Legislación del aborto en México

Artículo 1.º[1]

(Párrafo primero) En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(Párrafo segundo) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

(Párrafo tercero) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(Párrafo quinto) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A su vez, los principios a los que hace referencia el tercer párrafo de este artículo no sólo favorecen, en todo momento, un gran resguardo hacia las personas beneficiarias, sino que además delimitan la ruta en la que se debe interpretar y aplicar la legislación correspondiente. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (y por lo tanto, las otras 32 respectivas de cada entidad) consisten en:[2]

• El principio de universalidad determina que todas las personas, según lo que la ley mexicana define como tal, son titulares de todos los derechos humanos.

• El principio de interdependencia establece que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan otros múltiples que se encuentran vinculados.

• El principio de indivisibilidad señala que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral y en su totalidad, por todas las autoridades.

• El principio de progresividad recalca que el avance en el desarrollo constructivo de los derechos humanos es una obligación del Estado mexicano, por lo que, al mismo tiempo, implica una prohibición a cualquier retroceso.

Es por todo lo anterior que:

1. Abre la puerta a nuevos derechos que no han sido aludidos de manera explícita en la Constitución general pero sí en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, siempre y cuando sean compatibles con la legislación mexicana, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad (contenido en los artículos 1.º, 22.º y 23.º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
2. Los productos de la concepción no pueden tener garantías absolutas que coarten de manera excesiva y desproporcionada las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres o las personas gestantes.
3. Tampoco puede haber disparidad o asimetría en el reconocimiento de esos derechos sexuales y reproductivos según el lugar donde las personas radiquen o el nivel de ingresos que tengan. Igualmente, proscribe los prejuicios sexistas y de género al interior de las instituciones del Estado mexicano, como las encargadas de la impartición de justicia. Las restricciones al aborto legal y electivo han perjudicado sobre todo a la gente con pocos recursos económicos ya que no puede desplazarse fácilmente a algún lugar dentro o fuera de México donde el aborto electivo este totalmente despenalizado o legalizado. Así mismo, han sido fuertemente estigmatizadas/os por fiscalías y jueces a los que han tenido que enfrentarse por haber decidido no ser madres / padres o haber sufrido emergencias obstétricas.
4. El aborto legal y voluntario no puede someterse a consulta ciudadana ya sea para instituirlo o derogarlo en cada entidad federativa o a nivel federal. Al igual que con el matrimonio igualitario, los poderes legislativos, locales o federal, no pueden negarse a aprobar leyes permisivas sobre este tema. La anulación de alguna sentencia permisiva de la SCJN (como sucedió en Estados Unidos con el caso Roe contra Wade) es improbable y muy poco posible.
5. Admite al amparo como una herramienta para lograr diversos objetivos. En primer lugar ayuda en el cumplimiento de interrupciones del embarazo legales y seguros en las entidades restrictivas. De igual manera, presiona a los congresos, locales y federal, para discutir el tema y culminar en la despenalización y legalización. Y, por último, facilita desde 2021 (acción de inconstitucionalidad AI 148/2017) la liberación de cualquier persona sentenciada por aborto.

Artículo 4.º[3]

(Párrafo segundo) Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

(Párrafo cuarto) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Es por todo lo anterior que:

1. No se debe limitar el aborto legal y electivo pues impide la maternidad y la paternidad voluntarias.
2. Las restricciones al aborto legal y voluntario empujan a las mujeres y personas gestantes a poner en riesgo su vida o bienestar físico, mental y social; al someterse a tratamientos clandestinos, inseguros, insalubres o poco efectivos.

Artículo 20.º[4]

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.

Es por todo lo anterior que:

1. Las leyes secundarias correspondientes incluyen a la interrupción del embarazo como la anticoncepción de emergencia como parte de los procedimientos y servicios que debe recibir cualquier víctima de violación. No debe retrasarse, condicionarse o restringirse de ninguna manera.
2. Ante la omisión o negación de cualquier centro hospitalario público para efectuar el aborto en víctimas de violación, el Ministerio Público podría intervenir, sin dilación alguna, para que el procedimiento se realice.

Artículo 73.º[5]

El Congreso tiene facultad:

(...)

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

(...)

XXI. Apartado b) Para expedir la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada.

(...)

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

Artículo 124.º[6]

(Párrafo único) Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Es por lo anterior que ambas cámaras (Cámara de Diputados y Senado de la República) del Congreso de la Unión son las únicas encargadas de crear, derogar o reformar las disposiciones penales, de salud y de protección a las víctimas de violencia sexual; a nivel federal y relativas al aborto legal y electivo. Por su parte, los 33 congresos de cada entidad federativa pueden realizar lo mismo, pero a nivel local.

Artículo 133.º[7]
(Párrafo único) Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Es por lo anterior que:

1. Cualquier regulación local restrictiva en el tema de aborto legal y electivo o supuestos blindajes a la vida en gestación desde el momento de la concepción serán declarados como inconstitucionales o inválidos. No tendrán ninguna vigencia y serán considerados letra muerta hasta que sean reformados adecuadamente.
2. Aunque la legislación en las entidades restrictivas aún este pendiente, las y los jueces/as de todo el país están, desde 2021 (acción de inconstitucionalidad AI 148/2017), obligados a sobreseer y anular cualquier juicio por aborto voluntario que cualquier fiscalía intente presentar.

Se regula por los 33 códigos penales que existen: el Código Penal Federal, para los delitos del orden o fuero federal; y los correspondientes a cada entidad federativa, para los del orden o fuero común. A grandes rasgos, sobre este tema, todos tutelan el bien jurídico de la vida y la salud a través de sus sanciones, tanto de la mujer y la persona gestante (de manera principal) y del producto de la concepción (de manera secundaria).

En la gran mayoría de las veces, el aborto es considerado una infracción local ya que no se ajusta a lo que determinan tanto los artículos 1.º a 6.º del Código Penal Federal como el artículo 51.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sobre delitos federales:[8][9]

• Tiene que dañar a toda la sociedad en general, pero el aborto solo afecta de manera particular a la persona que decide o es obligada a interrumpir su embarazo.
• Tiene que realizarse dentro del país involucrando a las instituciones del Estado mexicano, como el IMSS, ISSSTE, ISSFAM o Insabi.
• Tiene que realizarse fuera del país involucrando a las instituciones del Estado mexicano, es decir, las embajadas o consulados.
• Tiene que cometerse dentro o fuera de México, por una o un ciudadano mexicano o extranjero contra servidores públicos del Estado mexicano (la o el presidente, las o los secretarios del gabinete, las personas titulares de organismos autónomos o descentralizados, las o los agentes diplomáticos, las o los diputados y senadores del Congreso de la Unión, la o el titular de la FGR, las o los ministros de la SCJN, magistrados o jueces del PJF).
• Tiene que cometerse dentro o fuera de México, por una persona empleada por el Estado mexicano, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
• Tiene que iniciar fuera de México y continuar dentro del país, o viceversa, pero en la gran mayoría de los casos sólo se castiga al consumado y no a las tentativas.

