Libertad académica

La Constitución de los Estados Unidos ha servido de antecedente para las Constituciones de los países americanos y también de base para la Declaración de 1940 de la AAUP[2] (véase más abajo). En dicha Constitución, la libertad de expresión está garantizada por la Primera Enmienda, que establece que "El Congreso no dictará ninguna ley... que restrinja la libertad de expresión, o de prensa...".

Sin embargo, la libertad académica abarca una serie de derechos que no están contemplados en la libertad de expresión, como el derecho a elegir el tema que se dictará en clases, el derecho a la titularidad, etc. Por lo tanto, la libertad de cátedra es cuando mucho parcialmente protegida por la Primera Enmienda. Algo similar ocurre con las Constituciones de los otros países americanos. En algunas Constituciones la libertad académica figura explícitamente como tal, pero no se encuentra definida, y como ya se explicó, no tiene sino un valor simbólico, porque ningún Juez defenderá un derecho que no está definido y menos si tiene que actuar en contra del poder de turno por defender a un individuo.

En la página "Academic Freedom" se indica que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protegería solamente a las Universidades públicas, pero no a los establecimientos privados o religiosos.[9] Sin embargo, esto necesita verificación, porque en general los principios Constitucionales abarcan a todas las Instituciones de un país, sean públicas o privadas.

Más allá de las constituciones de cada país, la mayoría de los derechos que protege la libertad académica están garantizados por diversas Convenciones internacionales de la ONU, OEA, OIT y UNESCO, que se indican más abajo, en Leyes.

En ausencia de leyes que la garanticen en la práctica, la libertad académica está mejor protegida por los estatutos y reglamentos de las instituciones, cuando estos la definen y salvaguardan, por los contratos individuales, por los cuadernos de los profesores, por los contratos gremiales y leyes laborales, y por el uso y costumbre en el ámbito académico. El problema surge cuando estos no alcanzan, cuando el conflicto no puede resolverse dentro del ámbito académico y entonces se necesita la intervención de la justicia. En ausencia de leyes específicas, es poco lo que un juez puede hacer; mejor dicho, es poco lo que uno puede esperar de la justicia.

Esta asociación ha sido pionera en la defensa del derecho humano a la libertad académica, no sin tener que superar numerosos inconvenientes a lo largo de su existencia, incluyendo problemas recientes. En 1940 esta asociación publicó la llamada “Declaración de principios sobre la libertad académica y estabilidad[10]”[2]

Sin duda esta declaración ha servido de punto de partida para otras declaraciones posteriores, como la “Declaración de Lima sobre libertad académica y autonomía de las instituciones de educación superior” Lima Declaration (English), aprobada por el Servicio Universitario Mundial (SUM) (World University Services (WUS)). También sirvió de base para la RRCPDES/97, esta última mucho más completa, documentada y con el consenso de todas las naciones que integran la UNESCO.

Sin embargo, el origen de este principio es muy anterior y se remonta a la Edad Media, en Alemania, los Países Bajos y Francia (véase Historia).

Un gran defensor de la libertad académica fue SS el Papa Juan Pablo II, como lo demuestra la “Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Universidades Católicas”, denominada Ex Corde Ecclesiae y escrita en 1989. Este documento es anterior a la Recomendación de la UNESCO, RRCPDES/97, que es de 1997 y posterior a la de la AAUP, de 1940. Por esta Constitución deben regirse las Universidades Católicas Pontificias, es decir, aquellas que dependen directamente del Papa, de la Santa Sede.

Otros antecedentes inmediatos son las declaraciones de:

• Siena 1982
• Lima 1988
• Bolonia 1988
• Dar Es Salaam 1990
• Kampala 1990
• Sinaia 1992
• Erfurt 1996

Se indican aquí algunas leyes que defienden el principio de libertad académica, aunque en algunos casos sin una definición y en otros casos con una definición parcial y muy particular. Hasta ahora no existe ninguna Ley que defienda la libertad académica según ha sido definida por la UNESCO (docencia, investigación, estabilidad, resolución de conflictos, derechos, obligaciones, etc.).

