Masacre de las bananeras

Trabajador de la United Fruit Company, 1913.

La United Fruit Company necesitaba obreros para construir los ferrocarriles y los canales de riego; para limpiar el terreno, sembrar el banano y recolectar la cosecha; y también para cargar los barcos. En los primeros años la mano de obra era escasa. La decisión de la United Fruit Company de ofrecer salarios altos, hasta el doble de lo pagado por los hacendados del interior, reflejó su necesidad de atraer fuerza laboral.

Tales incentivos fueron exitosos: durante las primeras tres décadas del siglo veinte, miles de personas llegaron a Santa Marta. Algunos de los primeros fueron soldados liberales de la guerra de los Mil Días, junto con sus generales, que se establecieron en la zona una vez terminada la guerra. Indígenas de La Guajira y de la Sierra Nevada de Santa Marta se sumaron a la fuerza obrera de las plantaciones. Más gente llegó del occidente, de los departamentos del Atlántico, y de Bolívar. Aunque la mayoría de los trabajadores eran de la Costa Atlántica Colombiana, una porción alta de mestizos del interior, en particular de los Santanderes. La United Fruit Company, se dice, mandó contratistas a reclutar este personal. Cultural y racialmente, los trabajadores de las bananeras constituían un grupo heterogéneo. Pero, en contraste con Centroamérica, donde la United Fruit Company importó grandes cantidades de negros del Caribe, más del 90 por ciento de la fuerza laboral de la zona era colombiana. El hecho que los trabajadores de las bananeras de Santa Marta hablaran un mismo idioma, tuvieran una misma religión y, a pesar de las diferencias regionales, se reconocieran como colombianos, mejoró su habilidad de organizarse contra la compañía en 1928.

Por medio de la inmigración, la población de trabajadores creció desde aproximadamente 5000 en 1910 a más de 25 000 en 1925. La gran mayoría trabajaba por un salario monetario. De esta manera, el crecimiento de la economía bananera dio auge a un grupo que no había existido antes en la región: un proletariado rural sin tierra. Muchos de los propietarios rurales de Santa Marta no trabajaban permanentemente en una sola finca. Solo algunos permanecen durante largos períodos de tiempo, y otros tendían a moverse de plantación en plantación, trabajando una semana para la United Fruit Company y la siguiente para uno u otro de los cultivadores colombianos. Tales movimientos reflejaban la demanda fluctuante de trabajo inherente a la economía bananera; la fruta no se cortaba todos los días, y los empacadores y estibadores se necesitaban solamente cuando los barcos estaban en puerto. Algunos trabajadores también tomaron parte en migraciones interregionales. No era extraño que algunos salieran hacia el occidente de la Costa Atlántica para cosechar algodón o caña de azúcar, o se engancharan por algún tiempo en los campos petroleros de Barrancabermeja, cientos de kilómetros al sur.

Para la United Fruit Company esto hacía difícil retener a sus trabajadores, particularmente en los primeros años de escasez laboral. El sistema que la compañía desarrolló para conseguir sus objetivos se basaba en el trabajo a destajo. En lugar de pagar salarios por hora o por día, la United Fruit Company pagaba por trabajo cumplido. Por limpiar terreno y desherbar, se pagaba a los grupos de trabajo por unidad de terreno, por la cabuya (algo mayor que la hectárea). Los trabajadores generalmente laboraban de las seis a las once de la mañana y de la una a las seis de la tarde; eran supervisados por capataces de la United Fruit Company y por listeros. Durante los períodos intensos del corte del banano, grupos de obreros asumían trabajos especializados: los puyeros cortaban la fruta; los coleros cargaban los racimos al borde de los campos; y los carreros los apilaban sobre góndolas que las mulas llevaban hasta las estaciones. Allí los cargadores subían el banano a los vagones que lo llevaban directamente al puerto. Un tercer grupo de obreros cuidaba la irrigación, trabajando en turnos las veinticuatro horas.

El sistema de trabajo a destajo funcionó bien para la compañía y parece que agradaba a los obreros. Aunque era inseguro, les daba la libertad de manejar su propio tiempo y sus procesos laborales. Lo que no les gustaba eran las prácticas de contratación de la compañía. En lugar de contratar directamente a sus trabajadores, utilizaba contratistas colombianos (ajusteros), que acordaban el trabajo a realizar y reclutaban los trabajadores para hacerlos. La United Fruit Company estipulaba:[6]

Así se dio una situación extraña: la United Fruit Company producía millones de bananos cada año, pero sostenía que no tenía trabajadores. El sistema de contratos le sirvió a la compañía: los problemas del reclutamiento y las relaciones laborales se dejaron en manos de unos pocos empresarios colombianos. Pero los trabajadores no estaban tan satisfechos. El sistema conducía a su explotación. Una comisión del gobierno reportó que a los contratistas a veces «les sisan o merman sus salarios». Más importante aún, la United Fruit Company utilizó los contratos para evadir la legislación laboral colombiana.

Cuando después de 1915 el gobierno comenzó a promulgar leyes regulando las condiciones de trabajo, la United Fruit Company rehusó extender los beneficios a los trabajadores en las plantaciones porque, según ella, quienes trabajan en los campos bananeros no son empleados suyos. Uno de los objetivos principales de la huelga de 1928 fue que la United Fruit Company reconociera a sus obreros.

Tal como señalaba la United Fruit Company, los salarios de los obreros de las bananeras eran altos para el momento; desde alrededor de cincuenta centavos por día en 1908, subieron hasta ochenta centavos a un peso y veinte centavos diarios, y a veces hasta un peso y medio por día en los años de 1920.

Aunque la compañía puede haber pagado un buen jornal, la mayoría no encontraba trabajo para todos los días. Además, aunque se suponía que la compañía debía pagarle a sus obreros quincenalmente, a veces había demoras. Los obreros tendían a estar cortos de dinero y a solicitar avances que la compañía distribuía por medio de vales redimibles en almacenes de la compañía.

Se desarrolló un sistema por el cual la mayoría de los contratistas pagaba a sus obreros en parte en vales al iniciar un trabajo, y el resto en efectivo al final. Los trabajadores podían cambiar sus vales por efectivo con tenderos locales, pero éstos descontaban entre el diez y el treinta por ciento. Si un obrero dejaba su trabajo antes de completarlo, la United Fruit Company le retenía el cuarenta por ciento del salario que le debía. El sistema de avances y descuentos pretendía retener a los trabajadores en las plantaciones. Pero muchos obreros se endeudaban con la compañía, y el valor real de sus salarios disminuía.

En 1928 los trabajadores demandarían que la compañía les pagara cada siete días y en efectivo. El ingreso de los trabajadores de las bananeras se reducía con un descuento del dos por ciento para servicios hospitalarios. Se necesitaba urgentemente servicio médico. Una comisión gubernamental reportó:[6]

La United Fruit Company se ufanaba de sus aportes a la investigación antimalaria y de su hospitalidad en Santa Marta. Lo que molestaba a los trabajadores eran las contradicciones y prácticas discriminatorias de la compañía. Los contratos decían que los obreros no eran empleados de la United Fruit Company y, sin embargo, la compañía les descontaba un dos por ciento de sus salarios para salud. A pesar de estos pagos, los trabajadores enfermos o que sufrían accidentes de trabajo muchas veces no podían llegar al hospital. Cuando lo hacían les recetaba quinina y sulfato de magnesio, sin importar cuál fuera el problema, y se les enviaba a casa.[6]

En 1928 los trabajadores pedirán la construcción de hospitales en toda la zona y la compensación por accidentes de trabajo. A los trabajadores también les preocupaba la vivienda. La compañía alojaba a la mayoría de los obreros de las bananeras en campamentos de sus plantaciones. Estos «ranchos» eran insalubres y atestados. Un viejo habitante los describe así:[7][8]

Hasta siete personas dormían en un solo cuarto de tres por tres metros, colgando sus hamacas unas encima de otras. Los campamentos no tenían ventilación, agua potable, duchas o retretes. La United Fruit Company sostenía que el albergue que suministraba no era inferior al de la vivienda rural en otras partes de Colombia. Esto era cierto, pero los obreros esperaban algo mejor. Su sentido de la injusticia aumentaba con el contraste entre sus propios ranchos y las viviendas cómodas con jardines y canchas de tenis de los administradores de la compañía. Al llegar a la huelga en 1928, los obreros pidieron a la compañía que les suministrará mejores viviendas, en las que al menos no peligrara la salud.

