del país se instalaba una férrea dictadura bajo la dirección del Ministro Domingo Godoy, dispuesto a aplastar la rebelión sin reparar en los medios: las universidades y algunos liceos fueron cerrados, así como los clubes y centros políticos; las cárceles se llenaron de enemigos del régimen; los diarios fueron cerrados, las cortes fueron reemplazadas por tribunales militares; fueron incautadas arbitrariamente las haciendas de los opositores; además de realizarse en campos y ciudades enrolamientos forzosos, destinados a incrementar el ejército del gobierno.

Balmaceda decidió legitimar su gobierno, disolviendo el Congreso y convocando a elecciones parlamentarias, postulando como su sucesor a Claudio Vicuña.

Los atropellos en todo orden cometidos por Godoy, causaron que la mayoría del Congreso recién elegido solicitara la renuncia del ministro de La Moneda. Por ese motivo, se organizó otro ministerio al mando de Julio Bañados Espinoza, quien propuso reformas semejantes a las contenidas en la Constitución de 1833, entre ellas, el establecimiento de un régimen presidencial.[9]

Ataque al Cochrane con botes torpedos.

La mayor parte de la escuadra estaba en manos de los congresistas; se estaban construyendo en Francia una serie de buques, de los cuales Balmaceda recibió las torpederas Almirante Lynch y Almirante Condell. Estas atacaron por sorpresa en la madrugada del 23 de abril sobre el puerto de Caldera, lanzando sus torpedos sobre el Blanco Encalada, hundiéndolo. A bordo del buque se encontraba Ramón Barros Luco, integrante de la Junta de Iquique, quien logró salvar con vida, y Enrique Valdés Vergara, secretario general de la Escuadra, quien murió junto a otros 11 oficiales y 171 tripulantes, tanto civiles como militares. Este fue el llamado Combate Naval de Caldera. Si bien el hundimiento significó una pérdida importante de armas, municiones y vituallas para las tropas en tierra,[10] no logró romper la superioridad marítima de la Junta de Iquique.

El 15 de mayo de 1891, Ismael Valdés Vergara, hermano de Enrique, fue designado como secretario general de la Escuadra por la Junta de Iquique.[11]

En tiempos posteriores, Barros Luco desmentiría la anécdota que afirmaba que se habría salvado asido de la cola de una vaca, que era parte del ganado en pie que se acostumbraba a llevar a bordo, porque no sabía nadar.[12]

Cazatorpederos Lynch y Condell atacan al Blanco Encalada en Caldera

El Blanco Encalada fue el primer blindado en el mundo en ser hundido por un torpedo autopropulsado disparado desde otro navío.[13][14][15]

La noche del 19 de diciembre de 1890, la policía balmacedista reprime un meeting conservador, el cual culmina con la muerte del joven conservador Isidro Ossa Vicuña, quien es considerado la primera víctima de la guerra civil. Luis Orrego Luco lo describe como un “joven simpático y sin figuración”, “sin brillante talento”, aunque era “por su ardoroso celo ultramontano y por su situación social prominente, una figura de relieve". La Epoca calificó al asesinato como “aleve e infame”, realizado por los “esbirros del Presidente de la República”, mandados en último término por el propio Balmaceda.** La Unión, por su parte, reclamaba contra un asesinato que se producía “sin causa, ni pretexto, ni provocación de ningún género”. Y luego agregaba con fuerza: “Esta primera víctima de la tiranía que se inicia era por todos conceptos digna de ser inmolada en el altar de la patria. ¡Y fue inmolado inerme, por la espalda, a sangre fría por viles agentes de los agentes de la tiranía, al salir de una asamblea pacífica! Es, pues, el reinado del crimen el que comienza”. El General Baquedano se mostro claro y dispuesto contra el gobierno de Balmaceda, especialmente después del asesinato de Isidro Ossa, Entonces el general señaló a su camarada Cornelio Saavedra lo siguiente: “Ya no se puede volver atrás y debemos proceder”, lo que ilustraba una convicción de ir hasta las últimas consecuencias. La reunión habría sido una más de las que se hicieron en el proceso de politización y polarización de la sociedad durante todo el período que precedió a la guerra civil, pero la muerte de Ossa cambió la importancia de la reunión y también de los últimos días del año. Una partida de policías penetró en el Club Conservador, donde se encontraban los opositores, en una actividad que era liderada por Joaquín Walker Martínez y en la que participaban principalmente jóvenes y obreros. Walker encaró a algunos “sospechosos”, quienes eran de la policía enviados al lugar para ejercer vigilancia, capitaneados por Ramón Valdés Calderón, hombre criticado por sus procedimientos, quien había llegado a ser un * factotum y déspota vulgar”, en palabras de Blanchard Chessi. Después de un intercambio de balazos por ambos lados, fueron apresados más de cien participantes en la reunión, pero Isidro Ossa prefirió emprender el retiro del lugar, siendo perseguido por unos guardias montados. Recibió entonces un disparo que lo dejó moribundo manchando de sangre el lugar y también el debate político. Por primera vez se comprobaba que la lucha de los poderes no era sólo una cuestión de palabras, sino que podía llegar en cualquier momento a los hechos más crueles. Walker Martínez señaló al día siguiente que se trató de un “asesinato alevoso perpetrado en medio de toda la fuerza pública”, cuya sangre caía sobre el Presidente de la República y sus ministros.% A juicio de El Ferrocarril, la policía organizó expresamente una partida armada, “haciendo ostentación de un despliegue inútil e imprudente de fuerza como amenaza al libre derecho de reunión”. La Época calificó al asesinato como “aleve e infame”, realizado por los “esbirros del Presidente de la República”, mandados en último término por el propio Balmaceda.** La Unión, por su parte, reclamaba contra un asesinato que se producía “sin causa, ni pretexto, ni provocación de ningún género”. Y luego agregaba con fuerza: por una parte lamentaron la muerte del joven Ossa y por otra atacaron al gobierno que combatían.[19]