• En Argentina, la Ley de Educación Superior (N.° 24.521) de 1995, en su artículo 33, defiende específicamente la libertad académica. Sin embargo, en este caso como en muchos otros, el problema es que se menciona este derecho humano sin llegar a definirlo, ni teórica ni operacionalmente. Ante un conflicto, difícilmente un juez se pronunciará sobre algo que no se sabe lo que es. Si se hubiese tomado la recomendación de la UNESCO como definición en esta ley, otra hubiese sido la situación; pero ocurre que esta ley fue sancionada en 1995, y por lo tanto es anterior a la recomendación de la UNESCO, hecho que de por sí ya es un gran mérito. Otro problema en este caso, es que el ámbito de aplicación abarca solamente a las universidades, privadas o estatales, quedando de su aplicación los institutos de investigaciones, las fundaciones, y las instituciones de educación superior, que no dependan de las universidades, ni del Ministerio de Educación.
• En Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (n.º 18.962), de 1990, defiende y define parcialmente la libertad académica (de un modo muy peculiar).[11]

Las ideas de la libertad académica como un derecho que asiste también a los estudiantes es de origen alemán, como ya se indicó. Es el concepto de Lernfreiheit o libertad de aprender. Implica que los estudiantes tienen la libertad de elegir su propio camino de estudio, tomando los cursos que ellos prefieran, en las universidades que ellos elijan. Estas ideas fueron trasportadas a los Estados Unidos en el siglo XIX por algunos alumnos que habían estudiado en universidades alemanas. Quien utilizó este método de manera más prominente fue Charles Eliot en la Universidad de Harvard, entre 1872 y 1897, cuando el único curso obligatorio era retórica.

En la actualidad, en la mayoría de las universidades de los Estados Unidos, este sistema de estudios tiene plena vigencia, con pocas materias obligatorias, muchas optativas, y con diferentes cátedras para elegir.

En ese país la libertad académica de los alumnos está regulada por la libertad de los Profesores de determinar qué puntos de vista son sustentados por los estándares de cada universidad, revisión de pares, y normas establecidas en sus disciplinas.

De acuerdo con una decisión de la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos,[12] el derecho de los profesores a la libertad académica y libertad de expresión es fundamental en la vida académica. Por este motivo, los estudiantes en ese país no tienen el derecho a exigir que los tópicos contradictorios tengan el "mismo tiempo" de dedicación.[13] Por otro lado, a un estudiante se le puede exigir que escriba un trabajo desde un punto de vista particular, aunque el estudiante no esté de acuerdo con ese punto de vista, siempre que ese requerimiento tenga exclusivamente un propósito pedagógico.[14] Sin embargo, el derecho de los Profesores a determinar legítimamente los temas de estudio no puede llegar al punto de comprometer el derecho de los estudiantes a aprender en un ambiente libre de hostilidad. Asimismo, la palabra de un profesor está protegida solamente hasta el punto en que es pertinente al tema de estudio.[15]

Esta política de los Estados Unidos encuentra bastante consenso en el resto del mundo. Sin embargo, en algunos países, la libertad académica de los estudiantes va más allá, llegando incluso al cogobierno universitario, un tema bastante conflictivo ^{[cita requerida]}, sobre todo cuando la libertad académica de los estudiantes adquiere tal preponderancia que comienza a socavar la libertad académica de los Profesores de elegir los temas y los estándares de las materias.^{[cita requerida]}

El concepto de libertad académica como un derecho de los profesores (Lehrfreiheit, en alemán) ha sido generalizado en las culturas occidentales. En general, todos los países coinciden en el derecho de un profesor a investigar y publicar sus hallazgos sin restricciones, pero difieren con respecto a la libertad de un profesor en clase.

Bajo la tradición alemana, los profesores tienen la libertad de tratar de "convertir" a sus estudiantes a su sistema filosófico y punto de vista particular.[16] De todos modos, los profesores no son estimulados o tiene prohibido expresar su punto de vista, particularmente si es político, fuera de clase. Con respecto a sus clases, no debe haber obligaciones particulares, ni contenidos predeterminados, y tampoco restricciones sobre un tema en particular.

