Primer gobierno de Perón

Perón firmando la escritura por la cual todos los ferrocarriles pasaron a manos del Estado.

El primer Plan Quinquenal fue un procedimiento de planificación estatal anunciado a principios del segundo semestre de 1946. La Secretaría Técnica de la Presidencia comenzó a preparar un Plan de Gobierno para el período quinquenal comprendido por los años 1947 y 1951. El Plan Quinquenal se anunció en el mensaje presidencial del 19 de octubre de 1946 como «proyecto de ley» que se iba a enviar a la Legislatura.

El artículo 1.º presentaba el «Plan de Realizaciones e Inversiones» y desarrollaba diversos proyectos de ley):

1) Ley que crearía del Cuerpo de Abogados del Estado;

2) Ley de organización de los ministerios (autorización al Poder Ejecutivo);

3) Ley de bases que modificaría el Régimen Municipal para la Capital Federal;

4) Ley que concedería Derechos Electorales a la Mujer;

5) Ley que concedería derechos electorales a los suboficiales de las Fuerzas Armadas;

6) Ley de organización de la Sanidad Pública;

7) Ley de Construcciones, Habilitación y Funcionamiento de los Servicios de Salud Pública;

8) Ley de bases sobre Educación Primaria, Secundaria y Técnica;

9) Ley de Reforma Universitaria;

10) Ley de bases que reorganizaría la Justicia Federal;

11) Ley de extensión del Fuero de Trabajo;

12) Ley que regularía las Funciones Notariales;

13) Ley de bases creando la jurisdicción contencioso administrativa;

14) Ley de organización del Servicio Exterior de la Nación;

15) Ley de bases sobre Inmigración, Colonización y Población;

16) Ley de Arrendamientos Rurales y de Aparcería;

17) Ley de Accionariado Obrero;

18) Ley de Bases instituyendo el Seguro Social;

19) Ley de Bases para el Fomento de la Vivienda;

20) Ley de Reorganización de la Dirección Nacional de la Energía;

21) Ley Nacional de Energía;

22) Ley de Pesca y Caza Marítima;

23) Ley de Defensa de la Riqueza Forestal;

24) Ley que crearía el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias;

25) Ley de Fomento de la Industria Nacional;

26) Ley que modificaría la Ley de Aduanas;

27) Ley de Bases de Creación del Cuerpo de Aduanas.

El plan planteaba la necesidad de prever y codificar en un solo cuerpo el conjunto de medidas que afectaban la exportación y la importación, reglamentando la tipificación, el envase y la certificación de la calidad de los productos exportables y estableciendo un régimen aduanero ajustado a las realidades de ese momento.

Afiche de propaganda oficial, característica del gobierno de Perón.

Durante el gobierno peronista el número de inscriptos en las escuelas primarias y secundarias creció a tasas superiores a la de los años anteriores. En 1946 hubo 2 049 737 alumnos inscriptos en las escuelas primarias y 217 817 en las secundarias, en tanto que en 1955 fueron 2 735 026 y 467 199, respectivamente[19][20]

El crecimiento más rápido de la escuela secundaria respecto de la primera indica que se produjo el acceso a la educación secundaria de la mayor parte de los hijos de clase media y de una parte significativa de los estratos altos de la clase trabajadora, lo que se ve confirmado por la circunstancia de que el mayor aumento se dio en la enseñanza comercial y técnica.[21]

Durante los nueve años de gobierno de Perón, el presupuesto destinado a la Universidad de Buenos Aires se multiplicó por siete. La ley 13031 (1947) incluyó 115 artículos que trataban temas como carrera docente, régimen de alumnado, tareas y objetivos universitarios, y financiamiento. Reconoció la autonomía universitaria para el fomento de la cultura, la investigación y la formación profesional (art. 1). Fue derogada tras el golpe de 1955 y se restituyó la Ley Avellaneda. (Broches, 2009)

En relación con el desarrollo de la política científica es importante destacar que el 17 de mayo de 1951, Perón firmó el decreto de creación del CNICyT (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que fue un antecedente del CONICET. El 31 de mayo de 1951, Perón creó la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y la DNEA (Dirección Nacional de Energía Atómica).

Como parte de las innovaciones pedagógicas en materia de educación superior, se destaca la creación de la Universidad Tecnológica Nacional y el incentivo que el gobierno peronista brindó a las escuelas técnicas. En términos de matrícula, en esos nueve años se triplicó la cantidad de estudiantes en todas las universidades nacionales: pasó de 51 272 estudiantes (en 1947) a 143 542 en 1955 (según Mangone y Warley, 1984, pág. 28).

