Bernardino Rivadavia

Estampilla de Bernardino Rivadavia.

Una de las primeras obras de gobierno fue la sanción de la Ley de Sufragio Universal, de fecha 14 de agosto de 1821, que fue la primera de su tipo en Latinoamérica. Ella permitió que todo hombre libre, natural del país o avecinado a él, desde la edad de 20 años, o antes si fuera emancipado, fuera hábil para elegir (art. 2°) y además, que pudieran ser elegidos para cargos públicos los ciudadanos mayores de 25 "que poseyeran alguna propiedad inmueble o industrial".[19]

Pese al nombre oficial de la ley, no era realmente un sistema de voto universal. En 1826 modificó esa misma ley, haciéndola aún más restrictiva, en la práctica, un sistema de voto calificado. Manuel Dorrego, que también se opuso al proyecto constitucional rivadaviano de 1826, considerándolo nulo porque se desconocía en él la voluntad general de las provincias, se manifestó enteramente en contra de las dos leyes electorales propuestas por Rivadavia: se negaba el derecho de voto en las elecciones a los menores de veinte años, a los analfabetos, a los deudores fallidos, deudores del tesoro público, dementes, notoriamente vagos, criminales con pena corporal o infamante, pero también a los domésticos y peones que estaban bajo la influencia del patrón. El proyecto consideraba que “se reputará decente toda persona blanca que se presente vestida de fraque y levita”, y el proyecto de Rivadavia negaba el voto hasta a los “criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea”.[20]

Para concentrar el poder en la ciudad de Buenos Aires, y dentro de ella al círculo "ministerial", suprimió los cabildos, tanto el de la capital como los de Luján y San Nicolás de los Arroyos.

En noviembre de 1821, y con el fin de pacificar la provincia, hizo sancionar la Ley del Olvido, la cual consistía en una amnistía para todos los opositores políticos, que pudieron regresar de su exilio; ese fue el caso de Manuel Dorrego, Miguel Estanislao Soler, Manuel de Sarratea, Carlos María de Alvear, Cornelio Saavedra y otros. Eligió para enviar a la legislatura el proyecto el día en que se tuvo noticia en Buenos Aires de la entrada del general San Martín en Lima al frente del Ejército Libertador. En el mensaje respectivo argumentaba:

Cumpliose al fin el noble voto que Buenos Aires hizo el 25 de mayo de 1810 y que a sabido sostener con tanta magnanimidad contra todas las vicisitudes de la fortuna por el espacio de once años. Los pueblos del continente son independientes, que sean libres y felices son deseos de esta provincia. Pero entretanto, parece que ella se debe a si misma el cerrar para siempre el periodo de la revolución el dia mismo en que se ve cumplido su primer objetivo”[21]

El 24 de diciembre de 1821 creó la Policía del Estado, primera fuerza puramente policial dependiente de un gobierno de provincia; es considerado el antecedente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Proclamó una reforma militar, por la que pasó a retiro a los antiguos oficiales que habían luchado en la Guerra de la Independencia y que no tenían destino fijo, aunque también a los que consideró contrarios a su gobierno. Esta reforma puso en su contra a todos los militares alejados y muchos de ellos se unirían a las rebeliones en su contra.

A través de la denominada Reforma eclesiástica de Rivadavia llevó adelante una modificación en el seno de la Iglesia católica por la que pasaron a manos de la provincia muchos de los bienes de la Iglesia católica. También ordenó la disolución de las órdenes religiosas, entre las cuales solo las más numerosas lograron evitar su secularización. Esto llevó a que muchos católicos se unieran a las conspiraciones. Poco antes habían sido incautados otros bienes inmuebles pertenecientes a la Iglesia, como la estancia con que se sostenía el santuario de Nuestra Señora de Luján, cuya veneración también pasó a ser costeada por el Estado.[22]

Durante lo que se conoció como la «época de Rivadavia» la ciencia y la cultura prosperaron de manera significativa. Su impulso reformista dio a la vida intelectual una dinámica desconocida hasta entonces, creando un clima propicio que fructificó en diversos campos a través de la obra personal de muchos individuos.

En 1822, por acción oficial o privada, se habilitaron varias instituciones académicas: La Sociedad Literaria, la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Sociedad de Jurisprudencia, la Academia de Medicina y dos academias de música y canto.

Cinco librerías existentes en Buenos Aires en 1825 vendían toda clase de obras literarias y científicas editadas en Europa. Fiel a su ideario liberal, por un decreto de 1821 derogó antiguas prohibiciones a la introducción de determinados libros sin censura ni trabas de ninguna índole.

Durante la época de Rivadavia se contrataron a distinguidas personalidades intelectuales del extranjero, como el matemático mexicano José Lanz, el naturalista francés Aimé Bonpland, los físicos y astrónomos italianos Pedro Carta Molino y Octavio Fabricio Mossotti, el publicista e historiador, también italiano, Pedro de Angelis, y el ingeniero francés Carlos Enrique Pellegrini. La mayoría de ellos se establecieron a enseñar e investigar en el país.^{[cita requerida]}

Otras muchas nuevas instituciones fueron creadas durante su ministerio. El Museo Argentino de Ciencias Naturales, el cual lleva su nombre, el Archivo General, el Registro Oficial, el Departamento Topográfico y Estadístico. Se confeccionaron los primeros plano topográficos y catastrales de la provincia de Buenos Aires.

Refundó el viejo Colegio de San Carlos como Colegio de Ciencias Morales, en el cual otorgó becas a algunos jóvenes de las provincias. Las escuelas se multiplicaron y en ellas se dictaron cursos por el «sistema lancasteriano», para el cual hizo venir de Inglaterra a Diego Thompson, miembro de la sociedad lancasteriana de Londres.[23]

Gracias a su gestión se fundó la Universidad de Buenos Aires, inaugurada el 12 de agosto de 1821, designando como primer rector y cancelario al doctor Antonio Sáenz. Tardó varios años en funcionar orgánicamente.