En los Estados Unidos, la libertad académica es generalmente tomada como la noción de este concepto definida en la "Declaración de Principios sobre Libertad Académica y Estabilidad de 1940".[17] Esta declaración fue hecha en conjunto por la Asociación Norteamericana de Profesores Universitarios (AAUP, en inglés) y la Asociación Norteamericana de Universidades (AAC). Esta declaración establece que los profesores tienen derecho a una total libertad para discutir su tema de enseñanza y estudio.[2] La AAUP trabaja en conjunto con colegios y universidades, incluidos los colegios privados y religiosos, para implementar estos principios como bases de los contratos con los profesores. Las casas de altos estudios que violan estos derechos quedan incluidas en una lista de instituciones censuradas.

En Francia, se espera que un profesor de una universidad pública francesa, o un investigador de un instituto público, como cualquier servidor público, se comporte de una manera neutral, y no favorezca en particular ningún punto de vista político o religioso durante el curso de sus obligaciones. Sin embargo, la libertad académica de los profesores universitarios es un principio fundamental reconocido por leyes de la República, como lo define el Consejo Constitucional de Francia. Más aún, la ley indica que los profesores-investigadores (profesores que se dedican principalmente a la investigación), los investigadores y los profesores son totalmente independientes y disfrutan de una total libertad de expresión en el curso de su trabajo de docencia e investigación, siempre que respeten, siguiendo las tradiciones universitarias y las disposiciones de la ley, los principios de tolerancia y objetividad. (Education Code, L952-2). La nominación y promoción de profesores se lleva a cabo sobre todo a través de un proceso de revisión por pares (peer review), en lugar de usar procesos administrativos directos.

La libertad académica de las instituciones se refiere fundamentalmente a su autonomía. En particular, a la libertad para nombrar los profesores, establecer los estándares, admitir los estudiantes y manejar el presupuesto y su balance entre docencia e investigación. Se distingue de cualquier otra libertad que se garantice a los estudiantes o profesores.

En los Estados Unidos, la Corte Suprema[18] ha establecido que las instituciones de educación superior (docencia e investigación) tienen la facultad de establecer por sí mismas las bases académicas sobre:

1. quién puede enseñar
2. qué puede enseñarse
3. cómo debería enseñarse
4. quién puede ser admitido como estudiante

La titularidad (tenure) o estabilidad de los profesores en su cargo, o su equivalente funcional, es de primordial importancia para garantizar la libertad académica.[1][2] Sin embargo, este derecho es un tema de discusión permanente, sobre todo en los ambientes más autoritarios.

La estabilidad, en general, se garantiza luego de un período de prueba,[19] que en los países más desarrollados y con mayores garantías y libertades no excede de 3-5 años. Luego de ese período de prueba con pautas bien establecidas, el Profesor/ Investigador solo puede ser destituido por causa muy grave, que pueda demostrarse ante terceros.[20]

La UNESCO, y por lo tanto la mayoría de las opiniones, sostiene que no puede existir libertad académica si el derecho a la estabilidad en el cargo no está garantizado. Quienes defienden este principio sostienen que, de lo contrario, un profesor/investigador podría ser alejado de la institución ante la menor crítica a una doctrina instituida (defendida por su institución o por terceros), o incluso ante la menor disputa con las autoridades institucionales o grupos antagónicos con poder y autoridad circunstanciales, cuyas decisiones nada tengan que ver con lo académico (grupos de poder, prebendas económicas o políticas, celos profesionales, administración fraudulenta, etc.).

La otra postura, contraria a la estabilidad en el cargo, sostiene que un profesor/investigador debería ser elegido con o sin demasiados requisitos previos; que eso no es importante, porque luego se lo evalúa periódicamente, y que, si no rinde lo esperado, se lo alejará del cargo. El problema con esta postura es determinar quién está realmente capacitado para hacer las evaluaciones y con qué criterios se harán. El gran dilema es saber si realmente es tan fácil juzgar la originalidad y valor de una idea. Ahora, precisamente por ser original, una idea o actitud podría superar la capacidad intelectual de los que pretenden ser sus jueces, quienes muy probablemente la interpretarían como una amenaza o como algo trivial. Evitar esto es precisamente uno de los objetivos de la libertad de cátedra. El riesgo en esta postura, contraria a la libertad académica y en general sostenida por grupos autoritarios que se consideran capaces de dirigir y administrar hasta las ideas originales, es que esa actitud puede generar un clima poco propicio para que las frágiles ideas originales maduren, se fortalezcan y prevalezcan.