Mientras el negocio bananero crecía, y con él la población, los pueblos más viejos de la región se transformaron: Santa Marta y Ciénaga se convirtieron en ciudades sofisticadas con hoteles de estilo europeo, luz eléctrica, bancos y muchas pequeñas fábricas manufactureras. En un informe oficial se hablaba de tres fábricas de hielo, tres de jabón, una de harina, una de licores, una de cerveza, una de cigarrillos y dos de pastas.

Al lado del ferrocarril aparecieron nuevas poblaciones: Riofrío, Orihueca, Guacamayal, Ciudad Perdida, El Retén, Aracataca. Alberto Luna Cárdenas describió a Aracataca en 1914, dos años después de que pasara el ferrocarril por ella:[9]

En las poblaciones nuevas la primera edificación pública era la iglesia, pero los sacerdotes escaseaban y la autoridad religiosa era débil. Después de la iglesia venían la plaza de mercado, el matadero, la inspección de policía y el salón de cine. Cada caserío tenía avidez por un salón de cine; la población estaba embrujada por la magia del cine. La educación formal, sin embargo, era casi inexistente. Había pocos colegios en la zona; la United Fruit Company no los suministró sino después de 1930.

El transcurrir de la vida en los pueblos giraba alrededor de la economía bananera. El día de pago los pueblos vivían, mientras miles de trabajadores buscaban descanso del trabajo duro y del aislamiento de las plantaciones. Las poblaciones proporcionaban diversiones: baile, licor, juego y burdeles. En Aracataca, Alberto Luna Cárdenas encontró:

«estancos para abastecerse de ron blanco… y grandes ranchos para los bailes comunales de los sábados…, festivales con carnaval y tahúres y vendedores de específicos, yerbateros y traficantes de semillas y huesos milagrosos».

Y un trabajador recordaba:

«En el pueblo [nos] esperaban las cantinas y los juegos de boliche, lotería, baccarat, lo mismo que prostíbulos de italianos, sirios, palestinos y criollos».

En los pueblos vivían los comerciantes de la zona que vendían ron blanco, alimentos, herramientas y ropa. Había cuatro o cinco tenderos en cada población y muchos más en Santa Marta y Ciénaga. Su prosperidad dependía de las ventas hechas a los trabajadores de las bananeras. Encontrando competencia directa de la United Fruit Company, se volvieron en su contra, y algunos se convirtieron en fuertes partidarios de la gran huelga de 1928.

Los tenderos y comerciantes de la zona disentían de los almacenes de la United Fruit Company. Surtidos de mercancías importadas que traían los barcos bananeros en sus viajes de regreso, abastecen a los trabajadores a cambio de los vales emitidos por la compañía. Ésta también poseía varias haciendas de ganado que aprovisionaban a los comisariatos con carne fresca. En la década de 1920, los almacenes de la United Fruit Company vendían hasta un veinte por ciento más barato que los tenderos locales. Manteniendo los precios bajos, la compañía esperaba mantener bajos los salarios en un período de inflación general.

Los comerciantes revelaban los precios bajos de la United Fruit Company y el pago a sus trabajadores con vales que podían ser utilizados únicamente en sus almacenes. Los comerciantes que criticaban más fuertemente a la United Fruit Company eran los de Ciénaga, que ya había sido centro de comercio antes del auge bananero, y los comerciantes de importación y exportación de Barranquilla, que abastecen los almacenes de Ciénaga. El comercio de Barranquilla se exasperó más cuando los barcos de la «Gran Flota Blanca» comenzaron a parar allí para negociar la carga que traían de ultra mar.

Los comerciantes no vacilaron en explotar a los obreros de las bananeras: les cobraban precios altos y tomaban descuentos usureros sobre sus vales, mientras las casas de juego contratan matones para robarles sus ganancias a los trabajadores con suerte. Aun así, la prosperidad de los comerciantes dependía de la de los trabajadores y ambos grupos tenían motivos de queja contra la compañía y de acabar con el sistema de vales entraría en el pliego de peticiones de los trabajadores. En compensación, los comerciantes de la zona apoyaron de todo corazón la huelga.

Un cuarto grupo económico importante era el de los cultivadores colombianos de banano. A lo largo del principio del siglo XX, los cultivadores colombianos produjeron más de la mitad de la fruta exportada por la United Fruit Company desde Santa Marta. Durante la década de 1920 poseían 35.000 hectáreas de campos bananeros, contribuyendo con el 57% de las exportaciones. La mayoría de los cultivadores tenía raíces en la región, aunque el auge había atraído inversionistas de todo el país.

Los cultivadores se beneficiaron de las conexiones que la United Fruit Company estableció con los mercados internacionales, pero se irritaba con su posición de monopolio. Los colombianos dependían de la compañía para crédito, riego y mercadeo de su producto. El monopolio de la compañía sobre estos factores le permitía manipular los precios del banano, e imponer condiciones que los cultivadores nativos sabían hostiles a sus intereses.

Para obtener préstamos y vender sus bananos, los cultivadores tenían que firmar contratos de cinco años con la compañía. Los términos de tales contratos eran señalados unilateralmente por la United Fruit Company, cuyo interés era excluir a compañías bananeras competidoras, ajustar el suministro local a la demanda internacional y asegurar su propia posición contra cambios en el medio económico. Por lo tanto, los contratos estipulaban que por un precio fijo (sesenta centavos por racimo desde 1913 hasta 1930), el cultivador se comprometía a vender todo su banano a la compañía. El productor tenía que cortar y entregar la fruta al ferrocarril en los días asignados por la compañía y absorber cualquier incremento en el costo que resultara de nuevos impuestos. Al mismo tiempo, la compañía se exime de cualquier responsabilidad de comprar banano en caso de guerra, huelga o desastre natural que pudieran interferir con el mercado.

Los cultivadores sabían que en un mercado competitivo lograrían mayores precios; también se sentían agraviados por tener que asumir todos los riesgos. Pero lo que más los enfurecía era la negativa de la compañía a recibirles siquiera una tercera parte de su cosecha bananera. A los cultivadores se les obligaba a cortar varias veces a la semana, y por contrato la fruta pertenecía a la compañía desde que se bajaba de la mata; sin embargo, la compañía se reservaba el derecho de rechazar sin pago cualquier banano que no fuera de «calidad de exportación». En realidad, la compañía utilizaba esta condición en forma arbitraria para regular el suministro y para recompensar o castigar a los cultivadores locales. Con el rechazo, que ya había generado gastos al cortar, los cultivadores podían hacer muy poco: venderlo a un precio muy bajo por la Costa Atlántica, en un mercado interno pequeño —alrededor de Santa Marta las clases populares se negaban a comer bananos, a los cuales llamaban peyorativamente «cayeyes», un término también utilizado para insultarse—. La alternativa era dar el banano sobrante a los cerdos o dejarlo al lado del ferrocarril para que se pudriera a la vista de todo el mundo.

Como resultado de estos problemas, la mayor ambición de los cultivadores era independizarse más de la United Fruit Company. Buscaron esto estimulando a otras compañías bananeras para establecer servicio de barcos de vapor a Santa Marta. En 1912 los cultivadores trataron de abrir canales alternos de mercadeo por medio de un competidor estadounidense de la United Fruit Company, y lo mismo hicieron en 1918 y 1922.

Las luchas de los cultivadores por liberarse del monopolio de la United Fruit Company fracasaron. Las razones eran de dos clases: la oposición decidida de la compañía a cualquier intromisión en sus dominios, y las divisiones entre los cultivadores mismos. La United Fruit Company utilizó una variedad de tácticas para mantener por fuera a sus rivales. Ejerció presión sobre los cultivadores que trataban de vender banano en otra parte, cerrándose el agua de riego y los préstamos. Al mismo tiempo asumió acciones legales contra compañías rivales por la violación de contratos legales de adquisición. Mientras se decidían los casos, la United Fruit Company embargaba la fruta en disputa; esto generalmente quebraba a la compañía rival, pues el banano se pudre casi inmediatamente.

