Niceto Alcalá-Zamora

Placas conmemorativas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada que recuerdan el paso como estudiante de Alcalá-Zamora por esa facultad

Fue el tercer hijo de Manuel Alcalá-Zamora Caracuel y Francisca Torres Castillo, padres también de Manuel y Pilar. Fue nieto de Gregorio Alcalá-Zamora García y de María de Santa Engracia Caracuel Serrano, ambos naturales de Priego de Córdoba y con una larga progenie, once hijos; y de Juan Manuel Torres y de su esposa, María del Rosario Castillo, ambos naturales de Alcaudete, Jaén.[1] Era sobrino de Gregorio Alcalá-Zamora Caracuel, diputado y senador entre 1881 y 1894.[2] Su padre, Manuel, era secretario en el Ayuntamiento. Su madre falleció cuando Niceto tenía tres años. Su cría corrió a cargo de parientas solteras y, posteriormente, de su hermana mayor Pilar.[3]

Su casa natal en Priego de Córdoba, una bella casa señorial del siglo XIX reformada a principios del siglo XX y situada en la calle Río, 33, es actualmente un museo dedicado a su memoria. Los orígenes del museo se remontan al día 17 de diciembre de 1986, cuando las hijas de Niceto, Purificación e Isabel Alcalá-Zamora Castillo, donan al pueblo de Priego la casa natal del presidente.

Estudiante aventajado, Alcalá-Zamora cursó el bachillerato entre 1887 y 1891 en el Real Colegio de Cabra.[4] A la temprana edad de diecisiete años era licenciado en Derecho por la Universidad de Granada[2] y a los veintidós años, letrado del Consejo de Estado.

Contrajo matrimonio en 1900 con Purificación Castillo Bidaburu, tres años menor que él, con quien tuvo siete hijos (tres varones, Niceto, Luis y José; y tres mujeres, Pura, Isabel y María Teresa; su hija Elia moriría a la edad de siete años; también nacieron otros dos Nicetos, uno que vivió siete días y otro que nació muerto)[2]

Niceto Alcalá-Zamora, fotografiado por Compañy a finales de la década de 1900.

Al cumplir los cuarenta años ya era conocido como un abogado de gran prestigio, y se hizo cargo de la cartera del Ministerio de Fomento en el gobierno de Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas. Era el destino, casi lógico, de un político que durante toda su vida y desde muy joven había hecho gala de sus ideas liberales y monárquicas, lo que le llevó en su juventud a entrar en el Partido Liberal, liderado entonces por figuras tan ilustres como Práxedes Mateo Sagasta y Segismundo Moret. Sin embargo, era un encargo envenenado, teniendo en cuenta que España en 1917 encontraba grandes dificultades en producir alimentos en cantidad suficiente y la Primera Guerra Mundial estaba poniendo en peligro los canales tradicionales de abastecimiento.

Aquel gobierno no sobrevivió ni siquiera un año, pero aún volvería a ser ministro, en este caso de la Guerra, con Manuel García Prieto en el último Gobierno constitucional de la monarquía de Alfonso XIII.

Alcalá-Zamora había ocupado distinguidos cargos políticos y administrativos, y también se distinguió como orador en las Cortes desde que fue elegido diputado por La Carolina en 1905. Fue director de Administración Local y subsecretario de la Gobernación. También se mantuvo al tanto de la discusión de las mancomunidades, un programa presentado por José Canalejas con el fin de solventar el problema de la configuración territorial española. Durante todo este tiempo estuvo al servicio del Partido Liberal del conde de Romanones, pero finalmente se adscribió al Partido Liberal Democrático (PLD) de Manuel García Prieto y desde entonces comenzó su carrera ministerial, tanto en Fomento como en Guerra.

Cuando se reunieron las Cortes Generales el 23 de mayo de 1923, el hemiciclo estaba formado por veintidós agrupaciones distintas: demócratas, liberales, izquierdistas, liberales, liberales agrarios, reformistas, nicetistas, conservadores, ciervistas, mauristas, regionalistas, republicanos, socialistas, unionistas monárquicos, nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, integrantes de la Liga Monárquica Vizcaína, tradicionalistas carlistas, católicos, clases mercantiles, agrarios, integristas e independientes. En definitiva, un panorama político que hacía imposible gobernar.