Además, por primera vez se instauró un sistema de becas para estudiantes de bajos recursos a partir de un impuesto del 2 % sobre los sueldos establecido en los artículos 87 y 107 de la Ley n.º 13.013. Esto posibilitó que para el año 1956, Argentina fuera el país con mayor cantidad de estudiantes universitarios en toda América Latina (Buchbinder, 2005, pág. 161).

La enseñanza religiosa fue ratificada por ley del Congreso el 14 de marzo de 1947 y se mantuvo durante casi todo el gobierno de Perón, hasta ser abolida el 16 de diciembre de 1954 en el marco del conflicto del gobierno con la Iglesia católica.[22]

La escuela argentina se había formado como un territorio neutral sin discriminación política, racial ni religiosa, pero durante el gobierno peronista no solamente los docentes estaban obligados a comentar los actos de gobierno más importantes sino que además los textos escolares comenzaron a incorporar dibujos, fotografías y textos laudatorios de Perón y Evita tales como «¡Viva Perón!», «Perón es un buen gobernante», y «Perón y Evita nos aman», y otros similares, que se constituyeron en uno de los motivos de irritación de los opositores.[23]

Durante el gobierno peronista el número de inscriptos en las escuelas primarias y secundarias creció a tasas superiores a la de los años anteriores, mientras que en 1946 hubo 2.049.737 alumnos inscriptos en las escuelas primarias y 217.817 en las secundarias, para el año 1955 fueron 2.735.026 y 467.199 respectivamente.[24][25]

Se produjo el acceso a la educación secundaria de la mayor parte de los hijos de clase media y de una parte significativa de los estratos altos de la clase trabajadora, especialmente en la enseñanza comercial y técnica.[26]

La enseñanza religiosa en las escuelas primarias y secundarias que venía de la presidencia de Ramírez fue abolida el 16 de diciembre de 1954.[27]

El crecimiento más rápido de la escuela secundaria respecto de la primera indica que se produjo el acceso a la educación secundaria de la mayor parte de los hijos de clase media y de una parte significativa de los estratos altos de la clase trabajadora, lo que se ve confirmado por la circunstancia de que el mayor aumento se dio en la enseñanza comercial y técnica.[28] En 1954, el Congreso con mayoría peronista derogó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas (no así en las privadas). El Congreso aprobó el Estatuto para el Personal Docente de los Establecimientos de Enseñanza Privada y el Consejo Gremial de Enseñanza Privada que igualaba los derechos de los docentes de escuelas privadas a los que gozaban los públicos.

Respecto a los Jardines de Infantes fue aprobada la ley Simini en 1946, que establece los lineamientos para la enseñanza preescolar destinada a los párvulos de tres a cinco años. En 1951, se sancionó la Ley de Estabilidad y Escalafón número 5651 que, fue aprobada por todos los sectores. En lo que respecta al salario docente, establecía que estaría determinado por la ley del presupuesto y que las bonificaciones periódicas corresponderían tanto a los titulares como a los suplentes. Sobre los ascensos, especificaba que los cargos superiores a vicedirector de primera categoría se designarían a través de concurso de oposición. A su vez, los docentes consiguieron integrar el tribunal de clasificaciones docentes.

En materia de política universitaria, durante su primera presidencia Perón impulsó medidas que tendieran a acercar a los sectores populares a la universidad pública. En 1948 envió al Congreso un proyecto de ley para crear la Universidad Obrera Nacional (actualmente denominada UTN), que fue creada por Ley 13.229 y puesta en funcionamiento en 1952, con centros en Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Avellaneda. El objetivo de la Universidad Obrera fue orientarla hacia la ingeniería productiva con regímenes de estudios gratuitos y que facilitaran el acceso de los jóvenes trabajadores. Las principales medidas de su gobierno fueron el ingreso irrestricto, la gratuidad y las becas, a fin de abrir la Universidad al pueblo, lo cual representaba toda una revolución sociocultural para la época. La gratuidad fue receptada en el decreto 29337 de 1949 (Broches, 2009). Durante el primer gobierno de Perón se coordinaron los planes de estudio, se unificaron las condiciones de ingreso a la Universidad, se crearon 14 nuevas universidades, se elevó el presupuesto desde 48 millones (1946) a 256 millones (1950). La gratuidad universitaria permitió que de 49 mil alumnos en 1946 se llegase a 96 mil en 1950. Se estableció la dedicación exclusiva para permitir a los profesionales investigar.[29] Además, por primera vez se instauró un sistema de becas para estudiantes de bajos recursos a partir de un impuesto del 2 % sobre los sueldos establecido en los artículos 87 y 107 de la Ley n.º 13.013. Esto posibilitó que para el año 1956, Argentina fuera el país con mayor cantidad de estudiantes universitarios en toda América Latina (Buchbinder, 2005, pág. 161).

