Nobleza incaica

Los incas constituían una verdadera casta dentro del imperio con características de exclusividad y preeminencia hacia los súbditos comunes. Sus miembros pertenecían a las panacas, las familias creadas por cada uno de los soberanos incas que se habían sucedido en el trono. Esta nobleza, al igual que los soberanos, formaban una estirpe, debido a los enlaces endogámicos que establecían entre sí, no tanto para conservar la pureza de sangre sino para mantener los estrechos vínculos de parentesco con el Sapa Inca. La manutención de los nobles provenía del tributo.

La nobleza de sangre en el Imperio incaico se estima al momento de su caída en más de 10 000 individuos repartidos en diferentes partes del Tahuantinsuyo, que cumplían funciones administrativas y militares. Parte de las estrategias utilizadas por los incas para someter a otros pueblos, luego de enfrentamientos militares, era establecer alianzas matrimoniales entre los gobernantes locales y las hijas o concubinas del Inca a modo de crear lazos que permitieran la ocupación pacífica. También era habitual que el curaca entregara a sus hijas o esposas al Inca, las que se enviaban directamente al Cuzco para formar parte de su serrallo.

La pertenencia a esta élite restringida estaba determinada por lazos de consanguinidad y nadie podía acceder a ella salvo por derecho de nacimiento. Las excepciones eran los llamados "nobleza por privilegio", una categoría limitada de individuos comunes que se habían distinguido por méritos militares excepcionales y que eran acogidos en las filas de la nobleza en consideración a las cualidades demostradas en la batalla.

El derecho de nacimiento era un requisito indispensable para acceder a la condición de "inca", pero por sí mismo no garantizaba, de manera absoluta, la aceptación de la nobleza. Los jóvenes aspirantes, después de largos estudios en las más diversas disciplinas, tenían en efecto que someterse a un duro entrenamiento y, en el colmo de difíciles pruebas, incluso crueles, recibían, en caso de éxito, la aprobación del Inca. Esta especie de iniciación, llamada warachikuy, finalizaba con una solemne ceremonia que consistía en la perforación de los lóbulos de las orejas y la introducción en ellos de aquellos discos de oro que eran la insignia de la casta y que habrían dado a los incas el apelativo de "orejones" por los conquistadores españoles. Desde ese momento el nuevo inca pasó a formar parte de la nobleza y pudo ser empleado en una de las numerosas tareas que su condición conllevaba.

Para distinguirse del resto, los varones miembros de la nobleza se trasquilaban el cabello, cortándoselo y llevándolo sumamente corto en comparación a todos los habitantes del Imperio, quienes estimaban mucho llevar el cabello largo. Los de la etnia incaica, además se deformaban el cráneo en forma tubular erecta.

La guerra los involucró de manera preponderante, pero también tuvieron que acometer todos los trámites administrativos que regían el complejo aparato estatal y preveían la gestión del Estado. Siendo ellos los únicos en alcanzar los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios, también tuvieron que cargar con la carga de administrar justicia y planificar las inmensas obras arquitectónicas y agrícolas que caracterizaron a la civilización inca. La vida de un noble inca era intensa y laboriosa. La animaban las grandiosas fiestas a las que la admitían, pero también estaba llena de responsabilidad.

Hubo miembros de la Casa real incaica que apoyarían a los españoles en la Conquista del Imperio incaico, como Túpac Hualpa, Manco Inca o Paullu Inca. Esto se debió a que los Conquistadores españoles buscaban pactos de alianza con la Nobleza incaica en medio de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, logrando que los Capac Inca acepten servir al rey Carlos I de España a cambio de salvación y protección frente a los terribles abusos que se cometieron por la Guerra civil incaica. A su vez, se deseaba convertir a los emperadores incas a la fe católica, para que a su vez el resto de sus súbditos le siguieran los pasos. Con Paullu Inca, bautizado por Juan Pérez Arriscado (de la orden de San Juan),[1] se logró tal cometido y varios nobles prosiguieron en convertirse al catolicismo, como García Cayo Topa, Felipe Caro Topa, Juan Paccac o Pascac, Juan Sona, etc. Varios de estos incas católicos promoverían la construcción de Ermitas y Parroquias para ayudar al proceso de evangelización.[2] Así, existió una nobleza indígena colaboracionista a la monarquía española y la iglesia católica, estos nobles indígenas que colaboraron con los españoles de un modo u otro (aceptando así todas las requerimientos exigidos) lo hicieron con la esperanza de que la Corona les otorgue la libertad y autonomía del que habían sido privados por los últimos Incas, en tanto que otros querían conservar su estatus y privilegios en el nuevo sistema virreinal. Así mismo hubo un grupo de caudillos indígenas que buscaron ascender socialmente o que se les reconozca un estatus del que no habían gozado en el pasado, pero que ellos se atribuían ante los conquistadores españoles. En cuanto a la nobleza incaica, se les reconoció privilegios a los descendientes de Huascar, Paullu Inca, Huayna Cápac, Túpac Yupanqui, entre otros, quienes contribuyeron con la conquista y pacificación de territorio en favor de la Corona.

"Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad caciques y señores de pueblos, y porque después de su conversión a nuestra santa fe católica, es justo que conserven sus derechos, y el haber venido a nuestra obediencia no los haga de peor condición."

Felipe II, 1557

Sin embargo, Manco Inca, debido a agravios recibidos por los españoles, término provocando una rebelión y forjo su propia línea de sucesión al trono inca, a través de los Incas de Vilcabamba, quienes, por medio del Estado neoincaico, le declararon la guerra a la Monarquía Hispánica. Pese a ello, virreyes del Perú como Pedro de la Gasca, Andrés Hurtado de Mendoza y otros buscaron integrar a esos reductos incas al área de colonización española con el fin de que pudieran controlarlos y terminar las revueltas, logrando una reconciliación. Siendo así que, el 5 de enero de 1558, el joven soberano, Sayri Túpac, recibió una majestuosa acogida por parte del virrey Hurtado de Mendoza en la ciudad de Lima, en el que acordaron que: A cambio de recibir y reconocérsele propiedades prometidas por los españoles (mayormente en el Cusco), renunció a sus derechos como soberano del Tahuantinsuyo, en favor de trasladar tales derechos (de ser sucesor de Atahualpa) al rey Felipe II de España y a sus sucesores de la Corona de Castilla, en una aplicación de Translatio imperii, donde los Reyes de España, a partir de Carlos I de España, serían legítimos sucesores de los Sapa Inca como Reyes del Perú, por ello, Carlos adopto el título de XV Emperador del Perú, en el que reconocía a los 14 incas previos también como Reyes del Perú.[3][4][5] Aunque se reanudaría la guerra hispano-inca con su sucesor Titu Cusi Yupanqui, se reafirmaron los términos con el Tratado de Acobamba, por el que aceptaba el Inca ser vasallo del rey Felipe II, solo en la medida de que este cumpliera con el trato, y este a su vez reconocía su título de Inca.

«En remuneración y recompensa de los Reynos del Perú, por la cessión, y renuncia expontania, que mis Reales pasados hicieron de ellos, en obsequio de la Real Corona de Castilla».

Matrimonio del capitán Martín García Óñez de Loyola con Beatriz Clara Coya y de Juan Enríquez de Borja con Ana María de Loyola Coya, hija de Martín y Beatriz

Siendo así que, durante el Virreinato del Perú, la nobleza incaica la conformaron todos los indígenas nobles; es decir, todos los descendientes de la elite incaica y de las panacas reales. Fueron también nobles reconocidos aquellos indígenas descendientes de las grandes macroétnicas costeñas y andinas. Instaurado el virreinato, la condición de estos nuevos nobles no fue aceptada por los encomenderos, pues creían que esta clase social podría encabezar alzamientos y revoluciones, tal como sucedió durante la rebelión de Manco Inca. Aún así, Carlos I concedió, desde 1544, múltiples privilegios a los incas que hubieran sido leales y cooperativos con las autoridades españolas, como Paullo Inca, Cayo Topa, Don Felipe Cari Topa, etc. Posteriormente, Carlos I ordenó, por Real Cédula del 9 de mayo de 1545, la creación del Alférez Real de los Incas, otorgándosele tales honores a Cristóbal Paullu Inca, siendo su elección a cargo de los descendientes de la panca de Huayna Cápac. En 1570, se concedió a los indígenas el honor de elegir un Alférez real, sobre todo a los nobles incas presentes en el Cusco tras la visita general del Virrey Toledo; sin embargo, se presentó una situación de conflicto y desorden entre los nobles incas a la hora de hacer el sufragio.[6] Posteriormente, por consejo de Agustín Jara de la Cerda (Juez de naturales) se dispuso en 1595, durante el gobierno de Felipe II de España, que cada una de las panacas fuese representada por 2 electores y que todos constituirían un Cabildo de Indios Nobles, que estuviera compuesto de 24 electores, quienes nombrarían mediante sufragio a un Alférez Real para la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. Inspirado en el Consejo de los Príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, se formaría el Consejo de los 24 nobles electores Incas del Cusco.[7][8]