La otra postura, la de la UNESCO, generalmente aceptada pero no suficientemente implementada, es que se pase en primer lugar por un riguroso examen de admisión, basado en los antecedentes del postulante, y luego por un período de prueba establecido de antemano, no muy extenso (3-5 años) y con pautas muy claras, cumplido el cual se le concede la estabilidad de por vida (frecuentemente hasta la jubilación, aunque este es otro tema controvertido). Su implementación y aceptación no ha sido aún generalizada, debido precisamente a la oposición de los sectores más autoritarios. La Universidad de Harvard es una de las universidades de mayor prestigio con titularidad de por vida.

Quienes defienden una postura contraria a la estabilidad en los cargos, sostienen que ella constituye un problema serio, porque no es posible destituir a los profesores/investigadores que no alcanzan un mínimo de "producción". Quienes defienden la estabilidad, en cambio, sostienen que este es precisamente el precio de la libertad y que es un precio mínimo comparado con los beneficios de una libertad académica plena. Sostienen que es preferible tener algunos profesores/investigadores venidos a menos, que iniciar una cacería de brujas en busca de estándares cientificistas que difícilmente se pueden evaluar ecuánimemente, y peor aún, bajo el riesgo de dejar sin protección o incluso de acallar las ideas más originales.

El enemigo más acérrimo de la libertad académica es sin duda el autoritarismo. Las sociedades donde prevalecen el autoritarismo o el corporativismo profesional, no toleran este derecho humano. Se lo ve como una amenaza inmediata a la autoridad, al poder, tal como ocurre con la libertad de prensa en las democracias débiles. Este es uno de los motivos por el que costó nada menos que 40 años lograr un consenso en la UNESCO sobre lo que significa la libertad académica, sobre los diversos derechos y obligaciones que conlleva, y sobre los métodos adecuados para su aplicación, todos ellos incluidos dentro de la mencionada Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior. El hecho de que finalmente se haya logrado un acuerdo nos muestra cuanto ha mejorado la relación entre las distintas culturas, ideas políticas y creencias, aunque aún falta mucho camino por recorrer. Nos muestra que vamos por buen camino, aunque algunas veces tengamos retrocesos alarmantes.

El derecho a la propiedad intelectual está también incluido dentro del marco de la libertad académica.

Véase La propiedad intelectual como derecho humano Boletín de Derecho de Autor, Vol. XXXV, no. 3, jul-sep 2001, UNESCO.

Otro derecho intrínseco a la libertad académica, y del que poco se habla, es el derecho de los profesores/investigadores a la exclusividad en el uso de los equipos o instrumentos adquiridos con subsidios propios gracias al producto de su labor intelectual, mientras dura el proyecto, y a la primera prioridad en su uso cuando el proyecto culmina (pero con obligación de compartirlos con sus colegas). Asimismo, el derecho a su traslado a otras instituciones cuando se traslada el profesor/investigador. Estos derechos y obligaciones no fueron considerados en la Recomendación de la UNESCO de 1997 y el debate en los organismos internacionales u ONG al respecto ha sido nulo. En realidad, la propiedad es compartida entre la persona o institución que otorga los fondos, la institución que lo alberga y el investigador; pero nadie debería tener más derecho y es más idóneo para el uso de los equipos que el investigador que propuso la idea, el proyecto, que permitió hacer realidad su adquisición.

Hay que tener en cuenta que los equipos e instrumentos son al investigador como la pluma y el papel al escritor. Sin ellos es imposible elaborar y transmitir nuevos conocimientos. Son las herramientas básicas de un Investigador.

Uno de los derechos humanos menos reconocidos aún es el derecho a no ser discriminado por edad avanzada. Pocas constituciones defienden este derecho.

En los Estados Unidos, el "Acta contra la Discriminación por edad" (Age Discrimination Act) de 1975[21] protege este derecho para todas las reparticiones públicas y programas que reciban asistencia financiera federal. Pero no en muchos países existe una ley similar.