Anteriormente, todos los códigos penales locales definían al aborto como el delito causado por la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Sin embargo, en razón de la reforma de junio de 2011 al artículo 1.º de la Constitución general, la actualidad, en todas las entidad donde se ha despenalizado el aborto voluntario esa interpretación ha sido modificada para que sea el delito causado por la interrupción del embarazo después de un cierto número de semanas de gestación (12 o 13 según el lugar). Y, además, en casi todas las entidades permisivas (Baja California, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa) y muy pocas restrictivas (Campeche), el embarazo se considera que inicia con la implantación del embrión en el endometrio (aproximadamente, una semana después de la fusión de ambos gametos), como también lo considera la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in Vitro”) vs. Costa Rica. Esto es así porque ese cambio constitucional pone a los tratados internacionales en materia de derechos humanos al mismo nivel que el resto de la legislación federal mexicana.[10][11]

Según el Código Penal Federal, los delitos sólo pueden clasificarse según el propósito de quien los comete:[12]

Artículo 8.º

Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

Artículo 9.º

Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

Es decir, se denominan dolosos cuando se tiene la intención original de transgredir la ley completamente consciente del daño y de la ilegalidad de tal acto. Se denominan culposos cuando, sin la intención original de causar un perjuicio, el resultado de tal conducta es incorrecto debido a una negligencia u omisión. Esa misma clasificación también la adoptan los otros 32 códigos locales, que además suelen catalogar al aborto doloso como:

• Consentido o voluntario cuando la persona gestante desea interrumpir su embarazo y está convencida de hacerlo.
• Forzado o coaccionado cuando se realiza sin la autorización de la persona gestante pues esta no desea interrumpir su embarazo.
• Autoprocurado cuando la persona gestante interrumpe su embarazo por sí sola.
• Específico cuando interviene el personal médico, de enfermería o de partería.

La despenalización de la SCJN (y la que tiene que realizar cada entidad que aún no ha armonizado su legislación local) solo involucra al aborto consentido, ya sea autoprocurado o específico. El aborto forzado sigue y seguirá siendo un crimen que amerite penas más severas, sobre todo cuando hay violencia física o emocional de por medio.

Antes de la despenalización federal, en todos los códigos existían ciertas situaciones o condiciones por las cuales el aborto no podía ser sancionado. Esas causales o supuestos del aborto legal siguen y seguirán estando presentes pues su relevancia ahora esta ligada a las leyes de salud. En total son 9 y cada entidad establece cuales son válidas en su territorio y cuales no:[13]

Mapa de la situación del aborto legal en cada entidad federativa en México según sus códigos penales:

---

     Violación^* e imprudencial.      En los mismos términos que las marcadas con naranja además de inseminación no consentida y riesgo de salud y/o muerte para la o el gestante.      En los mismos términos que las marcadas con azul además de malformaciones graves en el feto.      En los mismos términos que las marcadas con morado además de inviabilidad económica para la madre.      A petición libre. Plazo sin especificar (decisión de la SCJN).      A petición libre bajo un sistema de plazos (reforma legislativa). ^*Todas las entidades deben garantizar el aborto en casos de violación. No pueden establecer plazos gestacionales para acceder a él, ni deben condicionarlo a la existencia de una denuncia o autorización previa por parte de las fiscalías o ministerios públicos.

• Sin necesidad de justificación, hasta la semana 12 o 13 de gestación (dependiendo del lugar). Antes de las sentencias de la SCJN de septiembre de 2021, ya estaba contemplado en la Ciudad de México (el antiguo Distrito Federal) y en los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz; a los que se han añadido Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes.
• Por violación, en todas las entidades (aunque solo se menciona en 31). Se puede acceder al servicio en cualquier momento del embarazo, en cualquier lugar del país y antes de que los ministerios públicos o las fiscalías intervengan debido a las normativas federales NOM-046-SSA2-2005 y Ley General de Víctimas. Todos los códigos que siguen considerando un límite máximo en la gestación (generalmente de 3 meses, 12 semanas o 90 días), así como una denuncia o autorización previa de las autoridades judiciales, han sido declarados como inconstitucionales por sentencias CC 53/2016, CC 45/2016 y AR 438/2020.
• Imprudencial o culposo. En 30 entidades cuando es consecuencia de un acto no premeditado, de un accidente o de una emergencia obstétrica.
• Aborto terapéutico, que se subdivide en 3 y requieren el juicio de personal médico especialista:
  • Por peligro de muerte. En 22 entidades cuando de continuar el embarazo la vida de la persona gestante se vea amenazada, aun cuando el deceso pudiera no ser inmediato.
  • Por grave daño a la salud. En 20 entidades cuando el embarazo deteriora, afecta o compromete el bienestar físico o social de la persona gestante. También cuando agrave algún padecimiento físico o mental preexistente o crónico. O cuando impide continuar con algún tratamiento médico o terapéutico.
  • Por alteraciones genéticas o congénitas graves. En 18 entidades. cuando se diagnostican alteraciones en el feto, aunque no es necesario que sean incompatibles con la vida extrauterina.
  • Por trastorno ginecológico. Sólo en Sinaloa cuando la persona gestante con intención de abortar no pudo hacerlo porque no tuvo conocimiento de su embarazo siempre y cuando la irregularidad hubiera sido dictaminado como tal por el personal médico especialista.

• Por inseminación artificial no consentida. En 17 entidades.
• Por causas económicas graves. En solo 2 entidades, Michoacán y Yucatán, cuando se justifique una profunda situación precaria. En el caso del segundo estado, la inviabilidad económica solamente aplica si la madre tiene 3 hijos o más.
• Por negación u omisión del servicio, después de haber concluido el plazo legal. Por ahora solo se aplica en 3 entidades:
  • En Colima, Guerrero y Baja California Sur, si la persona gestante con intención de abortar no pudo hacerlo porque alguna autoridad se lo impidió, cometiendo así una grave violación a sus derechos.
  • En Colima, si la persona gestante con intención de abortar no pudo hacerlo porque el personal médico o de enfermería fue negligente al señalarle que tenía ese derecho dentro del primer trimestre de embarazo.

En el Código Penal Federal solo se reconocen tres:[14]

Artículo 333.º

No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Artículo 334.º

No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

Causales y supuestos del aborto legal según cada entidad federativa

Entidad federativa	Tipo	Violación	Imprudencial	Peligro muerte	Riesgo salud	Alteraciones congénitas	Trastorno ginecológico	Inseminación forzada	Causas económicas	Electivo sin justificación	Negación u omisión
Aguascalientes[lower-alpha 1]	ER / NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Baja California	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Baja California Sur	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Campeche	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Chiapas	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Chihuahua	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Ciudad de México	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Coahuila[lower-alpha 1]	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Colima	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Durango	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Guanajuato	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Guerrero	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Hidalgo	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Jalisco	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Estado de México	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Michoacán	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Morelos	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Nayarit	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Nuevo León	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Oaxaca	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Puebla	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Querétaro	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Quintana Roo[lower-alpha 2]	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
San Luis Potosí	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Sinaloa	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Sonora	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Tabasco	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Tamaulipas	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Tlaxcala	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Veracruz	ER	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Yucatán	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
Zacatecas	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
México	NP	VF	IC	PM	RS	AC	TG	IF	CE	VE	NO
NP indica no punibilidad.
ER indica excluyente de responsabilidad.