El bloque residencial de la Ciudad Universitaria, proyectado en 1949 y comenzado a construir ese año.

En 1949 decretó la gratuidad de la enseñanza pública universitaria (Decreto 29.337/1949); para 1955 la cantidad de estudiantes universitarios se triplicó.[30][31]

Al anunciar el decreto Perón declaró:

Desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y esté al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país.

Juan D. Perón

Durante su mandato se construyó también el edificio de la nueva Facultad de Derecho y se crearon las de Arquitectura y de Odontología, siempre de la Universidad de Buenos Aires. Ya en su segunda presidencia Perón creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC) antecedente inmediato del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y se abrió una nueva sede regional de la Universidad Obrera en Tucumán. La creación del Instituto de Minería y Geología de la U.N.T. en la Provincia de Jujuy, a lo que le seguirían la creación de institutos en el campo de las artes, el derecho, la economía y la investigación científica. De este modo, también planificó la construcción de la Ciudad Universitaria en la Sierra de San Javier, cuyas obras comenzaron en 1949.En el norte expandió la Universidad en la región, creando el Instituto de Geología y Minería, el Instituto de Biología de Altura y el Instituto de Medicina Popular, en Jujuy; la Escuela Técnica de Vespucio y el Instituto de Humanidades, en Salta; la Escuela de Agricultura en El Zanjón, en Santiago del Estero, por ejemplo. Incorporó a la UNT la Universidad Salesiana del Trabajo y creó el Servicio Médico Universitario.[32]

Tras 15 años de democracias restringidas e intervenciones militares sobre los gobiernos civiles, en 1946 el Congreso sancionó una nueva Ley de Educación Superior que puso a las universidades bajo la órbita de las reglas de una democracia sin proscripción. Para eso, y marcando un hito en la historia de la legislación sobre educación superior, el peronismo dictó en 1947 la Ley N.º 13.031, denominada Ley Guardo, en honor al diputado justicialista creador de su articulado. Esta legislación puso punto final a la larga vigencia de los cuatro artículos de la reducida Ley N.º 1.597 de 1885, “Ley Avellaneda”, que ofició de marco legal hasta entonces.

En 1949 con la intención de atender a algunos planteos de los universitarios e incorporar avances de la ley sancionada en 1947 y sentar las bases para una nueva Ley, se incorpora un artículo en la Constitución Argentina de 1949. En el año 1954 se sanciona una nueva Ley, la 14.297. En ella se incorporan algunos otros postulados de la Reforma Universitaria, como la definición de la extensión y la participación directa de los estudiantes, esta ley profundiza la participación estudiantil en el gobierno de las Facultades, otorgándoles el derecho al voto.[33][34] En la Universidad Nacional de Tucumán se realizó profunda transformación, a través de múltiples creaciones y una vasta expansión regional, como la construcción de la Ciudad Universitaria, en el cerro San Javier; la fundación del Gymnasium Universitario, en 1948.[35] La creación en 194 del Instituto de Minería y Geología de la U.N.T. en la Provincia de Jujuy. Se planificó la construcción de la "Ciudad Universitaria" en la Sierra de San Javier, cuyas obras comenzaron en 1949.[36]

Expandió la Universidad en el interior del país creando el Instituto de Geología y Minería, el Instituto de Biología de Altura y el Instituto de Medicina Popular, en Jujuy; la Escuela Técnica de Vespucio y el Instituto de Humanidades, en Salta; la Escuela de Agricultura en El Zanjón, en Santiago del Estero, por ejemplo. Incorporó a la UNT la Universidad Salesiana del Trabajo y creó el Servicio Médico.[32] En 1946, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, y debido a la creciente industrialización de la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) y se fundaron escuelas-fábricas destinadas a la capacitación de operarios. De esta manera, por medio de la Ley 13.229 del año 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional (UON). Hacia 1955 ya tenía institutos en Capital federal, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Tucumán. Los planes de estudio privilegiaban especialidades tales como las construcciones mecánicas, los automóviles, la industria textil, y las instalaciones eléctricas.[37]

El 22 de noviembre de 1949, el presidente Perón dispuso por decreto n.º 29.337 la gratuidad de la enseñanza pública universitaria.[38] Por esta razón, en 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que el 22 de noviembre fuera considerado como Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.[38]

La reforma constitucional de 1949 dispuso que

Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento.