Para que los cultivadores no la abandonaran en masa, la United Fruit Company hizo que sus contratos se renovaran en épocas distintas. Tales precauciones probablemente no eran necesarias, pues los cultivadores estaban divididos entre sí casi tan vehementemente como estaban en contra de la compañía. Peleaban sobre el agua, los límites y el acceso al patrocinio de la compañía. Aparte de los antagonismos personales, estaban divididos por diferencias de clase, regionalismo y política. Los más ricos y poderosos descendían de las viejas familias aristocráticas de Santa Marta, mezclados con unos pocos comerciantes de Barranquilla. Estas incluían las familias Dávila, Goenaga, Campo Serrano, Díaz Granados, Salcedo Ramón, Risco, Bermúdez, Foliaco, Noguera, Fergusson y Vengoechea. Eran principalmente de extracción española, políticamente conservadores, dueños de grandes plantaciones de banano, haciendas ganaderas y unas pocas fincas cafeteras en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Muchos de estos terratenientes desarrollaron una relación casi simbiótica y mutuamente provechosa con la United Fruit Company. Vendieron tierras a la compañía, en retribución recibieron los préstamos más jugosos y los contratos más ventajosos, y sus parientes recibían trabajos con sueldos altos en la compañía. Además de sus actividades económicas, estas familias ocupaban importantes puestos políticos en el departamento del Magdalena; eran gobernadores, secretarios departamentales y jueces. Trataban bien a la compañía y, a cambio de favores políticos ésta les daba un trato preferencial.

Si bien los cultivadores de Santa Marta eran más poderosos y visibles, eran una minoría. En Ciénaga y Aracataca vivían cientos de pequeños cultivadores, muchos de los cuales sembraban menos de cincuenta hectáreas de banano. Casi siempre mulatos y mestizos, y liberales en política, se enojaron con la dominación política de Santa Marta y con lo que parecía una alianza entre los ricos conservadores y la United Fruit Company. Estos liberales, pequeños cultivadores de banano, eran particularmente constantes en su oposición a la compañía. Sus líderes eran dos grandes comerciantes cienagueros, cultivadores de banano: Juan Bautista Calderón y Julio Charris.

La relación entre los cultivadores de banano y los trabajadores de la zona era ambivalente. Tal como la United Fruit Company, ellos robaron las tierras a los campesinos y aprovecharon el trabajo duro de los obreros, utilizando a los mismos contratistas que la compañía. La mayoría de los observadores estaban de acuerdo en que los salarios y las condiciones de vida eran peores en las plantaciones de colombianos que en las de la United Fruit Company. Al mismo tiempo, tanto los cultivadores como los trabajadores sentían que eran explotados por la United Fruit Company: de aquí surgió una especie de mutua identificación. La lógica económica de la United Fruit Company —limitar el abastecimiento para mantener alto el precio mundial del banano— resultó un desperdicio de recursos nacionales.

Miles de hectáreas de tierra inutilizada, miles de racimos de banano pudriéndose al lado de los rieles ferroviarios reforzaban entre los colombianos de la zona un sentimiento de injusticia. Factor adicional que unía a los trabajadores y a algunos de los cultivadores era su identificación como miembros del partido liberal. Esto era particularmente cierto en Ciénaga y en Aracataca, donde la mayoría de comerciantes y cultivadores vivían en las cabeceras municipales y mantenían contacto cotidiano con los campesinos y con los trabajadores.

Toda la población de la zona bananera tenía motivos de queja contra United Fruit Company. Sin embargo la huelga estallo debido a que en primer lugar, los cultivadores colombianos se volvieron más impetuosamente contra la compañía. En los años 1920 la inflación comenzó a mermar las ganancias de los cultivadores, aunque el volumen creciente de exportaciones las compensaba en parte. Las utilidades de la expansión bananera fueron distribuidas en forma desigual. Los cultivadores de Santa Marta sacaban provecho, mientras los pequeños cultivadores de Ciénaga y Aracataca eran golpeados por los precios que subían, la falta de crédito y la competencia de los grandes cultivadores.

A comienzos de los veinte, apelaron al gobierno nacional. Mientras los cultivadores habían tratado enfrentarse a la dominación de la United Fruit Company relacionándose con otras compañías de exportación, otros trataron de buscar la intervención directa del gobierno. Éste podía ayudar a la industria colombiana bananera a ganar su independencia rompiéndole a la United Fruit Company sus monopolios sobre el ferrocarril, el riego y el crédito. El hecho que la concesión sobre el ferrocarril cedida durante el gobierno de Rafael Reyes Prieto a la United Fruit Company estuviera próxima a expirar, revivió las esperanzas de los cultivadores. Mientras tanto, un grupo asesor estadounidense, la misión Kemmerer, apremió al gobierno colombiano para que gravara las exportaciones de banano.

En Santa Marta y en Bogotá se habló de nacionalizar los canales de riego y los ferrocarriles dominados por la United Fruit Company, de imponer un impuesto de exportación y crear vías alternas de crédito que permitiera a los colombianos romper sus contratos con la compañía. En el fondo de tales iniciativas había un nacionalismo incipiente que, al mismo tiempo que le abría los brazos a la inversión extranjera, quería utilizarla para propósitos colombianos.

En 1923 el gobierno dio un primer paso: creó una Comisión de Baldíos especial en la zona bananera. El propósito de la Comisión de Baldíos (un director, un topógrafo y varios policías) era proteger toda tierra baldía contra su usurpación, con el objetivo de crear allí una asociación nacional de productores de banano. La comisión debería también hacer cumplir las leyes de tierras y de aguas.

La comisión tuvo dificultades para su trabajo: se enfrentaba tanto con la United Fruit Company como con los cultivadores locales, que insistían en sembrar banano dentro de las reservas nacionales y se negaban a obedecer las órdenes de la comisión. En mayo de 1928 ocurrió una violenta confrontación entre agentes de la United Fruit Company y la Comisión de Baldíos. Ésta ordenó a la compañía dejar de cambiar el cauce del río Tucurinca para sus riegos y, cuando la comisión trató de deshacer los diques, la policía municipal encarceló a los representantes del gobierno nacional, en obediencia a las órdenes dadas por la United Fruit Company.

La presencia de la comisión tuvo varios importantes efectos. Limita artificialmente el terreno disponible en la zona, no solamente para la United Fruit Company, sino para los cultivadores colombianos y los colonos, restringiendo así las posibilidades de movilidad social. La competencia entre ellos se intensificó, y los más pequeños y menos influyentes cultivadores salieron perdiendo. Al mismo tiempo, los hallazgos de la comisión apoyaban la pretensión de los colonos de que la tierra usurpada por la United Fruit Company pertenecía a la nación, y el desafío, por parte de la United Fruit Company, a lo reglamentado por la comisión, ponía en claro el ostensible desprecio de la compañía hacia las autoridades colombianas.

El gobierno tomó otras medidas. En 1924, los cultivadores solicitaron que una sucursal del nuevo Banco Agrícola Hipotecario fuera abierta en Santa Marta para suministrar una fuente alterna de crédito. Y en 1925 la Corte Suprema de Justicia ordenó a la United Fruit Company devolver el ferrocarril al gobierno colombiano. La United Fruit Company opuso resistencia a estas medidas, que no entraron en vigor sino después de 1930. El que la primera tentativa gubernamental en la zona no tuviera efecto contribuyó a la visión de que la United Fruit Company actuaba como un «estado profundo».

En los años anteriores a la huelga, la hostilidad entre la United Fruit Company, por un lado, y el gobierno colombiano y los cultivadores colombianos, por el otro, llegó a su cima. Un desastre natural precipitó la crisis: en 1927, un huracán destruyó 13 millones de matas de banano cerca de Sevilla (Magdalena), causando seis millones de pesos en pérdidas a las plantaciones de banano colombianas. Los cultivadores solicitaron préstamos de emergencia para rehacer sus propiedades y la United Fruit Company los negó, lo que enfureció a los cultivadores y, por primera vez, los unió. Acudieron al gobierno para que nacionalizara inmediatamente los ferrocarriles y canales de riego de la compañía. Mientras tanto, Juan B. Calderón y Julio Charris fundaron una Cooperativa de Productores Colombianos de Banano en Ciénaga, y a comienzos de 1928 establecieron acuerdos de mercadeo con el mayor competidor de la United Fruit Company: la Cuyamel Fruit Company.