La ciudad de Buenos Aires comenzó a modernizarse. Construyó edificios públicos, ensanchó avenidas y fijó los anchos máximos y mínimos de las calles, las esquinas debían ochavarse mediante el corte de un triángulo isósceles, cuyos lados midiesen tres varas (aproximadamente 2,6 metros), mejoró la iluminación de las calles y creó el Cementerio de la Recoleta, estableció zonas especiales para la instalación de molinos harineros y mercados de abastecimiento, obligó a presentar los planos de las edificaciones en el recientemente creado Departamento de Ingenieros.[24] Estas modernizaciones que emprendió estaban pensadas principalmente para la ciudad, siendo menores las iniciadas en el interior de la provincia. Por otro lado, su atención estuvo centrada en las clases altas y medias.

Para proveer de mano de obra al comercio y a la ganadería impulsó fuertemente la obligación a los no propietarios de que demostraran que tenían empleo por medio de la “papeleta de conchabo”. Aquellos que no la tuvieran eran arrestados y enviados como soldados a los fuertes ubicados en la nueva línea de frontera, que se encargaban de la vigilancia y protección de los malones indios.

También apoyó a la Comandancia política y militar de Río Negro y la Costa Patagónica a cargo del teniente coronel José Gabriel de la Oyuela.

A ello se sumó un plan de colonización territorial a fin de atraer pobladores a esas tierras, fomentando la inmigración europea.

Desde el inicio de su ministerio, el gobierno porteño se negó a colaborar con los ejércitos que luchaban contra los realistas, tanto el de Martín Miguel de Güemes en Salta, como la campaña de José de San Martín en Perú.

Dos enviados de San Martín tuvieron que oír en la Legislatura que a Buenos Aires le convenía que no se fueran los realistas de Perú. En parte debido a ello el resultado fue que San Martín tuvo que dejar a Simón Bolívar que terminara lo que él había comenzado. Cuando finalmente renunció al gobierno del Perú y regresó a Buenos Aires, fue amenazado con encarcelarlo por su desobediencia de años atrás.

Rivadavia estaba convencido de que la guerra contra el Imperio del Brasil sería inevitable y ese fue su principal objetivo militar externo, enfocando en él los principales recursos.

Cuando el cabildo de Montevideo le pidió ayuda, envió a un emisario, Tomás de Iriarte, al gobernador brasileño a exigir la devolución de la provincia usurpada.

La Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires sancionó el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a "negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real". Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.

La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70%, pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70%. Este consorcio estaba encabezado por Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers & Co.

Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a Buenos Aires y repartíéndose el 15% de diferencia con el consorcio.

El 1 de julio de 1824 se contrató con la Banca Baring el empréstito por 1 000 000 de libras esterlinas. El 15% de diferencia de colocación representó 150 000 libras, de ellas el consorcio en su conjunto se llevó 120 000 libras en carácter de comisión, y los 30 000 restantes fueron para Baring.

El Bono general dispuso que:

• Los intereses serían pagados semestralmente, encargándose la Casa Baring de hacerlo a nombre de Buenos Aires cobrando una comisión del 1%.
• El Estado de Buenos Aires "empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1 000 000 de libras esterlinas y su interés".
• Baring retendría 200 000 títulos al tipo de 70, acreditando a Buenos Aires las 140 000 libras correspondientes y disponiendo para sí del excedente de su venta.
• Por cuenta del consorcio, Baring vendería en bolsa los 800 000 títulos restantes al tipo de 85%, cobrando un 1% de comisión por ello, y acreditando a Buenos Aires el 70%. Si lograse colocarlas a más del 80%, la comisión subiría a 1,5%.
• En toda suma a entregarse en lo futuro por Buenos Aires, en concepto de intereses y amortizaciones, Baring cargaría un 1% de comisión a cuenta del gobierno.

Como no se había especificado como llegaba el dinero a Argentina, el consorcio informa a la Casa Baring que la mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. No por casualidad, una de esas casas comerciales era la de Robertson y Costas, dos miembros del consorcio. Al final, del millón de libras que totalizaba el mismo, solo llegaron a Buenos Aires unas 570 000, en su mayoría en letras de cambio y una parte minoritaria en metálico.

El empréstito solo se pagaría por completo ochenta años más tarde.

En cuanto el préstamo llegó, la Legislatura cambió de idea: el dinero no era necesario. De modo que fue entregado al Banco de Descuento para que lo entregara como créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la provincia por ese dinero.

El empréstito argentino de 1824 no fue el único de su tipo en Latinoamérica: ya en 1822 Colombia había negociado un crédito por valor de 2 millones de libras esterlinas, y lo mismo había hecho ese año Chile con un crédito por 200 000 libras. El reino de Poyais (país ficticio creado por el estafador Gregor McGregor supuestamente en la Costa de Mosquitos, ubicada en el litoral del Mar Caribe de las actuales Honduras y Nicaragua), hizo lo propio por 200 000 libras, y Perú colocó un empréstito por 1 200 000 libras. México también tomó un crédito de este tipo en 1824, y Colombia obtuvo su segundo crédito. Entre 1822 y 1826 las colonias españolas se endeudaron con Londres por la suma de 20 978 000 libras, habiendo Inglaterra desembolsado una suma real de solo 7 000 000 de libras.

Bernardino Rivadavia era católico pero había adoptado las ideas regalistas. El regalismo no era una corriente de pensamiento novedosa sino que ya venía aplicándose en Europa y particularmente en España a través de las reformas borbónicas que la corona española había implementado a partir del siglo XVIII. Rivadavia quiso aplicar el regalismo en el país.[25] Esta doctrina sostenía que no existía un Iglesia regida por el Papa, sino que existían comunidades nacionales de fieles a los cuales el gobierno de cada país podía dirigir. En otras palabras, a fin de cumplir con los fines del estado nacional, este podía interferir en los asuntos de la religión católica a favor de sus propias políticas públicas. El regalismo en el Río de la Plata fue aplicado por Rivadavia, contando con el apoyo de varios sectores del clero, entre los que se destacaron sacerdotes como Valentín Gómez, Gregorio Funes y Julián Segundo de Agüero.