Con la llegada del virrey Álvarez de Toledo se daría un proceso de reorganización que afectará también a la nobleza indígena cristiana en general, dándose la caída de los "cacicazgos ilegítimos" instaurados por los llamados "conquistadores y encomenderos". Esta elite indígena había alcanzado el poder en ciertas regiones por haber ayudado como jefes militares y colaboradores políticos a los primeros españoles en sus empresas de conquista, y habían logrado prolongar su mandato hasta la década de 1560, siendo “los mandoncillos caciques” denunciados muchas veces por los mismos indios ordinarios a causa de sus malos tratos. También se quiso verificar la procedencia de algunos "incas de privilegio" y abolir los títulos de quienes se presentaban con engaños que eran nobles indígenas.[9] Álvarez de Toledo se encargó durante su gobierno de neutralizar a toda la elite indígena que supusiesen un peligro ya sea presente o futuro para el gobierno español y para la Corona, por lo que muchas veces tuvo que recurrir a métodos arbitrarios que le hicieron ganarse la enemistad o antipatía de este sector de poder. El objetivo del virrey era tener a autoridades indígenas fieles a las disposiciones del gobierno, y así lo consiguió. Los nobles Incas del Cuzco fueron reducidos en parroquias y fueron obligados por el virrey Álvarez de Toledo a pagar tributo juntamente con los yanaconas o hatunrunas, aunque lograron ser eximidos de tributar luego de protestar. Por otro lado se ejecutó a Túpac Amaru I tras una última declaración de guerra, sin embargo su panaca de Sayri Túpac negocio su rendición con la Corona a cambio de privilegios, logrando ponerse en práctica de una vez la capitulación de 1558. El virrey Álvarez de Toledo llegó a solicitar que la descendencia principal de los Incas de Vilcabamba, Ana María de Loyola Coya Inca, debía de ser enviada a España, impidiéndosele retornar al Perú. Con ello, la Orden jesuita se volvió un fuerte defensor de la legitimidad incaica dentro del Imperio español (al grado que los incas en 1610 decidieron que Ignacio de Loyola sea su santo patrón)[10], partidarios de una política indigenista en el que se relataba a los Incas como los "señores naturales" de los Reinos del Perú, cuyos privilegios no podían ser eliminados por la conquista española; siendo un ideario político en pugna contra la visión promovida por los Regalistas (defendida por Toledo, Juan de Matienzo[11] o el Inca Garcilaso de la Vega)[6] en el que se veía a los Incas como violentos tiranos que usurparon las tierras e instituciones de los demás pueblos indígenas en contra de su voluntad durante las Expansiones del Imperio inca, y por el cual el Rey de España había venido a dar orden. Las autoridades españolas buscaban legitimar el Gobierno del Perú a través de las instituciones andinas de poder, sobre todo en cuanto a los mecanismos incaicos de sujeción, por lo que muchos clérigos y burócratas mostraron un fuerte deseo de indagar empíricamente sobre los indios y los Incas con fines específicos de garantizar la autoridad moral del Imperio español en los Reinos de Indias, dándose intrincados debates sobre si los Incas debían ser vistos como "Señores Naturales" o como "Tiranos".[11] Posteriormente, el Virrey Toledo ordenó la realización de la primera Genealogía Inca, con base en las tradiciones orales y otras probanzas de las panacas, para preservar su historia y lograr una legitimidad política ante los Indios.[12] A su vez, entre las décadas de 1570 y 1580 lograrían realizar acciones legales donde se les reconociera sus privilegios y exención de Servidumbre ante el estado español, adaptándose a las categorías jurídicas del derecho castellano, como el uso de conceptos como Hidalguía.[13]