De manera particular, Guanajuato y Querétaro son aún los estados con mayores restricciones, pues solamente tienen contemplada la violación y el aborto imprudencial para terminar con un embarazo de manera legal, incluso si la vida o salud de la madre se encuentra en riesgo. Igualmente, antes de la despenalización de la SCJN, la situación era preocupante en Chiapas, Nuevo León y Tabasco; pues aún no incluyen al aborto imprudencial (teniendo en cuenta que, inclusive en aquellos estados donde sí se consideraba, muchas mujeres pobres e indígenas fueron encarceladas de manera injusta).[15]

En Aguascalientes y Coahuila existe un caso particular pues el poder legislativo local aún no ha modificado los artículos del Código Penal declarados como inconstitucionales por la SCJN (sentencia AI 148/2017 y AR 79/2023). Desde entonces, los abortos electivos se permiten más allá de la duodécima semana (en teoría hasta la semana 22) ya que se rigen por el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México que es un protocolo federal. En el caso de Aguascalientes, la reforma es obligatoria y el Congreso local deberá atenderla antes de terminar la próxima legislatura o se enfrentará a sanciones.

Así mismo, los supuestos o causales pueden ser de no punibilidad / de excusa absolutoria o de excluyente de responsabilidad / excluyente de delito. Los dos primeros significan que, cuando se comete dicha conducta, sí existe un delito, pero no merece ser sancionado. Los segundos significan que, cuando se realiza dicha acción, simplemente no existe crimen alguno que castigar. Es por eso que, en teoría, los dos primeros no eran un obstáculo para el ejercicio de la acción penal ya que la mujer o la persona gestante sigue siendo considerada como un infractor y por lo tanto podía enfrentar un procedimiento totalmente innecesario. Así, los segundos se consideran mejores, especialmente ahora que el aborto consentido ya no puede ser criminalizado. Entonces, de nuevo, todas las entidades están obligadas a armonizar también esto. La primera en hacerlo fue el antiguo DF (ahora CDMX) en 2002, y a partir de entonces también lo han hecho casi todas las entidades que han legalizado el aborto voluntario además de Campeche, Chihuahua, Durango, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala.[16][17]

Otro caso especial es Aguascalientes ya que algunas causales son de excluyente de responsabilidad / excluyente de delito (violación y peligro de muerte), mientras que otros se consideran de no punibilidad / de excusa absolutoria (imprudencial o culposo). Esto se traduce en una recriminación sutil hacia la conducta de las mujeres y las personas gestantes, muy probablemente basada en estereotipos sexistas, pues a pesar de que en ambos casos no existirá castigo, para las instituciones judiciales de ese estado, las y los gestantes son técnicamente culpables hasta por los accidentes e imprevistos que puedan sufrir de manera natural o espontánea (como una emergencia obstétrica en un embarazo de alto riesgo).

De manera general, las sanciones pueden incluir privación de la libertad (desde 2021, únicamente se puede hacer efectiva por aborto forzado), multas económicas o medidas alternativas. Cada código establece que penas son válidas en su territorio y cuáles no. Igualmente, cada uno especifica el tiempo que la o el condenado debe purgar. La gran mayoría, inclusive las entidades que han realizado la armonización, establecen castigos tanto a los gestantes como a los colaboradores (donde se encuentra cualquier tercero que tenga alguna participación, familiares, amigos, conocidos, vecinos o personal médico, de enfermería y de servicios de matronería y partería).

Las sanciones por prisión podían ir desde 15 días hasta 5 años. Si bien, desde septiembre de 2021, la despenalización por aborto consentido es efectiva en los hechos; muy pocas entidades, inclusive las permisivas, han modificado sus códigos para desterrar, de manera oficial, las penas de cárcel como lo señala la SCJN. Es decir, los castigos aún están incluidos en la redacción del documento, pero simplemente no se pueden aplicar. En las entidades con aborto electivo, la sanción únicamente se podía imputar cuando la interrupción se realizaba después del límite legal. En la actualidad, sólo los códigos de Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz no impondrían encarcelamiento al gestante pero sí al colaborador. Por su parte, en Baja California Sur y Sinaloa no existiría reclusión para ninguno de los dos. Todos, excepto Coahuila y Zacatecas, mencionan que no se puede perseguir la tentativa, cuando esta produzca lesiones al producto del embarazo o a la mujer o la persona gestante, solo se castiga cuando es consumado.[18]

Los gravámenes económicos pueden estar tasados en días de Salario Mínimo (VSM, esquema anterior a 2016) o en Unidades de Medida y Actualización (UMA, creado en 2016). Es importante recordar que la UMA (con la que también se tasan otras obligaciones como créditos, impuestos, cuotas, pensiones y deducciones personales) se actualiza cada año y no cuando se da un aumento salarial (lo que ha permitido reducir el impacto inflacionario a las ganancias de los trabajadores).[19][20] En Aguascalientes, la multa puede llegar a ser mayor debido a que se señala "la reparación total de los daños", que como se ha mencionado anteriormente, en el caso del aborto voluntario, ese precepto es totalmente absurdo pues se trata de una decisión personal que no afecta absolutamente en nada al resto de la sociedad.

Por último, las medidas alternativas consisten en tratamientos integrales (educativos, sanitarios o psicológicos) al igual que trabajo a favor de la comunidad, pero en libertad. Si bien parecieran ser menos graves que la prisión, en muchos casos siguen siendo problemáticas cuando no se menciona la perspectiva de género, la sensibilización en los derechos humanos y la elusión a estereotipos que estigmaticen, discrimine o atenten contra la dignidad de las personas. Solo en Colima, Chiapas y Veracruz se indica que se debe ser respetuoso con los derechos humanos del gestante o con lo dispuesto en sus respectivas leyes de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Por otro lado están Jalisco y Tamaulipas donde se señalan los “valores humanos de la maternidad” y el “fortalecimiento de la familia”, lo que refuerza el concepto arcaico y conservador de la maternidad como una función obligatoria de todas las mujeres (totalmente contrario a los ideales progresistas de la constitución general y de las jurisprudencias de la SCJN).[21][22]

En la actualidad, pocos códigos siguen considerando atenuantes por aborto consentido. Antes de 2021, servían para reducir el tiempo que una persona purgaba sentencia en la cárcel. Casi todos están basados en estereotipos y prejuicios sexistas y anticuados.

En primer lugar, están las consideradas cláusulas por honor. En el caso del Código Penal Federal, son una "herencia" de los códigos federales previos de 1871 y 1924 y se describen tres condiciones para acceder a ellas:[23]

Artículo 333.º

Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:
I.- Que no tenga mala fama.
II.- Que haya logrado ocultar su embarazo.

III.- Que este sea fruto de una unión ilegítima.

Esas mismas tres siguen presentes en Tamaulipas donde se cambia el concepto de "unión ilegítima" por el de "concubinato o unión fuera del matrimonio", y en Zacatecas donde además la interrupción debió realizarse antes del quinto mes de embarazo. Por su parte, en el Estado de México solamente se menciona "ocultar la deshonra". En Oaxaca también existían estas 3 condiciones pero fueron eliminadas con la reforma de 2019.

