Milagro mexicano

En 1946, con el fin de la Segunda Guerra Mundial las exportaciones de Estados Unidos hacia México aumentaron considerablemente, teniendo como resultado un saldo desfavorable para el Banco de México y sus divisas, generando un proceso de inflación. El gobierno de Miguel Alemán buscó combatir la inflación mediante el incremento de la producción agrícola e industrial a través de la sustitución de importaciones, modelo económico basado en poner limitaciones a las importaciones y crear facilidades a la producción y venta de mercancía nacional.

Sin embargo hasta 1948 las importaciones siguieron creciendo al igual que la inflación, generando un desequilibrio en la balanza de pagos de México. El gasto público fue destinado a lo largo del sexenio a incentivar el crecimiento económico. El modelo es precedido por el modelo de sustitución de importaciones, aunque conservando los principales puntos para la realización de este.

En esencia el Desarrollo Estabilizador partía del hecho de que había una vicepresidencia económica: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la práctica, el Desarrollo Estabilizador fue una división del trabajo entre el gobierno, por una parte y, por la otra, los empresarios, los obreros (incluyendo maestros y burocracia) y los campesinos–a los banqueros–, se comprometían a invertir, y mucho, y a cambio de ello tendrían utilidades considerables. El gobierno les daría el apoyo necesario, incluyendo todo tipo de subsidios, para que así fuese. El sistema tributario no gravaría en exceso a las utilidades de sus empresas y los intereses y los dividendos mantendrían su carácter de ingreso personal anónimo para fines tributarios.

La industrialización del país, que llevarían a cabo fundamentalmente los particulares con el apoyo del sector público, se desenvolvería, en el capítulo de las manufacturas, bajo un rígido sistema de protección (tarifas y controles cuantitativos) frente a la competencia del exterior. A cambio de todo ello, los empresarios se comprometían a dejar en manos del gobierno (en realidad en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) todo lo relacionado con la definición de la política económica y social y ciertas actividades clave para el desarrollo nacional (i.e., energéticos). De surgir algún conflicto, se resolvería en los corredores de Palacio Nacional (domicilio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). De no llegarse a un acuerdo, se acudiría al árbitro de última instancia, el Presidente de la República.

Una clara y reveladora expresión de la política de gobierno en materia económica, fue la que se precisó en un comunicado conjunto, de 1960, en el que los secretarios de Ortiz Mena, de Hacienda, y Raúl Salinas, de Industria y Comercio, ofrecieron a los empresarios todo tipo de garantías, incluyendo la que si sus empresas llegaran a quebrar, el Estado intervendría para salvarlas.

A los propietarios agrícolas y ganaderos en buena medida, pero también, en alguna proporción, a los campesinos (ejidatarios y comuneros) organizados en la Confederación Nacional Campesina (CNC) se les ofrecía confianza y garantías a la pequeña (y a la no tan pequeña) propiedad, precios de garantía, sistemas de almacenamiento, crédito creciente en términos razonables (con tasa de interés subsidiada), extensas tierras con agua asegurada (distritos de riego), apoyos de todo tipo para mecanizar y tecnificar los cultivos. A cambio de ello, los campesinos se comprometían a trabajar y mantener seguridad y paz social en el campo.

El gobierno hizo lo posible para que la estabilidad política y el crecimiento económico se apoyaran mutuamente. La primera, al permitir sostener políticas de promoción a largo plazo y, el segundo, a su vez, al hacer que la situación de todas las clases sociales tendiera a mejorar a pesar de las desigualdades en la distribución del ingreso. La clave de ese logro, residió en el aprovechamiento de una estructura, una tradición y un arte políticos que no estuvieron meramente al servicio de la clase dominante, si bien promovieron con gran eficacia los intereses de esta, y que se pudo aparecer ante otras clases como capaces de velar también por sus intereses.

El desarrollo se vería frenado durante la época de Gustavo Díaz Ordaz cuando la desigualdad de ingreso entre las clases sociales del país y los entornos urbano y rural, así como los niveles de desempleo, aumentaron drásticamente.[5]

Los costos de la política empleada en la constitución de este modelo fueron altos para la sociedad mexicana, pues la generación circundante a esta época presenció una de las fases más represivas del Estado. Así como se pedía a todo agente individual poner de su parte para lograr la meta común y mantener la estabilidad social, todo movimiento que atentara con el clima de paz impuesto por el Estado era silenciado. Ejemplo de ello es el movimiento magisterial (1958), la huelga ferrocarrilera (1959) y el movimiento médico (1964-1965), los cuales no fueron reconocidos como legítimos y justos, siendo perseguidos, despedidos y encarcelados en la Penitenciaría de Lecumberri todo líder de movimiento laboral.[6]