El 1 de julio de 1822, Rivadavia –como ministro del gobernador Martín Rodríguez–, con el fin de incrementar las arcas del estado provincial, publicó una serie de decretos reformistas, que fueron completados seis meses más tarde por la ley de la Cámara de Representantes, que dictó, el 21 de diciembre, la "Ley de Reforma General", más conocida como Reforma eclesiástica.

Su articulado afectó principalmente a las órdenes religiosas o clero regular, cuyos miembros eran considerados más adictos a la Santa Sede que los sacerdotes del clero secular.

Así, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires:

• Cerró varios conventos, como los de las órdenes religiosas de los Bethlemitas, Recoletos y Mercedarios; al mismo tiempo se apoderó de todos los bienes que pertenecían a estas órdenes religiosas.
• Incautó los bienes propios del Santuario de Luján, de los de la Hermandad de Caridad, del Hospital de Santa Catalina y otros.
• Tomó sobre sí la responsabilidad de dar permisos para abandonar el estado religioso a quienes así lo deseaban.
• Suprimió el diezmo, impuesto tradicional que servía para el sostenimiento del clero.
• Limitó el número de religiosos por convento, prohibiendo que hubiera más de 30 religiosos y menos de 16 en cada uno de ellos, bajo la pena de supresión y confiscación de bienes.
• Limitó la edad mínima para la profesión de los votos religiosos ya que ningún religioso podría pronunciar sus votos de consagración perpetua antes de lo 25 años de edad.
• No reconoció la existencia de ninguna autoridad religiosa que residiera fuera del país y pretendiera tener poder sobre el clero secular y regular.[26][27]

La reforma eclesiástica desató un enfrentamiento entre los periódicos de Buenos Aires. Por un lado Juan Cruz Varela y Florencio Varela defendían la posición del gobierno en El Centinela y El Lobera del Año XX. Por el otro fray Cayetano Rodríguez y fray Francisco de Paula Castañeda atacaban vigorosamente a Rivadavia. El gobierno, aplicando una vez las políticas del regalismo, decidió exiliar a Castañeda a Carmen de Patagones, pero el fraile escapó a Montevideo.

El presbítero Mariano Medrano –vicario provisorio de la Santa Sede al haber quedado vacante el puesto de obispo de Buenos Aires desde 1812– se opuso enérgicamente a las reformas rivadavianas.

Entre los opositores más prominentes a las políticas de Rivadavia se encontraba el fraile Francisco de Paula Castañeda, periodista y escritor satírico, que le dedicó a Rivadavia las siguientes líneas:

Fray Francisco de Paula Castañeda.

No hay provenir maravilloso
ni otro contenido más delicado
que librarse del Sapo del Diluvio
El Sapo es Rivadavia o Rivaduvio
o el Robespierre el renegado

En agosto de 1822 fue denunciada una conspiración en su contra, dirigida por el exministro Gregorio García de Tagle, que fue rápidamente sofocada. Castañeda fue expulsado de la capital, y Tagle pasó varios meses en prisión hasta que fue liberado por presión de su esposa.[28] Rivadavia aparecía como tolerante a las disidencias, pero sólo a las que él consideraba moderadas –esto es, que no afectaran su gobierno– y no toleró ninguna de parte de sectores clericales.[29]

El 19 de marzo de 1823 estalló la "Revolución de los Apostólicos", encabezada por Gregorio García de Tagle, una reacción bien organizada contra las reformas del ministro Bernardino Rivadavia, en la que participaron Domingo Achega, Mariano Benito Rolón y Ambrosio de Lezica (padre). Tuvo apoyo de muchos descontentos, además de frailes y curas, pero no disponía de fuerzas militares suficientes, de modo que se abrieron las cárceles para sumar a los presos: el oficial de más graduación resultó ser José María Urien, un acusado por un crimen pasional, que tomó el mando de la rebelión. De todos modos no alcanzaron a derrocar al gobierno, y debieron rendirse tras varias horas de lucha. Aunque Tagle huyó, varios de los líderes fueron capturados.

Se inició una pesquisa judicial, de la cual surgieron ciertas complicidades en el propio gobierno. Rivadavia, alarmado, ordenó reemplazar a los jueces y fiscales por otros, que recibieron orden de acelerar el juicio, llevarlo en secreto, destruir la documentación y dictar sentencia sin profundizar la investigación. Cuando unos días más tarde se dictó sentencia, el único implicado con responsabilidad grave era el coronel Urien, que fue condenado a muerte junto con un oficial llamado Benito Peralta. Urien y Peralta fueron fusilados en la Plaza de la Victoria, mientras todos los otros arrestados recuperaron rápidamente la libertad.[30][31]

Por su parte, Tagle logró escapar con ayuda de Dorrego –el mismo a quien había desterrado injustamente en 1816 a España– a Montevideo, que estaba en poder del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Allí fue arrestado en Montevideo por el gobernador portugués, vizconde de la Laguna Carlos Federico Lecor, quien tardó meses en liberarlo.

Como garantía del empréstito Rivadavia hipotecó todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su enajenación en toda la Nación. No siendo posible enajenar las tierras por la existencia de esta hipoteca, les aplicó el régimen de enfiteusis, mediante el cual se arrendaban contra el pago de un canon.