En segundo lugar, están las cláusulas por progenitor en Querétaro donde el padre tuvo que haber otorgado el consentimiento para abortar o tendría que vivir con la madre y cumplir con las "obligaciones inherentes a la unión". En 2022, con la despenalización en Quintana Roo, esta condición fue desterrada.

En Guerrero, antes de la armonización en mayo de 2022, se tenía un caso interesante pues se ponderaban las condiciones personales de la mujer: su estado de salud, su instrucción, las circunstancias en las que se produjo la concepción, el tiempo que duró el embarazo o la posición y la condición de género. Esto podía ser favorable o contraproducente dependiendo de la inclusión o la falta de perspectiva de género y sensibilización en los derechos humanos durante el proceso judicial. Sin embargo, el artículo que aludía a esto, ya fue derogado.[24]

Acceso a los servicios de interrupción del embarazo según cada entidad federativa

Entidad federativa	¿Se complementa de la Ley General de Salud?	¿Señala a la NOM-046-SSA2-2005?[lower-alpha 3]	¿Limita el tiempo de espera al reunir requisitos?	¿Limita la objeción de consciencia?	¿Establece universalidad (explícitamente)?[lower-alpha 4]	Otras consideraciones
Aguascalientes	Sí[25]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Utiliza protocolos federales.[lower-alpha 5]
Baja California	Sí[26]	Artículo 50.º nonies	Artículo 50.º nonies indica 5 días hábiles	Artículo 50.º decies señala las condiciones	Artículo 50.º nonies	-
Baja California Sur	Sí[27]	Artículo 62.º	Artículo 62.º indica 5 días	Artículos 32.º bis, 32.º ter y 32.º quater señalan las condiciones	Artículo 62.º	-
Campeche	Sí[28]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Chiapas	Sí[29]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Chihuahua	Sí[30]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Ciudad de México	Sí[31]	Artículos 6.º y 81.º	Artículo 81.º indica 5 días	Artículo 82.º señala las condiciones	Artículo 81.º	Artículo 144.º incluye a centros de reclusión.
Coahuila	Sí[32]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Utiliza protocolos federales.[lower-alpha 5]
Colima	Sí[33]	Artículos 3.º y 62.º quinquies	Artículo 62.º octies indica 5 días	Artículo 30.º señala las condiciones	Artículo 62.º quinquies	Artículo 113.º bis incluye a centros de reclusión.
Durango	Sí[34]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Guanajuato	Sí[35]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Guerrero	Sí[36]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Utiliza protocolos federales.[lower-alpha 5]
Hidalgo	Sí[37]	Pendiente	Pendiente	Artículo 12.º quáter señala las condiciones	Pendiente	Artículo 98.º incluye a centros de reclusión.
Jalisco	Sí[38]	Pendiente	Pendiente	Parcialmente. Artículo 187.º señala las condiciones	Pendiente	-
Estado de México	Sí[39]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Michoacán	Sí[40]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Morelos	Sí[41]	Pendiente	Pendiente	Parcialmente. Artículo 12.º bis señala las condiciones[lower-alpha 6]	Pendiente	-
Nayarit	Sí[42]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Nuevo León	Sí[43]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Oaxaca	Sí[44]	Pendiente	Artículo 65.º ter indica 3 días naturales	Pendiente	Artículo 65.º ter	-
Puebla	Sí[45]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Querétaro	Sí[46]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Quintana Roo	Sí[47]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Utiliza protocolos federales.[lower-alpha 5]
San Luis Potosí	Sí[48]	Artículos 36.º y 96.º bis	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Sinaloa	Sí[49]	Artículo 86.º bis	Pendiente	Artículo 86.º bis 2 señala las condiciones	Artículo 86.º bis	Artículo 235.º bis incluye a centros de reclusión.
Sonora	Sí[50]	Pendiente	Pendiente	Pendiente.	Pendiente.	-
Tabasco	Sí[51]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Tamaulipas	Sí[52]	Pendiente	Pendiente	Parcialmente. Artículo 6.º bis señala las condiciones	Pendiente	Artículo 30.º bis alude al aborto legal[lower-alpha 7]
Tlaxcala	Sí[53]	Pendiente[lower-alpha 8]	Artículo 44.º bis indica 5 días	Artículo 44.º bis A señala las condiciones	Pendiente	-
Veracruz	Sí[54]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Utiliza protocolos federales y locales.[lower-alpha 5][lower-alpha 9]
Yucatán	Sí[55]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
Zacatecas	Sí[56]	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	-
México	Sí[57]	Pendiente	Pendiente	Parcialmente. Artículo 10.º bis señala las condiciones[lower-alpha 10]	Pendiente	Complementa a las leyes locales de salud.

Mapa del acceso al aborto voluntario en cada entidad federativa en México según sus leyes de salud:

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     Aborto electivo permitido. Existe tiempo máximo de espera al reunir todos los requisitos. Objeción de consciencia limitada^*.      Aborto electivo permitido. Existe tiempo máximo de espera al reunir todos los requisitos. Objeción de consciencia aún debe ser limitada^*.      Aborto electivo permitido. No existe tiempo máximo de espera al reunir todos los requisitos. Objeción de consciencia limitada^*.      Aborto electivo permitido. No existe tiempo máximo de espera al reunir todos los requisitos. Objeción de consciencia aún debe ser limitada^*.      Aborto electivo restringido^*. ^*Todas las instituciones federales de salud deben garantizar el aborto electivo sin necesidad de justificación alguna.

En total son 33: la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud, para asuntos que incuben a la federación; y los correspondientes a cada entidad federativa, para asuntos locales. A grandes rasgos, todos sistematizan el derecho a la protección de la salud que tiene cualquier persona que reside en México así como las bases y modalidades para el acceso a los servicios y programas de salud proporcionados por las instituciones y organismos públicos (ya sean federales o locales).

Todas tienen apartados que tratan sobre las políticas de planificación familiar, pero solo en algunas que han legalizado el aborto electivo se incluyen artículos, fracciones o capítulos sobre el aborto legal (que a su vez se relaciona con las causales y los supuestos de cada uno de los códigos penales). De hecho, la Ley General de Salud no tiene ninguna referencia sobre esto último. De cualquier manera, todas las entidades permisivas, señalan que los gestantes deben recibir servicios de orientación y conserjería, no solo médica sino también psicológica y hasta social, con información científica, veraz, clara, oportuna y sin sesgos ideológicos o estereotipos para que conozcan sus opciones, derechos y posibles riesgos o consecuencias. Igualmente, suelen indicar un tiempo máximo de espera para realizar el procedimiento una vez presentada la solicitud y reunidos los requisitos. También ofrecen, de manera opcional, asistencia en salud sexual y reproductiva posterior a la interrupción del embarazo.

En casos de delitos sexuales, únicamente la Ciudad de México menciona de manera explícita la NOM-046-SSA2-2005, mientras que Baja California hace lo mismo junto a su Ley de Víctimas. No obstante, esto es un mero formalismo ya que todas, hasta las entidades restrictivas, deben acatar todos los reglamentos federales o locales contra la violencia sexual. El resto de las entidades permisivas sólo indican que deben seguirse las guías y protocolos de buenas prácticas emitidos por las autoridades sanitarias internacionales o federales, pero sin especificar cuales (por ejemplo, el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México). Así mismo, aunque legislación federal no mencione de manera explícita a la NOM-046-SSA2-2005 o la Ley General de Víctimas, todas las clínicas y hospitales pertenecientes a instituciones federales de salud deben cumplirla.