Una de las manifestaciones más visibles de la restricción a las libertades durante 1891 fue la desaparición de los periódicos contrarios a Balmaceda, que dejaron de circular por disposiciones expresas de las autoridades. Un decreto prohibió de inmediato la circulación de El Independiente, El Estandarte Católico, La Época, La Libertad Electoral, El Día, El Fígaro, El Ají y Las Provincias. Similar situación vivieron los adversarios de la administración en Valparaíso, donde a la clausura de diarios se sumó el encarcelamiento de algunos periodistas. Lo mismo sucedió con el periódico El Sur de Concepción, donde “al amanecer del 10 de enero de 1891 se presentó a las puertas de la imprenta [del diario] un piquete de treinta soldados, quienes derribaron puertas y ventanas a golpe de culatazos”, impidiendo su circulación hasta una vez concluida la guerra. El único medio al que se le permitió libre circulación fue a El Ferrocarril, el cual, sin embargo, decidió compartir la suerte de los demás periódicos y no gozar de privilegios especiales, en medio del grave atentado que había sufrido la libertad de prensa. Varios periodistas y dueños de medios fueron a parar a la cárcel, como se ha mencionado. En la penitenciaría capitalina estaban Carlos Lyon y Moisés Escala, director y redactor de La Unión de Valparaíso, respectivamente; Ramón Briseño, de La Patria; Eusebio Segundo Lillo y Teófilo Durán, de La Libertad Electoral; Carlos Luis Húbner y Ángel Custodio Espejo, colaboradores de diversos periódicos; Emilio Espinosa, de El Puchacay, de La Florida; Lorenzo Monsalve, de El Imperial de Coronel; además del propio José María Solano, de El Heraldo. La razón de la prohibición de los medios de comunicación enemigos del balmacedismo es, evidentemente, la instauración de la dictadura, que tuvo consecuencias variadas en términos de restricción a los derechos personales. Sin embargo, el gobierno tenía otras razones para limitar la libertad de prensa, que resumió muy bien el presidente Balmaceda en la inauguración del Congreso Constituyente: “La licencia de la prensa ha llegado en nuestro tiempo a extremidades a que no se llegó jamás en ningún país de la tierra... La licencia se ha precipitado en la pendiente del escándalo, y ha llegado a ser una de las causas del trastorno que aflige a los chilenos pacíficos y honrados”. pesar de las restricciones, la oposición siguió difundiendo sus ideas a través de la prensa clandestina, que se convirtió quizá en el mayor dolor de cabeza del gobierno. Entre los periódicos principales se pueden mencionar los siguientes: La Horca, La Dictadura, La Venganza, La Justicia, La Libertad, El Heraldo, La Patria, El Constitucional, El Congreso, El Republicano, La Revolución. '** El periódico gobiernista El Recluta menciona también otros además de algunos de los señalados, por ejemplo El Amigo del Pueblo. En esos medios, como reconoce un adversario de Balmaceda, “las verdades” que proclamaban eran “a veces exageradas por la vehemencia de ver a la patria restaurada y a los opresores justamente castigados”. La labor de la prensa clandestina era muy difícil. El peligro de ser detenido, enviado a la cárcel e incluso torturado siempre estuvo presente. “Al calabozo con este bellaco... en la noche cantará”, oyó decir Arturo Alessandri al momento de su detención mientras repartía La Revolución, aunque finalmente no sufrió flagelaciones. Pero el caso más dramático fue, sin duda, el de Álvaro Lamas, redactor del Diario Oficial del verdadero gobierno, quien recibió más de cien azotes, fue dejado en libertad luego de varias semanas, con secuelas que se extendieron de por vida. Domingo Godoy reconoció los tormentos, pero aseguró que se habían aplicado sin conocimiento de las autoridad. La difusión se hacía mediante esos “periodistas clandestinos”, pero también contribuyeron las mujeres, que se convirtieron en el principal respaldo de los revolucionarios en la propagación de sus ideales. A me- diados de año La Nación estimó su deber publicar una lista de mujeres “accionistas, protectoras y propagadoras de pasquines”, que se habría encontrado en una imprenta descubierta por las autoridades. El objetivo del medio de gobierno era denunciar a quienes habían contribuido con las calumnias de esos periódicos clandestinos, “en menoscabo de la sociedad, de la familia, del hogar y de la Patria”. La existencia de esa prensa opositora era el reflejo de la vida en la clandestinidad. El gobierno, por su parte, se preparaba para la legalización de sus actos y se organizaba para darle una continuidad histórica a lo que había sido el proyecto de su administración en los últimos años de Balmaceda en el poder. [20]