Según Susana Roldán,[39] tras 15 años de democracias restringidas e intervenciones militares sobre los gobiernos civiles, en 1946 el Congreso sancionó una nueva Ley de Educación Superior que puso a las universidades bajo la órbita de las reglas de una democracia sin proscripción. Para eso, y marcando un hito en la historia de la legislación sobre educación superior, el peronismo dictó en 1947 la Ley N.º 13.031, denominada Ley Guardo, en honor al diputado justicialista creador de su articulado. Esta legislación puso punto final a la larga vigencia de los cuatro artículos de la reducida Ley N.º 1.597 de 1885, “Ley Avellaneda”, que ofició de marco legal hasta entonces.[33]

En 1949 con la intención de incorporar avances de la ley sancionada en 1947 y sentar las bases para una nueva ley, se incorporó un artículo en la Constitución argentina de 1949. En el año 1954 se sancionó una nueva ley, la 14.297. En ella se incorporaron algunos otros postulados de la Reforma Universitaria, como la definición de la extensión y la participación directa de los estudiantes. Según Susana Roldán esta ley profundizó la participación estudiantil en el gobierno de las facultades, otorgándoles el derecho al voto.[33]

Según el historiador Félix Luna[40][41] continuó vigente la ley 13.031, aprobada en 1947, para regir el gobierno de las universidades, a las que convertía en una dependencia del Poder Ejecutivo: desde el rector hasta el último titular de cátedra eran designados por decreto, se suprimía la autonomía funcional y financiera y establecía la pena de expulsión a quienes actuaran «directa o indirectamente en política» pero en la práctica esta norma no se aplicaba a quienes militaban en el Partido Peronista, lo que se evidencia en los muchos funcionarios y legisladores del mismo que ocuparon puestos en las universidades. La representación estudiantil fue eliminada de los consejos, se introdujo la exigencia de un certificado policial «de buena conducta» sin el cual no se podían proseguir los estudios y comenzó a haber policías de civil omnipresentes en aulas y oficinas universitarias.[42]

Hubo una mejora notable en la infraestructura ya que en Buenos Aires se construyó el edificio de la nueva Facultad de Derecho y se crearon de Arquitectura y de Odontología así como la Universidad Tecnológica, además de remodelar sedes en el interior del país. Se estableció por decreto 22/1949 la gratuidad de la enseñanza y ello fue un factor que coadyuvó a que entre 1945 y 1955 se triplicara el número de alumnos si bien la cantidad de graduados tuvo escasa variación.[43] El 17 de mayo de 1951, por Decreto 9695/1951, creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC) antecedente inmediato del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

Por otro lado, el gobierno aprobó el Plan Analítico de Construcciones Universitarias en 1948 con el objetivo de centralizar y unificar las obras ―la Facultad de Derecho― y se creó la Subsecretaría Universitaria dependiente de la Secretaría de Educación en 1949. Se crearon 14 nuevas facultades en las 5 universidades existentes, en la Universidad de Buenos Aires se crearon la carrera de Odontología, Arquitectura y Urbanismo. Se crearon una innumerable cantidad de Institutos en todas las facultades. En la Facultad de Filosofía y Letras se creó el Instituto de Filosofía (1947), el Instituto de Geografía (1947) y el Instituto de Ciencias Antropológicas (1948). En la misma facultad, el Consejo Directivo aprobó el 24 de noviembre de 1952 la creación de una Comisión Honoraria Pro-Restauración del Pucará de Tilcara, con el objetivo de instalar un museo arqueológico y una residencia para estudiantes y profesores (Archivos de la Facultad de Filosofía y Letras, 24 de noviembre de 1952).[44]

El 28 de agosto de 1948, Eva Perón anunció el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad aprobado por Decreto 32.138/48: a) Derecho a la asistencia; b) Derecho a la vivienda; c) Derecho a la alimentación; d) Derecho al vestido; e) Derecho al cuidado de la salud física; f) Derecho al cuidado de la salud moral; g) Derecho al esparcimiento; h) Derecho al trabajo; i) Derecho a la expansión; j) Derecho al respeto.[48] El Decálogo fue incluido en la Constitución Nacional al año siguiente.