Todo el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud, así como el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, tratan sobre la gratuidad de los servicios médicos e insumos asociados para las personas que no están adscritas a algún sistema de seguridad social federal (IMSS, ISSSTE o ISSFAM) para así hacer cumplir la universalidad que establece el artículo 4.º de la constitución general.[58][59] Sin embargo, debido a que las clínicas y hospitales de instituciones federales de salud ubicadas en entidades que han legalizado el aborto voluntario no pueden practicar procedimientos de interrupción del embarazo en las causales o supuestos que el Código Penal Federal no contempla aún, los y las pacientes tienen que ser remitidos a centros sanitarios pertenecientes a las secretarias de salud locales. Es por eso que todas las entidades permisivas autorizan el servicio de aborto electivo a cualquier gestante, sin importar si tienen o no, un seguro público o privado. Aun así, se pueden solicitar amparos personales para que esas instituciones interrumpan embarazos por la causal grave daño a la salud, pues, aunque tampoco esté considerado a nivel federal, existe ya un precedente de la SCJN.

A nivel local, entidades permisivas generalmente limitan la objeción de consciencia para que sea un derecho del personal de salud y no un obstáculo para que los gestantes puedan ejercer los suyos de la siguiente manera:

• No se puede invocar en casos de urgencia; para salvaguardar la salud o la vida de la o del gestante, cuando el embarazo es resultado de violación o cuando el plazo legal está próximo a vencer.
• El personal objetor debe referir de manera inmediata al paciente con personal no objetor.
• Todos los centros sanitarios públicos están obligados a contar de manera permanente con suficiente personal no objetor.

Sin embargo, a nivel federal, la Ley General de Salud se ajusta parcialmente a los precedentes de la SCJN ya que aún es necesario acotarla mucho más:[60]

Artículo 10.º Bis

El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

Tanto en Coahuila como en Veracruz existen situaciónes especiales para subsanar los vacíos y lagunas jurídicas sobre objeción de consciencia, criterios, procedimientos, protocolos y hasta plazos; dado que la despenalización en esos lugares no incluyó reformas a sus respectivas leyes de salud. En la primera se utiliza el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México, que es un documento federal. En la segunda existe, desde noviembre de 2021, su propio Programa de Aborto Seguro y de Servicios de Salud.[61][62]

A partir de mediados de 2021, el gobierno federal proporciona este esquema en algunas unidades hospitalarias públicas del Sistema Nacional de Salud de todo el país. Su objetivo es facilitar el acceso a abortos legales (de acuerdo con el marco legal vigente de cada entidad y a la NOM-046-SSA2-2005) a través de un trato de calidad, oportuno, resolutivo, integral, cálido, empático, confidencial, sin estigmas, sin juicios, sin discriminación; sin tratos inhumanos, crueles o degradantes y con personal capacitado, comprometido y sensibilizado. No solo se concentran en el aborto inducido, sino que también hincapié en el aborto espontáneo (diferido, inevitable, en evolución o incompleto).[63]

Los criterios, procedimientos y protocolos del programa se encuentran consignados en el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México, realizado por la Secretaría de Salud (SSA) federal junto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). Incluye directrices e información correcta y suficiente basada en la mejor evidencia científica disponible, con perspectiva de género y de derechos humanos, así como con tecnología e insumos clínicos adecuados:[64][65]

• Es de los pocos documentos federales que mencionan a los miembros de la diversidad sexogenérica (hombres trans, personas no binarias, queer, gender fluid, agénero o bigénero) aunque los agrupa bajo el concepto de "usuarias" (lo que es una inconsistencia y desacierto).
• Aclara de manera detallada cuales son los derechos humanos, reproductivos y sexuales reconocidos en la Constitución general y los tratados internacionales que México ha suscrito.
• Enfatiza la importancia del aborto legal realizado por instituciones de salud del Estado, pues cuando este lo obstaculiza, las personas son forzadas a buscar tratamientos inseguros y poco efectivos con personal poco capacitado adecuada que podría dañar su bienestar físico, mental y social.
• Señala que los procedimientos deben ser prioritarios pues son sensibles al tiempo y no pueden ni deben suspenderse aún en contextos de crisis humanitarias o sanitarias. Son más seguros mientras más pronto se realicen, de lo contrario, se podrían conducir a daños prevenibles e injustificados.
• Reitera que no debe existir un plazo para realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que es un derecho de las víctimas de violencia sexual, cuya atención debe inmediata y sin condicionarla al cumplimiento de requisitos previos (como denuncia penal o autorización judicial).
• Indica que la objeción de conciencia es un derecho del personal de los servicios de salud, pero debe estar acotada para no comprometer la continuidad en la asistencia sanitaria demandada. No puede invocarse en casos de urgencia, ni a nivel institucional. Se debe canalizar al paciente sin delación a personal no objetor o de lo contrario se estaría incurriendo en una irresponsabilidad que deberá ser sancionada.
• Reconoce la autogestión, la autoasistencia y la telemedicina de cualquier comunidad con o sin el apoyo de un prestador de atención sanitaria.
• Enfatiza la salud mental, los principios bioéticos del consentimiento informado (para no imponer, sugerir o intentar cambiar la decisión de la o el gestante) y el lenguaje accesible y fácil de entender del personal sanitario al paciente (para explicar la terminología médica y/o legal).
• Señala como debe ser el proceso que deben llevar las y los gestantes; desde el primer contacto (entrevistas, exploración física y exámenes de laboratorio y ultrasonidos), los procedimientos (preparación previa del paciente, procesamiento instrumental, dosis recomendadas y manejo de posibles complicaciones como dolor, hemorragias o infecciones) y hasta el seguimiento final (anticoncepción postaborto, consultas rutinarias y vinculación intrainstitucional o intersectorial).
• Únicamente hay dos abordajes aprobados: el de medicamentos o farmacéutico (misoprostol solo o combinado con mifepristona; por vía bucal, sublingual, oral o vaginal) y el quirúrgico o instrumental (aspiración manual endouterina o aspiración eléctrica endouterina). El legrado uterino instrumental se considera obsoleto y nocivo, por lo que está totalmente desaconsejado. En el primer trimestre, el procedimiento siempre será ambulatorio por lo que se puede realizar en cualquier unidad de primer nivel, mientras que en el segundo trimestre se requiere de atención intrahospitalaria.

Finalmente, como utiliza la misma definición de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el aborto (la terminación de un embarazo antes de las 22 semanas completas de gestación o cuando el producto pesa menos de 500 gramos) las autoridades sanitarias de Coahuila han decidido que el aborto electivo se puede realizar después de la duodécima semana.