Mientras aumentaba la hostilidad de los cultivadores hacia la compañía, se resquebrajaba la autoridad política establecida y se encendían las lealtades partidistas liberales y conservadoras. Al final de los años veinte llegó al poder un nuevo gobernador conservador, Juan B. Cordomane. Asumió una posición a favor del nacionalismo económico y de la intervención del Estado en la economía bananera. La crítica abierta a la United Fruit Company por parte de Cordoma dividió a los conservadores. A la larga, Cordone fue destituido para ser reemplazado por un personaje ajeno a la región, José M. Núñez Roca, quien a nadie gustaba y contra quien se tornaron todos los conservadores de la sección. Se ha sugerido que algunos importantes cultivadores apoyaron la idea de una huelga con la esperanza de tumbar al nuevo gobernador, y mientras los conservadores se dividían, los liberales de Ciénaga y Aracataca se unieron, en parte como respuesta al fracaso en 1928 de la nueva Cooperativa de Productores Colombianos de Banano, destruida por otro embargo más de la United Fruit Company. Los liberales culpaban a la United Fruit Company y al gobierno conservador por sus dificultades.

En 1929, los liberales en Ciénaga hablaron de separase de Magdalena y establecer un departamento aparte. Al mismo tiempo fomentaron la huelga contra la compañía, viéndola como una revuelta liberal que podría tumbar a los conservadores. Así, el período inmediatamente anterior a la huelga fue de agitación política en la zona. La hostilidad hacia la United Fruit Company por parte de algunos cultivadores se contagió a sus trabajadores. Un observador decía:

Raúl Eduardo Mahecha, Floro Piedrahíta, Julio Buriticá y Ricardo Elías López, del Partido Socialista Revolucionario, posan con la bandera de los tres ochos: 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso.

Aparte de los cultivadores de banano, los campesinos y trabajadores asalariados tenían sus propias razones para entrar en huelga. Una era el deterioro de su situación económica. Los problemas de los colonos provenían directamente de la rápida expansión de la producción de banano después de la Primera Guerra Mundial. En menos de diez años el área dedicada al cultivo se duplicó. Al mismo tiempo, grandes cantidades de colonos lucharon una batalla sin esperanzas contra el desalojo: desde 1920 hasta 1928, los colonos notificaron a las autoridades nacionales más de cuarenta expulsiones, algunas de las cuales amenazaban hasta cien familias campesinas. Así, durante los años anteriores a la huelga, muchos colonos fueron echados de sus tierras y obligados a dirigirse a las plantaciones.

La condición de los trabajadores de las plantaciones es menos clara. Con la expansión de la producción del banano, su número se incrementó. Los salarios también aumentaron algo en los años veinte, pero es probable que cayeran en términos reales, dada la inflación rampante. Antiguos trabajadores se refieren a un aumento en el subempleo: después del ciclón tropical de 1927, algunos encontraban trabajo por tres días a la semana, o por dos semanas al mes. De esta manera, tanto los colonos como los trabajadores de las plantaciones experimentaron una creciente inseguridad económica.

Al mismo tiempo, los artesanos, obreros y campesinos comenzaban a presionar por el derecho a organizarse y por mejores condiciones de trabajo en varias partes del país. La actividad huelguistica en Colombia fue iniciada por trabajadores del ferrocarril del puerto y del río. La zona bananera no fue la excepción: las primeras personas en salir en huelga fueron los trabajadores del ferrocarril en 1910. En 1918 —un año de paros en Bogotá y la Costa Atlántica— una segunda huelga explotó en Santa Marta, nuevamente entre los trabajadores del ferrocarril y el del muelle. Promovida por algunos cultivadores locales de banano y algunos comerciantes en lucha con la United Fruit Company, logró el alza del salario para los trabajadores del transporte. En medio de la actividad huelguistica, ese año el Congreso pasó algunas débiles leyes laborales de Colombia.

Alrededor de 1920, varias sociedades obreras surgieron en la zona. Eran organizaciones comunales que proveían quinina cuando sus miembros contraen malaria, pagan fianza cuando eran arrestados, etc. La más fuerte era el Sindicato General de Obreros de la Sociedad Unión, fundado en 1921. La Sociedad Unión recibía apoyo de los trabajadores del ferrocarril, del puerto y de la construcción de Santa Marta, y de unos pocos artesanos de Ciénaga y Aracataca. Mantenía sitios de reunión y una funeraria en Santa Marta y publicaba su propio periódico. En 1924 la Sociedad Unión presentó un pliego de peticiones a la United Fruit Company solicitando alzas de los salarios en el puerto, el ferrocarril, y las plantaciones, y la abolición del sistema de enganche por contrato. Cuando la United Fruit Company se negó a negociar, la sociedad llamó a una huelga que duró un día. Creyendo en las promesas de la United Fruit Company y del gobernador de que las condiciones mejorarían al iniciar nuevamente el trabajo, la unión se rindió. Después de 1924, la Sociedad Unión no hizo más peticiones. Conocida como la «Unión Amarilla», continuó funcionando en Santa Marta en oficinas que pagaba la United Fruit Company.

El campesinado de la zona se mantuvo sin organizaciones ni sindicatos hasta mediados de los años veinte. La primera organización en apelar directamente al campesinado y en funcionar independientemente de la United Fruit Company y de las clases dominantes locales apareció en 1925. Fue fundada por un italiano en ese viejo baluarte liberal que era el caserío de Guacamayal. Los fundadores procedían de la tradición española anarcosindicalista y, junto con José Garibaldi Russo, un intelectual local impresionado por la Revolución rusa, formaron en octubre de 1926 la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena —USTM—, una organización poco rígida en la cual se mezclaban muchas ideas mutualistas, anarcosindicalistas, socialrevolucionarias y liberales. Estaba influida por los movimientos obreros de Barrancabermeja y de otras partes de la Costa Atlántica, particularmente Barranquilla y Montería. En forma embrionaria, la idea de una huelga contra la United Fruit Company comenzó a crecer.

En febrero de 1927 representantes del Partido Socialista Revolucionario —PSR—, fundado un año antes en Bogotá, visitaron la zona, pronunciandose contra el imperialismo y en pro de los derechos del trabajador. Estos representantes, el quindiano Ignacio Torres Giraldo y la antioqueña María Cano, notaron una gran presión de los trabajadores para realizar una huelga. «Los trabajadores de las plantaciones bananeras querían declarar la huelga inmediatamente»,[10] escribió Torres Giraldo. También comentaba que el antagonismo de los trabajadores hacia la United Fruit Company y sus convicciones liberales se reforzaban mutuamente:[11]

Aparte de su sentimiento liberal, las motivaciones de la población campesina nacían de sus quejas económicas. Ignacio Torres Giraldo encontró a los colonos de la zona abiertos a nuevas ideas de organización y protesta. Los campesinos ayudaron a convencer a los trabajadores de las plantaciones para enfrentarse a la compañía. A fines de los veinte los colonos se unieron a los trabajadores asalariados para formar grupos de trabajadores por toda la zona. En cada finca se formaron comités: se llamaban «sindicatos de obreros y colonos campesinos»,[12] pero eran asociaciones sueltas y espontáneas. Un viejo obrero recordaba:[12]

Los comités locales enviaban representantes a asambleas de obreros más grandes de Ciénaga y de Guacamayal. Hacia 1927 los campesinos y los obreros estaban listos para actuar. Planeaban declarar la huelga en mayor, pero con el huracán fue pospuesta. En febrero de 1928, Ignacio Torres Giraldo y María Cano regresaron en otra gira, esta vez con Raúl Eduardo Mahecha, organizador del Partido Socialista Revolucionario que tendría un papel muy importante en la gran huelga.