El peronismo fue pionero en el reconocimiento mundial de los derechos de las personas mayores, proponiendo ese mismo año su reconocimiento en la Asamblea de las Naciones Unidas, que recién los reconocería en 1991 al aprobar los Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad.[49]

Eva Perón hablándole a una multitud de mujeres.

Perón votando en 1946.

Durante el primer gobierno de Perón se produjo un cambio histórico en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de la mujer. Se incorporaron al máximo texto jurídico los nuevos derechos sociales como también el voto femenino, que había sido aprobado en 1947, y que reivindicaba a la mujer hasta entonces marginada de la vida política argentina.

En 1947, se sancionó la ley reconociendo a todas las mujeres mayores de 18 años el derecho a votar y ser votadas (sufragio femenino), existiendo recién entonces sufragio universal en la Argentina. El derecho ya había sido reconocido en San Juan por la reforma constitucional de 1927. A nivel nacional, el derecho al voto venía siendo reclamado por las mujeres desde 1907, cuando Alicia Moreau y otras mujeres fundaron el Comité Pro Sufragio Femenino. Sin embargo ni la Unión Cívica Radical ni los conservadores apoyaron institucionalmente el reclamo y los proyectos presentados fueron sistemáticamente rechazados.

Sin embargo las resistencias al sufragio femenino no estaban ausentes tampoco en el peronismo. En ese sentido Eva Perón (Evita) jugó un papel importante. Luego del 17 de octubre de 1945, a propuesta de Evita, Perón desde su cargo de vicepresidente, intentó sancionar la ley del voto femenino. Sin embargo las resistencias tanto dentro de las Fuerzas Armadas en el gobierno, como de la oposición, que alegaba intenciones electoralistas, frustraron el intento.[50] También influyó el hecho de que la influencia de Evita dentro del peronismo era relativamente débil antes del 24 de febrero de 1946.[51]

Luego de las elecciones de 1946, Evita comenzó a hacer abierta campaña por el voto femenino, a través de mítines de mujeres y discursos radiales, al mismo tiempo que su influencia dentro del peronismo crecía. El proyecto de ley fue presentado inmediatamente después de asumido el gobierno constitucional (1 de mayo de 1946). A pesar de que era un texto brevísimo en tres artículos, que prácticamente no podía dar lugar a discusiones, el Senado recién dio media sanción al proyecto el 21 de agosto de 1946, y hubo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de septiembre de 1947, la Ley 13.010 de sufragio femenino, estableciendo la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres.[52]

La igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida que garantizó el artículo 37 (II.1) de la Constitución de 1949. El texto fue directamente escrito por Eva Perón. En 1955 la Constitución fue derogada, y con ella la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio y frente a la patria potestad, reapareciendo la prioridad del hombre sobre la mujer. La reforma constitucional de 1957 tampoco reincorporó esta garantía constitucional, y la mujer argentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria potestad compartida en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

En la reforma constitucional de 1949 el peronismo incluyó los derechos de los trabajadores, que se perdieron cuando la dictadura antiperonista que tomó el poder en 1955, derogó por proclama militar la Constitución Nacional. La reforma constitucional de 1957 restituyó algunos derechos laborales y agregó otros.

En la reforma constitucional de 1949 el peronismo incluyó los derechos de la niñez, que se perdieron cuando la dictadura antiperonista que tomó el poder en 1955, derogó por proclama militar la Constitución Nacional. Diez años después las Naciones Unidas aprobaría la Declaración de los Derechos del Niño.

En la reforma constitucional de 1949 el peronismo incluyó por primera vez los derechos políticos de los habitantes de los territorios nacionales, que hasta ese momento no tenían derecho a elegir al Poder Ejecutivo, ni a sus representantes en el Congreso de la Nación. En la segunda presidencia de Perón, todos los territorios nacionales fueron provincializados, otorgándole de ese modo derechos políticos plenos a sus habitantes. La dictadura antiperonista que tomó el poder en 1955 anularía algunas de las nuevas provincias, quitándole a sus habitantes los derechos políticos, en algunos casos hasta el gobierno peronista de Carlos Menem en 1991.

El primer peronismo incluyó el habeas corpus en la Constitución Nacional, con el fin de garantizar la libertad de los ciudadanos frente a las detenciones arbitrarias por parte del Estado. El habeas córpus sería quitado de la Constitución por la dictadura antiperonista que tomó el poder en 1955, y recién sería repuesto reforma constitucional de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem.