Se trata de una regulación técnica, expedida por la SSA, de observancia obligatoria para todas las instituciones de salud y personal médico y de enfermería pertenecientes al Sistema Nacional de Salud de los sectores público, privado y social. Su objetivo es el de establecer las reglas, directrices, características, criterios, procedimientos y protocolos en la orientación, detección, prevención, tratamiento y recuperación de víctimas de violencia familiar o sexual. Sobre la atención médica en casos de violación, indica que debe ser de calidad y libre de estigmas, juicios y malos tratos, pues así se evita poner en riesgo, de manera innecesaria, la salud e integridad de las y los afectados. Su incumplimiento da origen a sanciones penales, civiles o administrativas (según corresponda y conforme a las disposiciones legales aplicables).[66]

Es importante recordar que esta norma remplaza, desde 2005, a la NOM 190-SSA1-1999 pues antes de esa fecha no existía ningún proyecto que regulara esto de manera precisa y explícita, aunque el Código Penal Federal establece desde 1931 a la violación como causal para abortar legalmente. Igualmente, el escándalo y la indignación que se generó por el caso Paulina en 1999 (y la posterior recomendación de la CIDH), exacerbaron las demandas por un documento de esta naturaleza.

Todo el capítulo 6 trata sobre los criterios específicos a seguir en la prestación de los tratamientos específicos. Así, la sección 6.4. señala que:[67]

6.4.1.

Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata.

6.4.2.3.
En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada.

6.4.2.7.
En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas.

En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables.

Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento.

Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán sujetarse a las disposiciones federales aplicables.

6.4.2.8.

Para los efectos establecidos en el numeral 6.4.2.7, las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad.

Mientras tanto, la sección 6.7. indica que:[68]

6.7.1.

Las y los prestadores de servicios de salud que otorguen atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deberán recibir periódicamente sensibilización, capacitación y actualización en la materia previamente mencionada; como

6.7.2.9.

Anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo, conforme a la legislación correspondiente.

Desde 2016 y en la actualidad, ya no es necesario denunciar previamente u obtener autorización del Ministerio Público para proceder con el aborto por violación pues en muchos casos, incluso con la denuncia o la autorización, las solicitudes eran rechazadas en los servicios médicos pues se inventaban pretextos y hasta requisitos. Los grupos conservadores, religiosos y antiderechos han utilizado esto para desinformar a la opinión pública asegurando que de esta manera los agresores sexuales quedarían impunes. Esto es falso pues toda la sección 6.5 menciona como las instituciones y el personal de los servicios de salud deben actuar: con registro de cada uno de los casos para notificarlos a las autoridades correspondientes, ayudando a las fiscalías con información relevante y expedientes o invitando a las víctimas a presentar su denuncia después de haber sido atendidas.[69]

Igualmente, son 33 en total: la Ley General de Víctimas (para asuntos que incuben a la federación) y las correspondientes a cada entidad federativa (para asuntos locales). Son de observancia obligatoria para todas las autoridades y servidores públicos de los ámbitos de gobierno a los que correspondan (federal o local) así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas. A grandes rasgos, todas reglamentan la protección de los agraviados a través del reconocimiento y la garantía de sus derechos, como son asistencia, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia. Sin embargo, únicamente la legislación federal y la de Baja California mencionan de manera explícita directrices, características, criterios, procedimientos y protocolos sobre la violación.[70]

Mapa sobre medidas de atención a víctimas de violencia sexual en cada entidad federativa en México según sus leyes locales de víctimas:

---

     Se menciona a la Interrupción Legal del Embarazo y la anticoncepción de emergencia^*.      Solo se menciona a la anticoncepción de emergencia^*.      No se menciona ni a la Interrupción Legal del Embarazo, ni la anticoncepción de emergencia^*. ^*Todas las entidades deben asegurar la Interrupción Legal del Embarazo y la anticoncepción de emergencia, pues así lo establece de la Ley General de Víctimas.

En la última actualización de la NOM-046-SSA2-2005, de 2016, ya no se obliga al personal de los servicios de salud a verificar la denuncia de las personas agredidas sexualmente, ni exige autorización previa del Ministerio Público para proceder con el procedimiento. Eso es así debido al artículo 5.º de la la Ley General de Víctimas, donde se indica una serie de conceptos, principios y definiciones, como el de buena fe, que señala que todas las autoridades y los servidores públicos están comprometidos a nunca criminalizar o responsabilizar a las víctimas por su situación y a siempre brindarle los servicios de auxilio desde el momento en que lo requiera, respetando y permitiendo el ejercicio efectivo de sus derechos.[71]

Atención a las víctimas de violencia sexual según cada entidad federativa

Entidad federativa	¿Se complementa de la Ley General de Víctimas?	¿Señala que las autoridades deben apegarse al principio de buena fe?	¿Qué servicios médicos se mencionan?
Aguascalientes	Sí[72]	Artículo 3.º	Artículo 20.º
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Baja California	Sí[73]	Artículo 6.º	Artículos 30.º y 33.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
			Profilaxis Post Exposición para VIH
Baja California Sur	Sí[74]	No	No se mencionan
Campeche	Sí[75]	No	Artículo 33.º y 35.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Chiapas	Sí[76]	No	No se mencionan
Chihuahua	Sí[77]	No	No se mencionan
Ciudad de México	Sí[78]	Artículo 5.º	Artículos 18.º, 20.º y 90.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
			Profilaxis Post Exposición para VIH
Coahuila	Sí[79]	Artículo 7.º	Artículo 14.º y 18.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Colima	Sí[80]	Artículo 5.º	Artículos 26.º y 31.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Durango	Sí[81]	Artículo 4.º	Artículo 97.º
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Guanajuato	Sí[82]	No	No se mencionan
Guerrero	Sí[83]	Artículo 3.º	No se mencionan
Hidalgo	Sí[84]	No	Artículo 24.º y 25.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Jalisco	Sí[85]	Artículo 5.º	Artículo 22.º y 27.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Estado de México	Sí[86]	Artículo 6.º	Artículo 19.º y 23.º
			Anticoncepcion de Emergencia
Michoacán	Sí[87]	No	No se mencionan
Morelos	Sí[88]	Artículo 5.º	Artículos 16.º, 20.º y 23.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
			Profilaxis Post Exposición para VIH
Nayarit	Sí[89]	Artículo 5.º	Artículos 30.º y 33.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Nuevo León	Sí[90]	Artículo 6.º	No se mencionan
Oaxaca	Sí[91]	Artículo 5.º	Artículos 29 y 34.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Puebla	Sí[92]	Artículo 3.º	Artículo 32.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Querétaro	Sí[93]	Artículo 5.º	Artículo 8.º
			Anticoncepcion de Emergencia
Quintana Roo	Sí[94]	Artículo 5.º	Artículo 33.º
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
San Luis Potosí	Sí[95]	Artículo 5.º	Artículos 29.º y 34.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Sinaloa	Sí[96]	Artículo 4.º	Artículos 39.º y 44.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Sonora	Sí[97]	No	No se mencionan
Tabasco	Sí[98]	Artículo 6.º	Artículo 19.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Tamaulipas	Sí[99]	No	Artículos 17.º y 22.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Tlaxcala	Sí[100]	Artículo 5.º	Artículo 27.º
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Veracruz	Sí[101]	Artículo 5.º	Artículos 28.º y 33.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo
Yucatán	Sí[102]	Sección quinta de la exposición de motivos	No se mencionan
Zacatecas	Sí[103]	Artículo 5.º	No se mencionan
México	Sí[104]	Artículo 5.º	Artículos 30.º y 35.º
			Anticoncepcion de Emergencia
			Interrupción Voluntaria del Embarazo