Mahecha era un personaje enérgico, simpático, lleno de cuentos y chistes, no muy teórico, pero gran organizador. Hijo de un campesino tolimense, llegó a involucrarse con los obreros por medio del movimiento sindical católico. Habiéndolo abandonado, organizó huelgas a todo lo largo del río Magdalena, entre ellas las de los obreros petroleros en Barrancabermeja en 1926 y 1927. Una vez en la zona bananera, Mahecha se convirtió en secretario de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena y ayudó a los trabajadores a elaborar el pliego de peticiones. Más tarde, en agosto de 1928, otro organizador con amplia experiencia, Alberto Castrillón, se unió a los obreros de las bananeras. Impresor de profesión, miembro del Partido Socialista Revolucionario y reciente delegado a Moscú, Castrillón se haría famoso por su testimonio desde la cárcel sobre la masacre. «Agitadores de afuera» como Mahecha y Castrillón, ciertamente apoyaron la huelga, pero también lo hicieron algunos comerciantes, cultivadores locales de banano y políticos liberales. Sin embargo, la huelga era ante todo un movimiento desde abajo, de obreros y campesinos resueltos a afirmar sus derechos y la ley colombiana sobre la poderosa compañía extranjera. El movimiento obrero era de masas, democrático, de organización poco rígida y autodirigido.

Un año después del huracán en Sevilla los obreros bananeros elaboraron un pliego de peticiones compuesto de nueve demandas. El 6 de octubre de 1928 una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, en Ciénaga, aprobó unánimemente el pliego. Solicitaron a la United Fruit Company y a los productores nacionales:

1. Seguro colectivo obligatorio
2. Reparación por accidentes de trabajo
3. Habitaciones higiénicas y descanso dominical
4. Aumento en 50 % de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales
5. Supresión de los comisariatos
6. Cesación de préstamos por medio de vales
7. Pago semanal
8. Abolición del sistema de contratista
9. Mejor servicio hospitalario.

No obstante los deseos de insurrección liberal o la utopía revolucionaria que hubiera podido motivar a algunas personas, éste no es de manera alguna un documento revolucionario. Fundamentalmente la Unión de Sindical de Trabajadores del Magdalena solicitaba a la United Fruit Company que reconociera a sus empleados; aunque la compañía negara su existencia, estos trabajadores le producían su riqueza. Ellos exigían su reconocimiento y para ello insistieron en que la United Fruit Company aboliera el sistema de contratos indirectos y les concediera los derechos que les garantiza la ley colombiana. Los trabajadores también solicitaron a la compañía que negocia con ellos, tal como ocurría en las naciones modernas.

El 7 de octubre, Erasmo Coronell, Nicanor Serrano y Pedro M. del Río —los tres negociadores escogidos por los trabajadores de las plantaciones— viajaron a Santa Marta para presentar el pliego de peticiones a la United Fruit Company. El gerente, Thomas Bradshaw se negó a recibirlos. Tres semanas más tarde, Bradshaw les hizo saber que no podía considerar este pliego porque los delegados, y los trabajadores a quienes representaban, no eran empleados de la compañía. Bradshaw basa su aseveración en la resolución del 25 de febrero de 1925 del Ministerio de Industrias que:

«había conceptuado que los trabajadores de los contratistas no lo eran de la empresa, por no existir entre aquellos y el patrono un vínculo jurídico».

La United Fruit Company permaneció intransigente en este punto durante toda la huelga que siguió. La historiadora Judith White sugiere que es necesario tomar en cuenta el aspecto global de la economía. Al final de los años veinte, la dominación de la United Fruit Company sobre el mercado internacional del banano estaba siendo desafiada por algunas compañías advenedizas. Para mantener su participación en el mercado, la United Fruit Company se sintió presionada a reducir los costos de producción. Al mismo tiempo, se veía claramente que la zona bananera de Santa Marta ya no era económicamente competitiva: el banano colombiano pesaba menos que los de América Central, además los fletes desde Colombia hacia los Estados Unidos eran mayores.

La United Fruit Company consideraba estas demandas de los trabajadores una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores colombianos. Por lo tanto, la United Fruit Company se negó a negociar. La compañía argumentó que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida, fomentada por agitadores extraños al conflicto.

El 28 de octubre, y nuevamente el 6 de noviembre, el gerente de la United Fruit Company rechazó a la delegación de los trabajadores. Finalmente, el comité ejecutivo de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena le entregó a la United Fruit Company un ultimátum: o se acordaba negociar o los trabajadores iniciarían la huelga. El sábado 10 de noviembre, Thomas Bradshaw dio la orden de que toda la fruta de la zona fuera cortada y embarcada. La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, temiendo que la compañía acabara con la fruta y cerrara sus operaciones antes de que se declarara la huelga, citó a una reunión de emergencia. En la noche del 11 de noviembre el comité ejecutivo de la Unión Sindical, el comité negociador y los representantes de 63 fincas se reunieron en la casa de Cristian Vengal en Ciénaga —éste, un mulato de Curazao, que dirigía la Federación de Trabajadores del Ferrocarril, era un líder laboral respetado en la zona bananera; su casa se convirtió en sede del comité ejecutivo de la Unión Sindical durante la huelga—. La discusión fue agitada y larga. A las once de la noche fue tomada la decisión fatal: el día siguiente los trabajadores de la zona bananera entrarían en huelga contra la United Fruit Company y los productores nacionales. La asamblea de Ciénaga imprimió un cartel explicando su decisión:[13][14][15]

Delegados de la asamblea regaron la voz por los pueblos y campamentos de la zona. A mediodía del día 12 de noviembre todo trabajo había cesado en las plantaciones. Durante los primeros tres días de huelga, los trabajadores formaron dos clases de comisiones: grupos para distribuir comida y comités de vigilancia para asegurarse que no llegara banano al puerto.

Los comités de distribución de alimentos respondieron al problema de sostenimiento: nadie trabajaba y la United Fruit Company se negaba a pagar lo que debía por trabajo a finales de octubre y principios de noviembre. Las Cámaras de Comercio de Ciénaga y de Barranquilla suministraron apoyo esencial. Dueños de almacenes como el jefe liberal de Ciénaga Juan B. Calderón, donaron grandes cantidades de comida. Los comerciantes habían tomado parte en la elaboración del pliego de peticiones, y se benefician con la abolición de los almacenes de la compañía. Sin sus donaciones, la huelga no hubiera durado mucho.

Además de la red de distribución de comida, los huelguistas armaron comités de vigilancia para que el banano no se cortara. En la primera semana, la huelga era solo parcial en Riofrío y en Sevilla: allí la United Fruit Company contrató a obreros, conocidos como «patas negras», para reemplazar a los huelguistas. Cuando esta gente comenzaba a cosechar, grandes grupos de huelguistas aparecían rigiéndose a que pararan y destruyen el banano mientras se cortaba. Otras familias acamparon con toldas y fogones improvisados sobre el ferrocarril, para que las góndolas no pudieran pasar; cuando era necesario, bloquearon los rieles con madera o piedras. Los huelguistas llevaban banderas rojas símbolo de su fuerza. Las mujeres de la zona bananera tomaron un papel particularmente vigoroso. El líder obrero Sixto Ospino Núñez describe sus actividades:[16]

Los huelguistas desarrollaron una red eficaz de comunicaciones. Aunque el centro de influencia de la United Fruit Company era Santa Marta, donde estaban la central de la compañía, los cultivadores conservadores y los trabajadores portuarios —quienes no entraron en la huelga—, Ciénaga se convirtió en el centro de los trabajadores; allí la Unión Sindical tenía salones de reunión, una cooperativa y su imprenta. Raúl Eduardo Mahecha operaba una máquina de impresión y con otras personas, publicaba el periódico Vanguardia Obrera y un flujo constante de hojas volantes. Varios periódicos liberales publicados en Ciénaga, incluyendo El Diario de Córdoba editado por Julio Charris, simpatizaron con la huelga.