Sin embargo, durante un siglo, los curacas nobles fueron reconocidos y aceptados, incluso muchos de ellos tuvieron comercio directo con la población española, pues tuvieron acceso a tierras y chacras. Hay que señalar que los nobles indígenas se encontraban exentos de tributar y de ir a la mita, por lo que el comercio se convirtió en una fuente de ingresos importante. Los nobles indígenas, aprovechando su condición, muchas veces comerciaban con productos que a su vez se encontraban libres de impuestos (olluco, oca, papa, etc.) y que tenían gran demanda entre la población vernácula. La corona buscó igualmente consolidar su posición, creando para ello colegios especiales para curacas. En ellos, además de ser correctamente evangelizados, aprendían gramática y ciencias. El poder de esta familia Inca era de tal magnitud que muchos de ellos (por no decir todos) ocuparon cargos virreinales de gran importancia local (como las alcaldías y alferazgos), prestaban servicios en la Milicia del Cuzco y en otras milicias provinciales (ya sea como suboficiales u oficiales) e incluso tenían la potestad de declarar la guerra, siempre que cumplieran con su deber y obligación al servicio de la Corona (protestad que harían contra la Rebelión de Túpac Amaru II). A su vez, recibieron la condecoración del Toisón de Oro a perpetuidad, se les concedió el derecho de administrar tribunales, concejos y cabildos por todos sus dominios, además de tener una corte, con sus correspondientes consejeros. Con dicha autoridad, privilegios y riquezas, llegarían a mantener sus palacios, así como manejar los negocios más importantes de la economía virreinal.

Muchos integrantes de la nobleza incaica inclusive viajarían al Viejo Mundo, casándose con familias de la alta realeza europea. Es por ello que incluso todavía se podría encontrar descendientes Incas en Europa, como la Casa de Loyola (familia de San Ignacio de Loyola), la Casa de Borja (familia del Papa Alejandro VI o San Francisco de Borja), la Casa de Javier (familia de San Francisco Xavier) o la mismísima Familia real española. Además, varios miembros de estas 24 familias llegarían a participar en las Cortes españolas, como Melchor Inca,[10] Dionisio Inca Yupanqui, etc. También los hubo de quienes se trasladaron a la Nueva España.[14]

El virrey José de Armendáriz restableció el sistema por el cual los nobles incas que pudieran acreditar su ascendencia eran reconocidos como hidalgos de Castilla. Esto condujo a un frenesí por parte de la nobleza indígena, que tenía que demostrar sus títulos nobiliarios para legitimar su estatus. Por eso usaban las probanzas y las presentaban a los tribunales, aunque muchas veces eran falsas.

Sin embargo, la existencia de una facción nacionalista neo-inca, que, a través de memorialistas y voceros, hacían conspiraciones contra el Absolutismo borbonico, ayudo al desarrollo de una paranoia colectiva entre los funcionarios del rey en el que se dudaba de la lealtad de los nobles incas, acusando que, por tener una doble identidad, eran por naturaleza infieles a la autoridad española. A la paranoia se sumó la desconfianza a la Religiosidad popular en los dominios de los Curacas en el Ande, al que se sospechaba de que habían algunos nobles incas no eran auténticos cristianos y habían caído en el Sincretismo religioso con la idolatría pagana. Sin embargo, los nobles incas electores harían todo lo posible por demostrar su lealtad a España y devoción católica.[15]

Pero esta situación se agravó en 1780 con la rebelión de Túpac Amaru II, cuando perdieron dichos privilegios. Esto se debió a que figuras políticas españolas, como José Antonio de Areche, Benito de la Mata Linares, Vicente Ore, Juan Bautista, Jiménez Villalba, entre otros, buscaban conseguir la abolición de la nobleza indígena y de sus instituciones, a la que consideraban un estorbo para la modernización buscada por las Reformas borbonicas en busca de una nación unificada y centralizada, así como por las denuncias de sus múltiples irregularidades y fraudes.

"Había en esta ciudad una cuadrilla de indios que se decían nobles electores, como si estuviéramos en el Sacro Imperio, imbuidos de su descendencia de los antiguos Emperadores Ingas atribuiendose cada uno arbitrariamente la que le acomodaba."

Mata Linares, 1784

El magistrado Mata Linares a través del corregidor Matias Baulen solicitó a los Incas Electores presentar sus títulos y documentos acreditados por el gobierno virreinal para permitirles seguir realizando sus operaciones institucionales. No lograron presentar tales documentos, por lo que gradualmente varios nobles serían impedidos de participar en la elección y estarían perdiendo sus privilegios al no poder demostrar su abolengo.