Por todo ello, en cuanto el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en septiembre de 1923 e instauró el Directorio Militar, muchos españoles acogieron con entusiasmo y cierto alivio el nuevo régimen, pero Alcalá-Zamora fue modificando su postura política hasta convertirse en uno de los más firmes opositores al régimen dictatorial del general Primo de Rivera y de la monarquía de Alfonso XIII, que avaló a la dictadura.

Así, el 13 de abril de 1930, cuando el general Primo de Rivera ya había dimitido de su cargo y había sido sustituido por el general Dámaso Berenguer, que tenía el encargo de Alfonso XIII de volver al régimen constitucional de 1876, Alcalá-Zamora pronunció un famoso discurso en el teatro Apolo de Valencia en el que retiró su apoyo y confianza a la monarquía, reivindicando una república basada en un modelo similar a la Tercera República Francesa, esto es, apoyada en las clases medias y en los intelectuales.

Las relaciones con el Gobierno eran oscilantes. Cuando Azaña le presentó para su ratificación la ley de Congregaciones (ley de secularización de la enseñanza) y la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, que completaban la Constitución republicana de 1931, Alcalá-Zamora se resistió al máximo a firmar ambas leyes, pero no se atrevió a vetarlas. La oposición acusó a Alcalá-Zamora de morosidad.

Más tarde, con ocasión de un reajuste gubernamental, las diferencias volvieron a surgir y Azaña dimitió con su gabinete. Tras varias consultas fallidas, Alcalá-Zamora volvió a nombrar como presidente del Consejo de Ministros a Azaña (12 de junio), hecho que decepcionó a los conservadores.

Meses más tarde, en septiembre, Azaña dimitió. Alcalá-Zamora disolvió las Cortes Constituyentes y, después de un fugaz mandato del radical Alejandro Lerroux, le encargó al también radical Diego Martínez Barrio la celebración de nuevas elecciones para el 8 de octubre de 1933.

Las fuerzas derechistas ganaron ampliamente las elecciones del 29 de noviembre de 1933, las primeras de la Historia de España en las que pudieron votar las mujeres. Alejandro Lerroux formó gobierno por encargo del presidente y con la anuencia de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por José María Gil-Robles. Alcalá-Zamora se llevó mal con los radicales y sobre todo con la CEDA, ya que desconfiaba del espíritu democrático del partido de Gil-Robles, que, si bien se declaraba respetuoso con el orden establecido, no había jurado lealtad a la República. Por esta razón buscó siempre soluciones de compromiso, como el confuso gobierno del radical Ricardo Samper, que no gustaron a nadie.

Estandarte presidencial de Niceto Alcalá-Zamora.^{[cita requerida]}

En octubre tuvo que volver a recurrir a Lerroux, que formó gobierno con tres ministros de la CEDA, pero el levantamiento independentista del 6 de octubre de 1934 en Barcelona, la revolución de Asturias, su indecisión y el escándalo del «estraperlo» impidieron una acción de gobierno coherente.

Por otra parte, Alcalá-Zamora utilizó todos sus recursos para apartar a la CEDA del poder hasta que la crisis de gobierno del 9 de diciembre de 1935 le ofreció esta oportunidad. Nombró primer ministro a su amigo Manuel Portela Valladares, que presidió un interregno entre noviembre de 1935 y febrero de 1936. Su intención era crear una fuerza de centro entre la derecha radical-cedista y la izquierda social azañista.

El Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936. Si esto era una derrota para la derecha, también lo era para Alcalá-Zamora y sus aspiraciones. Azaña fue el encargado de formar gobierno.

Los republicanos de izquierdas no habían olvidado la actitud de Alcalá-Zamora desde junio de 1933. Se abrió un debate en las Cortes sobre la inconstitucionalidad de la última disolución de las mismas, ya que según la Constitución de 1931, el presidente estaba facultado para disolver las Cortes dos veces, pero la segunda disolución podía ser sometida al enjuiciamiento de la Cámara, y si una mayoría consideraba que se había cometido alguna irregularidad, el presidente podría ser destituido.