Además, el golpe más fuerte que asentó el Estado ocurrió durante el verano de 1968, cuando jóvenes, en su mayoría estudiantes de clase media (grupo social, que, de hecho, se había fortalecido con la estabilización), tomaron las calles para demandar la libertad y democracia que el gobierno mantenía en sus manos. La respuesta del Poder Ejecutivo sería: “Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene su límite y no podemos permitir ya que siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo”.[6]

A la factura social se comenzaba a sumar progresivamente problemas económicos devenidos del agotamiento del desarrollo estabilizador, reflejado en la llegada de la década de los setenta, época en la cual se presentaría la “desestabilización económica” , causado por las mismas prácticas que la Secretaría de Hacienda había mantenido por cerca de dos sexenios atrás. Entre los principales problemas señalados por Hugo Margáin y Mario Ramón Beteta, funcionarios hacendarios que habían colaborado con el modelo de estabilización, se encontró el endeudamiento, pues si algo bien caracteriza a este modelo es el sostén de la inversión pública en base de los préstamos externos, los cuales no pudieron ser liquidados ante la falta de ahorro de la Administración Pública y el nulo crecimiento de la infraestructura que permitiera el desarrollo interno del país.[6]

La crítica más grande del desarrollo estabilizador fue que empeoró la distribución del ingreso y nunca logró que los beneficios de un mayor crecimiento económico llegaran a las clases más necesitadas. Otros de los puntos negativos reconocibles de este período son:

-La escasa competencia en el mercado causada por el entorno preponderantemente proteccionista, causando la formación de oligopolios que limitaban la oferta a la que los consumidores podían optar.[7]

-La poca atención que se le dio al sector agropecuario en forma de menor inversión, lo cual se manifestaría en niveles bajos de crecimiento en dicho sector, provocando para algunos, una de las causas de la crisis que terminaría estallando en tiempos del periodo de Luis Echeverría.[7]

-Un régimen político cerrado, virtualmente de partido único, fue el complemento de un esquema económico en el que el poder se concentraba fuertemente en la presidencia.[7]

En resumen, la debilidad estructural que se provocó a través del proteccionismo desmedido, los subsidios crecientes y una estructura oligopólica de los mercados llevaron al agotamiento mismo del modelo. Las características de la industria eran de ineficiencias escondidas, altas tasas de ganancia y un debilitamiento gradual de las finanzas públicas. Por lo mismo, hubo la creación de muchas empresas y sectores que subsistían en condiciones antieconómicas y un deterioro de las cuentas externas que condujeron a un endeudamiento externo severo.

El desarrollo estabilizador es la continuación de una política proteccionista y de gran intervención del Estado como agente económico en la promoción del sector industrial, iniciada en los años posteriores a la Revolución mexicana y a la Segunda Guerra Mundial.[8]

La estrategia se basó en una aceleración selectiva del gasto del gobierno, principalmente hacia el fomento de la industria interna. La política comercial para el logro del objetivo del equilibrio en la balanza de pagos se basó en no devaluar nuevamente el peso, como se había hecho varias veces en años anteriores, sino en la utilización del endeudamiento externo a largo plazo, para complementar los recursos que antes aportaban las exportaciones.^{[cita requerida]}

Se decidió no utilizar la tasa de cambio como mecanismo de ajuste al desequilibro externo (aceptándose la continuidad del mismo) y apoyarse principalmente en el capital extranjero (inversión extranjera directa y deuda externa) como fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. “El logro del modelo de crecimiento estabilizador fue haber alcanzado un equilibrio interno completo (crecimiento con estabilidad de precios), a costa de un continuo y permanente desequilibrio externo, financiado con capital extranjero y un creciente déficit gubernamental (del gobierno federal y empresa públicas) financiado con endeudamiento interno y externo”.[9]

En resumen, la estrategia, es decir la dirección y metas de política se orientaron a atacar la brecha ahorro inversión, y se aceptó como dada la brecha comercial, apoyándose en el capital extranjero para financiar dicho equilibrio.

El crecimiento sostenido durante ese periodo costó generar condiciones, para los años subsecuentes, de concentración y control por parte de la inversión extranjera del sector más dinámico de la economía, la producción manufacturera.

Puede convenirse, por tanto, que el Desarrollo Estabilizador presentó un gran éxito en aquello referido a alentar el máximo nivel de producción bajo estabilidad de precios. Esto implica que el crecimiento se había logrado en gran medida, sin embargo, no significó así la erradicación de la pobreza ni la desigualdad. Mientras la industria vivió su apogeo, la agricultura disminuyó su crecimiento. Se dio un proceso de desarrollo con un sesgo urbano y desinterés hacia la disparidad en el ingreso.