Los líderes de la huelga en Ciénaga se mantenían informados de los planes de la United Fruit Company por medio de los operadores telefónicos y telegráficos de la compañía, muchos de los cuales revelaban todo lo que escuchaban. Para expandir las noticias, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena dependía de estafetas que llamaban «el correo rojo».[17] La Unión Sindical también emitió cédulas personales y salvoconductos, para que solamente aquellos que apoyan la huelga pudieran moverse libremente por los campos.

Lo que observamos en la gran huelga de 1928 es una extraordinaria movilización social. Los historiadores están de acuerdo en que casi todos los obreros y cargadores de la zona se sumaron a la huelga, aunque los cálculos sobre el número preciso de huelguistas varían de 16 000 a 32 000. Los trabajadores permanecieron en huelga durante casi un mes, del 12 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Durante este tiempo no se despachó banano desde Santa Marta. Mientras tanto, los huelguistas se mantuvieron pacíficamente y disciplinados esperando a que la United Fruit Company cediera y aceptara negociar.

Entonces, ¿por qué no ganaron los obreros? ¿Por qué tuvieron tantas dificultades en traer a la mesa de negociación a la United Fruit Company? Se han ofrecido varias explicaciones. Algunos subrayan la fuerza de la United Fruit Company. Como tenía inversiones en otros países, no se sintió presionada a llegar a un acuerdo con los trabajadores. En caso necesario, la compañía podría cerrar sus operaciones en Colombia. Otras explicaciones destacan las debilidades del movimiento obrero. La huelga estalló en un momento en el cual el movimiento laboral en Colombia, internamente fraccionado, recibía ataques del gobierno. La ley Heroica contra huelgas y actividades asociativas, que establecía la censura de prensa, había sido aprobada solamente dos semanas antes. Muchos activistas del Partido Socialista Revolucionario estaban encarcelados, y la dirección se había dividido en dos grupos contrarios. Líderes importantes del Partido Socialista Revolucionario como Ignacio Torres Giraldo y Tomás Uribe Márquez pensaron que la huelga en las bananeras era precipitada, y nada hicieron para generar mayor apoyo. Además, había una ignorancia casi total de organización política en la zona. Los trabajadores no tenían experiencia, mientras gentes como Mahecha se habían empapado de la idea anarquista de que con la huelga vendría una victoria inmediata. Nadie tenía una visión sofisticada y a largo plazo de cómo organizarse para la confrontación que se avecinaba.

Lo anterior desconoce un factor indispensable: la actitud del gobierno. Cuando la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena escribió el pliego de peticiones, no solamente le envió copias a la United Fruit Company también al presidente de la República, al Congreso y al Ministerio de Industrias. Los trabajadores solicitaban al gobierno que admitiera la legalidad de sus demandas, y pidieron a la Oficina General del Trabajo que mediara entre ellos y la United Fruit Company. La compañía también trató de influenciar al gobierno, tal como lo atestiguan las decenas de telegramas que se enviaron a las autoridades de Bogotá. En los años veinte, el marco legal e institucional para la negociación colectiva entre trabajadores y empresa estaba poco desarrollado. Los principios de los derechos del trabajador —descanso dominical, compensación en caso de accidente, seguridad social— estaban incluidos en algunas leyes, en las que los trabajadores de las bananeras fundaron sus reivindicaciones. Pero, tal como lo descubrirán durante la huelga, gran parte de la legislación no cubría todavía a los trabajadores agrarios. Lo que en realidad querían los obreros eran «arreglos para hacer viable la ley y enmarcarse dentro de ella», según lo afirma Carlos Cortés Vargas.

Sin embargo, los gobiernos conservadores de los años veinte tendían a ver con alarma cualquier acción independiente por parte de los obreros, ya se tratara de paros o esfuerzos de sindicalización. Temían la movilización de campesinos y de obreros asalariados que estaba gestándose en toda Colombia. Las clases bajas estaban pidiendo mayor participación en la vida económica y política del país. Los conservadores interpretaban esta petición, no como la emergencia natural de los sectores bajos y como actores de pleno derecho, sino como una conspiración comunista instigada posiblemente por oscuros agitadores extranjeros. Los conservadores temían también la posibilidad de una insurrección liberal. Así, en lugar de crear las estructuras institucionales que permitieran negociar a los trabajadores y empresarios, el gobierno percibió el problema social como de desorden y de subversión.

Esta visión lo llevó a tomar una posición represiva. El 12 de noviembre, día en que estalló la huelga, el gerente de la United Fruit Company, Thomas Bradshaw, envió un telegrama urgente al presidente Miguel Abadía Méndez:[18]

La respuesta de la administración fue militar: el ministro de Guerra ordenó al general Carlos Cortés Vargas, quien estaba estacionado en Barranquilla, mover tres batallones a la zona bananera. Se le ordenó:[19]

El general Carlos Cortés Vargas estableció sus cuarteles en Santa Marta y estacionó sus tropas en Ciénaga, Aracataca, El Retén, Fundación y Orihueca y asumió el control del ferrocarril de Santa Marta. Durante todo el día carros llenos de soldados armados con rifles y ametralladoras patrullaban los campos. Sixto Ospino reportó:[19]

Pronto había varios cientos de huelguistas arrestados, atestados en pequeños cuartos en las cabeceras municipales o entre vagones calientes. El general Carlos Cortés Vargas tenía el propósito de intimidar a los huelguistas y, explicó más tarde, de forzar a los trabajadores a rendirse intercambian prisioneros por concesiones a la United Fruit Company. Las tácticas del general no fueron exitosas.

Frecuentemente se liberaba a los prisioneros por orden de los alcaldes o jueces, o del gobernador, que presentía la apropiación de la autoridad por parte del general. Aquellos a quienes soltaban regresaban a casa, donde eran recibidos como héroes. Santander Alemán, un administrador del ferrocarril que servía como mensajero a la Unión Sindical, recordaba con estas palabras uno de estos incidentes:[19]

El apoyo del genera Carlos Cortés Vargas a la United Fruit Company dio pie a la creencia generalizada de que la compañía había corrompido al ejército. Se decía que los soldados dormían en casas de la compañía y que la comida venía de sus comisariatos. Un superior del general Cortés Vargas, Justo A. Guerrero, admitió en parte la acusación:[19]

La evidencia de colaboración entre la United Fruit Company y el ejército era más profunda: los comerciantes notaban que los comandantes de compañía, que ganaban solo 120 pesos mensuales, mostraban billetes de 500 que solamente hubiera podido distribuir la United Fruit Company, y los trabajadores veían a empleados de la compañía en los trenes indicándonos a quién arrestar. Se dijo también que el general Carlos Cortés Vargas asistía a banquetes ofrecidos por la administración de la compañía, que degeneraron en orgías. El general negó el cargo, pero la secretaría privada del gobernador lo divulgaba y se le creía ampliamente en la zona.

Los huelguistas veían al general Carlos Cortés Vargas como el agente corrupto de una empresa extranjera, y el general temía a los trabajadores. Sostenía que ellos también habían sido corrompidos por agentes extranjeros —agentes del comunismo internacional— y prohibió a sus soldados aventurarse a los campos bananeros con menos fuerza que una compañía. Aunque veía a los huelguistas como gente potencialmente violenta, su mayor preocupación no era que atacaran a los soldados, sino que ganaran sus simpatías. Y ésta era la intención de los huelguistas. Durante toda la huelga, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena imprimió carteles apelando a los soldados:[20]

Cuando tenían la oportunidad, los trabajadores hablaban con los soldados. Los oficiales del ejército comenzaron a dudar de la lealtad de sus tropas, particularmente porque la mayoría de los soldados eran costeños, mientras los oficiales eran «cachacos». En respuesta a estas dudas, se trajeron 300 refuerzos de Antioquia durante la última semana de noviembre.

Los esfuerzos para romper la huelga por parte del general Carlos Cortés Vargas seguían las órdenes del ministro de Guerra, Ignacio Rengifo. Impetuoso y autoritario, Rengifo era famoso por tratar con dureza a quienes lo desafiaban. En el movimiento obrero Rengifo solo vio desorden y rebelión. El gobierno conservador lo había encargado de tratar estos «problemas sociales»; la manera de hacerlo, pensaba, era reprimirlos con firmeza, y si fuera necesario con la fuerza. Los trabajadores debían aprender una lección.