El 16 de marzo de 1826, siendo ya presidente, ratificó mediante un decreto la prohibición de vender, donar o entregar de cualquier otra forma las tierras fiscales. Posteriormente, el 18 de mayo, la Ley Nacional de Enfiteusis volvió a ratificar la prohibición de enajenar tierras de propiedad pública y fijó el lapso de concesión en "cuando menos" 20 años desde el 1 de enero de 1827. Pero de hecho la ley solo se aplicó en territorio porteño y en la provincia de Corrientes, habiéndola reconocido esta última recién en 1830. La enfiteusis dejó como consecuencia la concentración de la tierra de 1822 a 1830, tiempo en el cual 538 propietarios en total obtuvieron 8.656.000 hectáreas. Los enfiteutas más beneficiados fueron muchos colaboradores del propio régimen de Bernardino Rivadavia, entre ellos las familias Anchorena, Alzaga, Alvear, Azcuénaga, Basualdo, Bernal, Bosch, Bustamante, Castro, Díaz Vélez, Dorrego, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Yrigoyen, Lacarra, Larreta, Lastra, Lezica, Lynch, López, Miguens, Obarrio, Ocampo, Olivera, Ortiz Basualdo, Otamendi, Pacheco, Páez, Rozas, Sáenz Valiente y otras más.[32] La Enfiteusis puso más de ocho millones de hectáreas a disposición de arrendatarios y enfiteutas, quienes en general no pagaban o pagaban cánones muy bajos a la provincia; por tanto, esta ley tendió a favorecer la gran concentración de la propiedad en unas pocas decenas de familias.[33]

Este sistema de alquiler de tierras fiscales no logró alcanzar los objetivos para los que había sido implementado, ya que las tierras fueron acaparadas por grandes productores, creando así enormes latifundios.[34]

La ley fue sancionada el 18 de mayo de 1826 y establecía:

• Art. 1.º Las tierras de propiedad pública, cuya enajenación por la ley del 15 de febrero es prohibida en todo el territorio del Estado, se darán en enfiteusis durante el término, cuando menos, de 20 años, que empezaran a contarse desde el 1.º de enero de 1827.
• Art. 2.º En los primeros diez años, el que los reciba en esta forma pagará al tesoro público la renta o canon correspondiente a un ocho por ciento anual sobre el valor que se considere a dichas tierras, si son de pastoreo, o a un cuatro por ciento si son de pan llevar.
• Art. 3.º El valor de la tierra será graduado en términos equitativos por un jury de cinco propietarios de los más inmediatos, en cuanto pueda ser, al que ha de justipreciarse, o de tres en caso de no haberlos en ese número.
• Art. 4.º El gobierno reglará la forma en que ha de ser nombrado el jury del que habla el artículo anterior, y el juez que ha de presidirlo.
• Art. 5.º Si la evaluación hecha por el jury fuese reclamada, o por parte del enfiteuta, o por la del fisco, resolviera definitivamente un segundo jury, compuesto del mismo modo que el primero.
• Art. 6.º La renta o canon que por el artículo 2.º se establece, empezará a correr desde el día en que al enfiteuta se mande dar posesión del terreno.
• Art. 7.º El canon correspondiente al primer año se satisfacerá por mitad en los dos años siguientes.
• Art. 8.º Los periodos en que ha de entregarse el canon establecido, serán acordados por el Gobierno.
• Art. 9.º Al vencimiento de los diez años que se fijan en el artículo 2.º, la Legislatura Nacional reglará el canon que ha de satisfacer el enfiteuta en los años siguientes sobre el nuevo valor que se graduará entonces a las tierras en la forma que la legislatura acuerde.

El espíritu de la ley fue lograr una distribución justa y equitativa de la tierra y evitar que fuese acaparada por grandes propietarios, que disponían de los medios para adquirirlas. ^{[cita requerida]}Además, se proponía favorecer la inmigración, otorgándoles tierras a los extranjeros a cambio de un canon, para que pudieran dedicarse a producir, en vez de a adquirir un pedazo de tierra. La ley daba al Estado el dominio de la tierra no escriturada –es decir, la mayor parte del campo porteño– y prohibía todas las donaciones o ventas de la misma hasta tanto no se contase con una ley que regulara esas transferencias.

Pero, como la ley no limitaba la superficie de tierra que cada solicitante podía obtener, los ganaderos, comerciantes e inversores extranjeros de la época adquirieron terrenos enormes, que no eran capaces de poblar de ganado sino muy lentamente; y mucho menos de dedicar a la agricultura. La ley de enfiteusis aceleró el proceso de enajenación de las tierras fiscales, marcando al mismo tiempo el nacimiento de los grandes terratenientes.[35]

El exministro se asoció en Londres con el banco Hullet Brothers y fundó la Río de la Plata Mining Association, con un capital nominal de 1.000.000 de libras esterlinas, cuyo relativo éxito se debió, sobre todo, a una “burbuja financiera” que estallaría poco después. El desarrollo de la minería tenía por objetivo conseguir metales preciosos con que acuñar moneda. Esa aventura financiera no le sirvió de mucho, pero le ganó la terrible enemistad de Quiroga. El Congreso, a iniciativa del presidente, otorgó la exclusividad de la acuñación de moneda en el país a la River Plate Mining. El conflicto entre Rivadavia y Quiroga por los metales de Famatina llevó a la primera guerra entre unitarios y federales en el interior.

Otro insólito proyecto fue la construcción de un canal navegable desde el sur de Mendoza hasta Buenos Aires. Algunos críticos argumentaban que esta obra era imposible de realizar, alegando que en Cuyo no había agua suficiente para alimentar semejante canal, y que la poca que había la querrían usar los cuyanos para el riego.

En 1820 se había firmado el Tratado de Benegas, que convocaba a un congreso nacional en Córdoba, que se llegó a reunir a fines de 1821. Pero el ministro Rivadavia ordenó el regreso de los diputados porteños, con la excusa de que las provincias representadas no se habían organizado interiormente. La razón real era que un congreso reunido en el interior no podría ser controlado por los porteños. Por otro lado, Buenos Aires exigía que el número de diputados por provincia debía estar en proporción al número de habitantes de cada una, lo que siempre había sido rechazado por las demás provincias.