La controversia se produce cuando la nueva mayoría de las Cortes, considerando que ésta era la segunda disolución, enjuician la actuación del presidente y dictaminan que la disolución se había producido con mucho retraso, por lo que el presidente debía ser destituido. Sin embargo, había quien opinaba que ésta era la primera disolución, ya que la anterior (la de 1933) no debía contarse al tratarse de las Cortes Constituyentes, las que elaboraron la Constitución y por tanto eran anteriores a ella. Finalmente, el 7 de abril de 1936, 238 diputados votaron a favor de la destitución por solo 5 en contra. 174 diputados abandonaron la cámara o se encontraban ausentes, por lo que el presidente fue destituido (se requería mayoría absoluta de los 417 diputados en ejercicio, es decir, 209). Este en principio se resistió, pero abandonado por todos tuvo que admitir el cese.

Después de unas semanas en las que se hizo cargo de la Jefatura del Estado de forma interina Diego Martínez Barrio, en su calidad de presidente de las Cortes, fue sustituido por Manuel Azaña el 11 de mayo de 1936.

Estos textos inéditos en su mayoría han sido usados por sectores revisionistas de derecha sobre el supuesto fraude electoral de febrero de 1936. Ya el proceso de aparición del texto fue en sí mismo estrambótico y pilotado por representantes de estos sectores reaccionarios: un empresario anónimo ofreció en venta los valiosos documentos al escritor César Vidal, quien se puso en contacto con el historiador Jorge Fernández-Coppel, y con el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil, para que su colega se reuniera con el empresario en Valencia y, así, pudiera ser incautada la documentación mediante la intervención de un agente de incógnito conocida como la Operación León.[12]

Por tratarse de documentos privados, protegidos como tales por la ley, Rogelio Blanco Martínez, firme defensor de la Ley de la Memoria Histórica y cargo público encargado, no publica estos diarios. En estos documentos, el que fuera presidente de la Segunda República entre 1931 y 1936 reflejaba su visión del proceso político de aquel período.[13]

Los herederos han decidido emprender un proceso que culmine con la recuperación de los documentos, tal como ha manifestado su nieto el historiador y miembro de la Real Academia de la Historia, José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, quien considera necesario hacer público el documento que más luz puede arrojar sobre la historia de España de aquellos convulsos años. Solamente conociendo los escritos robados, “se podrá hacer justicia respecto a la significación histórica del presidente de la República”.

Para la única persona que ha tenido acceso a los documentos en los últimos meses, el historiador Jorge Fernández-Coppel, son fundamentales para entender el proceso que llevó de la proclamación de la República a la Guerra Civil:

Entre las 1100 páginas de los papeles que mantiene secuestrados el Ministerio de Cultura se encuentra una explicación de los sucesos de la Revolución de octubre de 1934 y la constatación del fraude en las elecciones que dieron el triunfo al Gobierno revolucionario del Frente Popular. José Rodríguez Labandeira, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que aportará luz sobre la destitución ilegal del presidente tras las elecciones de febrero de 1936 ^{[cita requerida]}.

La publicación de la primera parte de los diarios se produce el 15 de noviembre de 2011, en la editorial La esfera de los libros con el título Asalto a la República. Con edición de Jorge Fernández-Coppel, prólogo de Juan Pablo Fusi y epílogo de José Alcalá-Zamora, en este libro se incluyen además numerosas cartas inéditas y documentos que ponen en jaque ciertos episodios, como las actas de los votos obtenidos por los distintos grupos en las elecciones a Cortes del 16 de febrero de 1936, que demuestran, según los autores revisionistas, cómo se tejió lo que califican como "golpe de Estado parlamentario". "Los documentos robados al presidente Niceto Alcalá-Zamora durante la guerra prueban su negativa a secundar un golpe de Estado y su distanciamiento de Azaña".[8]