Por lo general, los profesores tienen la obligación de jubilarse después de los 60-65 años. Ellos son alejados compulsivamente de sus cátedras y laboratorios, sin importar si su capacidad física e intelectual están aún intactas, sin importar lo que aún puedan aportar a la sociedad. Sin duda la capacidad de producción disminuye paulatinamente con la edad, pero otras capacidades se incrementan, como la experiencia y la sabiduría. La literatura está llena de ejemplos de importantes aportes al conocimiento realizados por mujeres u hombres de edad avanzada.

Esta tendencia, común en la década de 1990, incluso en las empresas, comienza lentamente a revertirse en algunos países. Algunos profesores han comenzado a reclamar judicialmente su derecho constitucional (cuando este existe) a no ser discriminados por edad (en Canadá, por ahora).

Están en juego aquí diversos valores, como la dignidad, la gratitud, y el reconocimiento a quienes nos precedieron. No se pretende que conserven el mismo espacio y recursos que tenían cuando estaban en la plenitud de sus carreras, pero al menos merecen, si desean continuar realizando su trabajo de docencia y/o investigación, un espacio digno, el espacio mínimo necesario para llevar a cabo esas actividades.

La solución a la falta de espacio y de recursos no es la discriminación por edad, sino la creatividad para lograr mayores recursos materiales y presupuesto.

La libertad académica establece que los profesores tienen libertad de enseñar y que los alumnos libertad de aprender. Pero en ocasiones estas libertades, presuntamente, entran en conflicto.

La Asociación Estudiantes por la Libertad Académica (Students for Academic Freddom o SAF) fue fundada para proteger a los estudiantes de tendencia liberal (de centro izquierda) en colegios (universitarios) y universidades. La organización alega haber recolectado numerosas declaraciones de estudiantes que aseguran que algunos de sus profesores hicieron caso omiso a su responsabilidad de mantener los temas controvertidos fuera de clase y que, en cambio, enseñaron los temas desde un punto de vista ideológico.[22] Como muchos de estas reclamaciones y derechos no están regulados, la organización realizó un anteproyecto de Ley llamado "Ley de Derechos Académicos" (Academic Bill of Rights), que fue presentado en muchas legislaturas estatales y en la Cámara de Diputados. Muchos ven a este preproyecto como un medio para instalar una tendencia conservadora en lugar de un punto de vista neutral.

De acuerdo con SAF, la libertad académica es la "libertad de enseñar y de aprender". Afirman en "The Academic Bill of Rights" que la libertad académica promueve la "diversidad intelectual" y ayuda a alcanzar los objetivos primarios de la universidad, es decir, "la búsqueda de la verdad, el descubrimiento de nuevos conocimientos por medio de la enseñanza y la investigación, el estudio y crítica razonable de las tradiciones intelectuales y culturales, la enseñanza y desarrollo de los estudiantes para ayudarlos a convertirse en individuos creativos y ciudadanos productivos de una democracia pluralista, y la transmisión de conocimiento y aprendizaje a la sociedad toda". Así, dicha declaración reclama el control estatal y judicial de los colegios. Esta ley aseguraría:

• que los profesores concienticen a su alumnos de los otros puntos de vista existentes además de los propios;
• que las decisiones sobre los nombramientos, bajas, promociones y titularidad se basen únicamente en la competencia y conocimientos, y
• que califiquen a sus estudiantes basados únicamente en su desenvolvimiento y conocimiento, y no por sus creencias políticas o religiosas.

La ironía, según muchos reclaman, es que dicha ley en realidad restringiría la libertad académica y dejaría la educación en manos de legisladores y jueces motivados ideológicamente, en lugar de permanecer bajo la responsabilidad de los profesores.

De acuerdo con la AAUP, la propuesta "Ley de Derechos Académicos", más allá de su título, es un ataque a la libertad académica en sí misma: "Una premisa fundamental de la libertad académica es que las decisiones concernientes a la calidad de la educación superior deben ser hechas tomando como referencias los estándares de la profesión académica, e interpretada y aplicada por la comunidad de educadores que, por su experiencia y conocimiento, son los calificados para establecer dichos estándares".[23]

La Ley de Derechos Académicos obligaría, según la AAUP, a las universidades a implementar el principio de neutralidad requiriendo el nombramiento de profesores "con un punto de vista hacia el refuerzo de la pluralidad de metodologías y perspectivas", un intento que reclaman como problemático porque "invita a que la diversidad sea medida por estándares políticos que difieren de los criterios académicos".

