Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile

El ministerio está compuesto por las siguientes seis divisiones:[8]

• División Jurídico-Legislativa (DJL): a esta división le corresponde asesorar jurídicamente al presidente de la República, cuando así lo solicite, para cuyo efecto podrá requerir informes a los Ministerios por orden del Presidente; efectuar, sin competencia resolutiva, la revisión técnico legal y de coherencia global de los Decretos Supremos; participar en la elaboración de la agenda legislativa del Gobierno y en la revisión y estudio de los anteproyectos respectivos, pudiendo proponer opciones legislativas al Presidente, previa consulta con el ministro del Interior; hacer el seguimiento de los proyectos de ley en trámite parlamentario, y llevar un archivo de las iniciativas legales en trámite y de su estado de avance.
• División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL): asesora al presidente de la República, encargándose del establecimiento de relaciones de cooperación entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional tendientes a la ejecución de la agenda legislativa del gobierno, así como el anticipo y manejo de conflictos relativos a la acción político-legislativa. También se relaciona con las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a sus demandas vinculadas a la agenda legislativa.
• División de Coordinación Interministerial (DCI): esta división es la encargada de actuar como instancia de coordinación y seguimiento programático de la gestión del Ejecutivo, especialmente en la preparación de decisiones en materias que afecten a más de un Ministerio; de servir de apoyo técnico a los Comités Interministeriales que se establezcan y de informar al ministro del Interior respecto de la necesidad de introducir innovaciones a la organización y procedimientos de la administración del Estado.
• División de Estudios (DIVE): es la que se encarga de efectuar análisis de la realidad nacional tanto generales como de problemas específicos, a requerimiento del Presidente de la República o del ministro del Interior, formulando propuestas de acción. Asimismo, se tiene la función de evacuar informes periódicos respecto de tales materias como también acerca de publicaciones y estudios de relevancia política.
• División de Gobierno Digital (DGD): la DGD tiene la misión de cumplir con el mandato legal de este ministerio respecto de coordinar y asesorar intersectorialmente a los órganos de la administración del Estado en el uso estratégico de las tecnologías digitales. Para esto esta división debe proponer al ministro la Estrategia de Gobierno Digital (EGD) y coordinar su implementación, así como asesorar y apoyar en el uso estratégico de tecnologías digitales, datos e información pública para la mejora de gestión de los órganos de la administración del Estado y la entrega de servicio.
• División de Administración General (DAG): la DAG es la encargada de obtener y proveer los recursos humanos, financieros y materiales para la normal operación del Ministerio, y ejecutar las acciones tendientes a optimizar su aprovechamiento.

Logotipo oficial de la Comisión (2018).

La Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, también conocida como Comisión de Integridad y Transparencia, es una comisión asesora de la presidencia de la República, creada durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera por el decreto n.° 14, del 11 de octubre de 2018.[9] Tiene como misión «coordinar, impulsar y coordinar a los distintos servicios públicos hacia el fortalecimiento de la integridad pública, la probidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones, y velar por el incremento en la calidad del servicio que entregan las instituciones públicas a la ciudadanía».[9] Es la continuidad de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas (Comisión Defensora Ciudadana), creada por la presidenta Michelle Bachelet Jeria en su primer mandato.

Asimismo, entre las principales funciones de la Comisión se encuentran:[9]

• Asesorar al presidente de la República y a los distintos servicios públicos en materias de integridad pública, probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al fortalecimiento y promoción de estos derechos.[9]
• Velar por el incremento en la calidad del servicio público a través de asesorías, fomentando de esa forma la defensa y promoción de los derechos de las personas ante los órganos de la administración del Estado.[9]

También depende de este ministerio, a través de la Subsecretaría General de la Presidencia, la «Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional», encargada de prestar ayuda y coordinar el apoyo técnico, administrativo y financiero en la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional que redactará una nueva carta fundamental del país.[10] Inició sus funciones el 1 de febrero de 2021, estando compuesta por dieciséis asesores[11] y su primer secretario ejecutivo —el cual es designado por el ministro— fue Francisco Encina Morales, quien asumió dicho cargo el 15 de marzo,[12] renunciando el 7 de julio del mismo año, siendo reemplazado por Catalina Parot.[13] Parot renunció a su cargo el 9 de agosto,[14] siendo reemplazada el 13 del mismo mes por Matías Cox Campos, quien se desempeña como fiscal del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.[15]

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