Esto precipitó el fracaso del congreso. El Tratado del Cuadrilátero, firmado en enero de 1822 entre las provincias del litoral y Buenos Aires, obra de Rivadavia, significó la muerte definitiva del Congreso federal. El ministro invitó a los diputados de las demás provincias a reunirse nuevamente en congreso cuando la situación interna de las provincias lo permitiera.

El nuevo Congreso General se reunió en diciembre de 1824 en Buenos Aires, y bajo las condiciones porteñas.

El Congreso llevaba unos pocos meses discutiendo dificultosamente la futura constitución, cuando en abril de 1825 desembarcó en la costa oriental la expedición libertadora de Juan Antonio Lavalleja y sus Treinta y Tres Orientales. En poco más de dos meses, obtuvieron dos importantes victorias, encerraron a los brasileños en Montevideo y le pusieron sitio. Poco después, reunieron un congreso que declaró que la Banda Oriental se reincorporaba a la Argentina. El Congreso Nacional aceptó la reincorporación de la Banda Oriental el 25 de octubre de 1825,[36] y el emperador declaró la guerra a la Argentina en diciembre.

La Guerra del Brasil obligó al Congreso a formar un ejército urgentemente y se pensó que también tenía que formar un Poder Ejecutivo Nacional para unificar el mando militar. De modo que, sin empezar siquiera a discutir una constitución que le diera marco legal al cargo, el 6 de febrero de 1826 se sancionó la ley de presidencia, creando un Poder Ejecutivo Nacional Permanente, con el título de «Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata».[37] Este duraría en sus funciones el tiempo que estableciese la Constitución.

Rivadavia resultó elegido presidente. Sus ministros fueron: Julián Segundo de Agüero, de Gobierno; Carlos María de Alvear, de Guerra y Marina; Francisco Fernández de la Cruz, de Relaciones Exteriores; y Salvador María del Carril, de Hacienda.

Rivadavia llevó al gobierno un proyecto centralizador, es decir, unitario. La primera comunicación a los gobernadores del interior les hacía saber que les concedía a cada uno el mando político y militar que ya tenían como gobernadores, solo que de forma provisoria, hasta que decidiera reemplazarlos.

Inmediatamente luego de asumir, Rivadavia presentó al Congreso un proyecto de capitalización de Buenos Aires:[38] la ciudad y gran parte de la campaña circundante se proclamaba capital del Estado. Pocos días más tarde emitió un decreto en que ordenaba la demarcación de la capital de la república,[39] y de la provincia de Buenos Aires.[40]

El proyecto originó fuertes resistencias. El federalismo porteño, encabezado por Manuel Dorrego y Manuel Moreno, se opuso, en defensa de las instituciones de las provincias garantizadas por la ley fundamental, en especial el puerto y la aduana, principal fuente de recursos de la provincia. También fue resistido por los estancieros, quienes no estaban dispuestos a perder la ventaja que les daban las relaciones en Buenos Aires y que además comprendían que la pérdida de la aduana significaría impuestos internos más altos. No obstante, la ley fue sancionada el 4 de marzo de 1826.

Las Heras cesó en el cargo de gobernador por decreto del Poder Ejecutivo. La Junta de Representantes fue disuelta, y se nacionalizaron el ejército de la provincia, las tierras públicas, la aduana y todas las propiedades provinciales.

Los hacendados, alarmados por las consecuencias que podía tener la capitalización, dejaron de apoyar a Rivadavia, y este quedó políticamente aislado.

El Banco de Descuentos de la provincia fue transformado en el Banco Nacional[41] en 1826, y estaba autorizado a abrir sucursales en las provincias. Su capital, formado por el aporte del Estado y por acciones que se suscribirían en todo el territorio, sería de 10.000.000 pesos (de la época).

Sus funciones eran: recibir depósitos, tomar dinero a interés, otorgar préstamos, acuñar monedas y billetes convertibles, etcétera.

El Banco, que absorbió al Banco de Descuentos de la provincia, no logró reunir el capital correspondiente y el papel moneda que emitió careció de respaldo. Los gastos derivados de la guerra del Brasil llevaron al gobierno a solicitar reiteradas sumas que provocaron su ruina. En 1836, vencido el plazo de diez años establecido por la ley, Juan Manuel de Rosas dispuso su disolución.

El mandato de Rivadavia coincidió con el incremento de la influencia británica en la política nacional. El esquema de Rivadavia estaba basado en cinco pilares: el comercio totalmente libre y nada de proteccionismo en contra de las importaciones británicas, finanzas con un banco central manejado por inversionistas británicos, absoluto control del puerto de Buenos Aires como la única fuente de ingreso para el país, explotación británica de los recursos naturales y un Unitarismo centralizado en Buenos Aires.[42] Las exportaciones de oro, permitidas por las políticas de libre comercio, agotaron rápidamente las reservas nacionales. Esto representó un gran problema, ya que el oro era el medio de cambio de la economía local. Rivadavia buscó resolver este problema al establecer el "Banco de Descuento", un banco central para imprimir dinero. A pesar del rol que jugaba el banco central, este banco fue puesto a manos de inversores privados británicos.[43]

El presidente Rivadavia dispuso la inmediata nacionalización de Buenos Aires y sus instituciones, incluida la aduana;[44] la recaudación pasaría al gobierno nacional, quien la usaría en beneficio de todo el país, pero no se contemplaba la distribución entre las provincias.^{[cita requerida]} Además, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires se nacionalizó.