El primer peronismo incluyó el derecho de reunión en la Constitución Nacional, con el fin de garantizar la libertad de los ciudadanos para movilizarse y manifestar colectivamente. La Constitución de 1853/1860 había establecido un sistema estrictamente representativo, restringiendo el derecho de reunión, prohibiendo la deliberación de los ciudadanos y las reuniones de personas para peticionar en nombre del pueblo (art. 22). El derecho de reunión sería quitado de la Constitución por la dictadura antiperonista que tomó el poder en 1955 y nunca más sería repuesto en la Constitución argentina.

El primer peronismo prohibió las diferencias raciales en la Constitución Nacional, con el fin de combatir el racismo. La prohibición sería anulada por la dictadura antiperonista que tomó el poder en 1955 y nunca más sería repuesto en la Constitución argentina.

Cuando Perón asumió el gobierno muy pocos periódicos lo apoyaban: Democracia, El Laborista y La Época. Pronto comenzaron las medidas más variadas para combatir a los medios opositores. En primer lugar la provisión de papel de diario, que era totalmente importado, fue distribuido por el gobierno fijando cuotas sumamente reducidas para los medios hostiles, en segundo término la utilización de la prohibición de enviar determinados diarios por correo, también los frecuentes procesos por desacato contra los editores y directores de periódicos como a David Michel-Torino, propietario del diario El Intransigente de la ciudad de Salta, .[53] las clausuras de medios de prensa desafectos con el gobierno fueron expropiados laLa Prensa y La Nueva Provincia de Bahía Blanca. La cinematografía se vio beneficiada por la puesta en marcha de tres medidas: la obligatoridad de la exhibición de películas argentinas en todo el país (Ley 1299/47), la reglamentación de la ley de protección a la industria cinematográfica (Decreto 16688/50) y la protección a la industria cinematográfica (Decreto 11731/52).[54] logrando como resultado que en 1950 se producen 58 películas; todo un récord de producción, expandiéndose a otros países de habla hispana, que batió récords de audiencia en buena parte del planeta. En el período 1946 - 1955, se reformulan tradiciones culturales populares, se integran influencias de los realismos europeos, pero básicamente se modalizan las propuestas del cine clásico de Hollywood. Estas políticas beneficiaron de distintas maneras a la industria cinematográfica, el proceso favorecido además por las medidas distribucionistas que garantizaron un aumento del caudal de espectadores y posicionaron al cine como uno de los entretenimientos populares de mayor repercusión. Esta legitimación del sector se había acentuado, además, con la realización, en Mar del Plata, del primer Festival de Cine Argentino en el mes de marzo de 1948.[55][56]

La prensa gráfica se favoreció con la ratificación de la ley del Estatuto del Periodista Profesional declarada en 1946.[54]

En cuanto a la televisión, la primera transmisión se realizó desde Canal 7 el 17 de octubre de 1951 con la emisión de un acto político, el "Día de la Lealtad", realizado en Plaza de Mayo

Durante la época peronista hubo un crecimiento sin par de las actividades relacionadas con las industria editorial ―de la publicación de obras nacionales y de la edición de ejemplares― que si bien es posible detectarlo desde la década de 1930 se incrementó en porcentajes históricos durante el peronismo, mientras que «una buena parte de estas prósperas editoriales pertenecían o estaban directamente controladas por opositores al gobierno» (Neiburg, 1998, págs. 168-169).

Desde fines de 1949, la comisión parlamentaria bicameral llamada Comisión Visca, cuyo cometido original era investigar torturas aplicadas por la policía, se dedicó a realizar investigaciones, allanamientos y clausuras de medios de prensa no oficialistas que afectó a unas 70 publicaciones.[57]

De manera paralela, el gobierno ―aplicando una combinación de beneficios y presiones (tanto oficiales como sindicales)―[58] fue adquiriendo de manera directa (o a través de testaferros, según Félix Luna)[59] periódicos, revistas y estaciones de radio. Así, por ejemplo, compró los periódicos Democracia, La Razón, Crítica y Noticias Gráficas y el conglomerado Haynes que reunía al diario El Mundo y la radio del mismo nombre (aunque estas últimas dos adquisiciones se mantenían en reserva sin dejarlas trascender al público).[59] Al finalizar el gobierno de Perón solo dos periódicos de circulación nacional ―La Nación y Clarín― no pertenecían al Estado, el cual controlaba la totalidad de las radios a las que la ley 14.241 había agrupado en cuatro cadenas.[60]

Durante el gobierno peronista se intentó derogar la Ley de Residencia N.º 4144, que autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar inmigrantes extranjeros que comprometieran la seguridad nacional o perturbaran el orden público. La Ley había sido sancionada en 1902 a iniciativa del gobierno conservador de Julio Argentino Roca, según proyecto original de Miguel Cané y mantenida por los gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen (1916-1922; 1928-1930), Marcelo T. de Alvear (1922-1928) y Roberto M. Ortiz (1936-1940), siendo ampliamente utilizada contra el movimiento sindical.