Sobre los servicios de emergencia médica, la Ley General de Víctimas indica que:[105]

Artículo 29.º

Las instituciones hospitalarias públicas federales, de las entidades federativas y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 30.º
Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:
I. Hospitalización
II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia
III. Medicamentos
IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata
V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas
VI. Transporte y ambulancia
VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente
VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos
IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y
X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, las entidades federativas o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 35.º

A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 2014, el delito de aborto en México, cuando es voluntario, se clasifica como no grave, por lo que las personas acusadas pueden permanecer en libertad mediante el pago de una fianza y continuar con el proceso fuera de prisión (como lo señala el segundo párrafo del artículo 19.º de la constitución general).[136] Es por esto que en 2017, el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade promovió la acción de inconstitucionalidad AI 148/2017, ante la SCJN, pues el recién reformado código penal de Coahuila, al recrudecer la criminalización al aborto consentido, contravenía tanto la legislación federal y los tratados internacionales de los que forma parte México.

La tesis fue analizada entre el 6 y 9 de septiembre de 2021[137] cuando 10 de los 11 ministros, por unanimidad, invalidaron los artículos correspondientes de aquel código penal local. No solo eso, también reconoció por primera vez que la penalización del aborto electivo es contrario a los artículos 1.º y 4.º de la constitución general. Así, las mujeres y las personas gestantes en México tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos pues al no permitir que estas personas accedan al aborto voluntario no solo se vulneran sus derechos sexuales, reproductivos y de acceso a la salud, sino que además estigmatiza y pone en riesgo al personal de servicios salud y personas más pobres y en mayor grado de marginación.[138]

Según el último párrafo del artículo 105.º, fracción II de la constitución general[139]; y debido a la reforma al Poder Judicial de la Federación de marzo de ese mismo año, las decisiones de la SCJN son obligatorias para todas las instancias, autoridades y órganos jurisdiccionales del país (tanto federales como locales), cuando son aprobadas por mayoría calificada (8 votos para el pleno y 4 para las dos salas). Previo a esto, se necesitaban 5 jurisprudencias continuas en el mismo sentido respaldadas por mayoría absoluta.[140] De esta manera, a partir del aval de esta jurisprudencia, ningún juez puede castigar a ninguna persona por aborto consentido (gestante o colaborador) aunque la norma federal o local lo siga criminalizando. No obstante, las fiscalías locales sí pueden continuar abriendo carpetas de investigación y enviando a la gente a los tribunales, pero una vez que lleguen a manos de un juez, el caso siempre deberá ser anulado. Se trata entonces de una despenalización de facto. A diferencia de otros países (como en los Estados Unidos con el caso Roe v. Wade) la legalización del aborto electivo en todo el país no fue automática pues aún es necesario que los poderes legislativos tanto locales como federales aborden el tema, es decir, de iure.[141][142]

Sin embargo, gracias a esto, las personas que han sido encarceladas por el delito de aborto electivo han podido salir de prisión, ya que, en este país, las jurisprudencias únicamente pueden ser retroactivas cuando beneficia a los derechos humanos. Es por esto que, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, en coordinación con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), anunciaron en ese mismo mes que iniciaron con los procedimientos necesarios para la liberación de las personas condenadas.[143][144][145][146] Así mismo, se han reforzado las leyes de amnistía que algunas entidades han promulgado desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Inclusive, ciertas entidades han creado leyes de amnistía específicas en favor de las mujeres que han sido revictimizadas por violencia de género.[147]

Posterior a la despenalización y legalización del aborto voluntario en la Ciudad de México, numerosas entidades, gobernadas por partidos conservadores, fueron en sentido contrario al aumentar las prohibiciones y promulgando candados a la vida prenatal en sus constituciones locales, a través de "reconocer y proteger la vida humana desde la concepción".

En septiembre de 2011, la SCJN analizó por primera vez la validez de esas reformas constitucionales a través de las acciones de inconstitucionalidad AI 11/2009 y AI 62/2009 promovidas respectivamente por el Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California y por doce integrantes del Partido de la Revolución Democrática pertenecientes a la LIX Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. La tesis se centró en si esas disposiciones eran contrarias a la constitución general al permitir que los legisladores locales se atribuyan facultades para proteger la vida en esos términos, o al otorgar protecciones absolutas a los productos de la gestación como si se tratara de personas ya nacidas. Aunque fueron aprobadas por mayoría relativa (7 de los 11 ministros), no se consiguió la unanimidad (donde debían votar 8 de los 11 ministros), por lo que no hubo pronunciamiento alguno (ni a favor, ni en contra) y ambos proyectos fueron archivados. Eso no significó una victoria para los grupos antiderechos, ni una derrota para las organizaciones a favor del aborto. Sin embargo, de esta discusión se desprenden varias conclusiones importantes que serán retomadas posteriormente:[148][149]

• La protección de la vida no puede vulnerar los principios de supremacía e igualdad, por lo que debe ser totalmente compatible con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
• No puede haber disparidad en los derechos de la ciudadanía mexicana según el lugar donde radiquen.
• El Estado mexicano, laico, democrático y plural, no debe imponer un determinado modelo de conducta o de virtud.
• La constitución general no tiene detalles y es interpretable, pero las normas inferiores (locales) no sirven para interpretar el sentido de las normas superiores (federales).
• Las constituciones locales no son códigos penales, pero los blindajes a la vida en gestación generan incertidumbre jurídica e inhiben a las personas en el ejercicio de sus derechos.

Finalmente, fueron las acciones de inconstitucionalidad AI 106/2018 y AI 107/2018 promovidas por los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a la modificación, en 2018, de la constitución local de Sinaloa, lo que llevó a la SCJN a declarar, el 9 de septiembre de 2021, que esos candados a la vida prenatal son completamente inconstitucionales y por lo tanto deben ser derogados en todas las legislaciones del país. Esta vez, la tesis mencionaba que esas disposiciones atentaban contra diversos derechos de las mujeres: a la salud, a la dignidad humana, a la privacidad, al libre desarrollo de su personalidad; así como sexuales y reproductivos.[150] Así, los 11 ministros señalaron que no se puede considerar como personas a embriones y fetos y por lo tanto tampoco se les puede dotar de personalidad jurídica plena pues aunque sí cuentan con ciertas protecciones, estas son mínimas al inicio del embarazo y van aumentando conforme al desarrollo de este. Es decir, las garantías que pudieran tener los productos de la concepción nunca podrán desconocer o estar por encima de los derechos y libertades de las personas nacidas. De hecho, la vida en gestación se defiende a través de la vida y bienestar de las mujeres y las personas gestantes a través de la continuidad en los embarazos deseados; asegurando atención prenatal, proveyendo partos saludables y abatiendo la mortalidad materna (entre otros). Únicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión están autorizados a definir de manera explícita el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos; pero hasta ahora no ha sucedido.[151][152][153]