La ley de Consolidación de la Deuda Pública del Estado[45] declaró hipotecadas todas las tierras públicas de la Nación y prohibió su venta sin permiso especial del Congreso.[46] Se nacionalizaron tierras que hasta ese momento se consideraban provinciales, sobre las que se debía aplicar el sistema de enfiteusis. Durante el breve gobierno de Rivadavia, en 1827 el peso papel se devaluó en 33% y nuevamente en 68% en 1829.[47] La enfiteusis, a pesar de su carácter progresista, tuvo como consecuencia un fuerte proceso de concentración de la tierra bonaerense: en total 138 propietarios obtuvieron 18 656 000 hectáreas. Los enfiteutas más beneficiados fueron muchos colaboradores del propio gobierno de Bernardino Rivadavia, entre ellos las familias Anchorena, Alvear, Ortiz Basualdo, Díaz Vélez, Escalada, Irigoyen, Lezica, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Olivera, Vidal, Sáenz Valiente y otras.[32] La Enfiteusis puso más de ocho millones de hectáreas a disposición de arrendatarios y enfiteutas, quienes en general no pagaban o pagaban cánones muy bajos a la provincia. Esta ley tendió a favorecer la gran concentración de la propiedad en unas pocas decenas de familias.[33][48]

Se asentaron capitales británicos destinados a la explotación de las minas de Famatina en La Rioja, pero se organizaron dos sociedades rivales y la iniciativa fracasó.

Hacia 1825 hubo en Europa una crisis económica que se reflejó en la Bolsa de Londres, y las acciones de empresas en América rebajaron sus precios y algunas sociedades quebraron. El capital inglés se retrajo; durante tres décadas no estuvo dispuesto a afrontar riesgos en estas tierras.

Como consecuencia del accionar de los Treinta y Tres Orientales y de la reunión del Congreso de la Florida, el pueblo oriental por la Ley de Independencia proclamó a la Provincia Oriental

libre e independiente del Rey de Portugal, del Emperador del Brasil y de cualquier otro del universo

y por la Ley de Unión proclamó que

Queda la Provincia Oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sud América.

La declaración de la independencia del Imperio del Brasil y la reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata de la Provincia Oriental sumadas a las victorias de las tropas orientales fueron apoyadas por el pueblo de Buenos Aires y por el Congreso Argentino, que rápidamente aceptó la reincorporación de la Provincia Oriental el 25 de octubre de 1825 y la aprobación de los diplomas del diputado Javier Gomensoro, electo por la Provincia Oriental. En respuesta, el Imperio del Brasil declaró la guerra a las Provincias Unidas el 10 de diciembre de ese año e inmediatamente la poderosa escuadra brasileña bloqueó el puerto de Buenos Aires y la boca del Río de la Plata, bloqueo que se mantuvo hasta el final del conflicto, en el año 1828.

La declaración de guerra por parte del Brasil fue respondida por el Congreso argentino el 1 de enero de 1826.

Bernardino Rivadavia fue elegido Presidente de las Provincias Unidas el 8 de febrero de 1826 y, dispuesto a llevar adelante la Guerra del Brasil, reorganizó el Ejército, incrementó el número de cuerpos de la Escuadra Nacional y creó el Estado Mayor. Si bien inicialmente la posición del Imperio del Brasil fue más ventajosa, las fuerzas eran parejas y la guerra se alargaba, transformándose en una carga económica. Luego de que las fuerzas argentinas vencieran en los triunfos parciales tanto en la batalla de Ombú y en la batalla de Bacacay, obtuvieron una contundente victoria en la batalla de Ituzaingó, el 20 de febrero de 1827. Sin embargo, la falta de recursos impidió definir la contienda, tanto por tierra como por mar.

Con la excusa de que la guerra con el Brasil había sido declarada el 1 de enero de 1826, y era necesario un gobierno nacional que dirigiese y financiase las operaciones, en septiembre de ese año, la Comisión de Negocios Constitucionales dio a conocer un proyecto de constitución que se afirmaba sobre las bases de la Constitución de 1819. Luego de acalorados debates cuarenta y tres diputados se expidieron a favor del proyecto, frente a once que se opusieron. La constitución fue sancionada el 24 de diciembre de 1826. Se reemplazó el nombre de Provincias Unidas de Sudamérica por el de la República Argentina y se adoptó un gobierno representativo, republicano y unitario.[49]

El gobierno nacional se organizó en base al principio de división de poderes. Los gobiernos de provincia estarían a cargo de gobernadores, elegidos por el presidente con acuerdo del Senado, a propuesta en terna de los Consejos de Administración; estos organismos eran elegidos por el pueblo de cada provincia. Esta constitución fue considerada de carácter unitario, ya que no solo centralizaba las decisiones políticas en Buenos Aires dejando a las provincias subordinadas a las elecciones que dicha provincia tomara, sin participación en las ganancias aduaneras y con grandes limitaciones a la libre navegación de los ríos interiores; también entregaba a Buenos Aires prerrogativas personales, como el hecho de que las autoridades provinciales y locales fueran elegidas por el Ejecutivo desde Buenos Aires.

La reacción de las provincias no se hizo esperar. Desde Córdoba, Bustos lideraba una férrea oposición a la nueva constitución y al régimen presidencial. En la Rioja, Facundo Quiroga parecía estar a favor de Buenos Aires, pero la guerra civil en las provincias de Catamarca y San Juan lo terminaron colocando al frente de las fuerzas federales. El resto de las provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis y Salta rechazaron la constitución pero manifestaron el deseo de seguir la guerra con el Brasil "sin el Congreso ni el presidente".[50]

Las provincias habían sido sacudidas por varias guerras civiles desde el momento mismo en que proclamaron su autonomía. Sin embargo, en su gran mayoría prestaron sus contingentes a la Guerra del Brasil.