La acción militar y naval de la junta debía ser secundada por el comité secreto de Santiago, que planeó inutilizar las torpederas del gobierno y la destrucción de puentes para evitar la concentración de las unidades a lo largo del país. Lo primero fue intentado por Ricardo Cumming, industrial de Valparaíso, pero fue delatado por uno de sus cómplices, siendo posteriormente sometido a un Consejo de Guerra que lo condenó a muerte. Su fusilamiento tuvo lugar el 12 de julio de 1891.

Más de setenta jóvenes de familias acaudaladas se reunieron junto a unos veinte artesanos en el fundo de Lo Cañas, de propiedad de Carlos Walker Martínez, a fin de organizar y preparar el corte del Puente del Maipo. Antes de lograr su objetivo, fueron descubiertos, muriendo la mayoría de ellos en el posterior ataque del Ejército presidencial, siendo los restantes aprehendidos y conducidos a la capital, donde, sometidos a Consejo de Guerra, fueron condenados a muerte y fusilados. Este hecho, después conocido como la matanza de Lo Cañas, fue ampliamente publicitado y provocó una reacción negativa, aumentando el apoyo al Congreso.

Muertos en las trincheras después de la batalla de Placilla.

Las tropas congresistas desembarcaron en Quintero y atravesaron el Aconcagua el 20 y 21 de agosto en número de más de 9000 combatientes, y enfrentando a los 7000 hombres de Balmaceda, que eran comandados por los generales Orozimbo Barbosa y Alcérreca sobre las alturas de Concón. Estos jefes no recibieron los refuerzos venidos de Santiago y Concepción y fueron derrotados el 21 de agosto.

El ejército congresista dejó Viña del Mar y Concón, enfrentándose en la meseta de la Placilla con el ejército comandado por Barbosa y Alcérreca el 28 de agosto. La batalla fue tan corta como decisiva, las tropas balmacedistas fueron completamente derrotadas, muriendo sus generales en el enfrentamiento.

La derrota del Presidente significó el inicio de un período en la Historia de Chile conocido como la República Parlamentaria, que se extendió entre 1891 y 1924, y en el cual los Presidentes de la República estuvieron fuertemente controlados por el Congreso, que debía aprobar a su gabinete de Ministros.

Se aprobaron leyes de amnistía en diciembre de 1891 (a favor de personal subalterno de las fuerzas armadas), febrero de 1893 (a oficiales superiores), agosto de 1893 (a las víctimas de la Masacre de Lo Cañas), agosto de 1893 (a ambos bandos), diciembre de 1895 (pensiones para el personal de la administración pública que fue expulsado de su puesto).

Los partidarios de Balmaceda fundaron el Partido Liberal Democrático, conocido como el partido balmacedista. Su objetivo era cumplir el programa económico de Balmaceda y reformar la constitución para volver al presidencialismo previo a 1891. Sin embargo, en breve tiempo, cayó en las tácticas del parlamentarismo chileno.

Debido a las tensiones entre el nuevo gobierno y el gobierno de los Estados Unidos, que había apoyado a Balmaceda, se produjo el caso Baltimore.