Algunos funcionarios del gobierno no estaban de acuerdo. El Ministerio de Industrias, dirigido por el jurista conservador José Antonio Montalvo, prefería la negociación. En 1924 el Congreso estableció una oficina especial dentro del ministerio —la Oficina General de Trabajo— para reunir información sobre las condiciones de trabajo y establecer la nueva legislación laboral. En 1927 se le encargó mediar en conflictos entre los obreros y las empresas y nombrar inspectores regionales de trabajo. Unos meses antes de la huelga, llegó a Santa Marta Alberto Martínez Gómez, el primer inspector laboral asignado a la zona bananera. Martínez Gómez acompañó a los delegados de la Unión Sindical el 28 de octubre cuando trataron infructuosamente de presentar el pliego de peticiones a la United Fruit Company, y aconsejó a la compañía que negocia. El 16 de noviembre el inspector de trabajo declaró ilegal la huelga y el general Carlos Cortés Vargas lo hizo encarcelar. Se le acusó de ser un líder comunista e instigador de la huelga. Una semana después, un juez local encontró que el inspector era inocente y lo liberó.

El general Carlos Cortés Vargas llamó «comunista» al inspector porque había animado a los trabajadores para que demandan sus derechos; en contraste, el ministro de Industrias argumentó que al orientar a los trabajadores hacia reivindicaciones concretas y legales y al tratar de mediar por una solución pacífica, el inspector representaba «una verdadera garantía contra los peligros del socialismo soviético».

Una semana después de iniciada la huelga, el gerente de la United Fruit Company y varios de los cultivadores colombianos accedieron a tener una discusión informal con los delegados de la Unión Sindical en la oficina del gobernador. El gerente de la United Fruit Company negó al comité negociador su derecho a representar a los trabajadores de la compañía, pero como «gesto de buena voluntad» ofreció algunas concesiones menores. Sin embargo, rechazó la mayoría de las demandas de los trabajadores, considerándose ilegales. Los trabajadores respondieron con indignación y las conversaciones se rompieron.

Al día siguiente, 20 de noviembre, el director de la Oficina General de Trabajo, Dr. José R. Hoyos Becerra, y su abogado, Dr. Miguel Velandia, llegaron de Bogotá. El Ministerio de Industrias los había enviado para intervenir en el conflicto y llevarlo a un final pacífico. El 24 de noviembre los representantes de la Oficina General de Trabajo se reunieron separadamente con la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena y con la United Fruit Company.

Los funcionarios convencieron a los delegados de los trabajadores de retirar sus peticiones de pago dominical y de abolición de los almacenes de la compañía y de aplazar los puntos sobre la seguridad social y la compensación por accidentes hasta que el Ministerio de Industrias pudiera dictaminar sobre su legalidad. Los trabajadores, sin embargo, insistieron en que se ratifica su derecho a negociar. Esa noche, la Oficina General de Trabajo encarece a la United Fruit Company que negociará con los obreros y pagará compensación por accidentes, aunque técnicamente la compañía no estaba obligada a hacerlo. La United Fruit Company accedió a mejorar la vivienda de los trabajadores, a construir hospitales de emergencia en Sevilla y en Aracataca y a establecer el pago semanal, a no usar vales y subir ligeramente los salarios. El día siguiente el comité negociador de los trabajadores aceptó la oferta de la compañía.

Pero entonces surgió un obstáculo grave: ¿cómo se ratificaría el acuerdo? La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena quería firmar un pacto con la compañía, lo que daría una victoria substancial a los trabajadores: la aceptación por parte de la compañía de sus poderes negociadores. Esto no lo haría la compañía. La United Fruit Company insistió en que había llegado a un acuerdo con el gobierno colombiano y no con los trabajadores, y que haría efectivas sus concesiones solamente después de que éstos regresaran a laborar.

La mediación, tan prometedora, llegó a un punto muerto. Dentro de uno o dos días, un segundo foco de preocupación entre los trabajadores comenzó a aparecer: si los obreros no podían obligar a la compañía a que los reconociera, sí podían lograr por lo menos un alza salarial. Un sentimiento se generalizó entre todos los obreros de la zona: un alza del cincuenta por ciento o no se terminaba la huelga. La United Fruit Company rechazó la demanda.

En este punto, los doctores Hoyos Becerra y Velandia comenzaron a desviarse de su papel imparcial. Dado que la United Fruit Company no se movía de su posición, trataron de convencer a los trabajadores de que cedieran. Se opusieron a la demanda de un salario más alto, con el argumento moralista de que no les haría ningún bien: la plata se gastaría en licor, prostitutas y juego. En cambio, los trabajadores deberían regresar a los campos y una vez estuvieran trabajando, el Ministerio de Industrias convencería a la United Fruit Company para que mejorara sus condiciones de vida. Tal actitud paternalista, que negaba el derecho de los trabajadores a escoger su propio programa, empujándolos en cambio a buscar patronos más fuertes, se expresaría en los años treinta en el gobierno de Alfonso López Pumarejo y el movimiento populista de Jorge Eliécer Gaitán.

En los primeros días de diciembre, los representantes de la Oficina General de Trabajo tomaron dos pasos adicionales. Presionaron a los huelguistas para que designaran nuevos delegados, delegados que cederían a las presiones de la compañía. Los trabajadores se negaron, insistiendo que tenían confianza en su grupo negociador, pero que cualquier acuerdo tenía que ser ratificado por cada uno de más de sesenta comités de trabajadores. Los burócratas encontraban irritante la organización democrática de los trabajadores: no había un líder o comité central con poder para imponer un acuerdo a los huelguistas. En los primeros días de diciembre, Hoyos y Velandia también se reunieron con cultivadores colombianos de banano para instarlos a lograr un acuerdo por separado con los obreros, presionando así a la United Fruit Company. Los cultivadores nacionales, divididos, no pudieron llegar a un acuerdo sobre un alza de salario que terminará con la huelga.

De esta manera, los esfuerzos de la Oficina General de Trabajo habían resultado en nada. De repente hubo un desarrollo alarmante: el 2 de diciembre el general Cortés Vargas informó a los doctores Hoyos Becerra y Velandia que había interceptado un mensaje del activista del Partido Socialista Revolucionario, Tomás Uribe Márquez, urgiendo a los huelguistas para que destruyeran las plantaciones de banano y sabotearon las comunicaciones. No se sabe si el telegrama era auténtico o si era fabricado por Carlos Cortés Vargas, por agentes de la United Fruit Company, o por otros interesados en dispersar rumores de conspiración revolucionaria.

Hoyos Becerra y Velandia reaccionaron precipitadamente. Temían derramamiento de sangre, y sabían que la violencia podría provenir tanto del ejército como de los huelguistas. Para evitar una masacre, sintieron que era imperativo terminar en forma inmediata la huelga. De esta manera, los representantes del Ministerio de Industrias, que al principio habían recomendado la negociación, tomaron ahora pasos para romper la huelga. El 2 de diciembre recomendaron a la United Fruit Company contratar esquiroles, y al general Carlos Cortés Vargas defenderlos en un esfuerzo conjunto por exportar un cargamento de banano. Durante cuatro semanas no había salido banano del puerto de Santa Marta. Hoyos Becerra y Velandia pensaron que si la United Fruit Company lograba llenar un barco, la moral de los obreros se rompería. Al llegar la huelga a su quinta semana los trabajadores se vieron ante una situación difícil. Muchos comerciantes que habían suministrado alimentos habían retirado su apoyo. El 3 de diciembre, los delegados de los trabajadores regresaron de Santa Marta con las manos vacías: la United Fruit Company no aceptaría seis de los nueve puntos y Thomas Bradshaw no discutirá más. Mientras tanto, la ofensiva de la United Fruit Company para romper la huelga se había iniciado.