El diputado peronista José Marotta propuso derogarla diciendo que “En el Parlamento argentino jamás se han sentado más trabajadores… no puede ser más propicio el momento para satisfacer esa acariciada y vieja aspiración. Es un deber ineludible en homenaje a tantos luchadores obreros que fueron mártires…”..[61] Cuando la oposición -incluido el diputado conservador Pastor- expresó su apoyo a la derogación de la ley, la mayoría peronista se opuso y el diputado peronista Alcides Montiel, sindicalista cervecero de origen socialista, fundaba su negativa en que "antes la ley nos sacrificaba a nosotros porque la manejaban ellos, ahora la ley la manejamos nosotros y no se debe temer arbitrariedades".[62] Por su parte mientras presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados John William Cooke y el cuerpo trataba sobre la Ley de Residencia, afirmó que la ley sería útil contra los “extranjeros indeseables” que podían llegar al país en la posguerra y votó contra su derogación.[63]

Durante el gobierno peronista, la Ley fue utilizada contra activistas extranjeros nazis y comunistas. Entre los casos en que fue aplicada se encuentran los alemanes nazis José Enrique Arzac Moya, Fritjof Schmidt, Claudio Joaquín Watjen y Juan Sigfrido Becker, el comunista paraguayo Obdulio Barthe, que fue detenido en Buenos Aires, torturado en contra de la ley vigente durante el peronismo, y expulsado en 1950 al Paraguay gobernado por Federico Chaves, donde estuvo 4 años en prisión.[63][64][65][66]

También fueron expulsado trabajadores y activistas gremiales que provenían de regímenes autoritarios, como por ejemplo Francisco Guerreiro Apolonio, trabajador petrolero, a quien el gobierno argentino no le permitió viajar para refugiarse en Holanda y lo entregaron en Portugal a la policía del dictador fascista António de Oliveira Salazar.[62][67] El italiano Armando Mirra que se atrevió a cuestionar la política inmigratoria argentina en la revista Tempo, fue deportado en tanto su familia argentina continuaba en el país.[67] Se conoce la expulsión durante el gobierno peronista de 13 estudiantes peruanos en total, algunos de los cuales al llegar a su país fueron recluidos en el presidio El Frontón. Hilda Wajselfisz, estudiante de Bellas Artes nacida en Polonia fue detenida y deportada en 1954 por decreto reservado firmado por Perón y Ángel Borlenghi.[68] Por su parte, el griego Kiriakos Kisikis fue extrañado en 1951 y quedó en el campo de concentración de Makronisos.[69]

En el marco del enfrentamiento frontal entre peronistas y antiperonistas, se produjeron violaciones de derechos humanos debido a la persecución de opositores ―en especial de comunistas―,[70] así como actos terroristas y movimientos golpistas, por parte de sectores de la oposición. En cuanto a los grupos terroristas, los más cuestionados fueron algunos sectores de la Marina de Guerra y los llamados «comandos civiles» o «comandos de hierro», que causaron con sus acciones la muerte de cientos de civiles. Los peronistas acusaban a los antiperonistas de participar en complots, actos terroristas e intentos de golpes de Estado.[71]

En este sentido, el organismo más cuestionado utilizado por el gobierno peronista, fue la Sección Especial de la Policía Federal donde hubo torturas, entre ellos al dirigente laborista Cipriano Reyes, las empleadas telefónicas que no estaban de acuerdo con la conducción oficial del sindicato, el estudiante Ernesto Mario Bravo. Según el historiador antiperonista Félix Luna:

[El gobierno] Negó la desaparición de Bravo, negó las torturas, denunció todo como una maniobra opositora, y hasta el Consejo Superior del Partido Peronista insistió que el episodio entero había sido «una confabulación con el propósito de subvertir el orden». Y cuando la decisión judicial hizo innegable todo lo que se había negado, apretó los tornillos de los medios periodísticos para echar sobre el tema una espesa vaharada de desinformación y movió los magistrados necesarios para exculpar a los torturadores. Al defenderlos hizo suyas sus culpas, las endosó, lo que revela la tremenda insensibilidad que se había instalado en las estructuras oficiales. Maltratar a un ciudadano era perdonable, si por añadidura era un comunista, entonces era un servicio a premiar. Pues ―no hace falta decirlo― Lombilla y sus colaboradores regresaron a sus puestos y fueron ascendidos, como corresponde.