Esto es importante porque ilustra la complejidad del tema. Por un lado, sin una ley específica, es muy difícil que la justicia pueda ser de ayuda alguna (véase la sección Leyes). Por otro lado, con una ley, en función de la forma en que sea dictada, se corre el riesgo de que, en lugar de los profesores, sean los políticos y los jueces los que terminen decidiendo qué debe enseñarse, algo que de por sí violaría la libertad académica. Quizá mejor que una ley para cada país sea una convención de la ONU, ya que contaría con un gran consenso y quizá se evitaría la influencia del gobierno de turno en cada país. Sin duda, no es un tema simple.

• Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948;
• Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, 1965;
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965;
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966;
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966,y Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966;
• Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1975;
• Declaración de los Derechos de los Impedidos, 1975;
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979;
• Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundadas en la religión o en las creencias, 1981;
• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1984.

• Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 1960, y Protocolo, 1962;
• Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, 1978;
• Convención sobre la enseñanza técnica y profesional, 1989;

Y las siguientes recomendaciones (que, contrariamente a las convenciones o declaraciones, no tienen peso de ley y no es obligatoria su aplicación)

• Recomendación sobre la convalidación de los estudios, títulos y diplomas de enseñanza superior, 1993.
• Recomendación relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 1960;
• Recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales, 1974;
• Recomendación relativa a la situación de los investigadores científicos, 1974;
• Recomendación revisada relativa a la enseñanza técnica y profesional, 1974;

• Convenio N.º 87: Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, 1948;
• Convenio N.º 95: Convenio relativo a la protección del salario, 1949;
• Convenio N.º 98: Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949;
• Convenio N.º 100: Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, 1951;
• Convenio N.º 102: Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social, 1952;
• Convenio N.º 103: Convenio relativo a la protección de la maternidad (revisado en 1952);
• Convenio N.º 111: Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958;
• Convenio N.º 118: Convenio relativo a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros en materia de seguridad social, 1962;
• Convenio N.º 121: Convenio relativo a las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (Lista I modificada en 1980);
• Convenio N.º 128: Convenio relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
• Convenio N.º 130: Convenio relativo a la asistencia médica y a las prestaciones monetarias de enfermedad, 1969;
• Convenio N.º 132: Convenio relativo a las vacaciones anuales pagadas (revisado), 1970;
• Convenio N.º 135: Convenio relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, 1971;
• Convenio N.º 140: Convenio relativo a la licencia pagada de estudios, 1974;
• Convenio N.º 151: Convenio sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, 1978;
• Convenio N.º 154: Convenio sobre el fomento de la negociación colectiva, 1981;
• Convenio N.º 156: Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, 1981;
• Convenio N.º 158: Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, 1982;
• Convenio N.º 159: Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, 1983;

Y las siguientes recomendaciones:

• Recomendación N.º 95: Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952;
• Recomendación N.º 131: Recomendación sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
• Recomendación N.º 143: Recomendación sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, 1971;
• Recomendación N.º 148: Recomendación sobre la licencia pagada de estudios, 1974;
• Recomendación N.º 159: Recomendación sobre los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, 1978;
• Recomendación N.º 162: Recomendación sobre los trabajadores de edad, 1980;
• Recomendación N.º 163: Recomendación sobre el fomento de la negociación colectiva, 1981;
• Recomendación N.º 165: Recomendación sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, 1981;
• Recomendación N.º 168: Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, 1983.

• Recomendación relativa a la situación del personal docente, aprobada el 5 de octubre de 1996 por la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la situación del personal docente (convocada por la UNESCO en cooperación con la OIT), 1966;
• Convención Universal sobre Derecho de Autor, 1952, revisada en 1971;
• Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Acta de París de 1971 (enmendado en 1979), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Y otras declaraciones o convenios suscritos más recientemente (consultar a los organismos correspondientes).