El 4 de diciembre, empleados de la compañía y un puñado de cultivadores nacionales, protegidos por el ejército, comenzaron a cortar el banano en varias fincas. Los huelguistas hicieron todo lo posible para detenerlos: destruyeron la fruta lista para embarcar y bloquearon los rieles. También rodearon a las tropas y a los recolectores de banano para tratar de convencerlos de que se les unieran. En la tarde del 4 de diciembre, el teniente Enrique Botero y veinticinco soldados que protegían a algunos esquiroles, se encontraron totalmente rodeados por un grupo grande de huelguistas. La multitud llevó a los soldados hasta Sevilla donde se les animó a comer y charlar, hasta dos horas más tarde, cuando los rescató un pelotón. Ese día, los esquiroles lograron colocar en los trenes más de 4.000 racimos de banano; y había rumores que mucha más fruta había sido cortada. Los huelguistas sintieron rabia y frustración, y un desesperante miedo a la derrota.

El comité ejecutivo de la Unión Sindical se reunió esa noche en Ciénaga. En las primeras horas del día, cincuenta mensajeros llevaron instrucciones a las plantaciones y caseríos de la zona. Todo el mundo debería congregarse en Ciénaga esa noche, y seguir a Santa Marta en la mañana del 6 de diciembre, para llevar a cabo una manifestación ante el gobernador y el director de la Oficina General de Trabajo, solicitandoles que obligarán a la United Fruit Company a pactar con sus trabajadores. Los mensajeros cumplieron con su trabajo y al mediodía del 5 de diciembre, hombres, mujeres y niños comenzaron a inundar Ciénaga. Alberto Castrillón describió la escena:[21]

A las dos y media de la tarde, corrió la voz de que el gobernador y el gerente de la United Fruit Company se dirigían en ese momento a Ciénaga en tren especial, con el fin de firmar el pacto ofrecido por el señor Thomas Bradshaw, y aceptado por los obreros días antes. Los ánimos de los obreros se levantaron —todo terminaría bien— y comenzaron a formar fogatas y a esperar al gobernador. Pero a las cinco y media llegó otro golpe: el gobernador no vendría. Poco después se acercaron a la estación varios vagones cargados de banano cortado por los esquiroles. Algunos hombres, mujeres y niños se acostaron sobre los rieles para detenerlos. La muchedumbre se negó a dejar partir de Ciénaga a un pequeño grupo de cultivadores. Asustados, pero astutos, los cultivadores prometieron que si les era permitido salir para Santa Marta, discutirán el caso con los obreros ante la United Fruit Company y regresaría esa misma noche con un pacto. Animados y esperanzados, los obreros dejaron ir a los cultivadores. Y se prepararon para pasar la noche, acampando en una plaza cerca al ferrocarril, con la intención de partir hacia Santa Marta al día siguiente temprano.

¿Qué revelan entonces los trabajadores? Un miedo a la derrota, una determinación de no dejar que suceda, pero una terrible frustración ante su incapacidad para hacer que la United Fruit Company accediera a concesiones significativas. Hasta el último momento fueron pacíficos: varios atestiguaron que todos habían dejado sus machetes en la casa de la Unión Sindical. Y todavía tienen esperanza en las autoridades: el gobernador, el director de la Oficina General de Trabajo, y aun los cultivadores nacionales.

Si, mirando hacia atrás, podemos ver que los obreros no eran revolucionarios, el general Carlos Cortés Vargas no lo entendía así. El recuento del general sobre la huelga subraya que en los primeros cinco días de diciembre él estaba perdiendo el control. Los trabajadores no se rendían, no regresaban a las plantaciones aunque los amenazara con cárcel como rateros y vagabundos, arrancaban los avisos puestos por el ejército y destruyen el banano. Pero fue el incidente con Botero el que irritó al general Cortés: los huelguistas habían «atacado» a un convoy de soldados y los habían hecho «prisioneros». Lo que era peor, el teniente Botero no había opuesto resistencia. El honor y la disciplina del ejército están en juego. Los trabajadores habían desafiado la autoridad del ejército, y el respeto por la United Fruit Company y por las clases superiores de Santa Marta estaba erosionándose.

Durante la primera semana de diciembre, Alejandro Valbuena, el general Carlos Cortés Vargas y algunos cultivadores colombianos enviaron cantidades de telegramas a las autoridades en La Esperanza describiendo la situación como de violencia inminente, de peligro y destrucción originados en masas incontrolables. Las confrontaciones entre la United Fruit Company y el ejército, de un lado, y los trabajadores, del otro, por el rompimiento de la huelga el 3 y 4 de diciembre, dieron al general Cortés Vargas una justificación más para la represión. En sus memorias de la huelga, dice que se convenció de que si el orden público no era restaurado de forma inmediata, el gobierno de los Estados Unidos enviaría marines. Los rumores sobre barcos de guerra de los Estados Unidos eran abundantes. Los obreros veían su huelga como un acto nacionalista: querían obligar a la United Fruit Company a reconocer la ley colombiana y los derechos laborales colombianos. Cortés Vargas, en cambio, vio la represión de la huelga en términos nacionalistas: creía que su deber era acallar a los trabajadores para asegurar que el suelo colombiano no fuera profanado por soldados extranjeros.

Así, la iniciativa de la Oficina General de Trabajo del 3 y 4 de diciembre para romper la huelga y evitar la violencia fracasó: fue el factor final que precipitó la masacre en la noche del 5 a 6 de diciembre. A raíz del incidente Botero, el general Cortés Vargas le envió un telegrama a los doctores Hoyos Becerra y Velandia:[22][23]

Cuando grupos de huelguistas comenzaron a congregarse en Ciénaga en la tarde del 5 de diciembre, el general Carlos Cortés Vargas y 300 soldados ya estaban allí. El general describió la escena en los siguientes términos:[21]

Tanto el general como sus superiores interpretaron claramente la reunión en Ciénaga como un movimiento de huelguistas armados para atacar al ejército. Durante el transcurso de la tarde del 5 de diciembre, Cortés Vargas fue incapaz de aprovisionar a sus tropas o de mantener funcionando los trenes.

Finalmente, a las once y treinta de la noche, la noticia que había estado esperando llegó. El decreto legislativo número 1 de 1928 declaraba la ley marcial en la provincia de Santa Marta y nombraba como jefe civil y militar al general. A la una y treinta de la mañana, marchó con sus tropas, sobre todo antioqueñas, a la plaza cercana al ferrocarril, donde estaban congregados entre 2.000 y  4.000 huelguistas durmiendo, comiendo, charlando, esperando a que llegaran más compañeros, esperando al gobernador, esperando la mañana para marchar hacia Santa Marta. Sonaron los tambores. Trescientos soldados se apostaron al costado norte de la plaza. En voz alta un capitán leyó el decreto de estado de sitio, que prohibía asambleas de más de tres personas. Los huelguistas y sus familias debían dispersarse en forma inmediata, concluyó, o los soldados dispararían. Siguieron tres toques de corneta a intervalos de un minuto. Casi nadie se movió. Más tarde algunos de los que estaban presentes dijeron que estaban seguros de que los soldados no dispararon: los huelguistas eran demasiados y habían tratado bien a los soldados. Se oyeron unos pocos gritos de la multitud: «¡Viva Colombia libre! ¡Viva el ejército!» El general Carlos Cortés Vargas ordenó a sus soldados disparar…

Lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió. En las horas que siguieron, las gentes de Ciénaga, encerradas en sus casas, oyeron pasar un tren con dirección al mar y el pito de un barco a la distancia. A las seis de la mañana el personero de Ciénaga, llamado para practicar el levantamiento de los cadáveres, encontró nueve muertos tendidos en la plaza. El general Carlos Cortés Vargas informó a sus superiores que estos nueve, más cuatro más que murieron por sus heridas, fueron los únicos huelguistas muertos en la noche del 5 de diciembre. La gente de la zona, sin embargo, cree que fueron decenas, sino cientos los muertos. Mientras huía de Ciénaga Raúl Eduardo Mahecha le contó a otros que sesenta personas habían sido asesinadas; Alberto Castrillón los estima en cuatrocientos. Muchos cuerpos, dicen, fueron rápidamente cargados en los trenes y arrojados al mar, y otros enterrados en fosas comunes en una finca bananera vecina. El general dejó intencionalmente nueve cadáveres en la plaza —decían— para que los trabajadores supieran que los nueve puntos de su pliego habían muerto.