El gobierno envió al coronel Gregorio Aráoz de Lamadrid con la finalidad de reunir tropas en las provincias del norte para luchar en la guerra del Brasil, pero frente a la debilidad de las autoridades locales, Lamadrid utilizó las fuerzas que había reunido para derrocar al gobernador Javier López y se hizo cargo del gobierno de la provincia de Tucumán. En lugar de desautorizarlo, Rivadavia lo incitó a usar esas tropas para atacar a los caudillos federales vecinos, que se oponían a su política, Lamadrid quedó al frente del Partido Unitario en su provincia, el mismo del derrocado López, e invadió Catamarca, donde repuso al líder unitario Gutiérrez en el gobierno. Facundo Quiroga se lanzó con sus milicias sobre Catamarca, donde depuso al gobernador y luego se impuso en Tucumán, San Juan y Santiago del Estero para derrotar definitivamente a Lamadrid en la batalla de Rincón de Valladares, del 6 de julio de 1827. Quiroga se erigió así en el árbitro de las relaciones de poder en el Noroeste. A comienzos de 1827, la gran mayoría de provincias rechazaban la constitución y al presidente.[51]

Rivadavia recurrió nuevamente a Manuel José García –quien ya había rechazado su ofrecimiento para encargarse de la cartera de Hacienda por sus discrepancias con el gobierno presidencialista unitario– para enviarlo en misión diplomática al Brasil e iniciar las tramitaciones de paz con el Imperio.

Las razones que impulsaron a Rivadavia a cambiar de opinión fueron las mismas que habían disuadido a García a no ir a la guerra antes, y para ello es importante resaltar la gran labor investigativa de Juan Carlos Nicolau, quien afirma:

La situación económica de Brasil era muy superior a las Provincias Unidas, si se tenía en cuenta que contaba con una población de 5 millones de habitantes, contra 700.000 de éstas tomadas en su conjunto, pero que en los hechos, sólo la provincia de Buenos Aires contribuía al esfuerzo bélico. El estado brasileño, independiente, sin deuda nacional, desarrollaba un comercio con el extranjero muy activo y floreciente, en continuo progreso, apoyado en su relación con la Gran Bretaña. En cambio, el Río de la Plata sufría el perjuicio del bloqueo de su puerto, lo que constituía un grave obstáculo para obtener recursos de sus recaudaciones aduaneras y así la posibilidad de adquirir armas y municiones para su ejército.
La ayuda que recibía el Brasil de parte de Gran Bretaña, en su virtual alianza, provocó que hombres como el General Willam Carr Beresford y el Almirante Thomas Cochrane, con amplio conocimiento del teatro de operaciones del Río de la Plata, contribuyeran a la organización y manejo del ejército y la armada brasileña.[52]

El 16 de abril de 1827, García recibió las instrucciones para realizar su misión por parte de Rivadavia y su ministro Francisco Fernández de la Cruz, informándole que el gobierno se proponía "acelerar la terminación de la guerra y el restablecimiento de la paz, tal como lo demandan imperiosamente los intereses de la Nación". Esta instrucción refleja la crítica situación interna del gobierno de Rivadavia, desesperado por encontrar la paz para afrontar los otros grandes problemas que azotaban al país, es decir, la enorme crisis económica y la oposición de las provincias del interior. El esfuerzo de la guerra contra el Brasil debió ser afrontado -en cuanto a la provisión de tropa y equipamiento bélico- casi totalmente por Buenos Aires.

Las bases que debía utilizar el ministro plenipotenciario García serían:

... o bien la devolución de la Provincia Oriental, o la erección y reconocimiento de dicho territorio en un Estado separado, libre e independiente, bajo la forma y reglas que sus propios habitantes eligieren y sancionaren; no debiendo en este último caso exigirse por ninguna de las partes beligerantes compensación alguna.[53]

Es decir, el presidente Rivadavia instruyó al ministro plenipotenciario García para que la paz con el Brasil se llegara únicamente a través del reconocimiento por el emperador de la Provincia Oriental como parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata o, en el supuesto de que esto no fuera aceptado, se proclamara la independencia de la Provincia Oriental.

Al despedir a García, el ministro Julián Segundo de Agüero le encargó conseguir la paz a todo trance;

... de otro modo, caeremos en la demagogia y en la barbarie.

García llegó en mayo de 1827 a Río de Janeiro y comenzó sus reuniones con el intermediario británico y los ministros plenipotenciarios brasileños.[54] Apenas iniciadas las gestiones, García se encontró con una gran intransigencia por parte de los ministros brasileros con respecto a no renunciar a la Provincia Cisplatina: el Emperador Pedro I de Brasil, consternado por la victoria rioplatense de Ituzaingó y temiendo por la estabilidad de su imperio en esas circunstancias y de posibles intentos sesesionistas,[55] había jurado ante el Senado brasileño no tratar la paz ante las Provincias Unidas y continuar la guerra hasta obligarlas a aceptar su soberanía sobre la Provincia Cisplatina;[56] seguramente Pedro I especulaba también con la debilidad de la Provincias Unidas para prolongar las acciones bélicas.

Viendo la situación, García decidió regresar a Buenos Aires, pero el embajador británico Robert Gordon lo convenció de entrevistarse con el ministro de relaciones exteriores imperial, el Marqués de Queluz. Tras tres reuniones infructuosas, las presiones del gobierno británico por terminar rápidamente con el conflicto para reanudar el comercio, la inflexible postura del gobierno brasileño y el crítico estado político-económico de las Provincias Unidas, llevaron a García a decidir por sí mismo la paz sobre otras bases. Más tarde explicó al embajador Gordon que:

[...] aunque tenía instrucciones de firmar una convención sólo sobre la base de la independencia de la provincia de Montevideo; pero, como él se hallaba convencido de que a este estado de independencia no podía llegarse por cierto tiempo, y que en realidad era de poca importancia para Buenos Aires el destino de la provincia, siempre que se le devolviera la tranquilidad, no hesitó en llegar a términos que, en otro sentido, estaban perfectamente de acuerdo con sus instrucciones.[57]

De modo que, dejando de lado sus instrucciones, el 24 de mayo de 1827 firmó la Convención Preliminar de Paz de 1827, que disponía, entre otras cosas, que:

La Republica de las Provincias Unidas del Río de la Plata reconoce la independencia e integridad del Imperio del Brasil y renuncia a todos los derechos que podría pretender al territorio de la provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina, la cual el Emperador se compromete a arreglar con sumo esmero, o mejor aun que otras provincias del Imperio. El emperador del Brasil reconoce igualmente la independencia e integridad de la República de la Provincias Unidas del Río de la Plata, y dado que la República de las Provincias Unidas ha empleado corsarios, halla justo y honorable pagar el valor de las presas por haber cometido actos de piratería.[58]