“En pura inteligencia de que en cumplimiento de mi obligación devo abolir el abuso de que se incorporasen entre los electores propietarios que gosan de este honor o título en forma los que fraudulentamente se introducían al uso de votar sin haber ocurrido a la superioridad a conseguir su despacho, haciendo constar la legitimidad de sus personas y calidades prescriptas para probar la descendencia que se atribuye pues careciendo de estos requisitos ni ellos se podía llamarse electores ni yo operando justamente consentir que votasen. Por tanto es impedir la continuación de hechos voluntarios contra derecho y de puro capricho parece que lejos de llamar expoliación se debe tener por efecto laudable de mi versión pues fui mirar en el mismo mandato por la autoridad que corresponde al Superior Gobierno de donde ande dimanar la provisiones y títulos de esta especie y lo contrario sera hacerme culpado por condescendiente en un abuso que necesitaba eliminarse”

Matias Baulen, 1784

Frente a ello, los Incas denunciaron, ante el corregidor Matías Baulen, al abogado de los Betancur Túpac Amaru, el español Vicente García Rodríguez (defensor de Diego Felipe Betancur contra Jose Gabriel Condorcanqui por la disputa de la herencia del Marquesado de Santiago de Oropesa), por fraude y robo en el año 1783-1785, aludiendo que estaba utilizando el nombre de la institución para "fines maliciosos" con "falsos informes", que dicho abogado había extraído, de las dependencias del Consejo, los archivos correspondientes a los años 1595 – 1739 - 1676 y 1685 -1780, extraviando varios documentos importantes (Vicente habría hecho esto para así introducir a la persona de Don Diego Tupac Amarú para ser uno de los Electores del Cabildo de los 24, eliminando documentos que perjudicasen sus ambiciones).[16]

“Y respondieron algunos de los indios concurrentes que Don Vicente José García les estrajo sus papeles fingiendo ser apoderado de ellos y figurando ser su mujer descendiente de Tupa Amaro y prometiendoles ser su defensor, y que sin duda llevaría los títulos y constando por diligencia lo expuesto se les notificó en el mismo acto que para el año subsecuente precisamente avian de presentar los títulos con apercibimiento de que en su defecto no votarían sino únicamente los que efectivamente los manifestasen para comprobar ser legítimamente electores y tener derecho a sufragar sus votos.”

Matias Baulen, 1785

Sin embargo Vicente García Rodríguez se libraría de las acusaciones gracias a sus influencias en el Cuzco y a sus partidarios dentro del mismo Consejo, puesto que hábilmente preparó un memorial para presentarlo ante la Real Audiencia de Lima, con el objetivo de pedir al mismo virrey Teodoro de Croix el restablecimiento del Alferazgo Real de los Incas, pero con la documentación que él había elaborado y que comprendía los años 1595 – 1780, donde mediante fraudes legitimaba la ascendencia incaica y servicios de los Betancur Túpac Amaru, así como de sus afines (amigos y aliados). Con ello, la nobleza incaica dejó de ser reprimida y volverían a realizar sus funciones entre las dinámicas sociopolíticas del Virreinato.

Algunos miembros apoyaron a Mateo Pumacahua y los Angulo en la Rebelión de 1814, otros a las políticas contrarrevolucionarias del virrey José Fernando de Abascal, pero no tuvieron un papel relevante en las Guerras de Independencia de la década de 1820, manteniéndose ajenos, neutrales y con algunos miembros que colaboraron tanto con realistas como con independentistas.

• Alférez Real de los Incas
• Consejo de los 24 nobles electores Incas del Cusco
• Dinastía Hanan Qusqu
• Dinastía Hurin Qusqu
• Casa real incaica
• Panaca

• Waldemar Espinoza Soriano. Los Incas. Economía, Sociedad y Estado en la Era del Tahuantinsuyo. Lima: Amaru, 1987.
• Federico Kauffmann Doig. Historia y Arte del Perú Antiguo. Lima: PEISA, 2002.

• Organización Social Inca: Nobleza y Pueblo
• Educared. (-). La república de indios. 28/04/2018, de Fundación Telefónica Sitio web: http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/virreinato-peru/indios.htm
• Investigación busca a los descendientes de la nobleza incaica en el siglo XXI
• Nobleza, identidad y rebelión: los incas nobles del Cuzco frente a Túpac Amaru