Félix Luna[72][73][74]

Uno de los primeros atentados fue sufrido en 1947 por el dirigente sindical y diputado nacional Cipriano Reyes (1906-2001), integrante inicialmente del bloque peronista pero opuesto a la decisión de Perón de disolver el Partido Laborista junto a los otros dos partidos que habían sostenido su candidatura en 1946, para crear un único partido peronista. En el atentado murió el chofer de Reyes y él mismo resultó herido. Poco después, Cipriano Reyes y otros dirigentes laboristas fueron detenidos bajo la acusación de estar planeando el asesinato de Eva Perón, siendo severamente torturados por la Policía Federal y condenados en un proceso en el que no se respetaron la garantías de los acusados.[75] Otros opositores que sufrieron tortura fueron el militante universitario socialista Luis Vila Ayres, Germán Pedro Sánchez, Jorge Fauzon Sarmiento, Luis Pujol, Francisco Elizalde y el abogado radical Juan Ovidio Zavala. En el interior del país, Félix Luna afirma que el dirigente sindical Carlos Aguirre fue detenido y torturado 1949 en el marco de una huelga de trabajadores del azúcar hasta resultar muerto por la policía en los sótanos de la Casa de Gobierno de Tucumán.[73]

Luego del atentado terrorista en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953 en la que un grupo comando colocó una bomba durante una manifestación sindical organizada por la CGT, que asesinó a 5 trabajadores y dejó más de 90 heridos,[76][77][78] sufrieron torturas el demócrata progresista Carlos Alberto González Dogliotti y el radical Roque Carranza (uno de los involucrados en el atentado terrorista, que resultaría ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, en 1983)[77] ―ambos responsables del ataque―, así como Yolanda J. V. de Uzal y los hermanos María Teresa y Jorge Alfredo González Dogliotti.[77][79][80]

El 16 de junio de 1955 un grupo de militares y civiles ―entre los cuales se encontraba el dirigente radical Miguel Ángel Zavala Ortiz―, intentó un golpe de Estado que finalizó en el fracaso. En el curso del mismo, los golpistas ordenaron bombardear la Plaza de Mayo, causando la muerte de 364 civiles y más de 800 heridos. El hecho es conocido como el bombardeo de Plaza de Mayo y es una de las masacres más graves de la Historia argentina.

Fueron muchas las conspiraciones que se fueron tejiendo, casi todas ellas totalmente locas y sin ninguna posibilidad de concretarse, pero que de todos modos dan la idea de que por parte de la oposición tampoco existía la idea de un juego leal.</ref> Por su parte los antiperonistas acusaba el proceder autoritario del gobierno, el control de los medios de comunicación y las acciones represivas.[81]

Sobrevino el derrocamiento de Perón y la instauración de la dictadura militar denominada como Revolución Libertadora, la cual era apoyada por los sectores antiperonistas y la Iglesia. A los dos meses de sucedida, la conducción encabezada por el presidente de facto Eduardo Lonardi fue desplazada, el peronismo fue proscripto y hubo simpatizantes perseguidos, torturados y asesinados. Uno de los casos más renombrados fueron los Fusilamientos de José León Suárez, que dejaron como saldo la muerte de 18 militares y 13 civiles ejecutados sin juicio previo.

El 15 de noviembre de 1950 comenzó una huelga ferroviaria por reclamos salariales que finalizó con un «acuerdo de caballeros» entre huelguistas y funcionarios del Ministerio de Trabajo conforme al cual retornarían al trabajo el día 24 de noviembre, se les concedería un aumento salarial y se dejarían sin efecto las sanciones aplicadas a los huelguistas. En la primera semana de diciembre el gobierno dejó sin efecto el convenio arribado y despidió y encarceló a los líderes del movimiento de fuerza. Disconforme con las gestiones que había realizado el secretario de Transportes, coronel Castro, Perón lo hizo renunciar el 16 de enero de 1951.[88] Al día siguiente un decreto de Perón dispuso la movilización militar de los ferroviarios a cargo del Ejército. Cerca de dos mil trabajadores fueron detenidos y unos trescientos quedaron en prisión, produciéndose el retorno al trabajo de los huelguistas tres días después.[88]