A pesar de que esta Convención Preliminar de Paz contravenía sus instrucciones, García había logrado que se cambiase la redacción primitiva que incorporaba la Provincia Cisplatina al Imperio y que se omitiera el reconocimiento de cualquier derecho de soberanía por parte del Emperador del Brasil sobre la Provincia Oriental, ya que la Convención solo se refería a la renuncia efectuada por las Provincias Unidas. Tal vez sin notarlo los diplomáticos brasileños, se dejaba la puerta abierta a la independencia uruguaya.[59] Sin embargo, en su carta a Ponsonby informando de la firma de la convención, Gordon emitió ciertas opiniones que permiten inferir que todas las partes eran conscientes de que posiblemente el Emperador se vería obligado a otorgar la independencia de la Provincia Cisplatina tarde o temprano:

Al Brasil se lo deja que luche con la disensión y la revuelta, que seguirán dominando en la Provincia Cisplatina... El Emperador pronto se convencerá del desacierto de no proclamar, franca e inmediatamente, la independencia de la provincia.[60]

A su regreso a Buenos Aires, el 20 de junio, García presentó la Convención Preliminar de Paz al Presidente Rivadavia y al Congreso Nacional. El primero que desaprobó enérgicamente la actuación de García fue el propio Rivadavia. Al mismo tiempo, la opinión pública en Buenos Aires reaccionó indignada, se publicaron artículos muy violentos contra el gobierno en los periódicos, y la ciudad se cubrió de panfletos ofensivos contra García, Rivadavia y Ponsonby. De modo que Rivadavia se presentó ante el Congreso con un virulento discurso exigiendo su rechazo. La Convención Preliminar de Paz era un "tratado deshonroso" que no debía ser aprobado.

El ministro Agüero dirigió a García una misiva en la que manifestaba:

En consecuencia, el gobierno hace a Ud. responsable de todos los males y consecuencias que de ello resultan a la nación, especialmente en el grande y noble empeño en que se halla para salvar su honra.[61]

La respuesta de García fue de rechazo a los cargos imputados por Rivadavia y Agüero, argumentando en su defensa que la firma de la mentada Convención podía comprometer su honra personal, pero no obligaba al país hasta tanto no fuera ratificada. En este sentido, relata:

Para finalizar, el comisionado emite un juicio lapidario respecto a la actitud del gobierno de Rivadavia, al afirmar con razón que al negociar la cesación de las hostilidades arriesgaba su reputación personal, pero no causaba obligación alguna al Gobierno hasta tanto el tratado de paz o la convención preliminar, después de ser examinada detenidamente fuera ratificada. En su opinión, una convención preliminar aún después de ratificada solemnemente, es un tratado provisorio, pues su objeto principal es hacer cesar las hostilidades, fijando bases para un tratado definitivo. En la última frase de su exposición espera que aquietadas las pasiones en el futuro se juzgará su comportamiento, mientras se interroga acerca de quien merece mayor indulgencia, si el ciudadano que en tan gran conflicto sacrifica su reputación y acaso la existencia a su patria, o aquel que quiere a todo trance hacer de ésta el instrumento de su fama.[62]

El 25 de junio de 1827, tanto el presidente Rivadavia como el Congreso Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata rechazaron la Convención Preliminar de Paz.

Sin embargo Rivadavia no logró salvar su gobierno: a pesar de su oposición a la Convención Preliminar de Paz la opinión pública no le perdonaba su actuación[63] y simultáneamente se denunciaban en la prensa su participación en negociados mineros en Famatina. El 26 de junio, Rivadavia presentó su renuncia irrevocable a la presidencia.[64]

Las consecuencias de la fracasada Convención Preliminar de Paz firmada por García son objeto de controversia: ciertos autores creen que el antecedente de un acuerdo de estas características, aun después de rechazado, condicionó fuertemente el accionar del gobernador Manuel Dorrego para la firma de la Convención Preliminar de Paz de 1828, por la que se disponía la independencia de la "Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina".[65] Otros autores, en cambio, afirman que mal puede atribuírsele responsabilidad alguna a García con los términos del tratado final firmado por Juan Ramón Balcarce y Tomás Guido, cuando – al no haber sido ratificada por el Congreso – la Convención Preliminar no vinculó en forma alguna al Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.[52]

Además de ganarse la enemistad de las provincias del interior gracias a la Constitución de 1826 y todas las medidas centralistas que tomó, la guerra con el Brasil había agotado los recursos. Gran Bretaña presionaba para acordar una paz que garantizase la reanudación del comercio exterior.

La noticia de la negociación de García precipitó los acontecimientos. El presidente desconoció tajantemente la Convención Preliminar de Paz. Ante el Congreso manifestó que

Un argentino debe perecer mil veces con gloria antes de comprar su existencia con el sacrificio de su dignidad y de su honra.

Aunque la Convención preliminar fue rechazada por el Congreso, el presidente Rivadavia sufrió las consecuencias o políticas del pacto por ser considerado responsable de la situación, por lo que renunció como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata ante el Congreso el 27 de junio de 1827. Entregó el mando a Vicente López y Planes, presidente provisorio elegido por el Congreso por una ley de emergencia. Pero el Congreso se disolvió y con él cesaron nuevamente las autoridades nacionales y la constitución. La provincia de Buenos Aires recuperó su autonomía, eligiendo gobernador al federal Manuel Dorrego, en comicios en que solamente se presentó la lista federal.

El conflicto con Brasil continuó hasta que, durante el gobierno de Manuel Dorrego y con la presión de Inglaterra, se llegó a una Convención Preliminar de Paz, que dispuso la independencia de la República Oriental del Uruguay y el cese de las hostilidades, lo que tampoco fue bien visto por los militares que combatieron en la guerra y por gran parte de la población.