De nueva cuenta, no desembocó en una legalización automática en todo el país pues es responsabilidad exclusiva de las entidades (y de la federación) el reformar sus órdenes jurídicos. Sin embargo, a partir de ahora, cualquier persona con capacidad de gestar en México puede interrumpir su embarazo por decisión propia en las primeras etapas de este. Igualmente, obliga a los poderes legislativos de las entidades, que aún no han armonizado sus leyes, así como de la federación a siempre pronunciarse a favor de la ampliación de nuevos supuestos y de la aprobación del aborto electivo (a lo que las colectivas y organizaciones feministas han expresado que harán presión para que las primeras 12 semanas de gestación sea el límite mínimo). Así mismo, se deben modificar sus leyes de salud para considerar las bases, modalidades, criterios, procedimientos y protocolos para interrumpir un embarazo de manera legal.[154][155] Y sobre todo, en aquellos lugares que retrasen la discusión sobre el tema, se facilitará el acceso a amparos, ya sea individuales para acceder a un aborto voluntario (aún si la persona no está embarazada) o colectivos para invalidar las legislaciones restrictivas.[156][157][158][159][160][161]

La primera vez que la SCJN abordó este tema fue en 2009, cuando el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, promovió la controversia constitucional CC 54/2009 en contra de varios preceptos de la NOM-046-SSA2-2005 por supuestamente extralimitarse. En realidad, buscaba evitar que los hospitales y clínicas públicas de ese estado distribuyeran anticonceptivos de emergencia (también conocida como píldora del día siguiente) en casos de agresión sexual, pues según él era "abortiva". Su tesis contenía varios puntos débiles como que debería ser el Ministerio Público y no las autoridades sanitarias el que protegiera y ofreciera atención médica a las víctimas. Igualmente, solo correspondería a los congresos locales el legislar en materia de atención a víctimas en delitos del orden común. O que se consideraba un agravio que las instituciones de salud, tanto privadas como sociales, destinaran recursos para la capacitación de su personal. Y que solo correspondía a la ley de salud local regular diversos aspectos de salubridad general. Al final, fue un 27 de mayo de 2010 cuando 10 de los 11 ministros del pleno no le dieron la razón y votaron por la completa válidez de la normativa.[162][163][164]

Unos años después, en 2016, el debate volvió a abrirse a causa de los cambios a la NOM-046-SSA2-2005 donde las víctimas de agresión sexual ya no necesitaban denuncia o autorización previa del Ministerio Público para proceder con un aborto. Los gobiernos de Baja California y Aguascalientes, inconformes con esas modificaciones, interpusieron las controversias de inconstitucionalidad CC 53/2016 y CC 45/2016 para invalidarlas[165]. Fue desechada el 5 de agosto de 2019 por 8 de los 11 ministros del pleno pues se consideró que esas nuevas disposiciones resultan favorables para los derechos humanos de las mujeres. Igualmente, existen los precedentes del amparo en revisión AR 601/2017 y AR 1170/2017, donde la Segunda Sala resolvió por unanimidad a favor de dos mujeres de Morelos y Oaxaca respectivamente, a las que hospitales públicos les negaron interrumpir su embarazo producto de una violación.[166][167] Se ordena entonces a todos los hospitales públicos y privados del país a acatar.[168][169]

Posteriormente, en 2018, la familia de una menor con parálisis cerebral que había sido violada y con residencia en Tapachula, Chiapas solicitó ante la SCJN el amparo en revisión AR 438/2020 para poder abortar ya que el hospital se lo había negado. La muchacha tenía más de 90 días de gestación que es el límite que establece el código penal de ese estado. Por eso, el 7 de julio de 2021, la Primera Sala declaró, por mayoría calificada, inconstitucional el poner plazos al acceso a la interrupción del embarazo cuando se trata de una decisión no consentida y resultado de conductas violentas; sobre todo en víctimas en condiciones de vulnerabilidad, pues atenta contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.[170][171] De nuevo, tanto la NOM-046-SSA2-2005 como la Ley General de Víctimas fueron respaldadas por la máxima autoridad jurisdiccional y constitucional del país. Se invalida así, de manera automática, cualquier disposición en cualquier entidad que imponga límites para el aborto en caso de violación.

Finalmente, el 24 de mayo de 2022, el pleno de la SCJN volvió a retomar las controversias de inconstitucionalidad CC 53/2016 y CC 45/2016 para esta vez declarar, por mayoría calificada, que la reforma del 2016 a la NOM-046-SSA2-2005 no invade las competencias de las entidades en materia penal y protege el derecho a decidir de las víctimas de violencia sexual, por lo que las y los adolescentes mayores de 12 años pueden interrumpir embarazos, sin consentimiento parental, cuando estos son producto de una violación.[172][173][174]

En 2018, la CNDH presentó la acción de inconstitucionalidad AI 54/2018 ante la SCJN por la reciente modificación de la Ley General de Salud sobre la objeción de consciencia pues esto podría traducirse en otro obstáculo para negar a cualquier persona gestante sus derechos reproductivos o usarlo como un pretexto para discriminar a otros colectivos como el LGBTQ+. La sentencia se dio hasta el de 20 de septiembre de 2021, cuando 8 de los 11 ministros del pleno determinaron que ese concepto era totalmente constitucional, pero, en razón de su nivel de especificidad muy pobre, se insta a los poderes legislativos tanto locales como federales a poner límites claros y precisos a su aplicación. Se concluyó que la objeción de consciencia como está determinada en la legislación actual carece de perspectiva de género e interseccional, al no reconocer que son las mujeres, personas gestantes, personas de orientación sexual diversa y personas con menos recursos las que más podría sufrir los impactos de su ejercicio. Se evita así atropellar el principio de seguridad jurídica que incide directamente en los derechos a la salud o la vida. Es decir, la objeción de consciencia no es un derecho absoluto o general que pueda ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier modalidad para desobedecer las leyes.[175][176][177]

En 2013, una derechohabiente del ISSSTE interpuso el amparo en revisión AR 1388/2015 al tener que realizarse un aborto terapéutico en una clínica privada ya que el procedimiento le fue negado en un hospital de esa institución pública. Las autoridades del nosocomio argumentaron que ni el Código Penal Federal ni la Ley General de Salud contemplaban dicha causal, aunque ellos mismos reconocían que el embarazo era de alto riesgo debido a su edad y que empeoraría aún más sus complicaciones por diabetes e hipertensión, conduciéndola muy probablemente a la muerte. La primera respuesta, juez de distrito, fue negativa, por lo que, en 2016, el caso fue atraído por la Primera Sala de la SCJN. Esta última, en cambio, resolvió por unanimidad a favor de la quejosa el 15 de mayo de 2019 pues, aunque la legislación federal no aborda el tema del aborto de manera explícita, la naturaleza del documento se basa en la preservación del derecho constitucional a la salud del paciente. De esta manera, aquel hospital había incurrido en una falta muy grave. El recurso no fue vinculante para todas las instituciones de salud públicas y privadas en el país pues se dio antes de la reforma al Poder Judicial de la Federación (de marzo de 2021) pero sienta las bases para que otras personas gestantes se puedan ver beneficiadas en el futuro y quizás se alcance la declaratoria de inconstitucionalidad siempre y cuando se aprueba por mayoría calificada.[178][179][180]​